STC7572-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7572-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-22-13-000-2022-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Consuelo Salamanca Correales contra la sentencia emitida el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Conjueces Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n No. 150013153002-2018-00129-00 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretende que se ordene a la autoridad judicial accionada que declare la nulidad de lo actuado en el proceso en comento, para que, en su lugar, proceda a notificarla en debida forma y a rehacer el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En sustento adujo que Eulises Sandoval R\u00edos promovi\u00f3 en su contra proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos, el cual le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Tunja. Precis\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite le fue remitido el citatorio de que trata el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, nunca recibi\u00f3 el aviso que prev\u00e9 el art\u00edculo 292 del mismo compendio, ni tampoco alguna notificaci\u00f3n electr\u00f3nica que cumpliera los requisitos del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, el proceso continu\u00f3 su curso, fue designado el promotor quien present\u00f3 el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y, una vez se corri\u00f3 traslado del mismo, por correo electr\u00f3nico, le inform\u00f3 al juzgado la irregularidad acontecida con su notificaci\u00f3n; no obstante, no recibi\u00f3 respuesta frente a su pedimento. En consecuencia, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el referido Juzgado, la cual fue prospera, por lo que la Sala Civil Familia del Tribunal de Tunja le orden\u00f3 a la autoridad judicial que diera tr\u00e1mite a la solicitud de nulidad (30 septiembre 2021). En cumplimiento de la orden constitucional, el Juzgado tramit\u00f3 y neg\u00f3 la solicitud de nulidad (2 diciembre 2021). Contra esa determinaci\u00f3n promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el primero no sali\u00f3 avante y el segundo no fue concedido (3 marzo 2022). A juicio de la actora, el Juzgado no tuvo en cuenta que el env\u00edo del citatorio no es suficiente para que se tenga por surtida su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y precis\u00f3 que \u00abla accionante deliberadamente elige no manifestarse respecto del tr\u00e1mite cuando se le comunic\u00f3 como acreedora, y acude a la solicitud de nulidad, para que ahora se le releve de sufrir las consecuencias de esa decisi\u00f3n, pretendiendo hacer ver que el suscrito a adelantado el proceso a sus espaldas y con graves yerros que afectan sus garant\u00edas fundamentales, cuando no solamente lo conoci\u00f3, por comunicaci\u00f3n enviada dentro de \u00e9ste proceso a su domicilio, sino porque su tr\u00e1mite ejecutivo, adelantado en un Juzgado municipal fue remitido para incorporarse en la reorganizaci\u00f3n 2018-0129, y de ello obviamente se enter\u00f3, con antelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia de Conjueces del Tribunal Superior de Tunja neg\u00f3 el resguardo por estimar que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable, habida cuenta que se ci\u00f1\u00f3 a lo previsto en el art\u00edculo 19 de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Insisti\u00f3 en que la notificaci\u00f3n que se le env\u00edo fue la prevista en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que la indujo a error y le indic\u00f3 que ser\u00eda notificada por aviso, por lo que a su juicio, la autoridad accionada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al no advertir configurada la nulidad que promovi\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 ratificada, pero en raz\u00f3n a que la protecci\u00f3n reclamada carece de relevancia constitucional, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
La actora se duele de la indebida notificaci\u00f3n que, seg\u00fan ella, sufri\u00f3 en el proceso de reorganizaci\u00f3n referido. Seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, para efectuar su enteramiento debieron atenderse las reglas previstas en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso o lo previsto en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, lo cual no se cumpli\u00f3, pues \u00fanicamente recibi\u00f3 el citatorio al que alude la primera norma. En raz\u00f3n de dicha circunstancia promovi\u00f3 solicitud de nulidad que no fue pr\u00f3spera, decisi\u00f3n que fue ratificada al decidirse el recurso de reposici\u00f3n que instaur\u00f3 <\/p>\n
Ahora bien, revisada la providencia objeto de censura se encuentra que al decidir el medio de impugnaci\u00f3n mencionado el Juzgado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Encuentra este Juzgado, desde ya, que no hay lugar a revocar la decisi\u00f3n proferida respecto de la no declaratoria de nulidad, teniendo en cuenta que, como se detall\u00f3 en la providencia recurrida, la acreedora tuvo conocimiento de la existencia del tr\u00e1mite, al margen de que la citaci\u00f3n dijera, por error, que se trataba de una notificaci\u00f3n personal y no de una mera comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Encuentra cuestionable este Juzgado, c\u00f3mo el apoderado informa que su representada es una persona ignorante del Derecho y las normas procesales, sin embargo, sab\u00eda de la existencia en el universo jur\u00eddico, de la notificaci\u00f3n por aviso, como consecuencia de su no concurrencia al Despacho a notificarse personalmente y elige esperar a que ello se d\u00e9, asumiendo que se le va a enviar esa citaci\u00f3n y que no es necesario concurrir al juzgado, adem\u00e1s espera un largo tiempo, para que ello se d\u00e9 y tambi\u00e9n decide desconoce, lo que est\u00e1 sucediendo dentro del proceso ejecutivo en que es interesada. <\/p>\n
Aunque en la decisi\u00f3n censurada no se precis\u00f3 que el enteramiento del auto admisorio del proceso de reorganizaci\u00f3n se rige por lo previsto en los numerales 8\u00b0 y 9\u00b0 del canon 19 de la ley 1116 de 2006, que se\u00f1alan que la notificaci\u00f3n debe realizarse mediante \u00abla fijaci\u00f3n de un aviso que informe sobre el inicio del proceso, en la sede y sucursales del deudor (\u2026)\u00bb; y establece la obligaci\u00f3n de \u00ablos administradores del deudor y al promotor que, a trav\u00e9s de los medios que estimen id\u00f3neos en cada caso, efectivamente informen a todos los acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, transcribiendo el aviso que informe acerca del inicio expedido por la autoridad competente, incluyendo a los jueces que tramiten procesos de ejecuci\u00f3n y restituci\u00f3n. En todo caso, deber\u00e1 acreditar ante el juez del concurso el cumplimiento de lo anterior y siempre los gastos ser\u00e1n a cargo del deudor\u00bb, de forma tal que no es necesario efectuar la notificaci\u00f3n personal de todos los interesados en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso o lo previsto en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020; tal circunstancia resulta intrascendente si en cuenta se tiene, que fue la misma actora quien se\u00f1al\u00f3 que tuvo conocimiento del proceso por el \u00abcitatorio\u00bb que recibi\u00f3 y por el micrositio del Juzgado en el que advirti\u00f3 que se corr\u00eda traslado del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado por el promotor. <\/p>\n
Luego, como en el caso concreto si bien no fue enviado una comunicaci\u00f3n que aludiera al aviso que prev\u00e9 la ley 1116 de 2006, lo cierto es que tampoco se requer\u00eda cumplir con la notificaci\u00f3n del citatorio y el aviso que establece el C\u00f3digo General del Proceso; entonces, puede se\u00f1alarse que en el presente asunto no se configurada la hip\u00f3tesis normativa cuya aplicaci\u00f3n pretende la solicitante, quien adem\u00e1s, s\u00ed tuvo noticia de la existencia del proceso en comento, lo que de suyo evidencia la irrelevancia de la amparo invocado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que para la prosperidad del resguardo se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01, STC101513-2019). <\/p>\n
En consecuencia, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pero por los raciocinios aqu\u00ed se\u00f1alados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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