STC7597-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7597-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00727-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio De dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jorge Enrique Prieto Pacheco le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4, extensiva a la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior y al Juzgado Sexto Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Barranquilla, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2007-00735. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la Colegiatura accionada \u00abemitir nueva sentencia que aplique integralmente la convenci\u00f3n colectiva USO-ECOPETROL al Dr. Jorge Enrique Prieto incluyendo el reintegro sin que se exija ni el pago de cuotas sindicales, ni mucho menos la sindicalizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla en el juicio laboral que promovi\u00f3 contra Ecopetrol S.A. para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo realidad desde el 1\u00ba de julio de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2001 y, en consecuencia, de manera: i) Principal, se condenara a reintegrarlo al cargo que desempe\u00f1aba o a otro de igual o de superior categor\u00eda y remuneraci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en la convenci\u00f3n colectiva vigente para la \u00e9poca de la desvinculaci\u00f3n y, adem\u00e1s, pagarle los salarios y prestaciones convencionales y legales causados hasta su reinstalaci\u00f3n y, ii) Subsidiaria, reconocerle y pagarle todas las prestaciones sociales legales y los beneficios extralegales, la indemnizaci\u00f3n convencional por despido injusto y la moratoria (art. 1\u00b0 del Decreto 797 de 1949), los \u00abaportes a la seguridad social pensi\u00f3n y salud: por todo el tiempo de servicios prestados a esa entidad\u00bb, as\u00ed como el reembolso de los dineros retenidos de su \u00abremuneraci\u00f3n\u00bb por concepto de \u00abretenci\u00f3n en la fuente\u00bb,. resolvi\u00f3: <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n sobre las prestaciones sociales legales generadas con anterioridad al a\u00f1o 2001 (\u2026). <\/p>\n
TERCERO: CONDENAR a la demandada ECOPETROL al reconocimiento y pago a favor del demandante Jorge Enrique Prieto de los siguientes montos y conceptos: <\/p>\n
VALOR PRESETACIONES (sic) SOCIALES: $9.170.000,00 <\/p>\n
VALOR SANCION (sic) MORATORIA: $87.500.000,00 <\/p>\n
VALOR INTERESES MORATORIOS: $54.958.644,54 <\/p>\n
TOTAL OBLIGACION (sic) A PAGAR: $151.628.644,54 <\/p>\n
CUARTO: ABSOLVER a la demandada ECOPETROL S.A., de dem\u00e1s pretensiones de la demanda\u2026\u00bb (26 jul. 2013). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el superior revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y en su lugar declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y absolvi\u00f3 a la demandada (30 jul. 2014), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 quebr\u00f3 la del ad quem y confirm\u00f3 la de primera instancia (SL5216-2021, 4 oct.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con la \u00faltima decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto sustantivo, desconocimiento del precedente y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, comoquiera que inaplic\u00f3 la \u00abcl\u00e1usula de estabilidad\u00bb prevista en el art\u00edculo 121 de la convenci\u00f3n colectiva USO-ECOPETROL que tornaba procedente su reintegro, por no encontrase acreditada su sindicalizaci\u00f3n, cuando \u00abes imposible pedirle a un contratista independiente (en principio) la afiliaci\u00f3n al sindicato, el pago de cuotas sindicales\u00bb, y la \u00abaplicaci\u00f3n de la convenci\u00f3n opera de manera autom\u00e1tica\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Laboral del Circuito relat\u00f3 lo surtido en la lid controvertida. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral precis\u00f3 que la inconformidad de Prieto Pacheco no es con el fallo de casaci\u00f3n \u00absino con [el] de instancia, oportunidad en la que se neg\u00f3 el reintegro convencional deprecado porque, si bien no se desconoci\u00f3 que el compendio extralegal le era extensivo al actor debido al car\u00e1cter mayoritario de la organizaci\u00f3n sindical, la Sala comprendi\u00f3 que la cl\u00e1usula que consagraba la estabilidad laboral \u00fanicamente cobijaba a quienes realmente fueran afiliados a aquella, con sujeci\u00f3n a su estricto tenor literal\u00bb y, resalt\u00f3 que lo por \u00e9l pretendido es \u00abreabrir el debate procesal\u00bb pese a la \u00abfirmeza de la decisi\u00f3n proferida al resolver el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Ecopetrol S.A. defendi\u00f3 la legalidad del proceder de la homologa especializada, acotando que en el litigio ordinario \u00abuna vez declarada la existencia del contrato realidad, no se entr\u00f3 a hacer calificaci\u00f3n alguna en cuanto a si hubo o no terminaci\u00f3n sin justa causa, (\u2026) de modo que no puede pretenderse ahora por v\u00eda de tutela habilitar ese debate que no se propuso en el proceso ordinario (\u2026)\u00bb, a m\u00e1s que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que el veredicto adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n fustigada es razonable, por cuanto: a) No estaba acreditada la \u00abexcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb; b) Se demostr\u00f3 la existencia de un contrato realidad, en vista que Jorge Enrique prest\u00f3 personalmente sus servicios, con subordinaci\u00f3n frente a la empresa, recibiendo un salario como retribuci\u00f3n; y, c) El precursor \u00abno ten\u00eda derecho a que se le aplique la cl\u00e1usula de estabilidad prevista en el art\u00edculo 121 convencional, pues (\u2026) fue reservada por los negociadores de la empresa y del sindicato en beneficio de quienes estuvieran afiliados a esta organizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- El actor replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, advierte la Sala el decaimiento del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, comoquiera que se avizora que la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (4 oct. 2021) que cas\u00f3 la de 30 de julio de 2014 del Tribunal Superior de Barranquilla y confirm\u00f3 la de 26 de julio de 2013 del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa localidad, no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
(\u2026) impone que, entre la sentencia de segunda instancia y el objeto del recurso de apelaci\u00f3n, exista plena correspondencia, lo que se traduce en que, por regla general, al juzgador le est\u00e1 vedado apartarse de las materias que le propone el apelante (CSJ SL5622-2014, CSJ SL2764-2017). Lo anterior implica una restricci\u00f3n o limitaci\u00f3n a la competencia funcional del colegiado, por lo cual no pod\u00eda considerar, como lo hizo, que \u00abde acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 357 del C.P.C., aplicable por remisi\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 145 del C.P.L., cuando ambas partes hayan apelado se resolver\u00e1n las apelaciones sin limitaci\u00f3n alguna\u00bb, razonamiento jur\u00eddico que (\u2026) resulta equivocado, toda vez que con tal proceder desconoci\u00f3 el principio de consonancia (\u2026). <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que, el demandante al apelar buscaba que la determinaci\u00f3n de primera instancia en relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n \u00abfuera revocada para que la condena abarcara las acreencias laborales causadas antes de 2001 (\u2026)\u00bb, y la demandada, por su parte, \u00abno mostr\u00f3 inconformidad (\u2026) frente a la declaratoria de prescripci\u00f3n que hizo la a quo (\u2026)\u00bb. Sin embrago, puntualiz\u00f3 que \u00abel colegiado no atendi\u00f3 en estricto rigor lo peticionado, sino que fue m\u00e1s all\u00e1, y termin\u00f3 declarando la extinci\u00f3n por el paso del tiempo de todos los derechos pretendidos en la demanda inicial. <\/p>\n
Luego, indic\u00f3 que, si lo anterior se pasara por alto, resultaba evidente que el Tribunal \u00abse equivoc\u00f3 al declararla probada de la manera como lo hizo\u00bb, en atenci\u00f3n a que <\/p>\n
(\u2026) si la reclamaci\u00f3n fue presentada el 17 de diciembre de 2004, en ese momento se interrumpi\u00f3, y como fue resuelta el 28 de enero de 2005, entonces hasta esta data permaneci\u00f3 suspendida y, desde esta calenda, empez\u00f3 a correr de nuevo por tres a\u00f1os, es decir, hasta el 28 de enero de 2008. Por manera que, si la demanda fue presentada el 4 de diciembre de 2007, que en los t\u00e9rminos del otrora vigente art\u00edculo 90 del CPC, hoy 94 del CGP, \u00e9sta interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, salta a la vista que solo se vieron afectada por ella, las acreencias laborales causadas antes del 17 de diciembre de 2001, y fue as\u00ed como lo consider\u00f3 el fallador de primer nivel, raz\u00f3n por la cual no era de recibo desmontar esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
En lo concerniente con el anhelo tendiente a obtener el pago de aportes en pensi\u00f3n, adver\u00f3 que el ad quem \u00abacert\u00f3 al desestimar[lo]\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) el tiempo de servicio alegado en la demanda comprend\u00eda del 1\u00ba de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2001, es decir, antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo tanto, con arreglo al art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993, de haber existido una relaci\u00f3n laboral entre las partes, entonces estaba exceptuada del Sistema de Seguridad Social Integral, y, por ende, la estatal petrolera no estaba obligada a afiliarlo a alguno de los reg\u00edmenes que componen el Sistema General de Pensiones (\u2026). <\/p>\n
Eso no significa que el tiempo laborado no pueda ser tenido en cuenta para efectos pensionales, (\u2026) ya que as\u00ed lo dispone expresamente el literal b) del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 (\u2026). <\/p>\n
En punto a la \u00abexistencia del contrato de trabajo\u00bb, refiri\u00f3 que \u00abla pasiva admiti\u00f3 que el actor prest\u00f3 personalmente sus servicios para ella, con lo cual se activ\u00f3 la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 24 del CST\u00bb, que no fue desvirtuada, porque la \u00abexhibici\u00f3n de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, a priori incompatibles con el surgimiento de un v\u00ednculo laboral, no acredita que la relaci\u00f3n jur\u00eddica bajo lupa hubiera estado caracterizada por la autonom\u00eda e independencia\u00bb, m\u00e1xime cuando otras probanzas evidencian la \u00absujeci\u00f3n personal del demandante por parte del empleador\u00bb, como lo son, las reuniones cl\u00ednico administrativas (21 abr. y 27 dic. 1999) en las que \u00abel grado de subordinaci\u00f3n de la empresa era tal que no solo se limitaba a impartir instrucciones generales sobre el servicio a prestar por el actor y sus compa\u00f1eros\u00bb, sino que tambi\u00e9n establec\u00eda limites que repercut\u00edan directamente en el criterio profesional de Prieto Pacheco en aras de lograr un mayor provecho econ\u00f3mico, esto es, en relaci\u00f3n con <\/p>\n
(\u2026) las remisiones a especialistas, suministro de medicamentos y \u00f3rdenes de hospitalizaciones (\u2026). <\/p>\n
Similar situaci\u00f3n se aprecia de los documentos que militan a folios 29 a 41, 50 a 51, 182 a 190, y 174 a 181; los \u00faltimos, adem\u00e1s, demuestran que la pasiva le brindaba capacitaciones al demandante, entre otros motivos, [\u2026] para la aplicaci\u00f3n nacional e integral del SUIS, donde lo concerniente a cuentas merece una menci\u00f3n y manejo especial, desde ya debemos habituarnos a elaborar ordenes (sic) perfectas, que no dejen espacio especulativo sobre el diagn\u00f3stico, c\u00f3digo y precio\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, los testimonios de Jorge Jaimes Salazar, Mireya Benavides V\u00e1squez y Deisy Londo\u00f1o Mill\u00e1n corroboran el hallazgo documental, y ratifican que, en realidad, el actor estaba desprovisto de autonom\u00eda t\u00e9cnica y directiva. Si bien los restantes testigos, es decir, Martha Mar\u00eda V\u00e9lez Garc\u00eda, Mar\u00eda Elena Ch\u00e1vez Castro, Jazm\u00edn Aguilera D\u00edaz y Juan Antonio Guevara Boh\u00f3rquez declararon que el demandante s\u00ed era aut\u00f3nomo y que no le daban instrucciones, ello se desvirt\u00faa con lo visto en la documental examinada, de modo que, al valorar en conjunto la prueba recaudada, merecen mayor credibilidad los primeros dos deponentes, quienes percibieron directamente los hechos relatados, porque fueron compa\u00f1eros del accionante. <\/p>\n
Frente a la presentaci\u00f3n de cuentas de cobro por el gestor, esgrimi\u00f3 que <\/p>\n
Aunado a ello, asent\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n moratoria era procedente, comoquiera que \u00abno puede d\u00e1rsele cr\u00e9dito a la supuesta convicci\u00f3n que la accionada ten\u00eda de la inexistencia de la relaci\u00f3n de trabajo, cuando (\u2026) ten\u00eda pleno conocimiento de que el demandante realizaba una labor de manera continua y permanente, en una actividad que requer\u00eda la empresa (\u2026)\u00bb, quien, adem\u00e1s, busc\u00f3 \u00abencubrir la evidente relaci\u00f3n subordinada bajo el manto de una contrataci\u00f3n civil, conducta que elucida un comportamiento de mala fe\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, frente a las prestaciones legales y extralegales causadas con antelaci\u00f3n al 17 de diciembre de 2001, afirm\u00f3 que oper\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En lo tocante a los salarios, razon\u00f3 que en el escrito introductor no se \u00abindic\u00f3 que el salario que deb\u00eda devengar era superior al que percib\u00eda, a tal punto que ni siquiera pidi\u00f3 las eventuales diferencias que se generaran por ello\u00bb y, por tanto, el reparo efectuado en dicho sentido por el apelante carec\u00eda de respaldo, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abexpresamente se\u00f1al\u00f3 que su contraprestaci\u00f3n era de $3.579.265, lo que guarda relaci\u00f3n con lo hallado por la a quo, quien encontr\u00f3 que la remuneraci\u00f3n del demandante, base para calcular el monto de las condenas, fue de $3.500.000\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a la aspiraci\u00f3n tendiente al lograr el reintegro convencional, cavil\u00f3 que <\/p>\n
El actor no tiene derecho a que se le aplique la cl\u00e1usula de estabilidad prevista en el art\u00edculo 121 convencional, pues si bien es cierto que \u00e9sta le era extensiva por el car\u00e1cter mayoritario del sindicato (art. 38, D. 2351\/65), esa cl\u00e1usula fue reservada por los negociadores de la empresa y del sindicato en beneficio de quienes estuvieran afiliados a esta organizaci\u00f3n. As\u00ed lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo 5 de la mencionada preceptiva cuando dispone que \u00ab[\u2026] la estabilidad consagrada en este Art\u00edculo ampara a los trabajadores afiliados a la Uni\u00f3n Sindical Obrera \u2013USO-.\u00bb (f.\u00ba 157). <\/p>\n
Por manera que, como el actor no acredit\u00f3 en el proceso que se hubiera afiliado a la referida organizaci\u00f3n sindical, no est\u00e1 legitimado para reclamar esta garant\u00eda. <\/p>\n
2. En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta guarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que en este evento no sucede. <\/p>\n
4.- Lo dicho conlleva a la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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