STC7630-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7630-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01792-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Antonio Bustamante Medina, quien dice actuar como agente oficioso de Hugo Ramiro Garavito Mu\u00f1oz, en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo de Familia y la Inspecci\u00f3n Trece Distrital de Polic\u00eda, ambas de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del asunto sub examine. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales de su agenciado a la propiedad privada, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, supuestamente quebrantadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ligia Garavito V. de Roca, Celmira Garavito de \u00c1lvarez y Lilia Garavito Mu\u00f1oz promovieron un proceso de sucesi\u00f3n \u00abdoble e intestada\u00bb de Benjam\u00edn Garavito Am\u00e9zquita y Cilia Ana Joaquina Mu\u00f1oz de Garavito. <\/p>\n
2.2. En dicha causa, que fue conocida por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. e inici\u00f3 el 25 de agosto de 1976, \u00abse adjudic\u00f3 el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-102844\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 22 de abril de 1983 se decret\u00f3 el secuestro del referido bien y, el 15 de diciembre de 1997, se dict\u00f3 sentencia y se remiti\u00f3 el proceso al Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, el cual \u00abaprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la partici\u00f3n y del fallo y (\u2026) dispuso la protocolizaci\u00f3n del expediente en la Notar\u00eda 21 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 11 de diciembre de 2000, el Juzgado de Familia orden\u00f3 la entrega de los bienes objeto de la partici\u00f3n a los adjudicatarios. <\/p>\n
2.5. El 17 de junio de 2004, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., comisionado para la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega, acept\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por Jos\u00e9 Arc\u00e1ngel Pulido Rivera, determinaci\u00f3n que \u00abfue apelada por los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n\u00bb y, en auto del 10 de septiembre siguiente, el \u00abJuzgado Segundo de Familia declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por el comisionado en la diligencia de entrega (\u2026) en lo que respecta a conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que acept\u00f3 la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 5 de abril de 2005, el Juzgado de Familia declar\u00f3 \u00abla nulidad de lo actuado a partir del 2 de septiembre de 1986\u00bb, prove\u00eddo que fue revocado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 17 de abril de 2007, en providencia en la cual \u00abdeclar\u00f3 infundado el incidente de nulidad promovido por el apoderado judicial del se\u00f1or Jos\u00e9 Arc\u00e1ngel Pulido Rivera\u00bb. <\/p>\n
2.7. El 1 y el 9 de julio, el 15 de octubre de 2009, el 28 de febrero de 2011, el 16 de marzo de 2016 y el 5 de octubre del mismo a\u00f1o, la Inspecci\u00f3n Trece Distrital de Polic\u00eda de Bogot\u00e1 intent\u00f3 llevar a cabo, sin \u00e9xito, la diligencia de entrega, principalmente por constantes oposiciones e intervenciones del se\u00f1or Jos\u00e9 Arc\u00e1ngel Pulido Rivera. <\/p>\n
2.8. En esta \u00faltima fecha (5 de octubre de 2016), la Inspecci\u00f3n Trece Distrital de Polic\u00eda decidi\u00f3 \u00abhacer la entrega simb\u00f3lica del inmueble en proporci\u00f3n de los porcentajes representados\u00bb, ignorando la \u00aborden emitida por el Juzgado Segundo de Familia (\u2026) de realizar la entrega REAL y MATERIAL, sin OPOSICI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 28 de noviembre del 2017, el Juzgado Segundo de Familia \u00abneg\u00f3 la petici\u00f3n de que el mismo despacho realizara la diligencia de entrega\u00bb y orden\u00f3 \u00ablibrar despacho comisorio al Consejo de Justicia de Bogot\u00e1, para que se realizara la entrega de los inmuebles relacionados en el trabajo de partici\u00f3n (…) de manera real y material\u00bb. <\/p>\n
2.10. El 26 de noviembre de 2020, el \u00abjuzgado refiri\u00e9ndose a esta diligencia manifest\u00f3 que la inspecci\u00f3n en cita cumpli\u00f3 con lo ordenado en la comisi\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.11. El 16 de diciembre de 2021, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. resolvi\u00f3 desfavorablemente el recurso, no obstante \u00abque el suscrito abogado expuso que la entrega del inmueble deb\u00eda surtirse de forma real y material\u00bb. <\/p>\n
2.12. De otro lado, al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. correspondi\u00f3 conocer de la demanda de pertenencia, por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio (radicado 11001-31-03-030-2003-00554), formulada por Pulido Rivera en relaci\u00f3n con el \u00abmismo inmueble objeto de la entrega en la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.13. El 24 de mayo de 2019, el mencionado estrado civil del circuito profiri\u00f3 sentencia favorable al demandante, la cual fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial el 14 de noviembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3. El gestor cuestiona las actuaciones de las autoridades accionadas, porque se ha avalado la conducta dilatoria desplegada por Pulido Rivera en m\u00faltiples ocasiones, al punto que, a la fecha, la entrega real y material del inmueble no se ha podido cristalizar. <\/p>\n
El tutelante alega que act\u00faa como agente oficioso del se\u00f1or Hugo Ramiro Garavito Mu\u00f1oz, porque \u00abse encuentra actualmente delicado de salud\u00bb. <\/p>\n
4. De lo narrado en el escrito de tutela se deduce que el promotor exige que se adopten las medidas pertinentes para efectivizar la entrega del predio en cuesti\u00f3n y censura el auto proferido el 16 de diciembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n accionada remiti\u00f3 copia del expediente y precis\u00f3 que su intervenci\u00f3n en el asunto culmin\u00f3 con el auto del 16 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2. El estrado de familia convocado hizo un recuento de su gesti\u00f3n y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, ya que no despleg\u00f3 conducta alguna \u00abencaminada a trasgredir los derechos fundamentales del extremo accionante\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor censura las actuaciones de las autoridades accionadas y pretende que se adopten las medidas correspondientes con miras a efectivizar la entrega material y real del inmueble con folio de matr\u00edcula 50C-102844, ordenada en el decurso de sucesi\u00f3n censurado. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo reclamado, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el gestor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a las autoridades acusadas, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso de la persona que dice representar. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 de sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en las STC926-2018, STC4611- 2018 y STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, esta Corte ha establecido: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son las partes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios, por manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional) (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Por su parte, cuando se act\u00fae como agente oficioso, calidad alegada por el abogado Jes\u00fas Antonio Bustamante Medina para impetrar la tutela objeto de estudio en nombre del se\u00f1or Hugo Ramiro Garavito Mu\u00f1oz, se debe demostrar la imposibilidad f\u00edsica o ps\u00edquica del titular para intervenir en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Esta Sala, sobre el punto, ha adoctrinado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 5 de mar. de 2014, STC2656)\u00bb (STC16407-2015). <\/p>\n
\u00ab\u2026la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001- 02-04-000-2015-02437-01, citada en la CSJ STC2486-2020, Mar. 9 de 2020, rad. 2019-00209-01). <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, como se acude en defensa de los intereses del se\u00f1or Hugo Ramiro Garavito Mu\u00f1oz, pero el actor no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representarlo y tampoco demostr\u00f3 que estuviera imposibilitado para actuar por s\u00ed mismo, no queda otro camino que desestimar la salvaguarda deprecada, por resultar inviable estudiar su fondo, ante la falta de legitimaci\u00f3n del gestor. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido, se negar\u00e1 la tutela, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en STC1284-2022, de 9 de febrero, expediente 2022-00240. <\/p>\n
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