STC7610-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7610-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2022-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de mayo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipal del mismo lugar, la Defensor\u00eda del Pueblo y Ministerio P\u00fablico, ambas de la Regional de Risaralda, as\u00ed como los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abnotificar al accionado en [su] acci\u00f3n popular, al ser acci\u00f3n constitucional de t\u00e9rminos de tiempo perentorios\u00bb; y \u00abaplicar art 5, ley 472 de 1998\u2026 y se remita art 84 Ley 472 de 1998 a quien corresponda en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Almac\u00e9n Bata, bajo el radicado 2022-00009, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el que la admiti\u00f3 con auto de 7 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el despacho querellado no notificaba al representante legal de la entidad accionada, incumpliendo su deber funci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que las pretensiones no se dirig\u00edan en su contra, no hab\u00eda vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno ni ten\u00eda injerencia respecto de lo solicitado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda obrado en procura del respeto de los derechos fundamentales del actor y la comunidad; que el auto admisorio de 7 de febrero de 2022 fue enterado por estado electr\u00f3nico No. 010, publicado al d\u00eda siguiente en el micrositio del despacho, en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial; que como no hab\u00eda sido posible que el accionante realizara la respectiva notificaci\u00f3n personal del referido prove\u00eddo, efectu\u00f3 un cambio de postura frente al manejo de la carga impuesta en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en armon\u00eda con el Decreto 806 de 2020, asumiendo la gesti\u00f3n de dichas comunicaciones en la forma indicada en el art\u00edculo 8 \u00eddem, remiti\u00e9ndole a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada por el accionante en su demanda; que hab\u00eda actuado conforme a los mandatos impuestos por la Constituci\u00f3n y la ley, propendiendo por la efectiva implementaci\u00f3n de mecanismos procesales acordes con el inter\u00e9s general. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
4. El Municipio de Pereira adujo que no exist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien cuando se interpuso la tutela no se hab\u00edan adelantado gestiones para notificar a la accionada, lo que justificar\u00eda la concesi\u00f3n del resguardo, advert\u00eda que el 6 de mayo de 2022 el estrado criticado procedi\u00f3 a enterar el auto admisorio al propietario del establecimiento de comercio frente al que se dirig\u00eda, por lo que la lesi\u00f3n que motiv\u00f3 la tutela fue superada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que se deb\u00eda exhortar al estrado criticado a respetar y cumplir con los t\u00e9rminos perentorios que ordenaba el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998 \u00aba fin de no tutelar constantemente ante el incumplimiento del deber\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que el 6 de mayo de 2022 el estrado acusado procedi\u00f3 a notificar a la entidad accionada dentro de la acci\u00f3n popular ahora criticada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el fallador criticado proceda a enterar al representante legal de la entidad accionada. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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