STC7587-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7587-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00398-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por V\u00edctor Julio Rodr\u00edguez Boh\u00f3rquez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, la Fiscal\u00eda Sexta Especializada y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados en el juicio penal de radicado 54001310700120080004800. <\/p>\n
2. Del escrito de demanda y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante, actualmente privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de C\u00facuta, fue condenado, junto con Orlando Lizcano Aponte, en el referido proceso penal tramitado bajo la Ley 600 de 2000, mediante sentencia emitida el 15 de diciembre de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsi\u00f3n, extorsi\u00f3n en modalidad tentada y tr\u00e1fico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, decisi\u00f3n que, adem\u00e1s, neg\u00f3 \u00abel sustituto penal de la suspensi\u00f3n condicional por no reunir las exigencias del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Penal, ni la prisi\u00f3n domiciliaria, por no reunir los requisitos que consagra el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Dicha providencia fue apelada por el otro procesado, el se\u00f1or Orlando Lizcano Aponte, y confirmada por la Sala Penal del Tribunal accionado el 20 de septiembre de 2011. <\/p>\n
El 17 de octubre de 2012, la Sala Penal de esta Corte inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra el fallo anterior y remiti\u00f3 el proceso a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que los hechos investigados ocurrieron antes de entrar en vigencia la Ley 1121 de 2006 e invoca la acci\u00f3n de tutela, \u00abpor plena inobservancia al debido proceso como causal espec\u00edfica de procedibilidad de la v\u00eda de hecho ante error de tipificaci\u00f3n penal por omisi\u00f3n sustancial a los principio de favorabilidad y del nom bis in idem al ser derogados todos y cada uno de mis beneficios administrativos y subrogados de ley por expresa prohibici\u00f3n consagrada en la ley que rige para hechos penales como por los delitos que aqu\u00ed se enmarcan penalmente de la manera taxativa a partir de hechos penales desde el 26 de enero de \/2006\/ lo que evidencia t\u00e9cnicamente. Estoy sujeto a una acci\u00f3n penal con doble valoraci\u00f3n de la conducta pues siendo hechos f\u00e1cticos de la fecha 02 de junio de \/2005\/ Bajo ley 600\/2000. Se omite el nulitar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que es improcedente la negativa de los subrogados penales, dado que los hechos ocurrieron antes de entrar en vigor la expresa prohibici\u00f3n contemplada en la Ley 1121 de 2006, circunstancia que le ha \u00abgenerado una serie de imparcialidades ante la accesibilidad de beneficios\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00abnulite por impugnaci\u00f3n de fallo de instancia el criterio penal de expresa prohibici\u00f3n por ultractividad penal\u00bb, \u00abse me decrete la causa penal (\u2026) sin prohibici\u00f3n alguna de beneficios, por ser los hechos f\u00e1cticos objeto de condena previos al 26 de junio de 2006 fecha en la cual entra en vigencia el art\u00edculo 26 de la ley 1121\/2006\/ inciso (2)\u00bb y que, como consecuencia de la nulidad, se le permita \u00abaccesibilidad penal de beneficios administrativos y subrogados de ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Noventa y Tres Judicial Penal II aleg\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, dado que no se cumple con el principio de inmediatez y no se evidencia un perjuicio irremediable, a lo cual se sum\u00f3 que el actor cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Coordinaci\u00f3n de las Unidades Especializadas de la Fiscal\u00eda sostuvo que \u00abla investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda adelant\u00f3 con el radicado 110333 del SIJUF, es la misma a la que el Juzgado se\u00f1al\u00f3 como causa 54001310700120080004800, por lo tanto no es una nueva investigaci\u00f3n y tampoco hay doble valoraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb y agreg\u00f3 que no es competente para resolver sobre los beneficios y subrogados penales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta solicit\u00f3 negar las pretensiones e inform\u00f3 que tiene a su cargo los procesos que tramit\u00f3 su Hom\u00f3logo Primero con la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, tras considerar que no se cumple con el presupuesto de inmediatez, dada la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia que excluy\u00f3 los beneficios y subrogados del actor, la cual, adem\u00e1s, \u00e9ste no apel\u00f3, por lo que el ruego tambi\u00e9n adolece del requisito de subsidiariedad. A\u00f1adi\u00f3 que al juez constitucional no le corresponde promover de manera oficiosa la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues la titularidad es del sujeto procesal con inter\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, confirmada el 20 de septiembre de 2011 por la Sala Penal del Tribunal accionado, pues, seg\u00fan dijo, dicha decisi\u00f3n excluy\u00f3 los beneficios y subrogados, de conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, a pesar de que los hechos ocurrieron antes de que esa norma entrara en vigencia. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el ruego no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2.1. En efecto, entre el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -16 de febrero de 2022- transcurrieron m\u00e1s de seis meses, t\u00e9rmino superior al previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. Sobre la inmediatez, esta Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb1. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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