STC7606-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7606-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00379-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de marzo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Elsa Mar\u00eda Novoa Ram\u00edrez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a partes e intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 110011102000201606205 (2016-06205). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, dignidad, honra, buen nombre, al trabajo y a la recta administraci\u00f3n de justicia; presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales cuestionadas, en el tr\u00e1mite del proceso disciplinario referido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Consuelo L\u00f3pez Salamanca present\u00f3 queja disciplinaria contra la accionante, la cual correspondi\u00f3 para su conocimiento a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Dentro de la queja, la se\u00f1ora Consuelo, manifest\u00f3 que ella y otros de sus familiares entraron en posesi\u00f3n irregular por falta de tradici\u00f3n del 100% de 2 inmuebles, los cuales le fueron adjudicados en una octava parte en la sucesi\u00f3n de Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Parra. Dicha sucesi\u00f3n, fue adelantada en compa\u00f1\u00eda del abogado Adulfo N\u00fa\u00f1ez Cantillo. <\/p>\n
2.3. En su momento, dicho abogado le present\u00f3 a sus poderdantes (Mar\u00eda Teresa y Elvia L\u00f3pez Parra) a la se\u00f1ora Elsa Novoa Ram\u00edrez para que lo sustituyera en la inspecci\u00f3n judicial ordenada por el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso Divisorio de radicado 1994-21370. Esto pues, el togado se encontraba sancionado disciplinariamente y le era imposible adelantar tal diligencia por su cuenta. <\/p>\n
2.4. Luego de la diligencia de inspecci\u00f3n, cuenta la se\u00f1ora Consuelo que la accionante expres\u00f3 que pod\u00eda ayudarles a conseguir el plano de los predios ya mencionados y a elevarlos a escritura p\u00fablica. Por dicha gesti\u00f3n, cobrar\u00eda $25.000.000, suma que fue pagada por Mar\u00eda Teresa y Elvia L\u00f3pez Parra, en dos partes -27 de julio y 16 de septiembre de 2016-. Sin embargo, la abogada no cumpli\u00f3 con la gesti\u00f3n a la que se comprometi\u00f3. <\/p>\n
2.5. Agotadas las etapas procesales, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 -con sentencia del 2 de octubre de 2018- resolvi\u00f3 declarar disciplinariamente responsable a la accionante por las faltas contenidas en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 33, agravada por el literal c) numeral 7 del 45-, y el numeral 4\u00ba del canon 35 -agravada por los numerales 4 y 7 del literal c) del art\u00edculo 45-, todos de la Ley 1123 de 2007. En consecuencia, impuso la sanci\u00f3n consistente en exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
2.6. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -con providencia del 11 de agosto de 2021 resolvi\u00f3 revocar parcialmente la sentencia de primera instancia. Confirm\u00f3 \u00fanicamente la responsabilidad de la abogada en lo que respecta al art\u00edculo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007. Y modific\u00f3 la sanci\u00f3n a 36 meses. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, la promotora, por v\u00eda de tutela, adujo que dentro del proceso disciplinario debatido se incurri\u00f3 en defectos de orden sustantivo y procedimental, pues no se valoraron los testimonios y medios de prueba documentales. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se \u00ab(\u2026) ORDENE LA NULIDAD CONSTITUCIONAL EN SU TOTALIDAD de la Providencia del 11 de agosto de 2021 (\u2026) y sentencia del 2 de octubre de 2018 (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial solicit\u00f3 se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela2. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 154 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 aleg\u00f3 que la actora pretende convertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia, para debatir decisiones que hicieron transito a cosa juzgada. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 y la se\u00f1ora Consuelo L\u00f3pez Salamanca guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -con sentencia del 8 de marzo de 2022- resolvi\u00f3 negar el amparo incoado por la accionante. Para ello, sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSobre el particular, esta Sala considera que las decisiones objeto de debate fueron coherentes en los fundamentos y las determinaciones adoptadas, atendiendo a la normativa aplicable, por lo cual, se advirti\u00f3\u0301 en sede de segunda instancia que, en el presente asunto, no se configuraba la conducta descrita en el art\u00edculo 35-4 de la Ley 1123 de 2007. Por lo anterior, y en atenci\u00f3n a la proporcionalidad de la sanci\u00f3n, el ad quem modifico\u0301 la sentencia de primer grado que sanciono\u0301 con exclusi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n a la se\u00f1ora NOVA RAMI\u0301REZ, para en su lugar, imponerle sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de treinta y seis (36) meses, al encontrarla responsable de la conducta consagrada en el art\u00edculo 33-9 de la precitada ley\u00bb3. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n censurada se encuentra dentro del marco del principio de libre apreciaci\u00f3n probatoria y autonom\u00eda, propios de la actividad judicial, sin que le sea dable al juez de tutela poner en tela de juicio la seguridad jur\u00eddica de las decisiones a trav\u00e9s del mecanismo excepcional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien luego de hacer un recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y eventos en que considera fueron vulnerados sus derechos fundamentales, solicit\u00f3: \u00abSEA REVOCADO, TOTALMENTE, EN ESPECIAL EL ART 33 NUMERAL 9 DE LA LEY 1123 DE 2017; ORDENE LA NULIDAD CONSTITUCIONAL EN SU TOTALIDAD de la providencia del 1 de agosto de 2021 (\u2026) y sentencia del 2 de octubre de 2018 (\u2026)\u00bb4 (May\u00fasculas y negrilla del texto original). <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades disciplinarias cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, en el marco del proceso disciplinario de radicado 2016-06205. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto tanto por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, como por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, lo cierto es que, fue esta \u00faltima quien cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido en esa instancia5. <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 2 de octubre de 2018, proferida por la ahora Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de Bogot\u00e1 (\u2026), para en su lugar: <\/p>\n
(\u2026) 2. CONFIRMAR la responsabilidad de la abogada ELSA MAR\u00cdA NOVOA RAM\u00cdREZ por la falta consagrada en el art\u00edculo 33numeral 9 de la ley 1123 de 2007, conforme al an\u00e1lisis efectuado en precedencia\u00bb6. <\/p>\n
2.1. Luego de hacer un recuento de los antecedentes y actuaciones procesales, procedi\u00f3 a realizar un an\u00e1lisis te\u00f3rico de las faltas disciplinarias7 por las cuales la accionante fue encontrada responsable en primera instancia. <\/p>\n
2.2. En efecto, frente a la falta consagrada en el art\u00edculo 33 numeral 9 de la ley 1123 de 2007, advirti\u00f3 que del estudio de los testimonios recolectados a lo largo del proceso disciplinario y del documento denominado \u201cActa de Arreglo Amigable de la Sucesi\u00f3n de Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Parra Vda de L\u00f3pez\u201d, se encontr\u00f3 probada la responsabilidad de la accionante. Por ello, manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) habiendo conocido a la familia L\u00f3pez Parra como su bogada sustituta al interior del proceso Divisorio No. 199421370-01 adelantado en el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 16 de junio de 2016, los convenci\u00f3 de que con una escritura se solucionar\u00edan los problemas de posesi\u00f3n del bien objeto de litis en el divisorio citado y deleg\u00f3 la gesti\u00f3n a Miguel Dar\u00edo L\u00f3pez Medina, quien no cotaba con las calidades para adelantar un tr\u00e1mite de Alinderaci\u00f3n y englobe y por ellos subcontrato a Carlos Alberto Polan\u00eda, gesti\u00f3n que finalmente no se concret\u00f3, cobr\u00e1ndoles la suma de $ 25.000.000, con lo cual indudablemente se determina aconsej\u00f3, patrocin\u00f3 e intervino en actos fraudulentos en detrimento de los intereses patrimoniales de la querellante y sus familiares, pues se itera, ofreci\u00f3 sus servicios profesionales para el asunto de marras, vali\u00e9ndose de sus supuestos amigos funcionarios de Registro, Catastro y Planeaci\u00f3n de la ciudad, los cuales facilitar\u00edan la gesti\u00f3n para dar credibilidad a sus intenciones y as\u00ed obtuvo la suma de dinero precitada. Sin embargo, finalmente no se concret\u00f3 la gesti\u00f3n, pues ni siquiera la adelant\u00f3 ella, sino que deleg\u00f3 la misma\u00bb8 . <\/p>\n
2.3. Por otro lado, en lo que respecta al art\u00edculo 35 numeral 4 de la ley 1123, a diferencia de la primera instancia, concluy\u00f3 que la accionante no incurri\u00f3 en la falta contenida en esa norma. Esto pues, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la profesional investigada no vulner\u00f3 la obligaci\u00f3n de entregar \u201ca quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo\u201d, en primer lugar, porque tal y como se advierte del testimonio rendido por Miguel Dar\u00edo L\u00f3pez Medina en primera instancia, si bien la encanada recibi\u00f3 de los quejosos la suma indicada, finalmente se la entreg\u00f3 a \u00e9l, quien era el encargado de realizar la gesti\u00f3n. En segundo lugar, porque no se le entrega a ella, para su \u201cguarde, disposici\u00f3n o administraci\u00f3n\u201d, sino los mismos pasar\u00edan al patrimonio de L\u00f3pez Medina y en ese orden de ideas no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de devolverlos, m\u00e1xime porque la configuraci\u00f3n de esa infracci\u00f3n disciplinaria supone que el encargo profesional est\u00e9 ligado efectivamente al manejo de dineros, bienes o documentos, no bastando para su estructuraci\u00f3n el no haber iniciado las gestiones encomendadas\u00bb9. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural -como ya lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional-, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.10 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio.11 <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente12 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia13. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 0002 122291Demanda.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta RESPUESTAS, archivo RTACOMISIONNAL.pdf. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 0010 122291Fallo.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 0014 122291Impugnacionaccionante.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Al respecto, la Sala ha manifestado que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
6\u0002 Carpeta RESPUESTAS, archivo RTACOMISIONNAL.pdf (folio 72-75). <\/p>\n
7\u0002 Analiz\u00f3 el art\u00edculo 33 numeral 9 y art\u00edculo 35 numeral 4 de la ley 1123 de 2007. <\/p>\n
8\u0002 Carpeta RESPUESTAS, archivo RTACOMISIONNAL.pdf (Folio 63). <\/p>\n
9\u0002 Folio 67, Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
11\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
12\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
13\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
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STC7606-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7606-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00379-01 Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}