STC7600-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7600-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Roc\u00edo Stella Echeverri Cano y Manuel Jos\u00e9 Carvajal Valencia contra el Juzgado Civil del Circuito de Oralidad de Girardota. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, vida digna, salud, m\u00ednimo vital y propiedad, presuntamente conculcadas por la autoridad accionada en el curso del proceso ejecutivo hipotecario 2014-00305-00, acumulado al 2015-00066-001. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.1. Los accionantes fueron demandados en un proceso ejecutivo hipotecario por el Banco Agrario de Colombia S.A., de radicado 2014-00305, acumulado por Luz Stella Franco Acevedo al 2015-00066. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el juzgado accionado, mediante sentencia de 21 de julio de 2016, declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por el extremo pasivo, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 el aval\u00fao y remate del bien inmueble embargado2. <\/p>\n
2.2. Realizadas algunas actuaciones procesales, declarada desierta la diligencia de remate3 y resueltos los recursos propuestos por la parte demandada -accionantes-, mediante auto del 1 de septiembre de 2021, el Juzgado convocado design\u00f3 de oficio un \u00abtercer perito4 [\u2026] al presentar su inconformidad los demandantes respecto del aval\u00fao aportado por la parte demandada\u00bb, a fin de \u00abque dirima la diferencia de dichos aval\u00faos [\u2026]\u00bb. El 29 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, la perito rindi\u00f3 la experticia y estableci\u00f3 que el aval\u00fao comercial del inmueble era $2.855.971.566. <\/p>\n
2.3. El 28 de febrero de 2022, el juzgado declar\u00f3 en audiencia no pr\u00f3spera la objeci\u00f3n al dictamen formulada por la all\u00e1 demandada -ac\u00e1 demandante- y, mediante auto de 2 de marzo pasado, fij\u00f3 como fecha para llevar a cabo el remate el 29 de abril siguiente. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, piden que se ordene \u00abal JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE GIRARDOTA, no tener como valor para la venta el presentado por la auxiliar\u00bb y que, \u00abpor medio de perito id\u00f3neo, se encargue de medir de manera consciente las \u00e1reas, que valore de manera real el valor comercial del metro cuadrado de nuestro \u00fanico bien inmueble [\u2026] se nos proteja, con las siguientes actuaciones que realice el despacho o que se designe otro juzgado, para que siga llevando el proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Girardota dijo que, \u00aben vista de las graves afirmaciones y acusaciones, temerarias por infundadas, [hab\u00eda] adoptado la decisi\u00f3n de no adelantar la diligencia de remate programada para el 29 de abril de 2022, a la espera de la resoluci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional en su instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Luz Stella Franco Acevedo -vinculada- pidi\u00f3 desestimar la tutela, dado que \u00ablas garant\u00edas procesales se han brindado al interior del proceso, toda interposici\u00f3n de recursos de la parte demandada se ha admitido y decidido motivadamente por el despacho titular\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que lo pretendido \u00abfue debatido dentro del proceso y bajo las oportunidades legales para ello [\u2026] [E]l Juez durante la diligencia de la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n del dictamen decretado de oficio el 4 de febrero de 2022, analiz\u00f3 los fundamentos, la imparcialidad y la idoneidad de la auxiliar de la justicia, concluyendo que brind\u00f3 precisi\u00f3n, exactitud, claridad, profesionalismo, eficiencia y calidad \u00e9tica, decidiendo validar la prueba\u00bb. En ese orden, afirm\u00f3 que \u00abno encuentra arbitrariedad ni capricho en el proceder del Juzgado accionado, toda vez que sus pronunciamientos se basaron en una interpretaci\u00f3n normativa, l\u00f3gica, razonada, coherente y arm\u00f3nica con las normas procesales y sustanciales en lo que respecta con el dictamen pericial rendido por la auxiliar de la justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los tutelantes, se\u00f1alando que \u00abno hay otro medio de defensa judicial sino la tutela para que se pueda tener en cuenta lo que se falt\u00f3 medir en nuestro bien inmueble [\u2026] el amparo procede frente a uno de los requisitos de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales el cual es: \u2018(i) que se cumpla con el presupuesto de la subsidiariedad\u2019\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los actores pretenden el amparo de los derechos fundamentales invocados, por cuanto el juzgado accionado, en la audiencia de contradicci\u00f3n del dictamen pericial, no acogi\u00f3 los planteamientos aducidos en contra del dictamen presentado por la auxiliar nombrada de oficio y no accedi\u00f3 a nombrar un nuevo perito, \u00abque se encargue de medir las \u00e1reas construidas, que valore de manera real el valor comercial del metro cuadrado\u00bb. <\/p>\n
2. Frente al asunto cuestionado resulta indispensable precisar, en primer lugar, que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo, se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la diligencia rebatida, la cual ten\u00eda por objeto la contradicci\u00f3n del dictamen presentado por la auxiliar designada de oficio, el Juzgado, luego de escuchar a los apoderados de los extremos en litigio, a la perito avaluadora que rindi\u00f3 el informe y de surtir el interrogatorio y contrainterrogatorio en torno a las observaciones del mismo, procedi\u00f3 a resolver el asunto, enfatizando que \u00abel trabajo de los peritos es m\u00e1s de m\u00e9todo que de resultado, la conclusi\u00f3n sale de su esfera porque la conclusi\u00f3n es si el juez la adopta o no, entonces para el juez y para las partes lo que importa es el m\u00e9todo que utiliz\u00f3, la forma en que lo utiliz\u00f3 y por eso tenemos normatividad tan clara y tan precisa en la materia como la resoluci\u00f3n 620 de 2008 que nos dice claramente como tienen que rendirse estos dict\u00e1menes, cu\u00e1les son los m\u00e9todos de evaluaci\u00f3n que puede utilizar un perito, c\u00f3mo los debe utilizar integralmente y c\u00f3mo los debe explicitar en el informe\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que \u00ab[\u2026] un dictamen pericial que rinda una parte a trav\u00e9s de un perito o que rinda un perito por una designaci\u00f3n de un juez no est\u00e1 sujeto a contradicci\u00f3n por el solo hecho de que yo opine diferente\u00bb y record\u00f3 que el \u00abcambio entre el c\u00f3digo de procedimiento civil y el c\u00f3digo general del proceso limit\u00f3, por ejemplo, que las objeciones por error grave tienen unos est\u00e1ndares muy altos, y le corresponde a quien objete un dictamen por error grave probar en donde fue el error, no es de apreciaci\u00f3n, no es de opini\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, a pesar de que a la parte interesada no le satisfizo el dictamen rendido por la profesional designada de oficio por el Despacho, no expuso las razones ni los fundamentos t\u00e9cnicos por los cuales se deb\u00eda desestimar la experticia, tampoco precis\u00f3 cu\u00e1l fue el error en el que se incurri\u00f3, pues se limit\u00f3 en la audiencia a sembrar un manto de duda, sin fundamento alguno, sobre la idoneidad de la perito y del aval\u00fao. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, el Juzgado consider\u00f3 infundados los cuestionamientos formulados sobre \u00abporque la present\u00f3 antes de la posesi\u00f3n [y] por qu\u00e9 no midi\u00f3 tantos metros cuadrados m\u00e1s\u00bb, pues evidenci\u00f3 que la perito se pronunci\u00f3 en forma precisa y explic\u00f3 razonablemente las medidas y c\u00f3mo realiz\u00f3 la experticia, a m\u00e1s que \u00ablleva m\u00e1s de 25 a\u00f1os trabajando para la administraci\u00f3n de justicia [\u2026] estaba prevalida del nombramiento [\u2026] de tal manera que ese alegato de suspicacia o de comportamientos an\u00f3malos, no hay tal [\u2026] las razones que se dieron en esta audiencia son suficientes para tener como que ese dictamen debe mantenerse en el entendido de que la se\u00f1ora perito actu\u00f3 con profesionalismo, con eficiencia, con calidad \u00e9tica, como le corresponde y aqu\u00ed la parte no ha desvirtuado esa situaci\u00f3n\u00bb, a lo cual se sum\u00f3 que la experticia fue clara, concisa y estuvo debidamente sustentada. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos realizados por la parte interesada. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Despacho accionado estableci\u00f3 motivadamente, conforme a las probanzas analizadas, lo referido en los dict\u00e1menes ofrecidos por las partes, as\u00ed como por el decretado de oficio, debido a la diferencia del valor comercial del bien, y las manifestaciones realizadas por la experta frente a los cuestionamientos formulados, que este \u00faltimo era \u00abtotalmente razonable\u00bb y que la parte demandada no logr\u00f3 sustentar el error t\u00e9cnico en relaci\u00f3n con este. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, observa la Sala una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pdf. 03 HIPOTECARIO ACUMULADO 2015-00066-00, Folios 37-38. Auto 27 de febrero de 2015. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Pdf 01Proceso 2014-00305, folios 285-289. Expediente digital <\/p>\n
3\u0002 Pdf 01Proceso 2014-00305, folios 528-530 auto 18 de febrero de 2019 y folios 658-659 auto de 27 de febrero de 2020. Expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Pdf 18. 2014-00305-00 NOMBRA TERCER PERITO. Expediente digital <\/p>\n
<\/p>\n
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