STC7573-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7573-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00ba 13001-22-13-000-2022-00180-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Smith Enrique Barrios Ospino, quien dice actuar como apoderado de Pedro Antonio Barrios Ospino, Pedro El\u00edas Barrios Vargas, Bladimiro de Jes\u00fas, Silvia Victoria y Elvia Rosa Barrios Vargas e Irina Belsaida Barrios Hern\u00e1ndez contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron citados la se\u00f1ora Clovis Barrios de Chic\u00f3, y los herederos determinados e indeterminados de los causantes, Reynal Barrios P\u00e1ez, Elzael Barrios P\u00e1ez y Lelia Barrios P\u00e1ez, en el proceso de petici\u00f3n de herencia bajo radicado 2000-00618. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en representaci\u00f3n de sus hermanos, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana e igualdad, presuntamente vulnerados en el proceso de petici\u00f3n de herencia bajo radicado 2000-00618. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que, en el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena cursa proceso de petici\u00f3n de herencia promovido por Clovis Barrios de Chic\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de los causantes, Reynal, Elzael y Lelia Barrios P\u00e1ez. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, actuando como apoderado judicial de sus hermanos, el 28 de agosto de 2020 elev\u00f3 solicitud de reconocimiento como herederos de su bisabuelo Ram\u00f3n Barrios P\u00e9rez, petici\u00f3n que fue negada el 30 de noviembre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el Tribunal Superior de Cartagena revoc\u00f3, ordenando al Juzgado de conocimiento resolver la solicitud de reconocimiento elevada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con ocasi\u00f3n de lo anterior, en auto de 3 de febrero de 2022, el Juzgado resolvi\u00f3 no acceder al reconocimiento pretendido por Pedro Antonio Barrios Ospino, Pedro El\u00edas Barrios Vargas, Bladimiro de Jes\u00fas Manuel Antonio Barrios Vargas, Silvia Victoria Mar\u00eda Barrios Varga, Elvia Rosa del Carmen Barrios Vargas e Irina Belsaida Barrios Hern\u00e1ndez, determinaci\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, sin que a la fecha haya sido objeto de pronunciamiento, lo que constituye mora judicial por parte del funcionario accionado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 se ordene al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, resolver de fondo los recursos formulados contra el auto del 3 de febrero de 2022 y la petici\u00f3n invocada el 29 de octubre de 2021, todas ellas formuladas en su calidad de apoderado judicial de sus hermanos. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena inform\u00f3 que, en ese despacho tienen prioridad los procesos de Restablecimiento de Derecho, (resoluci\u00f3n T\u00e9rmino perentorio de 20 d\u00edas) Violencia Intrafamiliar, (48 horas), admisi\u00f3n de demanda (30 d\u00edas) cualquier asunto de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica), lo cual implica prelaci\u00f3n frente a la fijaci\u00f3n de alimentos y ejecutivo de alimentos; y la decisi\u00f3n de situaci\u00f3n de personas con discapacidad. Es decir, se excluyen de esa preferencia los procesos de sucesi\u00f3n que son netamente patrimoniales, por lo que para el asunto objeto de estudio no opera la mora judicial. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, indic\u00f3 que los recursos objeto de queja constitucional ya fueron resueltos. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
\u00ab T\u00e9ngase en cuenta que, revisado el expediente digital del proceso con radicado No. 13001-31-10-007-2000-00618-00, visible a trav\u00e9s de la p\u00e1gina de Consulta de procesos de la Rama Judicial, se logra verificar que el apoderado de PEDRO ANTONIO BARRIOS OSPINO, PEDRO EL\u00cdAS BARRIOS VARGAS, BLADIMIRO DE JES\u00daS BARRIOS VARGAS, SILVIA VICTORIA BARRIOS VARGAS, ELVIA ROSA BARRIOS VARGAS e IRINA BELSAIDA BARRIOS HERN\u00c1NDEZ present\u00f3 el 29 de octubre de 2021 un memorial que no ha sido resuelto todav\u00eda, pese a que han transcurrido m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se observa que el 10 de febrero de 2022 ese mismo apoderado interpuso los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra el auto de 3 de febrero de 2022, pero solamente hubo pronunciamiento sobre el primero de ellos en fecha reciente -auto de 6 de mayo de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico del 11 de mayo subsiguiente-, sin que se observe en dicha providencia menci\u00f3n alguna sobre la concesi\u00f3n o no del recurso de alzada. <\/p>\n
En esas condiciones, puede afirmarse la existencia de una demora que, a primera vista, escapa del campo de lo razonable y amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de garantizar el derecho al debido proceso de los accionantes\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, Clovis Barrios de Chic\u00f3, en calidad de demandante del proceso objeto de queja constitucional, solicit\u00f3 su revocatoria, al considerar que el a quo no atendi\u00f3 lo dispuesto por la ley con relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n en la causa para formular el amparo constitucional, dado que el accionante no tiene calidad de abogado y tampoco le fue otorgado poder que lo habilite para ejercer la representaci\u00f3n de sus hermanos. <\/p>\n
De otro lado refiri\u00f3 que, los graves errores sustanciales y procesales de pretender incluir a los presuntos aqu\u00ed afectados mediante tutela en un sucesorio y proceso de petici\u00f3n de herencia terminado, viola las reglas y formas propias de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece, que la acci\u00f3n de tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, la Corte ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, entre otras) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte en sus diversos pronunciamientos: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento igualmente ha sido profusamente expresado en diferentes providencias de la Corte Constitucional, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez de tutela para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto, que \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre muchas). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico [proceso] judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que los reparos formulados por la impugnante cuentan con vocaci\u00f3n de prosperidad, lo que da lugar a la revocatoria de la sentencia de primera instancia censurada. <\/p>\n
Lo anterior, al observarse la falta de legitimaci\u00f3n del abogado que formul\u00f3 este amparo como apoderado de Pedro Antonio Barrios Ospino, Pedro El\u00edas Barrios Vargas, Bladimiro de Jes\u00fas, Silvia Victoria y Elvia Rosa Barrios Vargas e Irina Belsaida Barrios Hern\u00e1ndez, respecto del proceso de petici\u00f3n de herencia bajo radicado 2000-00618, instaurado por Clovis Barrios de Chic\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de los causantes, Reynal Barrios P\u00e1ez, Elzael Barrios P\u00e1ez y Lelia Barrios P\u00e1ez, puesto que si bien, argumenta actuar en calidad de apoderado de sus hermanos, no aport\u00f3 poder especial que lo faculte para ello, pues lo allegado fue uno de car\u00e1cter general contenido en la escritura P\u00fablica N\u00b0 3.679 de 2018. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, y dado que la legitimidad para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada y en su lugar, se declarar\u00e1 improcedente el amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Declarar improcedente el amparo elevado por Smith Enrique Barrios Ospino por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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