STC7626-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7626-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00965-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rodrigo Romero Acu\u00f1a (en nombre propio y como representante legal de Inversiones & Transportes RR S.A.S.) contra la Superintendencia de Sociedades; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los tr\u00e1mites de reorganizaci\u00f3n empresarial n\u00b0 84048 y 89478. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos \u00abal debido proceso, defensa y a los principios de buena fe, igualdad ante la ley, comportamiento de las autoridades p\u00fablicas conforme a los derechos inalienables y de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb, los cuales estiman trasgredidos por los autos de 4 de noviembre de 2021, mediante los cuales la entidad accionada, en los respectivos juicios de reorganizaci\u00f3n de cada uno de los convocantes, acogi\u00f3 parcialmente las objeciones que Bancolombia S.A. formul\u00f3 frente a los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; para lo cual se bas\u00f3 en pruebas distintas de la contabilidad de los contendientes, contrariando la tarifa legal que, seg\u00fan los querellantes, rige en esa clase de actuaciones jurisdiccionales. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se dejen sin efecto dichas providencias y que, en su lugar, se desestimen las objeciones planteadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y retom\u00f3 los argumentos expuestos en los dos autos objeto de censura. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo respecto de los dos accionantes. En cuanto a la persona jur\u00eddica, manifest\u00f3 que no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n que ten\u00eda a su alcance para impugnar el auto cuya revocatoria aqu\u00ed pretende. Y en lo atinente a Romero Acu\u00f1a, sostuvo que es razonable la argumentaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 la autoridad accionada para acoger las objeciones planteadas por Bancolombia S.A. en el decurso del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon los accionantes, insistiendo en sus alegaciones iniciales y a\u00f1adiendo que el recurso de reposici\u00f3n que interpuso el se\u00f1or Romero Acu\u00f1a ante la Superintendencia, tambi\u00e9n se orientaba a censurar las decisiones adoptadas respecto de Inversiones & Transportes RR S.A.S. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela devela la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas invocadas en el libelo introductor de manera tal que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
3. El caso concreto – De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que las discrepancias tra\u00eddas por las querellantes son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer la comprensi\u00f3n jur\u00eddica de los convocantes a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que esta excepcional senda constitucional es improcedente como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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