STC7598-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7598-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo primero del Acuerdo n\u00ba 034 proferido por esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los nombres ficticios de las partes. <\/p>\n
Procede la Corte a decidir la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 27 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mar\u00eda contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de aumento de cuota de alimentos radicado bajo el n\u00ba 2021-09295. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, m\u00ednimo vital, vida, integridad f\u00edsica, dignidad, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, narr\u00f3 que de la relaci\u00f3n sentimental sostenida con Pedro naci\u00f3 su hija Mariana sobre quien ejerce la custodia y cuidado personal, desde la separaci\u00f3n con su pareja. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el 2016 pactaron como cuota de alimentos la suma de $170.000, la cual ha sido reajustada anualmente conforme al IPC, por lo que en la actualidad el valor de la misma asciende a $232.000, monto que, en su sentir, resulta insuficiente para cubrir los gastos de manutenci\u00f3n de la menor de edad. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en representaci\u00f3n de su hija, formul\u00f3 demanda de aumento de cuota alimentaria, tr\u00e1mite asignado al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, despacho que en sentencia de 3 de mayo de 2022, resolvi\u00f3 negar sus pretensiones porque no se logr\u00f3 demostrar la capacidad econ\u00f3mica del alimentante. <\/p>\n
Adujo que la Juzgadora accionada vulner\u00f3 y desconoci\u00f3 los derechos fundamentales de su hija, pese a la protecci\u00f3n especial del inter\u00e9s superior que el legislador otorg\u00f3 mediante la Ley 1098 de 2006, el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ratificaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o. <\/p>\n
Sostuvo que adem\u00e1s omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al precedente jurisprudencial, por tanto, debi\u00f3 aplicar la presunci\u00f3n legal de que el demandado devengaba al menos un salario m\u00ednimo mensual legal vigente, teniendo en cuenta que es un profesional que trabaja de manera independiente. <\/p>\n
En el mismo sentido, se\u00f1al\u00f3 que incurri\u00f3 en un error de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues a pesar de que las pruebas fueron debidamente practicadas e incluidas en el proceso, no efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las mismas, de las cuales se lograba inferir que el padre de la menor cuenta con solvencia econ\u00f3mica y no tiene a cargo otra obligaci\u00f3n alimentaria, siendo Mariana su \u00fanica hija. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 revocar la sentencia de 3 de mayo de 2022 y, en su lugar, ordenar \u00abal Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso dictar sentencia sustitutiva accediendo a las pretensiones de la demanda de incremento de cuota de alimentos fijando para ello una cuota digna que permita a [su] menor hija solventarse respecto a los gastos que fueron debidamente probado\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso inform\u00f3, que el asunto se rigi\u00f3 por el tr\u00e1mite previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, sin embargo, debido a que la demandante no prob\u00f3 los presupuestos del inciso 8 del art\u00edculo 129 de la Ley de Infancia y Adolescencia, no se accedi\u00f3 a sus pretensiones, decisi\u00f3n debidamente soportada en las pruebas obrantes en el proceso y motivada seg\u00fan los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del caso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno de la peticionaria ni de su menor hija, ni ha impedido el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, habida cuenta que no cumple los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, como quiera que no se evidenci\u00f3 en la revisi\u00f3n que efectu\u00f3 al expediente que le fue enviado, vulneraci\u00f3n alguna por parte de la autoridad accionada. Al respecto expuso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juzgado accionado profiri\u00f3 su decisi\u00f3n con apego y observancia al orden legal sin desbordar de la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los intereses de la actora, puesto que, si bien es cierto la accionante cuestiona la actuaci\u00f3n surtida dentro del tr\u00e1mite del proceso de incremento de cuota alimentaria 20210029500, espec\u00edficamente, en la audiencia del 03 de mayo de 2022, en donde el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso profiri\u00f3 sentencia teniendo como demostrada la variaci\u00f3n de las necesidades de la alimentada, pero as\u00ed mismo no se prob\u00f3 la variaci\u00f3n en las capacidades econ\u00f3micas del alimentante, tambi\u00e9n es cierto que la decisi\u00f3n fue tomada en tr\u00e1mite del proceso rese\u00f1ado y por la juez competente una vez constituido el contradictorio, analizadas las pruebas escuchados los interrogatorios de partes y testimonios, debatido el proceso y observando la normatividad, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto, sin que ello implicara que hubiera o no discordancia en el acogimiento o no de los argumentos del fallador\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante insistiendo en los argumentos iniciales; adem\u00e1s, adujo que con el fallo se desconoci\u00f3 un principio jur\u00eddico y el inter\u00e9s superior de la menor, el cual debi\u00f3 ser la consideraci\u00f3n primordial en orden a la evaluaci\u00f3n y ponderaci\u00f3n de los distintos intereses que puedan entrar en conflicto. <\/p>\n
Igualmente, manifest\u00f3 que el Juzgado accionado debi\u00f3 cumplir con la carga argumentativa que le impone la Ley y la Constituci\u00f3n, explicando por qu\u00e9 no aplic\u00f3 la presunci\u00f3n legal de ingresos devengados por el demandado y sustentar dicho distanciamiento jur\u00eddicamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mar\u00eda en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, cuestiona la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso en audiencia de 3 de mayo de 2022, mediante la cual dispuso negar las pretensiones de la demanda de aumento de cuota de alimentos iniciada contra Pedro, pues en su sentir, lo resuelto quebranta las garant\u00edas superiores, de la ni\u00f1a. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n en la que no observa la Sala arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse, <\/p>\n
Al respecto indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl se\u00f1or Tovar no cuenta con trabajo que le genere ingresos fijos, no se prob\u00f3 que gane la suma de 3 millones o m\u00e1s, no se prob\u00f3 que tenga inmuebles de su propiedad, no se prob\u00f3 que labore en alguna empresa o que tenga contratos vigentes con entidades p\u00fablicas o privadas, contrario a las condiciones econ\u00f3micas al momento de fijarse la cuota de alimentos por las partes, pues para esa \u00e9poca estaba vinculado laboralmente, su condici\u00f3n no ha mejorado. <\/p>\n
No es aplicable la presunci\u00f3n la presunci\u00f3n del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia la cual admite prueba en contrario, por lo tanto, en este asunto no fue que no se hubiera podido establecer su solvencia econ\u00f3mica, sino que se prob\u00f3 lo contrario. <\/p>\n
Se prob\u00f3 que no tiene salario fijo y estable sino variable, que no alcanza su ingreso ni siquiera a cumplirse el monto del salario m\u00ednimo legal vigente, seg\u00fan la actividad comercial que desarrolla por la venta de elementos de ferreter\u00eda o emprendimientos como la venta de pavo, actividades que las desarrolla de manera informal, y las cuales, inclusive, las corrobora la progenitora de la demandante al afirmar que si vio en la casa del demandado el aviso de venta de pavo, no se prob\u00f3 que tenga bienes de fortuna, un veh\u00edculo no es un bien de fortuna, tampoco se prob\u00f3 que tenga un nivel de vida alto pues la misma progenitora de la demandante refiere que reside en el barrio Jard\u00edn que es estrato 2. El demandante est\u00e1 filiado en el Sistema de Salud al r\u00e9gimen subsidiado, sin que sea este Despacho ni objeto de este proceso determinar si es correcta o no la clasificaci\u00f3n en el Sisb\u00e9n. <\/p>\n
De las fotos que soportan el dicho de la demandante son desvirtuadas por la afirmaci\u00f3n del demandado al decir que estas se dieron en lugares, donde ha trabajado antes del a\u00f1o 2021, corroboradas por testigos quienes indicaron que datan de 2018 y 2019 coincidiendo con los espacios temporales que dice el demandado ejerci\u00f3 su profesi\u00f3n en Cali y Antioquia\u00bb. [Minuto 1:57:48 – 2:01:05] <\/p>\n
Igualmente precis\u00f3 que no se prob\u00f3 mala fe en el demandado, ni que \u00e9ste se insolventara u ocultara bienes en detrimento de los derechos de la menor, pues se acredit\u00f3 que estaba cumpliendo con las obligaciones alimentarias pactadas ante el ICBF, asimismo, precis\u00f3 que el t\u00edtulo profesional per se no era prenda de solvencia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sostuvo que, si bien se observaban variaciones en las necesidades de la ni\u00f1a, espec\u00edficamente en cuanto a su alimentaci\u00f3n especial, no se acredit\u00f3 la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del obligado a efectos de fijar cuotas superiores a las que actualmente estaba pagando, sin que ello implicara una vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales a la ni\u00f1a, ni que el Juzgado estuviera desconociendo el principio de la justicia o los derechos de los menores que son prevalentes. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se observ\u00f3 desafuero o irregularidad que revele los defectos alegados por la peticionaria y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis que efectu\u00f3 de las pruebas obrantes en el proceso y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que no se encontr\u00f3 acreditada la variaci\u00f3n de las capacidades econ\u00f3micas del alimentante. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por la solicitante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la presunci\u00f3n legal referente a que el demandado devengaba al menos un salario m\u00ednimo mensual legal vigente (art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006), que alega la accionante debi\u00f3 aplicar el Juzgado accionado, debe tenerse presente, que la Corte Constitucional en sentencia C-388 de 5 de abril de 2020, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab6. La disposici\u00f3n demandada establece que, en el proceso de alimentos, cuando no resulte posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, se deber\u00e1 presumir que devenga, al menos, el salario m\u00ednimo legal. Se pregunta la Corte si la presunci\u00f3n legal que se analiza, es razonable. En otras palabras, si la misma responde a las leyes de la l\u00f3gica o de la experiencia. (\u2026) <\/p>\n
No obstante, no escapa a esta Corte el hecho de que muchas personas no pueden conseguir un lugar de trabajo estable o se ven obligadas a trabajar en circunstancias de indignidad, recibiendo, como contraprestaci\u00f3n, sumas de dinero menores del salario m\u00ednimo legal. Sin embargo, quien se encuentre en estas circunstancias tiene la posibilidad de demostrar, en el curso del proceso de alimentos, que su ingreso mensual no alcanza la suma establecida en la presunci\u00f3n que se demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, la carga procesal que se impone al demandado, consistente en desvirtuar la existencia del hecho presumido, s\u00f3lo puede justificarse si con ella se persigue un fin constitucionalmente valioso y si no resulta desproporcionada respecto del mencionado fin. En consecuencia, procede la Corte a realizar el correspondiente estudio. (\u2026) <\/p>\n
8. Desde una perspectiva procesal o adjetiva, la presunci\u00f3n legal consagrada en la parte final del art\u00edculo 155 del C\u00f3digo del Menor, persigue que la cuota alimentaria se fije, por lo menos, con relaci\u00f3n al salario m\u00ednimo legal. En efecto, dicha presunci\u00f3n releva a la parte m\u00e1s d\u00e9bil – el menor – de la carga de demostrar que quien se encuentra legal y constitucionalmente obligado a sostenerlo y educarlo devenga, al menos, el salario m\u00ednimo legal. De esta manera, se logran dos objetivos procesales importantes. En primer lugar, se corrige la desigualdad material entre las partes respecto de la prueba y, en segundo t\u00e9rmino, se evita que un eventual deudor de mala fe, pueda evadir sus m\u00e1s elementales obligaciones ocultando o disminuyendo una parte de su patrimonio. Con lo anterior, la ley tiende a garantizar, en el peor de los casos, el pago de una cuota alimentaria m\u00ednima vinculada al nivel de ingresos presumido. <\/p>\n
Desde la perspectiva material o sustantiva, la presunci\u00f3n estudiada se orienta a hacer efectiva la ineludible responsabilidad constitucional que tienen los padres respecto de los hijos, especialmente, en cuanto respecta a la obligaci\u00f3n de cuidarlos, sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. De la misma manera, puede afirmarse que el establecimiento de un l\u00edmite m\u00ednimo para determinar la cuota alimentaria, se funda en la prelaci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de los menores. No resulta dif\u00edcil comprender entonces que la disposici\u00f3n demandada persigue un objetivo constitucionalmente prioritario: la defensa de los derechos m\u00e1s elementales del menor. <\/p>\n
9. Adicionalmente, constata la Corte que la norma demandada resulta \u00fatil y necesaria para garantizar un l\u00edmite m\u00ednimo de la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n alimentaria. Ciertamente, la presunci\u00f3n legal cuestionada impide que el deudor de mala fe pueda llegar a ocultar, incluso, la parte de su patrimonio que corresponde a un salario m\u00ednimo legal. De otra parte, no es evidente que exista otra medida que implique menores costos para el deudor e igual o mayor beneficio para el menor que ha tenido que acudir a un juicio para hacer que sus padres cumplan con la obligaci\u00f3n primaria de sostenerlo y educarlo. (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
11. La presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 155 del C\u00f3digo del Menor puede ser desvirtuada por el deudor. En efecto, dicha disposici\u00f3n no implica una ficci\u00f3n incontrovertible, sino una carga procesal que se impone al alimentante dada la importancia de los derechos de su contraparte en el proceso de alimentos -el menor-, y la desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba. En este sentido, el sujeto afectado puede utilizar los recursos que est\u00e9n a su alcance para demostrar que no devenga el salario m\u00ednimo legal. Dado que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible (CC art. 416), al desvirtuar la presunci\u00f3n, el juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del pago de la cuota fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su realidad econ\u00f3mica. Como lo ha reconocido la Corte, la carencia de recursos econ\u00f3micos impide la exigibilidad de la obligaci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, debe recordarse que la determinaci\u00f3n adoptada en el proceso de aumento de cuota de alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, puesto que es \u00absusceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada en STC, 25 may. 2012, rad. 00139-01 y reiterada recientemente en STC866-2022). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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