STC7578-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7578-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2022-00083-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior de Risaralda en la acci\u00f3n de tutela promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad, la Personer\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, y el Centro de Servicios Crediticios CSC. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado porque a\u00fan no ha proferido sentencia en la acci\u00f3n popular No. 2016-00018-00. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, promovi\u00f3 la referida acci\u00f3n contra el Centro de Servicios Crediticios \u2013 CSC, actuaci\u00f3n en la que a\u00fan no existe fallo pese a los t\u00e9rminos del art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, y la demandada, \u00abdijo que cerr\u00f3 el inmueble del accionado y la pregunta es \u2026 porque no se fall\u00f3 la acci\u00f3n en t\u00e9rminos de tiempo perentorio que el impone la Ley 472 de 1998 a la juzgadora\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar a quien corresponda aplicar el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, \u00absi la accionada cerro (sic) el local accionado (sic) en el transcurso de la acci\u00f3n es falla en la prestaci\u00f3n del servicio acaso, que no exista sentencia pese a lo que manda art 84 ley 472 de 1998, SE DETERMINE EN SENTENCIA SI EXISTE FALLA EN LA PRESTACION DELS ERVICIO A FIN DE IMPETARR ACCION DE REAPARACION DIRECTA\u00bb. (sic) <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Alcald\u00eda de Pereira dijo que, en su car\u00e1cter de tercero interviniente, por su deber legal se atiene a lo probado por el despacho. <\/p>\n
La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda indic\u00f3 que, verificado el sistema de informaci\u00f3n institucional con el n\u00famero de identificaci\u00f3n del se\u00f1or Becerra Largo, se encuentra relacionado en un sin n\u00famero de peticiones, las cuales obedecen a vinculaciones que desde los despachos judiciales se han hecho a la entidad dentro del tr\u00e1mite de acciones populares que ha iniciado o coadyuvado en diferentes departamentos del Pa\u00eds, por hechos similares a los que ata\u00f1en a la presente tutela. <\/p>\n
La Personer\u00eda Municipal relat\u00f3 que, dentro de sus funciones se encuentra la de defender, as\u00ed como velar por los intereses de los ciudadanos, interponiendo las acciones judiciales a las que haya lugar, sin embargo, el demandante no se ha dirigido a esta entidad para requerir su defensa, adem\u00e1s a este organismo no se le ha remitido copia de las diligencias relacionadas con el tema cuestionado. <\/p>\n
Las personas vinculadas, as\u00ed como los coadyuvantes del actor popular, guardaron silencio. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Risaralda neg\u00f3 el amparo, porque no se cumple el requisito de subsidiaridad, como quiera que, contra la decisi\u00f3n del 24 de noviembre de 2021 proferida por la juez cuestionada en la acci\u00f3n popular No. 2016-00018, el interesado no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que de acuerdo con la ley 472 de 1998 proced\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El solicitante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin manifestar cuales eran los motivos de inconformidad <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se observa que la acci\u00f3n popular No. 2016-00018-00 promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra el Centro de Servicios Crediticios – CSC se admiti\u00f3 en auto del 19 de febrero de 2016. <\/p>\n
2.1 En providencia de 9 de agosto de 2016 se requiri\u00f3 al actor popular para que efectuara la publicaci\u00f3n del aviso para informar a la comunidad sobre la existencia de la acci\u00f3n, en una emisora de la Polic\u00eda Nacional como lo establece el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 (fl. 32 C.1). <\/p>\n
2.2 Una vez notificadas la demandada, la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, quienes allegaron escrito de contestaci\u00f3n de demanda, y formularon excepciones, y el 18 de diciembre de 2018 se accedi\u00f3 a tener a Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga como coadyuvante del demandante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 24 Ibidem. <\/p>\n
2.3 Se advierte que, en relaci\u00f3n con esta acci\u00f3n popular, Uner Augusto Becerra Largo el aqu\u00ed accionante asunto, present\u00f3 dos (2) acciones constitucionales (2017-01246, 2019-00077), para que se declarara la falta de competencia del Juzgado de conocimiento, y la segunda para que se diera aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 5\u00ba de la citada norma, las que fueron negadas por los jueces constitucionales. <\/p>\n
2.4 La publicaci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la citada norma, lo realiz\u00f3 el Juzgado en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial el 14 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.5 El 25 de septiembre de 2020 se celebr\u00f3 audiencia de pacto de cumplimiento, la que se declar\u00f3 fallida de conformidad con el art\u00edculo 27 de dicha ley, porque el actor popular no compareci\u00f3 (derivado 04 del expediente digital), y en la misma se decretaron las pruebas pedidas por las partes. <\/p>\n
2.6 Becerra Largo pidi\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, negada el 6 de septiembre de 2021 porque el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para dictar sentencia no se hab\u00eda cumplido pues la notificaci\u00f3n del auto admisorio a una de las accionadas, se hab\u00eda verificado hac\u00eda menos de un a\u00f1o en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.7 El 24 de noviembre de 2021 se admiti\u00f3 la coadyuvancia de los se\u00f1ores Cotty Morales Cama\u00f1o y Juan D. Morales. <\/p>\n
2.8 El 21 de febrero de 2022 se neg\u00f3 una petici\u00f3n para decretar el desistimiento del proceso manifestada por el actor popular, decisi\u00f3n contra la que interpuso recursos de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.9 El 2 de febrero de 2022 se resolvi\u00f3 dicho medio de impugnaci\u00f3n de manera adversa a sus intereses, y orden\u00f3 correr traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n como lo establece el art\u00edculo 33 de la citada normativa. <\/p>\n
2.10 El 27 de abril de 2022 se dispuso oficiar a la C\u00e1mara de Comercio de la ciudad, para que se certificaran la fecha exacta en que se surti\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la sociedad accionada, previ\u00f3 a estudiar la nulidad propuesta por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n
3. De acuerdo con el anterior recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como quiera que en el asunto No. 2016-00018-00, se encuentra actualmente pendiente de la respuesta referida en precedencia, para luego proceder a resolver la \u00faltima nulidad presentada por uno de los coadyuvantes (Arias Id\u00e1rraga), y proferir sentencia; y siendo as\u00ed las cosas, la acci\u00f3n constitucional resulta prematura1, de tal suerte que no puede el fallador constitucional intervenir en el proceso para usurpar funciones que son propias del juez natural. <\/p>\n
4. Finalmente, extra\u00f1o resulta para la Sala que el se\u00f1or Becerra pretenda con esta acci\u00f3n se defina de manera inmediata la acci\u00f3n popular, cuando el expediente muestra, que no ha sido posible llegar a esa etapa del proceso por las m\u00faltiples intervenciones del demandante, as\u00ed como de sus coadyuvantes interponiendo recursos, formulando nulidades y peticiones que impiden su culminaci\u00f3n con la tan anhelada decisi\u00f3n, sin dejar de lado que en la demora del tr\u00e1mite se debe la inactividad del actor popular puesto que, no efectu\u00f3 la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998; por otro lado la audiencia de pacto de cumplimiento se declar\u00f3 fallida por su inasistencia; decretadas las pruebas, fue la misma autoridad judicial la encargada de diligenciar las comunicaciones libradas. <\/p>\n
5. En s\u00edntesis, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto la Jurisprudencia ha dicho: \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1304-2021). <\/p>\n
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