STC7584-2022<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7584-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000\u20132022-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 11 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que el Banco Comercial AV Villas SA, formul\u00f3 contra los Juzgados Segundo Civil Municipal de Piedecuesta [antes Cuarto Promiscuo Municipal] y Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado bajo el no 2006-00189-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La entidad bancaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3 en s\u00edntesis, que inici\u00f3 el referido proceso contra la se\u00f1ora Mercedes Hern\u00e1ndez de Fuentes y los herederos determinados del se\u00f1or Segundo Agust\u00edn Fuentes -V\u00edctor Hugo y Edder Yesid Fuentes Hern\u00e1ndez- as\u00ed como de los herederos indeterminados del citado causante, tr\u00e1mite en el cual se decretaron como pruebas, entre otras, la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial en el que el experto respectivo indic\u00f3 que obtuvo un saldo negativo, representado por los intereses pagados en exceso por los demandados, con lo que encontr\u00f3 que la obligaci\u00f3n estaba cancelada, y, que, inclusive, exist\u00eda un saldo a favor de los deudores, experticia frente a la que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, y present\u00f3 objeci\u00f3n por error grave. <\/p>\n
Con base en lo anterior, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Piedecuesta nombr\u00f3 otro auxiliar, el que a su vez rindi\u00f3 nuevo peritaje y reiter\u00f3 la existencia del aludido saldo negativo a favor de la parte ejecutada, por lo que, una vez m\u00e1s, solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y, posteriormente, objet\u00f3 el trabajo, esta vez, con fundamento en otro dictamen elaborado por su perito [Gabriel S\u00e1nchez] sin que le hubiese sido concedida su petici\u00f3n o resuelta la objeci\u00f3n anterior. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 6 de agosto de 2021, se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia adversa a sus pretensiones, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior en fallo de 26 de noviembre subsiguiente. <\/p>\n
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2. En consecuencia, solicit\u00f3: (i) declarar \u00abla invalidez, ineficacia o se deje sin valor y efecto las referidas sentencias\u00bb; (ii) ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta que, previo a \u00abfallar nuevamente lo concerniente a las excepciones\u00bb, oficie a la \u00abSuperintendencia Financiera de Colombia [para que] de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 234 del C.G.P., rinda su experticio correspondiente. Experticio que garanti[ce] al despacho, que se realiza con legislaci\u00f3n vigente y que el fallo que se profiera se ajuste a derecho y a las actuaciones previas y actuales adelantadas con respecto a la obligaci\u00f3n hipotecaria.\u00bb y, (iii) revisar \u00ablo concerniente a las costas procesales en ambas instancias\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, manifest\u00f3 que su sentencia se ajust\u00f3 a derecho y al material probatorio recaudado, as\u00ed como a los hechos y pretensiones de la demanda, y su respectiva contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que valor\u00f3 los informes rendidos por los peritos financieros, los cuales fueron decisivos para desatar la controversia suscitada, ya que, justamente, ante la objeci\u00f3n que present\u00f3 la parte ejecutante frente al primer dictamen, nombr\u00f3 a un nuevo auxiliar de la justicia, cuyo an\u00e1lisis arroj\u00f3 una conclusi\u00f3n similar a la del primero, criterio t\u00e9cnico que se respet\u00f3 al emitir la providencia de la que ahora se duele la entidad financiera actora. <\/p>\n
2. A su turno, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de hacer un recuento de las actuaciones de segunda instancia, se\u00f1al\u00f3 que lo que quiere la parte accionante es convertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia, pues insiste en los mismos argumentos consignados en sus alegatos de conclusi\u00f3n y el recurso de apelaci\u00f3n, los cuales no pasan de ser una mera discrepancia con la decisi\u00f3n que le fue desfavorable. Enfatiz\u00f3, en que lo que se pretende en el fondo es la incorporaci\u00f3n de un dictamen rendido por un perito financiero contratado por el banco, que no fue decretada ni practicada en el curso del proceso, lo que result\u00f3 improcedente, decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso por la ejecutante en su momento. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 el amparo, tras realizar un minucioso examen del proceso y concluir que las providencias cuestionadas no se apartaron de los presupuestos legales y las circunstancias f\u00e1cticas del asunto, ya que se sustentaron en criterios razonables basados en el material probatorio allegado al expediente, del que se concluy\u00f3 que a la tutelante no le asiste el derecho de ejecutar una obligaci\u00f3n ya cancelada, como se demostr\u00f3 en los informes financieros aportados, habida cuenta que sus excesivos intereses dieron como resultado que la deuda desapareciera y, adem\u00e1s, que se encontrara un saldo a favor de los obligados. <\/p>\n
As\u00ed, determin\u00f3 la inexistencia de la v\u00eda de hecho alegada, soportado, a su vez, en que no es deber del fallador del proceso ejecutivo, pronunciarse de la totalidad de las excepciones propuestas, si una de ellas prospera, conforme al art\u00edculo 510 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el banco demandante para manifestar que, en primera instancia, se utiliz\u00f3 como fundamento un hecho que no obedece a la realidad, cual es que la defensa de la sociedad demandante se sustent\u00f3 en una prueba no decretada, y que, a su vez, no fue incorporada al expediente. <\/p>\n
Sostuvo, que se le reproch\u00f3 el no haber recurrido el auto de 21 de agosto de 2020, pero no se tom\u00f3 en cuenta que este no era susceptible de objeciones, dado que ya exist\u00eda una inicial al primer dictamen. Finalmente, resalt\u00f3 los defectos sustantivos en los que incurri\u00f3 el fallador con respecto a cada uno de los dict\u00e1menes periciales allegados, m\u00e1s los defectos f\u00e1cticos al proferir las providencias objeto de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos1, entre otros, que se observe el elemento de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. [Cfr. las Sentencias STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022]. <\/p>\n
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2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Banco Comercial AV Villas SA, acudi\u00f3 para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, presuntamente vulnerados por los juzgados accionados, a trav\u00e9s de sus sentencias 5 de agosto y 26 de noviembre de 2021, respectivamente, por medio de las cuales, en s\u00edntesis, le negaron las pretensiones elevadas en el proceso ejecutivo que, bajo el radicado n\u00b0 2006-00189-00, interpuso contra la se\u00f1ora Mercedes Hern\u00e1ndez de Fuentes, los herederos determinados del se\u00f1or Segundo Agust\u00edn Fuentes [V\u00edctor Hugo y Edder Yesid Fuentes Hern\u00e1ndez] as\u00ed como de los herederos indeterminados del citado causante. <\/p>\n
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1. En aras de sustentar lo anterior, se resaltan los siguientes antecedentes del caso all\u00ed debatido: <\/p>\n
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* En junio de 2006, el Banco Comercial AV Villas S.A. promovi\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria, con el fin de que los ejecutados le pagaran la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 331601 suscrito el d\u00eda 22 de febrero de 2000, por valor de 230.080,0069 UVR, equivalentes a la suma de $24\u00b4028.354, m\u00e1s los respectivos intereses moratorios, cuyo mandamiento de pago se profiri\u00f3 el 15 de diciembre de 2006. <\/p>\n
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* Los demandados se notificaron personalmente y en t\u00e9rmino presentaron recurso de reposici\u00f3n y las excepciones de m\u00e9rito que denominaron: \u00abNulidad absoluta del pagar\u00e9 y la escritura de hipoteca por tratarse de un cr\u00e9dito con destino a la adquisici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social pactado en UPAC\u00bb, \u00abIndebida reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb y \u00abPago total o parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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* El 10 de marzo de 2009 se abri\u00f3 a pruebas el asunto, y entre ellas se design\u00f3 a un perito financiero para que elaborara la respectiva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
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* El auxiliar de la justicia posesionado alleg\u00f3 su informe el 24 de junio siguiente, e indic\u00f3, entre otros, que obtuvo \u00abun saldo negativo a la fecha de realizaci\u00f3n del \u00faltimo abono, [por lo que] la obligaci\u00f3n se encuentra cancelada y la suma negativa representa el monto de los intereses pagados en exceso, esto es, $7.024.389.\u00bb.<\/p>\n
* En auto de 6 de agosto de 2009, por solicitud del banco demandante, se requiri\u00f3 al perito para que aclarara dictamen, quien a su turno se\u00f1al\u00f3: (i) que \u00abpara el c\u00e1lculo de los intereses corrientes y de plazo se tuvo en cuenta la tasa pactada en el pagar\u00e9 y se realiz\u00f3 el comparativo mensual correspondiente con la tasa l\u00edmite que se se\u00f1al\u00f3 en el informe inicial, realizando los ajustes al l\u00edmite en aquellos periodos en donde la tasa del cr\u00e9dito excediera dicho l\u00edmite\u00bb; (ii) que \u00abel valor adeudado a la fecha de presentaci\u00f3n del dictamen es el resultado de tomar el valor inicial del cr\u00e9dito y aplicar cada uno de los pagos registrado en el hist\u00f3rico de pagos, los cuales suman un total de abonos por la cantidad de $46.038.546, en cada paso se descuenta primero el valor pagado por concepto de primas de seguros, luego intereses de mora, luego los corrientes, luego si alcanza se amortiza el capital\u00bb y; (iii) que \u00abse tuvo en cuenta la tasa del cr\u00e9dito empleada en la reliquidaci\u00f3n. Se reitera que se ha aplicado criterios expuestos en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, que son de car\u00e1cter t\u00e9cnico, as\u00ed como tambi\u00e9n lo ratificado por el Tribunal Superior de Bucaramanga (autos 524 de 2005, 092 de 2007, 490 de 2008 y pronunciamiento de abril 22 de 2009)\u00bb. <\/p>\n
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* A pesar de esto, el dictamen fue objetado por la ejecutante, la que se\u00f1al\u00f3 la existencia de \u00aberror grave en la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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* Por esa raz\u00f3n, el despacho de primera instancia design\u00f3 a otro perito financiero, para que efectuara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito requerida.<\/p>\n
* El 30 de marzo de 2010 se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, decisi\u00f3n que, si bien fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n, este \u00faltimo fue declarado desierto. <\/p>\n
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* El 22 de julio de 2011 se acept\u00f3 una cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que realiz\u00f3 el Banco AV Villas S.A en favor de Fiduoccidente S.A; sin embargo, en auto de 12 de agosto de 2016 se dej\u00f3 sin valor y efecto la providencia mediante la cual se declar\u00f3 la referida nulidad, y el 2 de febrero de 2018 se acept\u00f3 otra cesi\u00f3n entre las mimas partes, pero en esta se tuvo nuevamente a AV Villas S.A. como ejecutante. <\/p>\n
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* El 29 de mayo de 2019 se aport\u00f3 el dictamen ordenado con ocasi\u00f3n de la objeci\u00f3n, en el que el nuevo auxiliar de la justicia reiter\u00f3 que la obligaci\u00f3n se hallaba cancelada, con un saldo a favor de los demandados de $8\u00b4379.746. <\/p>\n
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* Dicho trabajo tambi\u00e9n fue objetado por la parte demandante, la que insisti\u00f3 en que la liquidaci\u00f3n conten\u00eda errores, y aport\u00f3 un informe rendido por un perito financiero contratado por ella. No obstante, por auto del 21 de agosto de 2020, el despacho indic\u00f3 que esa peritaci\u00f3n no era susceptible de objeci\u00f3n, decisi\u00f3n que no fue recurrida por la parte ejecutante. <\/p>\n
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* El 5 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Piedecuesta [antes Cuarto Promiscuo Municipal] profiri\u00f3 sentencia con la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abpago total o parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb propuesta por la parte ejecutada, y se dio por terminado el proceso. <\/p>\n
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* En lo medular, el funcionario de conocimiento destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abse configura en el presente caso, una ausencia de legitimidad por activa, para intentar la ejecuci\u00f3n de una obligaci\u00f3n que ya fue pagada por el deudor y que de paso hace inejecutable las obligaciones que se pretenden satisfacer con el presente proceso. Ciertamente, las excepciones, como antes se dijo, son taxativas, y todas se han planteado con el fin de que previa demostraci\u00f3n de los fundamentos f\u00e1cticos que las sustenten, conduzcan al juzgador a la conclusi\u00f3n de que la obligaci\u00f3n demandada no ha nacido o en caso de haberlo hecho se ha extinguido o se ha modificado. Proposici\u00f3n que conduce inevitablemente a la prosperidad de lo pretendido por la parte demandada, ya que aquel demostr\u00f3 que la presente obligaci\u00f3n no es exigible a su cargo y que aquella situaci\u00f3n da como resultado el pago total de la obligaci\u00f3n, como quiera que qued\u00f3 -sic- plenamente desvirtuado las pretensiones incoadas por la parte demandante Banco AV Villas. Derivado de lo expuesto, se ordena declarar probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, conforme a lo dicho en l\u00edneas atr\u00e1s. Abstenerse en consecuencia de realizar pronunciamiento de fondo, sobre las dem\u00e1s excepciones planteadas, lo anterior conforme a lo se\u00f1alado en el literal a del art\u00edculo 510 del C.P.C., el cual establece que; \u201c\u2026a) si al dictar sentencia prospera alguna excepci\u00f3n contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez se abstendr\u00e1 de fallar sobre las dem\u00e1s.\u00bb. <\/p>\n
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* Inconforme con esa decisi\u00f3n, AV Villas S.A. la apel\u00f3, indicando que el funcionario a quo no realiz\u00f3 un estudio de fondo de las excepciones denominadas \u00abNulidad absoluta del pagar\u00e9 y la escritura de hipoteca por tratarse de un cr\u00e9dito con destino a la adquisici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social pactado en UPAC\u00bb e \u00abIndebida reliquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb, con lo que desconoci\u00f3 que \u00abla ley sustancial emana de los contratos celebrados entre las partes, tanto por el acuerdo de mutuo (acuerdo de voluntades), como el contrato protocolizado en la escritura de compraventa, mismo mediante la cual se constituy\u00f3 la hipoteca a favor del hoy demandante. Se evidencia igualmente que se viola el debido proceso, al desconocer el acuerdo de voluntades plasmado tanto en el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n judicial, como en la escritura de compraventa e hipoteca.\u00bb. Insisti\u00f3 en que el funcionario cometi\u00f3 un error al acoger los informes rendidos por los peritos financieros, sin siquiera analizar el allegado por la sociedad demandante. <\/p>\n
Destac\u00f3, que la parte demandada nunca aleg\u00f3 pago parcial o total de la obligaci\u00f3n relativa a unos dineros que s\u00ed fueron recibidos por ellos en calidad de mutuo, y que no han sido cancelados totalmente a la entidad, pues se limit\u00f3 a atacar la validez y existencia de los t\u00edtulos valores y de los intereses cobrados. <\/p>\n
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* Con base en tal alegato, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, en sentencia de 26 de noviembre de 2021, se\u00f1al\u00f3 que a la apelante no le bastaba con <\/p>\n
\u00abexponer [\u2026] que sus argumentos en contra de los dict\u00e1menes periciales, \u201cDESVIRTUABAN los argumentos de los peritos financieros\u201d, pues su exposici\u00f3n argumentativa no pas[\u00f3] de ser su propia opini\u00f3n personal sobre una prueba que no favorec[i\u00f3] los intereses de la parte procesal que representa y que por obvias razones no compart[i\u00f3] sus conclusiones, pero en ning\u00fan caso el s\u00f3lo reproche contra las conclusiones de la prueba pericial tiene fuerza de convicci\u00f3n suficiente para acoger su tesis y desvirtuar la conclusi\u00f3n de los peritos.\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 <\/p>\n
\u00abel sustento argumentativo de la apelaci\u00f3n, en especial los reparos, ya no contra la sentencia como tal, sino contra los medios probatorios que sirvieron de soporte a la misma, los fundament[\u00f3] la apelante en una prueba no decretada y no practicada en primera instancia y que por tanto no fue incorporada al proceso, como lo [fue] un dictamen que seg\u00fan la apelante fue suscrito por los expertos Gabriel Sanchez y Rafael Arias Sanchez, pues el mismo no fue admitido como prueba por el Juez de primera instancia, de conformidad a lo dispuesto en el auto de fecha 21 de agosto de 2020, que no fue objeto de reparo alguno por la parte actora mediante los recursos ordinarios.\u00bb <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 <\/p>\n
\u00abtodos los yerros que la parte apelante inculc[\u00f3] -sic- [\u2026] a los dict\u00e1menes periciales suscritos por los auxiliares de la justicia Jorge Enrique Amado Casta\u00f1eda y John Freddy Moreno Gonzalez, no [ten\u00edan] soporte probatorio y al no tenerlo no [pod\u00eda] afirmarse que los mismos cont[uvieran] los yerros que les inculc[\u00f3] -sic- la apelante. As\u00ed las cosas, no [tuvo] soporte probatorio afirmar, como lo expres[\u00f3] la impugnante, que los peritos financieros en forma exclusiva dieron aplicaci\u00f3n al auto 524 de 2005 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que a su vez [err\u00f3] en varios aspectos, y que realizaron la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito teniendo en cuenta normas jur\u00eddicas que se encontraban derogadas tanto t\u00e1cita como expresamente, de manera irregular y contrariando la constituci\u00f3n, las leyes y resoluciones que regula[ban] los l\u00edmites de la tasa de inter\u00e9s de los cr\u00e9ditos destinados a adquisici\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social.\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que: \u00abSi ello fue as\u00ed, pues era deber de la parte inconforme con el dictamen, allegar la prueba de su dicho, en el momento probatorio correspondiente. Pero como no fue as\u00ed demostrado, pues mal [pod\u00eda] tener por err\u00f3neos unos dict\u00e1menes periciales frente a los cuales no [exist\u00eda] prueba que los desvirt[uara]. [Record\u00f3] que durante la etapa probatoria en primera instancia pod\u00eda la parte actora allegar todas las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar los dict\u00e1menes desfavorables a sus intereses, pero no lo hizo. Tampoco reproch\u00f3 mediante los recursos ordinarios la decisi\u00f3n del A quo que no le admiti\u00f3 como prueba el dictamen pericial que [trajo] a colaci\u00f3n. [Y que, pretender] incorporarla por v\u00eda de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n no [era] posible pues no [estaba] as\u00ed contemplado en el estatuto procesal.\u00bb <\/p>\n
En compendio, precis\u00f3 <\/p>\n
\u00ablos yerros que se inculca[ban] -sic- a la sentencia de primera instancia, se sustenta[ron] en la indebida valoraci\u00f3n probatoria al tomar como v\u00e1lidos los dos dict\u00e1menes periciales practicados en la etapa probatoria de primera instancia que concluyeron que al momento de presentarse la demanda, exist\u00eda un saldo a favor de los demandados por el cr\u00e9dito ejecutado; [y que] los argumentos expuestos por la parte apelante carec[\u00edan] estos s\u00ed, de la prueba de su dicho pues se fundamenta[ron] en una prueba pericial que no fue decretada, practicada ni incorporada debidamente [antes de] la sentencia de primer grado, haciendo impr\u00f3spera la apelaci\u00f3n interpuesta.\u00bb. <\/p>\n
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4. En este punto, la Sala debe resaltar que en la actuaci\u00f3n de los funcionarios acusados no se registr\u00f3 arbitrariedad manifiesta alguna que impusiera la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, por lo que resultaba evidente el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada y, ahora, la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
La sentencia cuestionada encuentra soporte en criterios razonables apoyados en las normas que regulan los aspectos examinados, sin que pueda ser tildada de arbitraria, subjetiva o carente de sustento jur\u00eddico, habida cuenta que, se edific\u00f3 en el material probatorio oportunamente allegado al expediente, el que, de cara a los dict\u00e1menes vertidos en el actuaci\u00f3n, reflejaron claro que a la ejecutante no le era posible cobrar una obligaci\u00f3n previamente cancelada por sus deudores. <\/p>\n
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5. Debe recordarse, que el solo hecho indicativo de que la accionante se muestre inconforme con la decisi\u00f3n cuestionada, no habilita per se la intervenci\u00f3n inmediata del juez de la tutela, y menos a\u00fan en casos como el analizado, en los que no se encuentra que las sentencias proferidas por los accionados sean burdas o groseras. Esta acci\u00f3n no es una instancia adicional para calificar cu\u00e1l de las posiciones jur\u00eddicas es la que resulta correcta en el caso en concreto, y menos aun cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta ni caprichosa ni antojadiza y, por lo tanto, no configurativa de una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC2621-2022 y STC6377-2022). <\/p>\n
En rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el banco accionante no es m\u00e1s que una diferencia de criterio con el juez natural de segunda instancia, que circunscrito a los reparos propuestos en la apelaci\u00f3n sometida a su escrutinio, edific\u00f3 su pronunciamiento en la valoraci\u00f3n conjunta de los medios probatorios recopilados, de los cuales destac\u00f3 que, el dictamen aducido por la inconforme, no fue ni decretado, ni incorporado al expediente en su momento, sin que la negativa que en tal sentido recibi\u00f3 en primera instancia, hubiese sido motivo de alg\u00fan reparo, el que a voces de los art\u00edculos 318 y 321.3 del C\u00f3digo General del Proceso, era perfectamente viable y procedente para discutir la queja que hasta ahora motiva. <\/p>\n
<\/p>\n
6. No puede olvidarse que, de forma m\u00e1s que reiterativa, esta Corte ha sostenido, que la acci\u00f3n de tutela no fue establecida para ser empleada para procurar \u00aboportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb [ver recientemente CSJ STC12514-2021, STC2818-2022, STC3819-2022 y STC6380-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la Sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 y SU-090 de 2018 de la C.C. <\/p>\n
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STC7584-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7584-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000\u20132022-00087-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64530","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64530","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64530"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64530\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}