STC7599-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7599-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00419-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Jos\u00e9 Gustavo Ferreira Pi\u00f1eros instaur\u00f3 en contra del Juzgado Cuarto de Familia de la misma capital, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2010-00140. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, a la vida, alimentos, salud, integridad f\u00edsica y dignidad humana\u00bb, para que se ordenara al estado acusado: \u00ablevantar la medida cautelar que recae en su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que, en su condici\u00f3n de adulto mayor, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, pues cuenta con 94 a\u00f1os, la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 (27 oct. 2011) que lo conden\u00f3 a suministrar alimentos a su nieta por la suma inicial de $800.000 mensuales, ahora en $1.530.521, mediante retenciones realizadas a su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, le est\u00e1 vulnerando las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la beneficiaria Sophia Ferreira Gal\u00e1n adquiri\u00f3 la mayor\u00eda de edad y su progenitora Fanny Piedad Gal\u00e1n Barrera es abogada, vinculada laboralmente, en tanto el padre no tiene ning\u00fan impedimento para hacerse responsable de sus obligaciones. <\/p>\n
Sostuvo que para mediados del a\u00f1o 2021 se realiz\u00f3 ex\u00e1menes m\u00e9dicos por varias afecciones y dolencias en la espalda por hernias discales, debido a su avanzada \u00abedad\u00bb, tambi\u00e9n presenta problemas visuales, por lo que debe realizarse tratamiento de por vida para evitar una ceguera permanente, el cual no es cubierto por el POS. <\/p>\n
Relat\u00f3 que en la actualidad sus gastos son muy elevados, a lo que debe sumar la retenci\u00f3n de los dineros por la cautela decretada, el pago del personal pendiente de su salud, increment\u00e1ndosele el costo de vida, relacionado as\u00ed \u00abconductor ($1.200.000), servicio dom\u00e9stico ($1.000.000), enfermera ($1.500.000), fisioterapeuta: ($50.000) X 3 veces a la semana ($600.000) mensual, celador y jardinero ($1.300.000), Total ($5.600.000)\u00bb, en tanto que la pensi\u00f3n que recibe es de \u00ab($7.843.792), descuento medida cautelar ($1.530.521), tratamiento visual ($820.000), honorarios m\u00e9dico tratante ($1.350.000) total de gastos ($9.300.521)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, por lo anteriormente esbozado, solicita la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria y cesaci\u00f3n del pago, debido a que la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n es el \u00fanico recurso econ\u00f3mico que cuenta para su manutenci\u00f3n, manifestando que la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb debe recaer en los padres ya que por m\u00e1s de 10 a\u00f1os ha estado sufragando los \u00abgastos\u00bb que demanda el cuidado de su nieta. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que en esa sede judicial curs\u00f3 el proceso de alimentos 2010-00140 adelantado por Fanny Piedad Gal\u00e1n Barrera en representaci\u00f3n de la entonces menor Sophia Ferreira Gal\u00e1n, declarando que Jos\u00e9 Gustavo Ferreira Pi\u00f1eros, estaba \u00abobligado a suministrar alimentos\u00bb (27 oct. 2011). <\/p>\n
Asevero que en dicho juicio se han resuelto todas las peticiones presentadas y resalt\u00f3 que el libelista no ha formulado rogativa alguna tendiente a que se resuelva lo planteado en el escrito tutelar; no obstante, en auto de 9 de mayo de 2022, con ocasi\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, dispuso: i) \u00abglosara a autos y poner en conocimiento del alimentante la manifestaci\u00f3n efectuada por la alimentaria en este asunto, mediante la cual informa que ya adquiri\u00f3 su mayor\u00eda de edad y anexa copia de su contrase\u00f1a, lo anterior para los fines pertinentes\u00bb; ii) \u00abatendiendo que en el hecho s\u00e9ptimo del escrito de tutela interpuesto por el alimentante en este asunto, pretende la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria, se le indica que para ello debe presentar la respectiva petici\u00f3n con el lleno de los requisitos legales, para poder adelantar el tr\u00e1mite que corresponde de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb; iii) \u00abfinalmente, se les recuerda a las partes que para actuar en este tipo de procesos por la naturaleza del mismo y la categor\u00eda del Juzgado, deber\u00e1n acreditar que cuentan con poder de postulaci\u00f3n o en su defecto otorgar poder a profesional del derecho\u00bb. <\/p>\n
Luis Gonzalo Lozano Rinc\u00f3n, apoderado de Sophia Ferreira Gal\u00e1n, manifest\u00f3 que su prohijada se encuentra en proceso de formaci\u00f3n educativa profesional y que la \u00abobligaci\u00f3n alimentaria\u00bb no ha sido provista por su padre biol\u00f3gico, por lo cual, la justicia ordinaria traslad\u00f3 el deber a su abuelo; que Fanny Piedad como cabeza de familia, ha tenido que \u00absufragar los gastos de sostenimiento\u00bb de su hija que superan cinco veces la suma que el gestor pide ser exonerado; y, que el precursor debi\u00f3 agotar los recursos de ley ante el juez de conocimiento. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, tras concluir que \u00abno puede el accionante acudir tard\u00edamente a este mecanismo excepcional para fustigar las determinaciones que estim\u00f3 adversas a sus intereses, pues, su silencio prolongado e injustificado se traduce, sin m\u00e1s, en un signo de asentimiento frente a la sentencia del 27 de octubre de 2011\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la \u00abexoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb, sostuvo que \u00ab(\u2026) en primer lugar, no se aprecia que el querellante hubiese elevado petici\u00f3n alguna en este sentido ante el Juzgado aqu\u00ed demandado frente a la cual exista un deber de pronunciamiento por parte del mismo y, por lo tanto, pueda endilg\u00e1rsele una omisi\u00f3n del deber de contestar o resolver que conlleve la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el actor insistiendo en los planteamientos inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el veredicto de primer grado debe ratificarse porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que si la inconformidad del tutelante es con la \u00absentencia que lo declaro en la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos a su nieta Sophia Ferreira Gal\u00e1n\u00bb (27 oct. de 2011), desde entonces hasta la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (5 may. 2022), transcurrieron, diez (10) a\u00f1os, seis (6) meses y ocho (8) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la salvaguarda. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el sub lite no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de no compartir esa determinaci\u00f3n, el impulsor no esboz\u00f3 las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial sendero. <\/p>\n
1.2. Ahora, en cuento al anhelo de Jos\u00e9 Gustavo Ferreira Pi\u00f1eros dirigido a que el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 lo exonere de la cuota alimentaria a la que fue condenado el 27 de octubre de 2011 y levante el embargo que recae sobre su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en el litigio n\u00ba 2010-00140 seguido en su contra por Fanny Piedad Gal\u00e1n Barrera en nombre de la entonces menor Sophia Ferreira Gal\u00e1n, tampoco se cumple con el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, en tanto, es ante dicho estrado que debe plantear tales rogativas, para que en el marco de sus competencias las resuelva, de lo cual no hay prueba en el plenario. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el auxilio no es una instancia para anticiparse a la adopci\u00f3n de resoluciones que no se han sometido al escrutinio del funcionario ordinario, en las condiciones y t\u00e9rminos que se propone en este escenario especial. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha esbozado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. n\u00b0 1100102030002012- 00728-00)\u201d, STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01, reiterada en STC3492-2021. <\/p>\n
2.- Ergo, surge impr\u00f3spero el auxilio suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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