STC7629-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7629-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01782-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2006-80008. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad, vivienda digna y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.1. El Magistrado de Control de Garant\u00edas de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga -con prove\u00eddo del 19 de octubre de 2016- decret\u00f3 como medidas cautelares el embargo, secuestro y la suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre los inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 001-284274, 001-284200 y 001-284231, dentro del proceso de radicado 2006-80008. Esto, porque la Unidad de Persecuci\u00f3n de Bienes de la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 sumariamente que el titular inscrito, H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil, los adquiri\u00f3 en la \u00e9poca en que se desempe\u00f1aba como administrador de los bienes de sus hermanos Fidel, Vicente y Carlos Casta\u00f1o Gil, a trav\u00e9s de la oficina \u00abCAHECA\u00bb que antecedi\u00f3 a \u00abFUNPAZCOR\u00bb en el manejo de los bienes de la organizaci\u00f3n al margen de la ley. <\/p>\n
2.2. El apoderado del se\u00f1or Casta\u00f1o Gil elev\u00f3 solicitud para iniciar tr\u00e1mite incidental con el prop\u00f3sito de obtener el levantamiento de las medidas cautelares impuestas. Ello pues, en su entender, su poderdante adquirido los inmuebles con recursos l\u00edcitos y no ten\u00edan nada que ver con la organizaci\u00f3n de sus hermanos1. <\/p>\n
2.3. Con ocasi\u00f3n de lo peticionado y comoquiera que los fundos sobre los cuales recae el petitorio se encuentran ubicados en Medell\u00edn, el mentado Despacho orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a su Homologo de la capital del departamento de Antioquia2. <\/p>\n
2.4. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -en audiencia celebrada el 10 de septiembre de 20203- neg\u00f3 lo solicitado debido a que el aqu\u00ed accionante no logr\u00f3 demostrar que act\u00fao con \u00abbuena fe exenta de culpa al momento de adquirir los bienes objeto de discusi\u00f3n\u00bb pues, \u00abcon los elementos materiales y testimonios arrimados a la actuaci\u00f3n, el Despacho solo puede arribar a la conclusi\u00f3n de que H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil, para la adquisici\u00f3n del apartamento 404 de la Unidad Residencial Campestre y sus parqueaderos, no act\u00fao con lealtad, rectitud y honestidad, pues desafortunadamente dej\u00f3 confundir sus bienes con los provenientes de la organizaci\u00f3n4, incluso mucho despu\u00e9s del a\u00f1o 1991\u00bb. <\/p>\n
2.5. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n5, el cual fue desatado negativamente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia con prove\u00eddo del 11 de agosto de 20216. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, el promotor se duele de que el ad quem natural no valor\u00f3 las pruebas en su totalidad, puntualmente, el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, las declaraciones de Jes\u00fas Ignacio Rold\u00e1n, Sor Teresa G\u00f3mez y Jorge Humberto Victoria, y el hecho de que entre 1990 y 1991 estuvo privado de la libertad; probanzas que, en su entender, demostraban que no perteneci\u00f3 al grupo al margen de la ley, no compr\u00f3 los inmuebles con recursos il\u00edcitos, ni don\u00f3 bienes a la FUNPAZCOR. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se revoquen las decisiones de primera y segunda instancia. En su lugar, se ordene el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 001-284274, 001-284200 y 001-284231. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia7 indic\u00f3 que la sentencia C-534 de 1992 declar\u00f3 inexequible, entre otros, al art\u00edculo 40 del Decreto 2591 de 1991, por tanto, resulta improcedente dirigir acciones de tutela contra decisiones ejecutoriadas. Aunado a lo anterior, resalt\u00f3 que lo decidido por dicha Corporaci\u00f3n no vulner\u00f3 las garant\u00edas superlativas del actor. <\/p>\n
2. El Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn8 manifest\u00f3 que en el tr\u00e1mite procesal se respetaron los derechos del opositor, por lo tanto, pidi\u00f3 que fuera denegado el amparo. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n del fallo de segunda instancia emitido por la autoridad accionada. Ello pues, indic\u00f3 que no valor\u00f3 integralmente las probanzas obrantes en el plenario, las cuales desvirtuaban que los inmuebles objeto de medidas cautelares hubiera sido adquiridos con recursos il\u00edcitos. <\/p>\n
2. Se observa que la Homologa Sala de Casaci\u00f3n Penal -con providencia del 11 de agosto de 2021- expres\u00f3 los motivos por los cuales confirmaba el fallo de primera instancia. Para ello, indic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la afectaci\u00f3n con fines de extinci\u00f3n de dominio de los bienes de los desmovilizados y de los grupos al margen de la ley, \u00abes garantizar los derechos de las v\u00edctimas a obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocasionados por el grupo ilegal\u00bb, por lo tanto, \u00abcuando un tercero aduce mejor derecho, debe esforzase en demostrar que actu\u00f3 diligentemente, que no se prest\u00f3 para ocultar el verdadero origen o titularidad del bien ni para dificultar la persecuci\u00f3n de recursos mal habidos. (CSJ AP3040-2016)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, apuntal\u00f3 que el interesado ostenta la carga procesal de probar la prevalencia de su derecho, para lo cual \u00abdebe demostrar la prudencia y diligencia con que actu\u00f3, la capacidad econ\u00f3mica para obtener el bien o derecho y, en fin, la transparencia en la adquisici\u00f3n del mismo\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
2.1. En este sentido, para resolver la apelaci\u00f3n propuesta, la Corporaci\u00f3n atacada comenz\u00f3 por realizar un recuento hist\u00f3rico de la vinculaci\u00f3n de la familia Casta\u00f1o Gil con el accionar paramilitar, concluyendo que \u00abNo es cierto, entonces, que para el 21 de noviembre de 1991, fecha en la que H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil compr\u00f3 los inmuebles materia de este proceso, Fidel Casta\u00f1o fuera un minero ajeno al accionar delictivo, pues desde 1983 dirig\u00eda el grupo ilegal <Los Tangueros>, responsable de m\u00faltiples cr\u00edmenes en C\u00f3rdoba y departamentos vecinos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, analizando la sentencia dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn del 9 de diciembre de 2014, allegada como prueba trasladada, adujo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Jes\u00fas Ignacio Rold\u00e1n P\u00e9rez estuvo vinculado desde 1988 con FIDEL CASTA\u00d1O GIL, se desempe\u00f1\u00f3 como hombre de confianza, jefe de seguridad y administrador de algunos de sus bienes, por lo que al declarar sobre los inmuebles reclamados por H\u00c9CTOR CASTA\u00d1O GIL sabe de lo que habla. <\/p>\n
No se configura, por tanto, la incongruencia denunciada por la impugnante porque aunque en el fallo se dice que Rold\u00e1n P\u00e9rez era hombre de confianza de Jhon Henao Gil, tambi\u00e9n se rese\u00f1a que lo hizo un lapso tres a\u00f1os, pues los restantes a\u00f1os estuvo al servicio de Fidel, Vicente y Carlos Casta\u00f1o Gil. Con todo, Henao Gil, alias <H2>, tambi\u00e9n conforma el aludido clan por estar casado con Adelfa Casta\u00f1o Gil\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que en la providencia qued\u00f3 probado que FUNPAZCOR era \u00abel instrumento social y econ\u00f3mico de las ACCU usado para entregar tierras a campesinos y miembros de la organizaci\u00f3n para asegurar su base social, mantener el usufructo de los predios de los hermanos Casta\u00f1o Gil y encubrir y canalizar las finanzas del grupo armado\u00bb. Como tambi\u00e9n, se estableci\u00f3 que \u00abhab\u00eda una oficina alterna ubicada en las mismas instalaciones de FUNPAZCOR llamada CAHECHA, de propiedad de Carlos y H\u00e9ctor Casta\u00f1o, en la cual se consignaban los dineros provenientes de las fincas y el negocio de ganado y que serv\u00edan para sostener a la organizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, coligi\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es especulativa ni carente de soporte probatorio la afirmaci\u00f3n de la primera instancia, acorde con la cual CAHECA era una oficina de propiedad de Carlos y H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil a trav\u00e9s de la que se manejaban los bienes de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, pues en la misma sentencia de declar\u00f3 probado que en un principio el manejo de las cuentas de la organizaci\u00f3n se hac\u00eda de manera informal y en esa tarea fue de vital importancia Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias <Capit\u00e1n Victoria>, y dos miembros de la familia Casta\u00f1o Gil: H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil, hermano de Fidel, y Jhon Dar\u00edo Henao, esposo de una hermana suya, Adelfa Casta\u00f1o, situaci\u00f3n que cambi\u00f3 con la creaci\u00f3n el 5 de octubre de 1990 de FUNPAZCOR que dio un manejo <empresarial> a los bienes y recursos de la organizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, de cara a los testimonios de Jorge Humberto Victoria Oliveros, Jes\u00fas Ignacio Rold\u00e1n P\u00e9rez y Sor Teresa G\u00f3mez \u00c1lvarez, esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abcoinciden en que H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil trabajaba para sus hermanos, administraba la oficina de Montecasino en la ciudad de Medell\u00edn, sab\u00eda de las actividades de sus familiares y estaba encargado de hacer los pagos necesarios para el funcionamiento de todas sus actividades -l\u00edcitas e il\u00edcitas-. El incidentante, incluso, reconoci\u00f3 haber trabajado para FIDEL en la ciudad de Medell\u00edn como encargado de los gastos de la familia y del negocio de ganado. <\/p>\n
No es mentira, entonces, la vinculaci\u00f3n laboral de H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil con sus hermanos y su conocimiento de las actividades il\u00edcitas de aquellos, situaci\u00f3n que se ratifica con la probada existencia de la oficina CAHECA \u2013que significa Carlos y H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil-, utilizada, seg\u00fan los testigos, para el manejo financiero de las actividades familiares, incluidas las il\u00edcitas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, trat\u00e1ndose de la tradici\u00f3n de los inmuebles objeto de las medidas cautelares, indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los inmuebles de este tr\u00e1mite eran de propiedad de Vicente Casta\u00f1o Gil, quien los adquiri\u00f3 en 1985 y los coloc\u00f3 a nombre de su esposa Luz Marina Ruiz de Casta\u00f1o. \u00c9sta traspas\u00f3 la titularidad a Humberto Quijano Gonz\u00e1lez y \u00e9ste a Jes\u00fas Alirio Escobar Mej\u00eda, quien lo transfiri\u00f3 a H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil. Sin embargo, Escobar Mej\u00eda en realidad era trabajador de Fidel Casta\u00f1o y aparece en la tradici\u00f3n de varios bienes de \u00e9ste. Siendo ello as\u00ed, el simple conocimiento de las actividades criminales desplegadas entre 1983 y 1994 por sus hermanos Vicente, Fidel y Carlos al mando de <Los Tangueros> y las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, desvirt\u00faa la buena fe exenta de culpa requerida para obtener el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: \u00ab(\u2026) cuando H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil adquiri\u00f3 los inmuebles – 21 de noviembre de 1991 mediante escritura p\u00fablica 3635 de la Notar\u00eda 10 de Medell\u00edn- sab\u00eda que eran de propiedad de su hermano Vicente y que \u00e9ste se dedicaba a actividades criminales que mezclaba con el comercio de ganado. Era consciente, por tanto, del riesgo de adquirir bienes de origen il\u00edcito, por manera que ahora no puede aducir que actu\u00f3 de buena fe exenta de culpa\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
2.5. Finalmente, trat\u00e1ndose de las donaciones de bienes realizadas por el accionante a FUNPAZCOR, vislumbr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abContrario a lo afirmado por la impugnante, en el incidente se prob\u00f3 que H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil don\u00f3 varios bienes a FUNPAZCOR, a saber: i) Micono lote 4, M.I. 140- 31120 de 429,24 hect\u00e1reas, ii) Las Chaveries Lote 2, M.I. 140-31118 de 285 hect\u00e1reas y iii) Cedro cocido lote1, M.I. 140-31117, todos adquiridos por Vicente, Fidel, Carlos y H\u00e9ctor Casta\u00f1o Gil mediante escritura p\u00fablica 949 del 21 de noviembre de 1985 de la Notar\u00eda 10 de Medell\u00edn. <\/p>\n
Las escrituras acopiadas por la Fiscal\u00eda dan cuenta de ese hecho y si el incidentante pretend\u00eda controvertir la autenticidad de esos documentos p\u00fablicos, ten\u00eda la carga procesal de probar la falsedad. Sin embargo, no aport\u00f3 ning\u00fan medio de prueba de tal hecho ni del periodo en que estuvo detenido a efectos de respaldar sus cuestionamientos a los testigos y, por ello, carecen de soporte\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del \u00d3rgano atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable9. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales y testimoniales). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente10 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-11. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia12. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201ccuaderno levantamiento medidas cautelares folios 1 a 151 y 1 CD\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 15-25. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 257-293. <\/p>\n
4\u0002 Refiri\u00e9ndose a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 295-297. <\/p>\n
6\u0002 Folios 12-25, archivo \u201cTD_211007_H\u00c9CTOR CASTA\u00d1O GIL_CORTE SUPREMADE JUSTICIA SALA PENAL Y OTROS_1A\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220178200-0014Oficio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220178200-0010Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, esta Sala ha sostenido que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
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