STC7570-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7570-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00330-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida mediante apoderado por Cleovis Manuel Rangel Guzm\u00e1n contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, el Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de la misma ciudad, el Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P \u2013 FONECA; la Fiduprevisora S.A., Colpensiones, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. y las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 2015-000870. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y los principios de \u00abfavorabilidad e in dubio pro operario en materia laboral\u00bb, presuntamente vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Electricaribe SA ESP, hoy FONECA, con el fin de que se declarara que \u00abla pensi\u00f3n sanci\u00f3n que est\u00e1 a cargo de la accionada y la pensi\u00f3n voluntaria que esa misma entidad le reconoci\u00f3 tienen fuente de causaci\u00f3n diferente y, por tanto, ambas le son exigibles a la enjuiciada\u00bb; asimismo, pretendi\u00f3 que se reconociera que dicha \u00abpensi\u00f3n voluntaria es compartible con la pensi\u00f3n de vejez que le reconoci\u00f3 el Instituto de Seguros Sociales\u00bb y que se condenara a la demandada a \u00abpagar el mayor valor entre la pensi\u00f3n de vejez a cargo del ISS y la voluntaria reconocida por aquella, junto al retroactivo respectivo, los reajustes legales, intereses de mora y costas procesales\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 8 de junio de 2016, el Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Monter\u00eda accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que, al ser apelada por ambas partes, fue modificada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, en sentencia del 27 de febrero 2018, \u00fanicamente en el sentido de incrementar el monto del retroactivo causado. <\/p>\n
2.3. El 31 de agosto de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por la empresa accionada y cas\u00f3 la sentencia del Tribunal, para, en su lugar, revocar la determinaci\u00f3n emitida por el Juzgado y absolver a Electricaribe SA ESP, hoy FONECA, de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que la Sala accionada incurri\u00f3 en \u00abla valoraci\u00f3n indebida del acta de conciliaci\u00f3n n.\u00b0 208 de 31 de enero de 1999\u00bb, pues aquella revelaba claramente que las partes \u00abacordaron el pago de una pensi\u00f3n voluntaria que llegar\u00eda hasta los 60 a\u00f1os, pero que en el momento en que el ISS reconociera la de vejez, solo quedar\u00eda a cargo de la empresa el mayor valor entre la pensi\u00f3n que ven\u00eda reconociendo y la que reconociera el Instituto de Seguros Sociales\u00bb y, en esa medida, en su criterio, deb\u00eda concluirse que el recargo de pensi\u00f3n por retiro voluntario era compatible y compartible con la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y la de vejez que hab\u00eda sido otorgada. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que se desconoci\u00f3 \u00abel precedente horizontal de esa misma Corporaci\u00f3n, pese a que lo cit\u00f3 como fundamento de su decisi\u00f3n\u00bb, e ignor\u00f3 \u00abla existencia de un lineamiento constitucional claro sobre la naturaleza jur\u00eddica de los convenios pensionales y la obligaci\u00f3n de interpretarlos conforme a los principios de favorabilidad e in dubio pro operario\u00bb, aunado a que tampoco era dable aplicar la prohibici\u00f3n de doble asignaci\u00f3n del tesoro, \u00abporque Electricaribe era una empresa privada\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la determinaci\u00f3n CSJ SL3879-2021 de 31 agosto de 2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada y que se profiriera un nuevo fallo, en el cual se acojan los lineamientos expuestos en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. El Juzgado 1\u00b0 Laboral del Circuito de Monter\u00eda pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que las pretensiones estaban encaminadas a dejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que no se materializ\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales y porque \u00abnuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] manifest\u00f3 que no hizo parte del juicio laboral cuestionado y que, por tratarse de un asunto del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, era Colpensiones la entidad encargada de su administraci\u00f3n. <\/p>\n
4. Electricaribe SA ESP en Liquidaci\u00f3n, requiri\u00f3 que se declarara la improcedencia del amparo, al no existir vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y porque, en caso de estudiarse de fondo el asunto, la entidad carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a lo pretendido por la parte accionante. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. \u2013 FONECA, administrado por Fiduprevisora, manifest\u00f3 que \u00abcarece de identidad para actuar, am\u00e9n, que se encuentra imposibilitada para atender y resolver lo pretendido por el actor, dada la naturaleza de sus funciones y competencias\u00bb, solicitando su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral convocada sostuvo que \u00abel recurso extraordinario fue decidido por esta corporaci\u00f3n dentro de las posibilidades t\u00e9cnicas que implica un embate formulado por la v\u00eda indirecta. Adem\u00e1s, el fallo se bas\u00f3 en la vigente jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00ablas consideraciones de la tutelante son propias de su particular visi\u00f3n de los hechos, en busca de que se le concedan prestaciones econ\u00f3micas que no logr\u00f3 en la v\u00eda ordinaria\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que el asunto fue decidido \u00abde manera razonada, d\u00e1ndose cabal respuesta a los cuestionamientos planteados en el proceso laboral y por supuesto, con aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales que regulan el tema puesto a consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte actora, reiterando lo dicho en su escrito inicial y enfatizando que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada \u00abincurri\u00f3 en la valoraci\u00f3n indebida del acta de conciliaci\u00f3n n.\u00b0 208 de 31 de enero de 1999 (sic); adem\u00e1s, desconoci\u00f3 el precedente y dio una intelecci\u00f3n equivocada a la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Monter\u00eda\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 que se ampararan las garant\u00edas fundamentales reclamadas. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 31 de agosto de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 27 de febrero de 2018 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A ESP, Electricaribe S.A ESP, hoy, Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A ESP -FONECA, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que en el cargo no era motivo de controversia que, i) para el a\u00f1o \u00ab1999 la recurrente reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n voluntaria al actor, mediante la aludida conciliaci\u00f3n\u00bb; ii) que por \u00abResoluci\u00f3n n.\u00ba 012366 de 19 de junio de 2009, el ISS le otorg\u00f3 a Rangel Guzm\u00e1n la pensi\u00f3n de vejez, efectiva a partir del 7 de mayo de 2007\u00bb; iii) que Electricaribe \u00absigui\u00f3 pagando el mayor valor entre las prestaciones anteriores, desde el 19 de junio del 2009 hasta el mes de abril del 2012\u00bb y v) que el mayor valor o diferencia entre las referidas pensiones, \u00aba marzo de 2012, ascend\u00eda a la suma mensual de $537.144\u00bb; asimismo, resalt\u00f3 que en la formulaci\u00f3n del cargo se reconoci\u00f3 como cierto que i) \u00abla pensi\u00f3n sanci\u00f3n, otorgada por v\u00eda judicial al actor, no es objeto de cuestionamiento en el proceso y que ha sido pagada de manera \u00edntegra desde mayo de 2011, conforme al acuerdo de pago incorporado al expediente por el actor\u00bb; ii) que \u00abla prestaci\u00f3n otorgada por v\u00eda judicial no fue materia de la conciliaci\u00f3n celebrada el 15 de febrero de 1999\u00bb; iii) que \u00abla fecha en que comenz\u00f3 a entregar la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, coincide con aquella en la cual la accionada dej\u00f3 de pagar la de car\u00e1cter voluntario\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar el acta de conciliaci\u00f3n n.\u00ba 208, del 15 de febrero de 1999 y, luego de transcribir su contenido, evidenci\u00f3 que en la misma \u00abno se incorpor\u00f3 acuerdo alguno frente al tema de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, judicialmente ordenada desde el a\u00f1o de 1986, y, por el contrario, se reconoci\u00f3 que su pago se hizo efectivo desde mayo de 2012\u00bb, lo cual podr\u00eda interpretarse como que la pensi\u00f3n sanci\u00f3n ser\u00eda compatible con la voluntaria de jubilaci\u00f3n; sin embargo, precis\u00f3 que el Tribunal no tuvo en cuenta que, en dicha conciliaci\u00f3n, en lo concerniente a la pensi\u00f3n voluntaria \u00abs\u00ed se contempl\u00f3 una temporalidad [\u2026], la que se dijo que estaba regulada por los Acuerdos n\u00b0. 29 de 1985 y 049 de 1990, emitidos por el ISS\u00bb y, en esa medida, al establecerse que esa prestaci\u00f3n hab\u00eda sido ofrecida y acordada en 1999, era claro que \u00absu planteamiento ya no correspond\u00eda al de aquellas que segu\u00edan la regla general de compatibilidad, salvo disposici\u00f3n expresa en contrario, que campeaba antes de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985, expedido por el ISS, norma que cambi\u00f3 esa condici\u00f3n de compatibilidad general\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 a hacer menci\u00f3n de las sentencias CSJ SL, 22 jun. 2007, rad. 29709, reiterada en CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 44195, CSJ SL13032-2015 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, para enfatizar que \u00abla compartibilidad que impera entre estas pensiones, la voluntaria y la de vejez, vino a ser integrada al ordenamiento jur\u00eddico con el art\u00edculo 5.\u00ba del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo a\u00f1o, de modo que, antes de su vigencia, habr\u00edan sido compatibles\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada consider\u00f3 que el juez plural no hizo una adecuada interpretaci\u00f3n del acuerdo conciliatorio, pues como la pensi\u00f3n voluntaria fue pactada despu\u00e9s de 1985, era claro que no pod\u00eda segu\u00edrsele pagando al se\u00f1or Rangel Guzm\u00e1n esa prestaci\u00f3n, \u00abni a\u00fan en su mayor valor\u00bb respecto de la pensi\u00f3n de vejez concedida por el ISS, dado que la primera estaba expresamente limitada en el tiempo y, \u00abluego del 7 de mayo de 2007, cuando el actor cumpli\u00f3 los 60 a\u00f1os, en cualquier momento era factible que se dejara de pagar lo ofrecido en el acuerdo conciliatorio, pues su naturaleza era temporal\u00bb. <\/p>\n
3.3. Seguidamente, a fin de emitir sentencia de instancia, la Sala accionada indic\u00f3 que era pertinente la revocatoria de la sentencia, dado que \u00ablas normas legales que regulaban la pensi\u00f3n voluntaria y su compartibilidad con la legal bastan para impedir su reconocimiento simult\u00e1neo\u00bb, pues no se pact\u00f3 la compatibilidad entre ellas, sino que por el contrario el acuerdo conciliatorio objeto de an\u00e1lisis, lo que hizo fue resaltar \u00abla condici\u00f3n de incompatibilidad y temporalidad de la de orden extralegal\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, frente al pago simult\u00e1neo de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y el mayor valor de la pensi\u00f3n voluntaria a cargo de la misma entidad del sector p\u00fablico, trajo a colaci\u00f3n lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia del 15 de julio de 2008, radicaci\u00f3n 30772, en la que se hizo referencia a la prohibici\u00f3n de recibir dos o m\u00e1s asignaciones del erario y, con base en ello, se expuso, en esa oportunidad, que \u00abEl Tribunal se equivoca al hacer caso omiso de la rotunda prohibici\u00f3n constitucional: \u2018Nadie podr\u00e1 \u2026 recibir m\u00e1s de asignaci\u00f3n proveniente del tesoro p\u00fablico, o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo en los casos expresamente determinados en la ley\u2019 pues ciertamente la condena se impone a una entidad industrial y comercial del Estado, de cubrir una segunda pensi\u00f3n, ahora de jubilaci\u00f3n con fundamento en la ley del sector p\u00fablico, y respecto al trabajador oficial que ya disfrutaba de una pensi\u00f3n, de car\u00e1cter convencional, originadas ambas en el mismo tiempo de servicios\u00bb. <\/p>\n
4. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por la casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, las actuaciones surtidas, la normativa y jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado analiz\u00f3 el acta de conciliaci\u00f3n aludida, no obstante, interpret\u00f3 su contenido en forma distinta a la propuesta por el tutelante, sumado que no encontr\u00f3 viable el reconocimiento simult\u00e1neo de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n ordenada en sede judicial y lo reclamado de la pensi\u00f3n voluntaria, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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