STC7619-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7619-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-13-000-2022-00990-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miller Antonio D\u00edaz var\u00f3n contra los Juzgados Cincuenta y Uno Civil Municipal y Dieciocho Civil del Circuito, ambos de esta ciudad. <\/p>\n
1. Actuando en causa propia, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al no librar el mandamiento de pago solicitado dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2021-00586. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el marco del proceso coercitivo adelantado por el Banco Av Villas contra Nancy Echeverr\u00eda Valles y Luis Guillermo Kattah Tovar, donde fue reconocido como cesionario de la obligaci\u00f3n, mediante sentencia del 15 de julio de 2016, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta capital orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo conforme a la orden de pago librada el 31 de mayo de 2002. No obstante, apelado lo resuelto, el superior en prove\u00eddo del 12 de octubre siguiente revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de instancia y declar\u00f3 terminada la actuaci\u00f3n por falta de reestructuraci\u00f3n de las obligaciones materia de recaudo. <\/p>\n
Sostiene que en virtud de lo anterior, \u00abprocedi\u00f3 a realizar la respectiva, redenominaci\u00f3n de UPACs a UVRs, la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, aplicando el alivio otorgado por la Superintendencia Financiera de Colombia de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s No. 50000109780 y No. 241274 1, agota[n]do el tr\u00e1mite de la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hipotecaria\u00bb, raz\u00f3n por la cual, radic\u00f3 nueva demanda ejecutiva (2021-00586), la que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien mediante auto del 20 de septiembre de 2021 neg\u00f3 la orden de pago solicitada, tras considerar que no estaba demostrada la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s allegados como base del cobro. <\/p>\n
Refiere que aunque atac\u00f3 lo decidido a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, el prove\u00eddo objeto de censura se mantuvo horizontalmente el 25 de octubre siguiente, y fue ratificado \u00edntegramente el 25 de marzo de 2022 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma localidad, incurriendo as\u00ed en v\u00eda de hecho, toda vez que \u00abse dio prelaci\u00f3n a una norma aplicada con graves consecuencias procedimentales, desconociendo el derecho fundamental del demandante (cesionario) a obtener el recaudo de una obligaci\u00f3n a cargo de los demandados\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se \u00abdej[en] sin efecto los autos proferidos por el Juzgado 51 Civil municipal de Bogot\u00e1 y del Juzgado 18 Civil del circuito de Bogot\u00e1, y ordenarle pronunciar una nueva [decisi\u00f3n] que consulte la realidad f\u00e1ctica y probatoria que milita en el expediente inaplicado los Art\u00edculos 40 y 42 de la Ley 546\/99\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3, que \u00abla resoluci\u00f3n desfavorable de los recursos elevados por las partes dentro de un proceso como el que nos convoca, no implica ni sugiere por s\u00ed mismo la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n emitida en esta instancia se encuentra debidamente motivada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Cincuenta y Uno Civil Municipal de la misma urbe pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n, toda vez que en las decisiones cuestionadas se \u00abexpusieron con suficiencia, las motivaciones de orden f\u00e1ctico, legal y jurisprudencial que las soportan, de cuyo an\u00e1lisis resultaba inviable dictar el mandamiento deprecado, en tanto que, debe insistirse, siendo un asunto de tal trascendencia en el trasegar jur\u00eddico patrio, su examen de cara a cualquier acci\u00f3n ejecutiva deb\u00eda enfilarse bajo todo el rigor que impone la situaci\u00f3n; luego, resultando evidente para el caso de marras, que el acreedor se abstuvo de integrar en el presunto proceso de reestructuraci\u00f3n al deudor, mal podr\u00eda aparejarse el m\u00e9rito que pretend\u00eda darle\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al considerar que \u00abcon independencia de que el censor comparta, o no, las exposiciones del ad quem contenidas en la providencia del 25 de marzo de 2022, que dispuso revalidar la decisi\u00f3n de primera instancia, y miradas las cosas con el l\u00edmite propio de la acci\u00f3n de tutela, se advierte que su conclusi\u00f3n es el producto de una estimaci\u00f3n razonable del sustrato factual acontecido, la normatividad que regula la materia y las piezas procesales que hacen parte del plenario, motivo por el cual, el presente auxilio constitucional resulta frustr\u00e1neo\u00bb. Por tanto, \u00ablas argumentaciones dadas por la funcionaria encartada en dicha oportunidad, al estar apoyadas en la realidad del proceso criticado, la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso en concreto, no permiten advertir arbitrariedad o insensatez en la actuaci\u00f3n controvertida, ni mucho menos con la entidad suficiente para derivar de \u00e9sta la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados en el introductor\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo argumentando que, \u00aben primera instancia no existe fundamentaci\u00f3n o se dieron razones ligeras para declarar improcedente el amparo constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo con garant\u00eda real con rad. n.\u00ba 2021-00586, por mantener la determinaci\u00f3n de no librar la orden de pago solicitada por el actor, pese a estar supuestamente demostrada la reestructuraci\u00f3n de las obligaciones exigidas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los prove\u00eddos de 20 de septiembre y 25 de octubre de 2021, y, 25 de marzo de 2022, proferidos por los despachos convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la orden de pago solicitada por el aqu\u00ed interesado contra Nancy Echeverry Valles y Luis Guillermo Kattah Tovar (rad. n.\u00ba 2021-00586), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los reparos formulados por el inconforme, en relaci\u00f3n con la demostraci\u00f3n de la \u00abreestructuraci\u00f3n unilateral\u00bb de las obligaciones exigidas judicialmente, el operador judicial criticado se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Estudiado el recurso de reposici\u00f3n el a quo se\u00f1al\u00f3 que si bien fue suministrada copia de la constancia emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, dicho documento ni alguno de los dem\u00e1s aportados al plenario evidencian que su (sic) puso en conocimiento de los deudores \u201clas f\u00f3rmulas para una eventual reestructuraci\u00f3n, al fin de cuentas la misma SFC dej\u00f3 advertido que desconoce la capacidad de pago actual de los aqu\u00ed demandados, y por lo mismo, correspond\u00eda adelantar los procesos judiciales previos para lograr el respectivo acto de reestructuraci\u00f3n.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y para abordar el estudio sometido a su consideraci\u00f3n, luego de referirse a las caracter\u00edsticas generales y espec\u00edficas de los t\u00edtulos valores descritas en los art\u00edculos 621 y 709 del C\u00f3digo de Comercio, analiz\u00f3 las exigencias previstas en el canon 619 ib\u00eddem y precis\u00f3 que \u00abPara el asunto en cuesti\u00f3n, resulta evidente que nos encontramos en presencia de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, pues si bien la obligaci\u00f3n que se reclama deriva de dos t\u00edtulos valores (Pagar\u00e9 No. 50000109780 (317300) y No. 241274 1 (511274), frente a los mismos debe acreditarse el cumplimiento de todas las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han determinado para la ejecuci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios adquiridos en UPAC\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, coligi\u00f3 que \u00ab(\u2026) se desconoce por ambas instancias judiciales el tr\u00e1mite llevado a cabo por la parte demandante frente a la reestructuraci\u00f3n del saldo de la obligaci\u00f3n presentada al 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999, habi\u00e9ndose manifestado en los hechos del libelo inicial que por decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de fecha 12 de octubre de 2016 se termin\u00f3 la actuaci\u00f3n adelantada para la ejecuci\u00f3n que ahora se pretende, sin que al expediente en cuesti\u00f3n se hubiese suministrado copia de tal decisi\u00f3n, ni de las actuaciones posteriores a esta (sic), pues tal como lo alude el a quo, tampoco obra prueba del efectivo enteramiento de los deudores para la conciliaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Si bien el documento emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia de fecha 2019-02-05, alude a la omisi\u00f3n de los deudores en dar respuesta a los requerimientos de la entidad, en ninguno de sus apartes, as\u00ed como en ning\u00fan otro documento, puede determinarse con exactitud a qu\u00e9 deudores se refer\u00eda dicho tr\u00e1mite, pudiendo haberse adelantado el mismo por el se\u00f1or Miller Antonio D\u00edaz frente a otras personas que no correspondan a las ac\u00e1 demandadas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que para que pueda librarse el correspondiente mandamiento de pago, la obligaci\u00f3n debe estar completamente sustentada en los documentos que se aportan, sin que se permita al operador judicial hacer conclusiones sin soporte alguno, es decir, la obligaci\u00f3n debe tener tal claridad que no exista asumo (sic) de duda respecto a sus tres caracter\u00edsticas contempladas en el art\u00edculo 422 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, concluy\u00f3 que aunque el recurrente aleg\u00f3 la \u00abposibilidad de realizar la reestructuraci\u00f3n de manera unilateral ante la imposibilidad de lograr acuerdo un acuerdo con los deudores\u00bb, lo cierto es que, precis\u00f3 el juzgador, ello \u00abno se encuentra suficientemente acreditado\u00bb, lo que impide librar la orden ejecutiva, razonamiento que soport\u00f3 en jurisprudencia de esta Corte1, en lo relativo a que, aunque es posible la realizaci\u00f3n unilateral de la reestructuraci\u00f3n conforme a lo previsto en la SU787 de 2012, \u00abparticularmente en aquellos eventos en los que no medie \u201cacuerdo entre acreedor y deudor (\u2026) para que ese acto jur\u00eddico surta efectos es necesario que el obligado conozca la nueva f\u00f3rmula de pago; ello, para que, si es del caso, controvierta la misma o proceda a su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aqu\u00e9l frente a las autoridades accionadas, en tanto no acogieron sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC217-2020 del 23 en. <\/p>\n
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