STC7601-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7601-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-22-14-000-2022-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de mayo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Martha Rodr\u00edguez, en nombre propio y de su hijo menor, contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de V\u00e9lez, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al estrado acusado \u00abmodificar el auto fechado del 1 de febrero de 2022 en el numeral quinto del resuelve, en el sentido de que no se ordene la pr\u00e1ctica de una segunda prueba sangu\u00ednea por ser evidente que ya obra una en el expediente que fue practicada desde el 14 de octubre de 2016\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ner\u00f3n S\u00e1nchez promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad contra Martha Rodr\u00edguez, como representante del menor, y Joaqu\u00edn Torres, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de V\u00e9lez. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 1\u00ba de febrero de 2022 el aludido estrado orden\u00f3 de oficio la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, con marcadores gen\u00e9ticos, obteniendo muestra biol\u00f3gica del demandado, progenitora y demandante, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, la que en prove\u00eddo de 11 de marzo siguiente se mantuvo y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que en el auto no se explicaron de forma razonable los motivos por los que no era suficiente la prueba biol\u00f3gica aportada por el extremo actor y que hac\u00eda necesaria la pr\u00e1ctica de una segunda; y que el estrado criticado se limit\u00f3 a sustentar la pertinencia, conducencia y utilidad de la probanza en que era una situaci\u00f3n particular. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que recurri\u00f3 dicha decisi\u00f3n, siendo aclarados de fondo los motivos por los que se consideraba viable su decreto; que una prueba repetitiva era in\u00fatil; y que no exist\u00edan argumentos jur\u00eddicos que aprobaran el decreto y practica de la misma. <\/p>\n
2.5. Adujo que el hecho de que el juez interpretara o adicionara pretensiones desestabilizaba la igualdad de armas e imparcialidad; que en el expediente obraba prueba practicada el 14 de octubre de 2016; y que en las excepciones formuladas no fue objetado el contenido ni la veracidad cient\u00edfica de dicho dictamen. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el conocimiento de la posible paternidad fue en 2016, pero solo hasta el 2021 se promovi\u00f3 el proceso, superando los 140 d\u00edas del art\u00edculo 4 de la Ley 1060 de 2006; que el estrado acusado conoc\u00eda dicha circunstancia. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se deb\u00eda negar el decreto de la prueba oficiosa; que no se expusieron las razones por las que la primera probanza no era suficiente para explicar los v\u00ednculos filiales del menor; que no fueron objetados los medios de convicci\u00f3n allegados con la demanda; y que dicha decisi\u00f3n no guardaba consonancia con las pretensiones del libelo inicial. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el estrado asumi\u00f3 como un caso excepcional que el demandante entablara el proceso; que no exist\u00edan solicitudes probatorias para tomar dichas muestras; que no se consideraron los da\u00f1os que se causaba a la familia y al menor; y que se configur\u00f3 un defecto procedimental absoluto y una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de V\u00e9lez indic\u00f3 que con auto de 1\u00ba de febrero de los corrientes orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de la toma de muestras de las partes y de la madre del menor para la realizaci\u00f3n de la prueba gen\u00e9tica, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo el 11 de marzo siguiente; que la accionante no era parte dentro del juicio, pues actuaba como representante legal del menor, quien ostentaba la titularidad de los derechos reclamados; y que estar\u00eda atento a lo que aqu\u00ed se resolviera. <\/p>\n
2. Ana Beatriz Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Ner\u00f3n S\u00e1nchez, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
3. La Procuradora 161 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres refiri\u00f3 que se aten\u00eda a lo que se acreditara en el presente tr\u00e1mite; que la tutela no era una v\u00eda alternativa ni otra instancia; que el prove\u00eddo criticado no fue caprichoso y contaba con fundamento razonable jur\u00eddico, probatorio y f\u00e1ctico; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. Conforme a los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para formularlo en nombre propio por no ser parte en el juicio censurado; que no avizoraba desconocimiento de los derechos del ni\u00f1o, pues todas las actuaciones tendientes a establecer la filiaci\u00f3n, especialmente de un menor, impon\u00edan al juez la obligaci\u00f3n de definir su estado civil; que el fallador actu\u00f3 dentro del marco de sus competencias y conforme lo indicaba la ley procesal, la cual se\u00f1alaba expresamente el deber de decretar aun de oficio la prueba de ADN, por lo que la decisi\u00f3n no era caprichosa ni antojadiza; y que la tutela no era una instancia adicional, ni para controvertir las decisiones con las que las partes estaban en desacuerdo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que se le daba otro alcance a las pretensiones de la demanda, lo que desestabilizaba la igualdad de armas y las prerrogativas esenciales; y que la decisi\u00f3n se encontraba viciada al no contener un sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado judicial criticado, en la providencia definitoria del asunto de 11 de marzo de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se procede a hacer el an\u00e1lisis del caso, aclarando que en el presente asunto se intenta definir la verdadera filiaci\u00f3n del aludido infante y que, por ello se propuso por las partes tanto el tr\u00e1mite de la Investigaci\u00f3n como el de la Impugnaci\u00f3n de su paternidad. <\/p>\n
La prueba, en t\u00e9rminos generales, tiene como objeto llevar al funcionario judicial a la certeza de los hechos que soportan las pretensiones o excepciones que alegan; exigi\u00e9ndose por el mismo legislador para su procedencia satisfacer los presupuestos de conducencia, pertinencia y utilidad, debiendo rechazarse aquellas que resulten prohibidas, ineficaces, versen sobre hechos notoriamente impertinentes o sean manifiestamente superfluos a la situaci\u00f3n debatida. (Art. 168 C.G.P.). <\/p>\n
En correspondencia con ello, sobre la prueba de ADN aplicable a este caso, el art\u00edculo 1\u00ba. de la ley 721 de 2001, establece\u2026 <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 386 del C.G.P. en su numeral 2\u00ba. se\u00f1ala que en cualquier causal alegada dentro del proceso de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de paternidad es imperativa la toma de muestras para extraer la informaci\u00f3n gen\u00e9tica de los involucrados, constituyendo una carga compartida para ellos, la cual no puede ser evadida u omitida por ninguna raz\u00f3n. <\/p>\n
El primer resultado de la prueba filial no constituye en s\u00ed mismo un hallazgo definitivo e irrefutable, pues v\u00e9ase que m\u00e1s adelante el mismo numeral 2\u00ba. del art\u00edculo 386 del Estatuto Civil permite que los resultados de la prueba gen\u00e9tica puedan ser controvertidos por los interesados en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, discusi\u00f3n que tiene fundamento en el principio de contradicci\u00f3n de la prueba; previo cumplimiento de la carga adicional impuesta por el legislador, esto es, precisar los errores que estima se encuentran presentes en el primer dictamen. <\/p>\n
La Ley 1060, expedida el 26 de julio de 2006, que introdujo cambios en el campo de la impugnaci\u00f3n de la paternidad y la maternidad, al reformar el canon 218, seg\u00fan el 6\u00ba. de la dicha Ley, se\u00f1ala de manera expresa el deber de vincular \u201cal proceso, siempre que fuere posible, al presunto padre biol\u00f3gico o la presunta madre biol\u00f3gica, con el fin de ser declarado en la misma actuaci\u00f3n procesal la paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en especial el de tener una verdadera identidad y un nombre\u201d. <\/p>\n
En el presente asunto, se tiene, casi que como caso excepcional, que la demanda se presenta por quien alega ser el presunto padre biol\u00f3gico del ya aludido ni\u00f1o, se\u00f1or Ner\u00f3n S\u00e1nchez y que, al acogerse el tr\u00e1mite de las dos acciones para definir la verdadera filiaci\u00f3n del infante, Investigaci\u00f3n e Impugnaci\u00f3n de Paternidad, adem\u00e1s de estos dos legitimados, se tiene como parte pasiva tambi\u00e9n, al se\u00f1or Joaqu\u00edn Torres, quien se reporta como padre, en el registro civil de nacimiento de aquel. <\/p>\n
Con la demanda fue presentado el resultado de una prueba de gen\u00e9tica realizada en el Laboratorio YUNIS TURBAY Y CIA S.A.S. fechada el 14\/10\/2016 e identificada como \u201cCaso: 1612760- Informe de los estudios de Paternidad e identificaci\u00f3n con base en el an\u00e1lisis de Marcadores STR a partir del ADN de las muestras correspondientes a Presunto Padre: NER\u00d3N S\u00c1NCHEZ\u2026, HIJO (A)\u2026. y Madre: MARTHA RODR\u00cdGUEZ\u2026\u201d <\/p>\n
En el mismo se reporta como \u201cResultado: La paternidad del Sr. Ner\u00f3n S\u00e1nchez con relaci\u00f3n a\u2026 no se excluye (Compatible) con base en los sistemas gen\u00e9ticos analizados: Indice de Paternidad Acumulado: 2361487446- Probabilidad Acumulada de Paternidad: 99.999999957% (\u2026) <\/p>\n
De lo anotado anteriormente refulge con claridad que, en dicha prueba, independientemente de su resultado y el cual no corresponde analizar en estos momentos, solo fueron analizadas las muestras de solo dos de los actores del presente proceso (el ni\u00f1o y su ahora presunto padre biol\u00f3gico), y que, precisamente como ya se dijo, como la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n se dirige contra el se\u00f1or Joaqu\u00edn Torres, y quien no se reporta en la misma, hace m\u00e1s que necesaria la realizaci\u00f3n de la nueva prueba decretada. <\/p>\n
Se insiste en ello, porque el presente tr\u00e1mite se dirige a desentra\u00f1ar la verdadera filiaci\u00f3n del ni\u00f1o\u2026, derecho que tiene el car\u00e1cter de fundamental y quien no solamente debe llevar los apellidos de sus padres sino, que tiene derecho a obtener certeza sobre su verdadera filiaci\u00f3n, en este caso, la paterna. <\/p>\n
En cuanto a que se profiera sentencia anticipada, como figura que se encuentra regulada en el art\u00edculo 278 del C.G.P., con el fin de dar celeridad a los procesos judiciales, y que establece que a ello se da lugar, entre otros eventos, \u201ccuando no hubiere pruebas por practicar\u201d y as\u00ed se indica por el recurrente, debe decirse que, este pedimento se desvirt\u00faa con los argumentos ya esbozados por el despacho y que originaron su decreto, y porque, precisamente, al hacerlo se considera que no existe material documental suficiente para decidir la presente controversia e incluso, respetando el debido proceso y derecho de defensa de uno de los implicados, esto es, el se\u00f1or TORRES como pasivo en la Impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Por todo lo consignado se define que para esta segunda reposici\u00f3n, no se repondr\u00e1 el auto recurrido, del cual se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume su decisi\u00f3n y espec\u00edficamente la contenida en el numeral Quinto del mismo, y como quiera que en subsidio se solicita el recurso de apelaci\u00f3n, el cual no procede contra el auto que decreta pruebas, conforme a lo establecido al art\u00edculo 321 del C.G.P., \u00e9ste no se conceder\u00e1\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que se dispuso de oficio el decreto de la prueba criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7601-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64546","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64546"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64546\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}