STC7590-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7590-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00086-01. <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia\u2013Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 6 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Solanyi Garc\u00eda \u00c1vila, contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Carre\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital, seguridad social y educaci\u00f3n superior de ella y de su hija, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el mes de enero de 2007, nombrada en provisionalidad actualmente en el cargo de citador grado 3 del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Carre\u00f1o (Vichada). Adem\u00e1s, indic\u00f3 que tiene 74 a\u00f1os de edad, madre cabeza de familia y responde econ\u00f3micamente por su progenitor y su hija. <\/p>\n
2.1. Sostuvo que en la actualidad le falta 90.86 semanas de cotizaci\u00f3n al sistema general de seguridad social para acceder a la pensi\u00f3n de vejez. Por lo tanto, considera que tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada como pre-pensionada. <\/p>\n
2.2. Arguyo que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura -con acuerdos CSJCAQA17-930 y CSJAQA17-931- adelant\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n y convocatoria al concurso de m\u00e9ritos para la conformaci\u00f3n del registro seccional de elegibles para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera, entre ellos el cargo mencionado. <\/p>\n
2.3. Destac\u00f3 que mediante acuerdo CSJMEA22-72 del 18 de marzo de 2022, se conform\u00f3 la lista de elegibles para la provisi\u00f3n del cargo que ella ostenta, quedando seleccionada la se\u00f1ora \u00abANGIE MARIANA PEREZ OCAMPO\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que hace varios a\u00f1os padece de \u00abepilepsia y depresi\u00f3n\u00bb, por lo cual se encuentra en tratamiento. Por lo tanto, remarc\u00f3 que al ser desvinculada de su empleo se vulneran sus derechos fundamentales. Finalmente, coment\u00f3 que el 21 de abril de 2022 solicit\u00f3 a su nominador que tuviera en cuenta su condici\u00f3n de madre cabeza de familia. Sin embargo, el tr\u00e1mite de nombramiento y notificaci\u00f3n sigui\u00f3 su curso normal, por esa raz\u00f3n acude al presente resguardo constitucional. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado abstenerse de \u00abefectuar el nombramiento en propiedad, conforme a la lista de elegibles remitida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, de acuerdo a la Convocatoria realizada mediante los Acuerdos No. CSJCAQA17-930 del 05 de octubre de 2017 y CSJCAQA17-931 del 09 de octubre de 2017 hasta que complete las semanas de cotizaci\u00f3n que me hacen falta para alcanzar a un derecho pensional y a que mi hija pueda terminar su universidad y graduarse como profesional\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que en el presente asunto \u00abno observa que haya vulnerado ning\u00fan derecho de la accionante, y por el contrario ha actuado en estricto cumplimiento de las \u00f3rdenes del H. CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL META y de la autoridad judicial constitucional que concedi\u00f3 la medida provisional\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, dado que \u00abla solicitud de estabilidad laboral reforzada, debe ser resuelta de manera exclusiva por parte del nominador del cargo, como se indica en l\u00edneas anteriores, aunado a que las actuaciones administrativas desplegadas por este Consejo Seccional, para la provisi\u00f3n de dicho cargo, no han vulnerado los derechos invocados por la tutelante\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Trabajo y Protecci\u00f3n Social, pidi\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n con relaci\u00f3n al Ministerio del Trabajo, y en consecuencia exonerarlo de responsabilidad alguna que se le endilgue, dado que no hay obligaci\u00f3n o responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. La Nueva E.P.S., aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, raz\u00f3n por la cual implor\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Angie Mar\u00eda P\u00e9rez Ocampo, luego de se\u00f1alar que la actora no cumple con los requisitos exigidos para la concesi\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada, destac\u00f3 que \u00ablas actuaciones surtidas por el Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional del Meta y del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de Puerto Carre\u00f1o \u2013 Vichada y de la suscrita \u2013 vinculada – y nombrada en el empleo p\u00fablico antes mencionado, se han ce\u00f1ido a los mandatos constitucionales y legales que determina el Acuerdos Nos. CSJMEA17- 930 de 5 de octubre de 2017 y CSJMEA17-931 de 9 de octubre de 2017, por ende, es inexistente la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales enunciados por la se\u00f1ora tutelante\u00bb. Motivo por el cual pidi\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
6. La Directora (A) de la Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), refiri\u00f3 que \u00ablo solicitado por la actora no es competencia de esta administradora, de igual forma revisado los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela no se referencia a la acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de esta administradora conforme a la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental\u00bb. Rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional neg\u00f3 por improcedente el amparo invocado, \u00abal no encontrar acreditada vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales invocados, toda vez, que no se encontr\u00f3 acreditada la estabilidad laboral reforzada como pre-pensionable y madre cabeza de familia, como tampoco se cumplieron con los par\u00e1metros normativos que sustentaran la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como lo pretend\u00eda hacer valer la parte actora; adem\u00e1s, de que la accionante cuenta con otra herramienta legal a la cual puede acudir si bien lo estima pertinente para recurrir los actos administrativos que dispuso su desvinculaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. Destac\u00f3 que no comparte lo resuelto en la primera instancia, pues \u00absi bien, no tengo hijo menores de edad bajo mi cargo y cuidado\u2026, tengo bajo mi protecci\u00f3n a mi hija DIANA VALENTINA VARGAS GARCIA, quien si bien es mayor de edad, empero, se encuentra adelantando estudios universitarios en la jornada diurna de la Universidad Santo Tomas en la ciudad de Villavicencio, y no trabaja, tampoco tiene esposo, ni hijos, depende exclusivamente de la suscrita y yo dependo \u00fanicamente de mi salario como empelada de la Rama Judicial, en el cargo de Citadora del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, Vichada. Tambi\u00e9n, es cierto que vivo y velo por mi padre PASCUAL GARCIA, adulto mayor de 74 a\u00f1os de edad, quien no posee bienes de fortuna, ni es pensionado, ni recibe auxilios, beneficios subsidios, ni existen otros hijos que lo ayuden econ\u00f3micamente\u00bb. Por lo expuesto, considera que en su caso \u00abresultan aplicables las normas contenidas en el decreto 1415 de 2021 y la ley 2040 de 2020, la ley 1955 de 2019, decreto 1083 de 2015\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, la promotora requiere el amparo de sus derechos fundamentales, pues los estima vulnerados al proveerse el cargo que actualmente ocupa -citador grado 3- en el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carre\u00f1o, producto de la lista de legibles fijada mediante acuerdo CSJMEA22-72 de 18 de marzo de 2022. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2. En efecto, se concluye que las inconformidades planteadas por la actora frente al acto administrativo referido, deben ser propuestas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativo mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, escenario en el cual, incluso la recurrente puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de dicho acto, con el fin de prevenir el perjuicio inmediato que pueda generar la decisi\u00f3n que se cuestiona. Por lo tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento de las herramientas que dispone el ordenamiento jur\u00eddico ordinario ante las autoridades competentes. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01; CSJ STC 125414-2021). <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, se destaca -tal como lo consider\u00f3 el a-quo constitucional-, que del material probatorio allegado se observa que la quejosa tiene 47 a\u00f1os de edad y le faltan 90.86 semanas de cotizaci\u00f3n al sistema de seguridad social, situaci\u00f3n que evidencia el incumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para alegar la estabilidad laboral reforzada, en raz\u00f3n a que no se acredit\u00f3 la calidad de pre-pensionada.1 Adem\u00e1s, tampoco se acredit\u00f3 la condici\u00f3n de madre cabeza de familia, ni mucho menos la existencia de un perjuicio irremediable -pues la actora no demostr\u00f3 que es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional-.2 <\/p>\n
4. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Adicionalmente, sobre el particular, la Corte Constitucional ha expresado que: \u00abprocede la protecci\u00f3n a la estabilidad laboral reforzada de aquellos empleados p\u00fablicos y privados, que acreditan la calidad de pre pensionados, por faltarles menos de tres a\u00f1os para contar con 57 a\u00f1os en el caso de las mujeres y 62 a\u00f1os en el caso de los hombres, y cotizar 1.300 semanas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones CC, T-385\/20, Reiterada en CSJ, STC5499-2022\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 La accionante tiene 47 a\u00f1os de edad, en la historia cl\u00ednica del 11 de marzo de 2022 se consign\u00f3 que padece de \u00abtrastorno de ansiedad generalizada \u2013 epilexia \u2013 depresi\u00f3n\u00bb, calificada como enfermedad general. <\/p>\n
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