STC7623-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7623-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00590-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 5 de abril1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Rodr\u00edguez Montenegro contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa poblaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la oficina jur\u00eddica de la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad \u00abEl Barne\u00bb, el gobernador del Resguardo Ind\u00edgena Nassa Uss y las partes e intervinientes en el proceso penal 2011-00067. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el gestor acude a este instrumento buscando la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales \u00abcomo comunero ind\u00edgena\u2026 al debido proceso al acceso a la administracion de justicia, dignidad humana, a la cosmovision, a la multiculturalidad, a la diversidad etnica a mis leyes, usos y costumbres dentro de mi comunidad [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados en la primera instancia se puede extractar que contra Rodr\u00edguez Montenegro curs\u00f3 un proceso penal por los delitos de homicidio agravado, falsedad en documento privado y tentativa de estafa. <\/p>\n
Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2011, el extinto Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a 27 a\u00f1os de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndole los subrogados de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue confirmada el 6 de julio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y alcanz\u00f3 firmeza una vez la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n con prove\u00eddo de 9 de octubre de 2013. <\/p>\n
El actor se encuentra recluido en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad \u00abEl Barne\u00bb, a \u00f3rdenes del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, despacho que actualmente vigila el cumplimiento de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Rodr\u00edguez Montenegro solicit\u00f3 a la c\u00e9lula judicial ejecutora el traslado \u00abal centro de armonizaci\u00f3n\u00bb del resguardo ind\u00edgena Nassa Uss, pues dice pertenecer a dicha comunidad; sin embargo, tal petici\u00f3n fue denegada con auto de 3 de septiembre de 2021 contra el cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n que no ha sido resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, corporaci\u00f3n a la que arrib\u00f3 el expediente el 16 de noviembre siguiente. <\/p>\n
3. La queja constitucional estriba, esencialmente en que, a la fecha de formulaci\u00f3n de la presente demanda la colegiatura acusada no ha emitido pronunciamiento alguno en torno a la impugnaci\u00f3n formulada, pues el gestor considera que \u00abno pued[e] ser sometido\u2026 al sistema de turnos que posee el Tribunal\u2026 en el cual se toman las sentencias condenatorias de procesos del penal acusatorio ya que mi proceso violar\u00eda el derecho a la igualdad si hubiesen casos similares al m\u00edo que se encuentren a la espera de un traslado a una comunidad ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita \u00abse me traslade a mi resguardo ind\u00edgena Nassa Uss de Tunja\u2026 para continuar la purga efectiva de mi pena, pero dentro de mis leyes, usos y costumbres como lo exige la Constituci\u00f3n y la ley colombiana [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado al que le correspondi\u00f3 elaborar la ponencia de la alzada indicada precedentemente, asegur\u00f3 que recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n el 16 de noviembre de 2021 \u00aby se encuentra en turno para resolver asuntos de similar naturaleza\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que debe atender con prelaci\u00f3n \u00ablas acciones constitucionales, impedimentos, recusaciones conflictos de competencias y habeas corpus [sic]\u00bb y que \u00ablos recursos se resuelven en estricto orden de ingreso\u2026 o antes en caso de existir peligro de prescripci\u00f3n\u2026 o tratarse de la apelaci\u00f3n de providencias relacionadas con la libertad\u2026\u00bb, pero que, como el asunto objeto de este amparo no cumple con ninguno de esos criterios de priorizaci\u00f3n, ser\u00e1 atendido \u00abllegado el turno correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2. El director del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el actor indic\u00f3 que como \u00abno puede disponer de traslados sin la orden del Grupo de Asuntos Penitenciarios \u2013 Direcci\u00f3n General del Inpec, es claro que no h[a] vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb del actor, por lo que solicit\u00f3 \u00abse desvincule al CPSMS El Barne [sic]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la tutela por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, dado que la salvaguarda fue incoada de forma prematura pues los argumentos relativos al acierto de la decisi\u00f3n del juzgado ejecutor \u00abdebe[n] ser definid[os] en la v\u00eda ordinaria\u00bb por la autoridad judicial competente \u00absin que la acci\u00f3n de tutela pueda ser utilizada par[a] obtener una opini\u00f3n jur\u00eddica distinta ni para relevar de su funci\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja\u00bb, m\u00e1xime cuando no \u00abse cumplen los presupuestos para que\u2026 proceda como mecanismo transitorio\u2026 pues no hay elementos de juicio para considerar que el accionante se encuentra ante un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, insistiendo en que sus derechos \u00abse ven claramente lastimados por una mora injustificada\u2026 de las instituciones que conocen del caso\u00bb comoquiera que al \u00abgoza[r] de fuero ind\u00edgena no p[uede] ser sometido\u2026 [a] un sistema de turnos, ya que se trata de una reclamaci\u00f3n de derechos fundamentales y no de una sentencia condenatoria [SIC]\u00bb, por tal motivo se ratific\u00f3 en la solicitud de ser trasladado \u00ablo mas pronto posible y sin mas moras judiciales a mi resguardo indigena Nassa Uss de Tunja Caqueta [SIC]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Tunja lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por el accionante, dentro de la actuaci\u00f3n penal en que funge como condenado, al no resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por aquel frente al auto de 3 de septiembre de 2021 por medio del cual el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad neg\u00f3 la solicitud de traslado de establecimiento penitenciario a un resguardo ind\u00edgena. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 del reproche que formula Rodr\u00edguez Montenegro y atendiendo los elementos de convicci\u00f3n allegados a este tr\u00e1mite, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n por \u00e9l denunciada, y en tal sentido habr\u00e1 de refrendarse el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pues el despacho accionado no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial injustificada atribuido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el prop\u00f3sito de remediarla. <\/p>\n
En efecto, de las explicaciones brindadas por el magistrado sustanciador, se colige con suficiencia que, si bien la actuaci\u00f3n ingres\u00f3 a esa colegiatura el 16 de noviembre de 2021, no se advierte que la tardanza en proferir la decisi\u00f3n reclamada luzca inexcusable como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del actor, si se tiene en cuenta que la autoridad judicial debe atender de forma preferente aquellos diligenciamientos que involucren la libertad individual, adem\u00e1s de acciones constitucionales como tutelas y h\u00e1beas corpus y aquellos procesos pr\u00f3ximos a prescribir, criterios de priorizaci\u00f3n que no cumple el asunto sometido a escrutinio, tal como lo advirti\u00f3 el titular del despacho accionado, por lo que le corresponde a Rodr\u00edguez Montenegro aguardar la llegada del turno asignado para obtener el pronunciamiento que en derecho corresponda. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando la demora presentada en la resoluci\u00f3n del recurso formulado por el ac\u00e1 gestor frente al auto que le fue desfavorable, no es producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedece -como ya se indic\u00f3- a la carga laboral asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja el cual debe atender, adem\u00e1s de las acciones constitucionales que, por as\u00ed disponerlo el ordenamiento jur\u00eddico, tienen prelaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s asuntos de su competencia, esto es, aquellos procesos que involucren la libertad del procesado o que se encuentren pr\u00f3ximos a alcanzar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, tales como la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada, y menos a\u00fan, orientar el sentido de la providencia que le corresponde adoptar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por el querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del Tribunal Superior de Tunja, teniendo en cuenta que el accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, frente a la solicitud del Rodr\u00edguez Montenegro de que, se disponga su traslado al resguardo ind\u00edgena Nassa Uss, al que dice pertenecer, es preciso indicar que la misma resulta inviable pues, por medio de este tr\u00e1mite constitucional, no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas dado que la acci\u00f3n supralegal no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte improcedente mientras existan herramientas procesales para obtener la satisfacci\u00f3n de las pretensiones o las mismos est\u00e9n surti\u00e9ndose, como en el presente caso. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la denegaci\u00f3n del amparo, pero porque no es posible atribuir a la colegiatura querellada una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial, adem\u00e1s que el traslado del gestor al resguardo ind\u00edgena es un tema que debe ser dirimido por el juez competente y no a trav\u00e9s de esta instrumento excepcional\u00edsimo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por un medio expedito a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n el 27 de mayo del corriente a\u00f1o <\/p>\n
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