STC7607-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00073-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisi\u00f3n de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 11 de mayo de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Carlos Iv\u00e1n Rinc\u00f3n Mar\u00edn contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de separaci\u00f3n de bienes de radicado 2021-00145. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Indic\u00f3 que en representaci\u00f3n de Sandra Patricia Aponte Osorio present\u00f3 demanda de separaci\u00f3n de bienes, la cual fue admitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama con prove\u00eddo del 30 de agosto de 20211. <\/p>\n
2.1. La demandante, motu proprio, solicit\u00f3 el retiro de la demanda por haber arreglado las diferencias con su esposo2. El estrado judicial accionado -con prove\u00eddo del 28 de febrero de 2022- acept\u00f3 el retiro de la demanda, ordenando a su vez el levantamiento de las medidas cautelares y dando por terminado el pleito3. <\/p>\n
2.3. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el abogado Rinc\u00f3n Mar\u00edn inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n4. <\/p>\n
2.4. La c\u00e9lula atacada -con auto del 18 de marzo ulterior5- acept\u00f3 la revocatoria del poder conferido al aqu\u00ed accionante y declar\u00f3 improcedente los medios impugnatorios intentados, comoquiera que el abogado carec\u00eda de personer\u00eda adjetiva. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el actor se duele de que el juzgado accionado al aceptar la petici\u00f3n de retirar la demanda elevada por la demandante vulnera sus garant\u00edas superlativas \u00abpor cuanto no tuvo en cuenta que en ese proceso prima el derecho de postulaci\u00f3n y el poder a mi conferido no hab\u00eda sido revocado\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene \u00abal Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama, continuar con el proceso y en su lugar mantener inc\u00f3lumes las medidas cautelares decretadas, toda vez que las figuras empleadas por la demandante no son la establecidas en el C.G.P., lo que constituye una flagrante violaci\u00f3n al debido proceso, en consecuencia, continuar el tr\u00e1mite procesal en contra del demandado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Duitama6 manifest\u00f3 que todas las actuaciones dentro de la causa natural se surtieron protegiendo las garant\u00edas fundamentales de la parte accionante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo rogado por cuanto no se advierte la vulneraci\u00f3n de derechos alegada por el promotor, \u00abpues la autoridad accionada decidi\u00f3 con observancia del orden legal, y sin desbordar la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los intereses del accionante\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo discurrido, adujo que \u00abla solicitud de retiro de la demanda bien puede ser un acto de parte, y que en todo caso no puede prevalecer la voluntad del apoderado sobre la del poderdante, pues este solo ejerce la representaci\u00f3n, en beneficio de los intereses de su cliente, pero la titularidad de derechos y obligaciones procesales est\u00e1n en cabeza del mandante, por lo que resultar\u00eda il\u00f3gico aceptar la continuaci\u00f3n del proceso y mantener inc\u00f3lumes las medidas cautelares contra la expresa voluntad del poderdante, cuando la pretensi\u00f3n es retirar la demanda, sin que ello afecte al actor quien tiene los mecanismos legales para que se regulen sus honorarios con ocasi\u00f3n a la revocatoria del mandato\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, quien manifest\u00f3 que el retiro de la demanda dentro de la causa natural ten\u00eda que haberlo realizado \u00e9l en calidad de apoderado de la demandante, y no \u00e9sta en nombre propio como finalmente sucedi\u00f3. En este sentido, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse produjo por parte del Juzgado accionado un error procedimental flagrante el cual tuvo incidencia directa en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental del actor, con ocasi\u00f3n del auto emitido por el Juzgado accionado el 28 de febrero del a\u00f1o en curso, confirmado el del 18 de marzo ulterior, pues, en su entender, no pod\u00eda la autoridad judicial aceptar el retiro de la demanda presentada por la demandante personalmente, ya que esta carece del derecho de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pues bien, se observa que el juzgado convocado -con providencia del 28 de febrero de 2022- resolvi\u00f3, entre otros, aceptar el retiro de la demanda presentado por la se\u00f1ora Aponte Osorio, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas y dar por terminado el proceso. Como fundamento de su decisi\u00f3n, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien, la demandante manifest\u00f3 que fue coaccionada frente a la retractaci\u00f3n del retiro de la demanda, se observa que el d\u00eda 24 de febrero de 2022, reiter\u00f3 su voluntad para continuar con el tr\u00e1mite de retiro, allegando la renuncia presentada al apoderado mediante direcci\u00f3n electr\u00f3nica del d\u00eda 15 de febrero de 2022. <\/p>\n
En este orden de ideas, se tiene que de acuerdo con el art\u00edculo 92 del C. G. P., versa que, la demanda podr\u00e1 ser retirada mientras no se haya notificado a la parte demandada, sustento f\u00e1ctico que se configura dentro del presente proceso, toda vez que, la parte actora no allegado (sic) constancia de trazabilidad de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, conforme con lo descrito en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, el Dr. Carlos Iv\u00e1n Rinc\u00f3n Mar\u00edn en calidad de apoderado de la parte actora, present\u00f3 memorial el d\u00eda 24 de febrero de 2022, en el cual solicita la pr\u00e1ctica del embargo y secuestro de los veh\u00edculos descritos en el mismo, as\u00ed las cosas, este Despacho negar\u00e1 dar tr\u00e1mite al mismo teniendo en cuenta que, la se\u00f1ora Sandra Patricia Aponte Osorio mediante correo electr\u00f3nico renunci\u00f3 al poder conferido, sin que se allegar\u00e1 (sic) contrato de mandato otorgando nuevamente las facultades descritas en el art\u00edculo 74 del C. G. P., y, dando aplicaci\u00f3n a lo descrito en el art\u00edculo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. No obstante, el estrado judicial -con prove\u00eddo del 18 de marzo de 2022- declar\u00f3 improcedentes los medios impugnatorios propuestos, por cuanto: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con el art\u00edculo 92 del C.G.P. se establece como requisitos para el retiro de la demanda los siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El demandante podr\u00e1 retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, ser\u00e1 necesario auto que autorice el retiro, en el cual se ordenar\u00e1 el levantamiento de aquellas y se condenar\u00e1 al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes\u201d. <\/p>\n
Una vez revisado el expediente se evidencia, que (sic) constancia de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, conforme con lo descrito en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020, cumpliendo as\u00ed el requisito sine qua non descrito en el art\u00edculo 92 ibidem. <\/p>\n
Por otra parte, conforme con lo descrito en el art\u00edculo 76 del C.G.P.., este Despacho observa que le procedimiento respecto de la terminaci\u00f3n del poder, en el cual se establece que (\u2026) <\/p>\n
Por tanto, una vez revisado (sic) los memoriales presentados por la se\u00f1ora Sandra Patricia Aponte Osorio, en el cual se observa que el d\u00eda 15 de febrero de 2022 la demandante a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico (…) comunic\u00f3 la revocatoria del poder que le hab\u00eda sido conferido para adelantar el proceso de naturaleza declarativo cuyo asunto es la separaci\u00f3n de bienes <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se constata que la revocatoria del poder fue efectuado de acuerdo con el incio (sic) 3 del art\u00edculo 76 ibidem, toda vez, ha transcurrido t\u00e9rmino superior a los cinco (5) d\u00edas establecidos en el art\u00edculo precitado. <\/p>\n
En este orden de ideas, se observa que el memorialista Dr. Carlos Iv\u00e1n Rinc\u00f3n Mar\u00edn carece de personer\u00eda adjetiva para presentar el recurso analizado, teniendo en cuenta los (sic) descrito anteriormente\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable7. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia8. <\/p>\n
4. Finalmente, resulta menester indicar que, si el promotor tiene alguna discrepancia en relaci\u00f3n con sus honorarios, podr\u00e1 acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para plantear sus alegaciones. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 205-209, archivo \u201cCUADERNO PRINCIPAL No. 1 2021-00145-00\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 294-297. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 306 y 307. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 308-310. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 317-319. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-6, archivo \u201cRTA JUZG2 PROMFLIACTO DUITAMA (29Abr22)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
8\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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