STC7622-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7622-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01448-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Yadira Isabel C\u00e1rdenas Royet en contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Bol\u00edvar, el se\u00f1or Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez y las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 2018-00108. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, igualdad, defensa, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito de tutela se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El 1 de junio del 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Bol\u00edvar -UAEGRTD- present\u00f3 ante los juzgados de restituci\u00f3n de tierras de El Carmen de Bol\u00edvar una \u00absolicitud individual de restituci\u00f3n jur\u00eddica y material (\u2026) respecto del predio \u2018El Alivio\u2019\u00bb, a favor del se\u00f1or Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
2.2. El 8 de junio ulterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras avoc\u00f3 el tr\u00e1mite de la petici\u00f3n, asunto en el que la tutelante contest\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a las pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 25 de marzo de 2021 se remiti\u00f3 el expediente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la cual, en sentencia de 29 de noviembre siguiente, accedi\u00f3 a lo pretendido y orden\u00f3 \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado interno a favor de Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez y Alicia Esther Olivero de Ballesteros sobre el predio denominado \u2018El Alivio\u2019[,] ubicado en la vereda La Mercedes (Matuya) del municipio San Jacinto departamento de Bol\u00edvar, identificado con FMI 062-6316\u00bb. <\/p>\n
3. La censora tacha de irregular la actuaci\u00f3n surtida y el fallo de 29 de noviembre de 2021, en tanto se configuraron algunos vicios de procedimiento y porque la Colegiatura querellada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, porque no valor\u00f3 en debida forma el material probatorio allegado. <\/p>\n
En ese sentido, adujo que se presentaron varios vicios, particularmente, los siguientes: i) \u00abcon extra\u00f1eza\u00bb, el reparto de la petici\u00f3n se realiz\u00f3 a las 2:30 pm del 1 de junio de 2018, pero la solicitud se hab\u00eda radicado hasta las 3:00 pm de ese d\u00eda; ii) no fue notificada del procedimiento administrativo adelantado por la entidad, ni de la Resoluci\u00f3n RB1617 de 2016, que no fue aportada con la demanda de restituci\u00f3n; iii) su apoderado solicit\u00f3 diversas pruebas documentales, \u00ablas cuales NO SE REALIZARON\u00bb 1; iv) con la demanda no se aport\u00f3 la solicitud de la v\u00edctima para que la Unidad la representara, por lo que aquella debi\u00f3 inadmitirse, siendo allegada solo hasta el 13 de marzo de 2020. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los \u00absupuestos hechos victimizantes se produjeron a partir de 1998 y la venta del predio se efectu\u00f3 el 20 de abril de 1997, tal como se constata en la Escritura P\u00fablica No. 091 (\u2026), en donde el solicitante Ricardo Ballesteros vende el predio El Alivio a Belarmino Gonz\u00e1lez\u00bb; que el Tribunal dej\u00f3 de apreciar que la base de datos \u00abVivanto\u00bb del Registro \u00danico de Victimas indicaba que el solicitante Ballesteros Gonz\u00e1lez asever\u00f3 que \u00abel desplazamiento forzado se dio en el municipio de San Juan de Nepomuceno en el a\u00f1o 2006, es decir 9 a\u00f1os posterior a la venta del predio El Alivio y en un municipio diferente\u00bb; tampoco tuvo en cuenta que el promotor, en el \u00abformulario de solicitud de inscripci\u00f3n en el RTDAF\u00bb, asever\u00f3 que fue hasta 1998 cuando los grupos armados al margen de la ley comenzaron a hacer presencia en el sector, pero la venta fue en abril de 1997, por lo que el negocio \u00abno fue originad[o] por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y\/o de violaciones graves y manifiestas a las Normas Internacionales de Derechos Humanos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al precio de la venta, asever\u00f3 que no era viable sostener que se hizo a \u00abmuy bajo costo\u00bb, ya que la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de San Jacinto certific\u00f3 que en abril de 1997 el inmueble estaba avaluado en \u00ab$450.000\u00bb, es decir, que la enajenaci\u00f3n se efectu\u00f3 \u00ab2.888% por encima del aval\u00fao\u00bb. Lo anterior, aunado a que en el \u00abinforme t\u00e9cnico de georreferenciaci\u00f3n\u00bb, del 26 de abril de 2016, \u00abninguno de los predios colindantes contaba con informe de georreferenciaci\u00f3n realizada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb, estaba demostrado que en dicha zona \u00abno hubo infracciones, ni violaciones a las Normas Internacionales de Derechos Humanos\u00bb y que las certificaciones allegadas por parte de la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Batall\u00f3n de Infanter\u00eda eran claras en se\u00f1alar, en su orden, que en el predio no se presentaron hechos con minas antipersonas, el se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez no present\u00f3 denuncia referida a la justicia transicional o por el presunto desplazamiento forzado, ni por incursiones de grupos armados en su predio. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que las pruebas aportadas evidenciaban que Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez, en el a\u00f1o 1998, se \u00abdeslig\u00f3\u00bb voluntariamente de su propiedad, \u00absin presiones de ning\u00fan tipo y con precios pactados que superaron los aval\u00faos catastrales\u00bb; que \u00e9l \u00abno posee la calidad de v\u00edctima con derecho a restituci\u00f3n predial\u00bb y que minti\u00f3 sobre el particular, evidenciando una \u00abCONDUCTA ENGA\u00d1OSA\u00bb, pues las inconsistencias en los relatos \u00abdan muestra de que los hechos declarados bajo juramento NO SON CIERTOS\u00bb; \u00abno fue desplazado\u00bb, no \u00abhubo abandono\u00bb, \u00abno vendi\u00f3 a \u2018precios irrisorios\u00bb, ni a \u00ab\u2018compradores masivos\u2019\u00bb, \u00abno report\u00f3 el supuesto desplazamiento dentro de los t\u00e9rminos respectivos\u00bb y que era ella la verdadera due\u00f1a y poseedora del predio, el cual adquiri\u00f3 de manera leg\u00edtima y por medios l\u00edcitos. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige que se revoque el fallo del Tribunal, que se declare que es la propietaria y poseedora leg\u00edtima del predio \u00abEl Alivio\u00bb y que se decrete la nulidad del juicio cuestionado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado accionado se opuso a la prosperidad del ruego, indicando que: i) no intervino en el reparto realizado al juzgado del circuito, ii) en el expediente hab\u00eda constancia de la fijaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n del procedimiento administrativo en el predio objeto de litis, seg\u00fan la normativa aplicable, iii) la opositora intervino en el juicio de restituci\u00f3n, tr\u00e1mite previsto para ejercer sus derechos, iii) la v\u00edctima estuvo representada por la Unidad, que acept\u00f3 la solicitud pertinente, iv) en este tipo de procesos se invierte la carga de la prueba y v) en las actuaciones adelantadas se respetaron los par\u00e1metros legales y se realiz\u00f3 la \u00abdebida valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el expediente, con un enfoque pro homine flexibilizando la valoraci\u00f3n probatoria a partir de indicios\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas solicit\u00f3 que se le desvinculara del amparo, en vista de que era el \u00aboperador judicial [la autoridad que] desde el inicio deb[\u00eda] valorar que la acci\u00f3n de restituci\u00f3n cumpla con los requisitos de procedibilidad y en el tr\u00e1mite deber\u00e1 establecer si existen inconsistencias para corregirlas\u00bb. <\/p>\n
3. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC- detall\u00f3 las actuaciones que ha surtido en la causa cuestionada respecto del aval\u00fao comercial que fue ordenado y se\u00f1al\u00f3 que lo censurado era la decisi\u00f3n del Tribunal cognoscente. <\/p>\n
4. Las Agencias Nacionales de Tierras y de Hidrocarburos pidieron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras hizo un recuento de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efectos la actuaci\u00f3n adelantada en el procedimiento cuestionado y, especialmente, la sentencia de 29 de noviembre de 2021 emitida por la Corporaci\u00f3n querellada. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el asunto, se advierte que el Tribunal, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones procesales relevantes, de la normatividad aplicable, de la jurisprudencia relacionada y del examen de los medios de convicci\u00f3n arrimados, reconoci\u00f3 a los se\u00f1ores Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez y a Alicia Esther Olivero de Ballesteros el car\u00e1cter de desplazados a causa del conflicto armado y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio denominado \u00abEl Alivio\u00bb, ubicado en la vereda \u00abLas Mercedes (Matuya)\u00bb del municipio de San Jacinto. <\/p>\n
2.1. Sobre la relaci\u00f3n del solicitante con el predio, el Tribunal indic\u00f3 que lo adquiri\u00f3 en 1981 y que como propietario estaba legitimado por activa para presentar la solicitud de restituci\u00f3n, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, al igual que su c\u00f3nyuge, por estar ella \u00abincluida (\u2026) dentro del n\u00facleo familiar del solicitante\u00bb. <\/p>\n
2.2. En cuanto al contexto de violencia en la zona, hizo referencia a un informe de Memoria Hist\u00f3rica, que explicaba las caracter\u00edsticas geogr\u00e1ficas de la regi\u00f3n de los Montes de Mar\u00eda, en la cual se ubicaba el municipio de San Jacinto. Luego centr\u00f3 su atenci\u00f3n en un documento del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH titulado \u00abPanorama Actual de Bol\u00edvar\u00bb, elaborado en 2010, que daba cuenta de \u00abuna elevada convergencia de las iniciativas armadas de ambos protagonistas [grupos guerrilleros y paramilitares] en El Carmen y San Jacinto en la zona de Montes de Mar\u00eda, y en San Pablo y Morales en el sur del departamento (\u2026) Salta a la vista que los municipios m\u00e1s golpeados en el departamento por las acciones de sabotaje en el transcurso de los \u00faltimos siete a\u00f1os se encuentran principalmente en el norte, siendo \u00e9sta la regi\u00f3n m\u00e1s afectada, en particular las poblaciones de El Carmen de Bol\u00edvar, Cartagena y San Jacinto; en cuanto a los ataques a instalaciones de la Fuerza P\u00fablica, el municipio m\u00e1s afectado ha sido Montecristo, en tanto que El Carmen de Bol\u00edvar, San Jacinto, Zambrano en el norte del departamento y San Pablo en el sur fueron los principales escenarios donde se tendieron emboscadas (\u2026) mientras que El Carmen de Bol\u00edvar y San Jacinto en el norte, San Pablo, Cantagallo, Morales, Pinillos y Tiquisio en el sur han sido donde principalmente han tenido lugar los combates (\u2026). Otras poblaciones en las cuales la intensidad del accionar armado de los distintos grupos ha sido alto durante los \u00faltimos siete a\u00f1os son: San Jacinto, Zambrano y San Juan Nepomuceno\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 el informe del Batall\u00f3n de Infanter\u00eda de Marina 13 de la Armada Nacional, que refer\u00eda \u00abque estos municipios hicieron parte del \u00e1rea de influencia del denominado EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO \u2018ERP\u2019, grupo armado al margen de la ley. Este grupo fue una disidencia del ELN, -que desde a\u00f1os atr\u00e1s operaba en la zona- espec\u00edficamente del frente Alfredo G\u00f3mez Qui\u00f1onez. El ERP se conform\u00f3 el 10 de agosto de 1996 y estuvo liderado por los hermanos NIXON SIMANCA BELLO y RAFAEL ENRIQUE SIMANCA BELLO. El \u00e1rea de influencia de este grupo de guerrilla fue no solamente San Jacinto Bol\u00edvar y Zambrano sino en general el \u00e1rea de Montes de Mar\u00eda, Sur de Bol\u00edvar, l\u00edmites del departamento de Antioquia e inclusive entre 1998 y el 2000 hizo presencia en el \u00e1rea del norte del Tolima. De igual forma, dentro de su \u00e1nimo de expansi\u00f3n incluso tuvo comisiones en el Atl\u00e1ntico y en el Cesar\u00bb. <\/p>\n
A su vez, puso de presente que, seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposaba en las bases de datos visibles en la p\u00e1gina web del Centro Nacional de Memorial Hist\u00f3rica, en el municipio de San Jacinto se registraron m\u00faltiples \u00abasesinatos selectivos\u00bb, atribuidos, en su mayor\u00eda, a grupos armados delincuenciales. <\/p>\n
Fue con la vista puesta en todos los anteriores documentos que el Colegiado criticado concluy\u00f3 que estaba acreditada la \u00abalteraci\u00f3n del orden p\u00fablico en la zona de ubicaci\u00f3n del inmueble solicitado en restituci\u00f3n que se vio acentuado entre los a\u00f1os 1991-1997, interregno que interesa para [la] resoluci\u00f3n del caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Sobre la calidad de v\u00edctima del se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez y de su \u00abn\u00facleo familiar\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que de las declaraciones rendidas tanto por aqu\u00e9l como por su esposa Alicia Esther pod\u00eda extraerse (i) que depend\u00edan de la tierra y de ella obten\u00edan el sustento de su familia; (ii) debido a que en el inmueble hab\u00eda fluido electr\u00f3nico, \u00abllegaban constantemente los grupos guerrilleros a cargar sus artefactos\u00bb; (iii) que dos de sus hijos eran militares, vinculados a la Infanter\u00eda de Marina de El Carmen de Bol\u00edvar; (iv) que en las inmediaciones del fundo se produjo el homicidio de Miguel Manrique, como tambi\u00e9n el de \u00abuna Guajira\u00bb. <\/p>\n
2.3.1. En efecto, en la deposici\u00f3n que rindi\u00f3 el solicitante ante la juez de conocimiento, asever\u00f3 que: \u00ab[l]guerrilla llegaba donde mi antes, cuando empez\u00f3 la guerrilla entraba a molestar a cargar sus cargadores que ellos usaban, aunque no se metieron conmigo en esa forma (\u2026) Los grupos de la guerrilla, las Farc esas, las Farc eran las que estaba en ese tiempo apoderado ah\u00ed en esa regi\u00f3n (\u2026) Yo ten\u00eda luz el\u00e9ctrica all\u00e1 en la finca, ellos llegaban a cargar sus cargadores ah\u00ed (\u2026) Armamento\u2026 que se cargan con la luz el\u00e9ctrica (\u2026) usted sabe porque yo vend\u00ed la tierra esa \u2013 porque yo ten\u00eda dos hijos en ese tiempo que eran militares, entonces yo por miedo, lleg\u00f3 un tipo y me lleg\u00f3 a contradecirme y se quer\u00edan llevar en ese tiempo\u2026 que esos hijos se salieran del ej\u00e9rcito y cogieran con ellos\u00bb. <\/p>\n
Al ser preguntado sobre d\u00f3nde laboraban sus hijos, respondi\u00f3 que \u00ab(\u2026) con el Gobierno (\u2026) con el Ej\u00e9rcito y \u2026 Contraguerrilla\u00bb. Y cuando se le indag\u00f3 respecto de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, contest\u00f3: \u00ablas Farc [hicieron] presencia cuando yo estuve viviendo all\u00e1, yo no s\u00e9 en que a\u00f1o fue que estuv[ieron], pero s\u00ed estuvi[eron], as\u00ed como lo dije, estando yo all\u00e1 (\u2026)\u00bb, agregando, seguidamente, que \u00ab[e]stando yo all\u00e1 empez\u00f3 a suceder [el ingreso de la guerrilla al predio a recargar los artefactos electr\u00f3nicos y el\u00e9ctricos], estando yo all\u00e1 (\u2026) [entraban] de noche (\u2026) a la hora que fuera\u00bb y mencion\u00f3, tambi\u00e9n, que en los tiempos en que viv\u00eda en el predio se produjo un \u00abenfrentamiento en el Cerro del Algod\u00f3n, ah\u00ed cerquita (\u2026) como a las cuatro de la ma\u00f1ana\u00bb, hecho \u00e9ste, que, seg\u00fan su decir, sucedi\u00f3 aproximadamente \u00abun a\u00f1o antes de la venta\u00bb. Por \u00faltimo, al interrog\u00e1rsele acerca de los \u00abasesinatos\u00bb ocurridos en el sector por esos a\u00f1os, manifest\u00f3 que \u00abmataron un poco [de] gente de ah\u00ed, los helic\u00f3pteros ven\u00edan aqu\u00ed a San Juan, los helic\u00f3pteros tra\u00edan los muertos aqu\u00ed a San Juan\u00bb, incluyendo a Miguel Manrique, a quien se lo \u00abllevaron\u00bb junto con su suegra, \u00abcerquita\u00bb de \u00abdonde yo estaba (\u2026)[,] era colindante conmigo en ese tiempo, colindante de tierra\u00bb. <\/p>\n
2.3.2. Las afirmaciones del se\u00f1or Ricardo fueron -en buena parte- ratificadas por su c\u00f3nyuge, Alicia Esther, quien se\u00f1al\u00f3, entre otros, que \u00ab[s]alimos por las circunstancias de que all\u00e1 nosotros viv\u00edamos en una parte muy sola, o sea, en la finca ten\u00edamos luz que la cogimos del propio retiro \u2013entonces en esa \u00e9poca hab\u00eda mucha guerrilla por ah\u00ed; entonces la guerrilla como ese era un rancho que estaba apartado, una casa que estaba apartada y ten\u00eda luz, entonces, el motivo que nos hizo salir fue que la guerrilla toda las veces pasaban all\u00e1 en la casa cargando los instrumentos que ellos cargaban y eso era a cada hora y a cada momento y eso nos ten\u00eda la vida ya imposible (\u2026). As\u00ed como le dije que, la guerrilla nos ten\u00eda muy acosados, entonces nosotros ten\u00edamos dos hijos que ya crecieron y se hicieron militares, entonces la guerrilla quer\u00eda que los hijos m\u00edos se hicieran con ellos y nosotros no \u00edbamos aceptar eso que los hijos m\u00edos se fueran para la guerrilla, porque a nosotros nunca nos gust\u00f3 eso, entonces esos fueron m\u00e1s bien los motivos que nosotros vendimos eso y muy barato vendimos eso, porque ya nos ten\u00eda muy acosado la guerrilla (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. Tras referir las coincidencias de los declarantes, el Tribunal advirti\u00f3 que, aunque no hab\u00eda registro de la muerte del se\u00f1or Miguel Manrique, s\u00ed \u00abfue un hecho notorio que esta persona fue v\u00edctima de un secuestro en el a\u00f1o 1991 en la zona rural del municipio de San Jacinto en su finca denominada \u2018Pitalito\u2019, suceso tal y como se cit\u00f3 en el ac\u00e1pite del contexto de violencia fue noticiado por el Diario El Tiempo en su redacci\u00f3n de calendas 12 de abril de 1991 donde se inform\u00f3 que dicho hecho victimizante al parecer fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que evidencia la fuerte presencia y el actuar delictivo de los grupos armados al margen de la ley desde la referida anualidad en el sector de ubicaci\u00f3n del inmueble de Litis y en el \u00e1rea rural de San Jacinto (Bol\u00edvar); [tambi\u00e9n destac\u00f3] que no puede perderse de vista los informes de las entidades m\u00e1s espec\u00edficamente la base de datos del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica en el que se establece que en el municipio de San Jacinto (Bol\u00edvar) fue compleja la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico desde el a\u00f1o 1988 con un alza en los indicadores, en comparaci\u00f3n con a\u00f1os anteriores en lo referente a los homicidios selectivos en el a\u00f1o 1996 fecha en la que el solicitante se desprende del fundo en virtud del negocio de compraventa que realiz\u00f3 sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
2.3.4. De los anteriores medios de convicci\u00f3n, el Tribunal dedujo que Ricardo Ballesteros y su familia sent\u00edan temor por su vida y, pese a que el solicitante asegur\u00f3 que su salida del inmueble \u00abno se debi\u00f3 a amenazas directas sino a una medida preventiva para proteger la vida de \u00e9l y de su familia (\u2026), [ese] accionar (\u2026) se revela[ba] como l\u00f3gico en medio de las vicisitudes de un orden p\u00fablico alterado\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno se acredit\u00f3 (\u2026) una raz\u00f3n diferente al conflicto armado para que los solicitantes vendieran su parcela\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00absi bien sobre el fundo reca\u00eda una garant\u00eda hipotecaria en favor de la Caja Agraria desde al a\u00f1o 1993 (\u2026), no se encuentra inscrito el decreto de medidas cautelares sobre el predio que lleven a inferir que el se\u00f1or Ballesteros se encontraba en mora en el pago de la obligaci\u00f3n contra\u00edda con la aludida entidad bancaria, de igual forma, el accionante y su compa\u00f1era relatan respecto de su comportamiento de pago en cuanto al cr\u00e9dito contra\u00eddo que cuando al solicitante le correspond\u00eda cancelar la respectiva cuota, \u00e9l la pagaba\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla Agencia Nacional de Tierras que el se\u00f1or Ricardo Ballesteros Gonz\u00e1lez ha intentado en 6 ocasiones la adjudicaci\u00f3n de Otorgamiento de Subsidio y Desarrollo Productivo \u2013 SIT en su totalidad en estado \u2018No Adjudicado\u2019 demostrando con ello su calidad de campesino con fuerte arraigo a la tierra y al trabajo agr\u00edcola, lo que para la Sala corrobora la inexistencia de causal distinta al contexto de violencia que motivara al se\u00f1or Ballesteros a negociar el fundo, no aport\u00e1ndose probanza por parte del extremo opositor que desvirtuara las alegaciones del solicitante\u00bb. <\/p>\n
2.3.5. Por otro lado, sobre uno de los reproches aludidos por la tutelante, en el sentido que el solicitante no estaba inscrito en el Registro \u00danico de V\u00edctimas -RUV-, el Tribunal reliev\u00f3 que \u00abla ausencia de tal reporte no tiene la entidad suficiente para descartar la teor\u00eda del caso de la demanda, ya que dicha base de datos es solamente un insumo y no un elemento determinante para concluir la calidad de v\u00edctima del conflicto armado de un ciudadano atendiendo que tal condici\u00f3n debe ser concluida a partir de la valoraci\u00f3n de diferentes medios probatorios\u00bb. <\/p>\n
2.3.6. No pas\u00f3 por alto el Tribunal que el peticionario Ballesteros Gonz\u00e1lez incurri\u00f3 en algunas imprecisiones en cuanto a la temporalidad de la salida y la enajenaci\u00f3n del inmueble, no obstante, esa deficiencia la super\u00f3 razonando que de los testimonios de \u00e9l y de su esposa se pod\u00eda colegir que \u00abreconocieron que con el primer abono producto de la venta del predio pagaron la obligaci\u00f3n que ten\u00edan con la caja Agraria, y revisada la anotaci\u00f3n No. 7 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 062-6316[,] se encuentra que la cancelaci\u00f3n del gravamen hipotecario que garantizaba el aludido cr\u00e9dito fue en el a\u00f1o 1996, lo que lleva a concluir a la Sala que la venta y salida del fundo por parte del se\u00f1or Ballesteros tuvo lugar en esta \u00faltima anualidad (\u2026)\u00bb; en soporte, trajo a colaci\u00f3n las directrices se\u00f1aladas en las sentencias T-486 de 2006 y T-821 de 2007, emanadas -ambas- de la Corte Constitucional, y sostuvo que \u00abel se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez e[ra] una persona de la tercera edad [de 75 a\u00f1os], adem\u00e1s de ser analfabeta\u00bb, por lo que dedujo que \u00abla menci\u00f3n del a\u00f1o 1997 como fecha de su desplazamiento pudo deberse aunado a las anteriores circunstancias, a un lapsus ocasionado con el pasar del tiempo\u00bb. <\/p>\n
2.3.7. Enfatiz\u00f3 que sobre la carga de la prueba operaba el art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011 y, por ello, al \u00abextremo opositor\u00bb era a quien correspond\u00eda desvirtuar la calidad de v\u00edctima despojada del solicitante, carga probatoria que la opositora incumpli\u00f3; por lo precedente y luego de referirse a las presunciones establecidas en el art\u00edculo 77 (literal a, numeral 2) de la Ley 1448 de 2011, el Colegiado querellado accedi\u00f3 a lo pretendido en la petici\u00f3n restitutoria del predio \u00abEl Alivio\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ya pasando al estudio de la buena fe exenta de culpa de la aqu\u00ed accionante, Yadira Isabel C\u00e1rdenas Royet, de la declaraci\u00f3n que ella rindi\u00f3 ante la juez de conocimiento y de unas documentales extrajo que (i) adquiri\u00f3 el predio en 2009, por compra que realiz\u00f3 al se\u00f1or Belarmino Gonz\u00e1lez Iglesias; (ii) que sab\u00eda de la existencia de dos \u00abmedida[s] de protecci\u00f3n\u00bb (una, de 2008, de \u00abProhibici\u00f3n de Enajenar o Transferir Los Derechos sobre Bienes\u00bb y otra, de 2011, de \u00abAbstenerse de Inscribir Enajenaciones por Declaratoria Inminencia de Riesgo de Desplazamiento Forzado\u00bb), decretadas, respectivamente, por la Personer\u00eda y el Comit\u00e9 Municipal de Atenci\u00f3n a la Poblaci\u00f3n Desplazada, ambas de San Jacinto; de tales datos, el Tribunal coligi\u00f3 que, \u00abaunque la se\u00f1ora C\u00e1rdenas Royet adquiri\u00f3 el predio en el a\u00f1o 2009, esto es, 12 a\u00f1os despu\u00e9s de la salida del fundo del solicitante y no compr\u00f3 directamente el predio \u2018El Alivio\u2019 a los establecidos como v\u00edctimas, s\u00ed est\u00e1 demostrado que para esa anualidad estaba vigente una medida de protecci\u00f3n decretada en fecha 24 de septiembre de 2008 por la Personer\u00eda Municipal de San Jacinto, siendo que posteriormente fue decretada otra medida de protecci\u00f3n el 2 de septiembre de 2011 por parte del Comit\u00e9 Municipal de Atenci\u00f3n a la Poblaci\u00f3n Desplazada de San Jacinto\u00bb. <\/p>\n
Y a despecho de que ella \u00abreconoci\u00f3 haber realizado un estudio de t\u00edtulos sobre los antecedentes registrales del predio y aun cuando efectu\u00f3 los tr\u00e1mites correspondientes para el levantamiento de la medida de protecci\u00f3n (\u2026), lo que efectivamente sucedi\u00f3 mediante resoluci\u00f3n No. 035 de 13 de junio de 2013 (\u2026) [no] puede pasarse por alto que adquiri\u00f3 el inmueble estando vigente la medida de protecci\u00f3n, la cual se levant\u00f3 4 a\u00f1os despu\u00e9s de ostentar la posesi\u00f3n del fundo, sin que se encuentre en el dossier constancia del levantamiento de la medida de protecci\u00f3n decretada por la Personer\u00eda Municipal de San Jacinto en el a\u00f1o 2008, de la que no se hace menci\u00f3n en el acto administrativo de autorizaci\u00f3n de enajenar o transferir decretada por el CMAIPD, presumi\u00e9ndose vigente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la opositora y no sin puntualizar que no cab\u00eda frente a ella flexibilizar el \u00abest\u00e1ndar de estudio de la buena fe\u00bb, por cuanto no ingres\u00f3 al fundo \u00abdebido a un estado de necesidad\u00bb, concluy\u00f3 que \u00ab[su] comportamiento contractual no se ajusta a los est\u00e1ndares de una buena fe exenta de culpa, al no haber adquirido el bien cumplimiento a plenitud las formalidades legales\u00bb, hecho que lo condujo a desestimar el pago de cualquier \u00abcompensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb en favor suyo. Tampoco le reconoci\u00f3 a la aqu\u00ed peticionaria la calidad de \u00absegundo ocupante\u00bb, en vista de que aquella no derivaba su sustento del predio ni resid\u00eda en \u00e9l, por lo cual no se cumpl\u00edan las condiciones establecidas en la sentencia C-330 de 2006, dictada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. Analizado el asunto cuestionado, advierte la Sala que la tutela impetrada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
3.1. Respecto de los reproches relacionados con (i) que hubo irregularidades en el \u00abreparto\u00bb ante Juzgado del Circuito y (ii) que con la demanda no fue adjuntada la solicitud radicada ante la UAEGRTD para que representara judicialmente al se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez ni la Resoluci\u00f3n RB01617 de 2016, por lo que el tr\u00e1mite debi\u00f3 inadmitirse, deviene imperioso se\u00f1alar, de un lado, que la actora contest\u00f3 la demanda el 25 de octubre de 2018, sin plantear dichos argumentos y sin presentar recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio dictado el 8 de junio de 20182 y, de otro, que frente a dicho prove\u00eddo la acci\u00f3n de tutela no cumple con el requisito de tempestividad3. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de destacar que con la demanda se alleg\u00f3 la Resoluci\u00f3n 00359 del 31 de mayo de 2018, por la cual la UAEGRTD acept\u00f3 la petici\u00f3n de representaci\u00f3n judicial del se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez, solicitud allegada posteriormente y que el Tribunal, al dictar el fallo atacado, como correspond\u00eda, verific\u00f3 que estuviera acreditada la inscripci\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas, lo cual valid\u00f3 con la constancia allegada con la demanda4. <\/p>\n
3.2. Sobre los presuntos vicios de la actuaci\u00f3n previa al juicio de restituci\u00f3n, desplegada por la UAEGRTD, por cuanto no vincul\u00f3 a la tutelante al tr\u00e1mite ni le notific\u00f3 la decisi\u00f3n que lo finaliz\u00f3 con la inscripci\u00f3n del bien en el registro de tierras despojadas (Resoluci\u00f3n 01617 de 2016), es preciso advertir que no es la tutela la v\u00eda id\u00f3nea para controvertir la configuraci\u00f3n de una posible nulidad ni lo resuelto en un acto administrativo ejecutoriado, toda vez que, para el efecto, lo procedente era acudir a los instrumentos ordinarios de defensa o a la acci\u00f3n contencioso administrativa pertinente, sumado a que, frente dicha determinaci\u00f3n, tampoco se cumple con el presupuesto de inmediatez. Aunado a ello, se resalta que la tutelante fue debidamente vinculada al juicio de restituci\u00f3n, tr\u00e1mite en el que pudo ejercer su derecho de defensa, por lo que no se vislumbra, en ese sentido, vicio en la sentencia cuestionada. <\/p>\n
3.3. En cuanto a las pruebas solicitadas por la opositora, decretadas por auto del 18 de junio de 2020 y que no se practicaron, tambi\u00e9n se advierte la improcedencia del amparo, toda vez que, contra el auto del 25 de marzo de 2021, por el cual el Juzgado de conocimiento determin\u00f3 que \u00ablas pruebas decretadas han sido practicadas en debida forma\u00bb y que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011, el asunto estaba para dictar fallo, tampoco se interpuso recurso de reposici\u00f3n ni se evidencia que la interesada hubiera alegado la configuraci\u00f3n de un vicio por omitirse la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas, por lo cual la protecci\u00f3n invocada no sale avante; m\u00e1xime que, acorde con lo establecido en el art\u00edculo 89 de la Ley 1448 de 2011, \u00ab[t]an pronto el Juez o Magistrado llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas\u00bb. <\/p>\n
3.4. En ese orden, las irregularidades alegadas no son procedentes; ello, sin perjuicio de que, si la actora considera que se incurri\u00f3 una nulidad en la sentencia o en una irregularidad de aquellas que puedan ser insaneables, la formule ante el Colegiado de conocimiento, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.5. De lo expuesto, esta Corte -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n carece de toda vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario de segundo nivel atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable; ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n incorporados al plenario. <\/p>\n
En ese orden, debe destacarse que el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia, para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente5 que el juez de la acci\u00f3n de tutela, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al operador judicial natural -dotado de autonom\u00eda e independencia-6. <\/p>\n
4. Luego, se impone desestimar el auxilio exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tales como el registro \u00fanico de v\u00edctimas del desplazamiento del impulsor, la declaraci\u00f3n de \u00e9ste ante las instituciones que integran el Ministerio P\u00fablico, los procesos de macro y micro focalizaci\u00f3n de las \u00e1reas geogr\u00e1ficas del predio, el concepto del Centro Integrado de Inteligencia para la Restituci\u00f3n, el an\u00e1lisis previo de las actividades de cartograf\u00eda social de las \u00e1reas colindantes, las diligencias de recolecci\u00f3n en campo, entrevistas, citaciones, interrogatorios e informaci\u00f3n comunitaria, los procedimientos espec\u00edficos de que trata el Decreto 1071 de 2015, las notificaciones y publicaciones en medios masivos, actuaciones y procedimientos de restituci\u00f3n que le hubieren sido informados a la opositora, la petici\u00f3n radicada ante la UAEGRTD, en la que el se\u00f1or Ballesteros Gonz\u00e1lez suplic\u00f3 la representaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2\u0002 Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido, de un lado, que esta acci\u00f3n constitucional no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores\u00bb (CSJ STC4303-2018); y, de otro, que \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela…\u00bb (CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3\u0002 En ese sentido, esta Sala ha establecido que: \u00abEn punto al requisito de la inmediatez (\u2026), en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
4\u0002 Ver folio 24 de la sentencia. Acorde con el art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, a la demanda se debe acompa\u00f1ar \u00abLa constancia de inscripci\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas\u00bb, visible a folios 89-90 de la demanda. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2026\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
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STC7622-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7622-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01448-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Yadira Isabel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64566\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}