STC7632-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7632-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-01819-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante apoderado judicial, por los se\u00f1ores Sonia Marcela, Camilo Andr\u00e9s, Juan Carlos y en nombre del menor de edad Pedro Manuel1 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, Coomeva EPS S.A., el Banco de Sangre Asunci\u00f3n Limitada, la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., la Fundaci\u00f3n Hospital Universitario Metropolitano \u2013 Banco de Sangre-, el Banco de Sangre \u00c1ngela Mej\u00eda Dizeo Ltda. en Liquidaci\u00f3n y los se\u00f1ores Crist\u00f3bal Abello Munarriz y Ricardo Antonio Cure Dau, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de radicado 2019-00244-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procuran la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, vida, integridad personal y trabajo, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los reclamantes instauraron un proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica en contra de Coomeva EPS S.A., el Banco de Sangre Asunci\u00f3n Limitada, la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., la Fundaci\u00f3n Hospital Universitario Metropolitano \u2013Banco de Sangre-, Crist\u00f3bal Abello Munarriz, el Banco de Sangre \u00c1ngela Mej\u00eda Dizeo Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Ricardo Antonio Cure Dau, con el fin de que se les declarara civilmente responsables y se les condenara a pagar los perjuicios causados por el contagio de hepatitis C del menor Pedro Manuel, durante las trasfusiones sangu\u00edneas practicadas el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2009. <\/p>\n
2.2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 20 de mayo de 20212, absolvi\u00f3 a los m\u00e9dicos Ricardo Cure Dau y Crist\u00f3bal Abello, as\u00ed como al Banco de Sangre \u00c1ngela Mej\u00eda Dizeo Ltda. y declar\u00f3 responsables a Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A., al Banco de Sangre \u2013 Asunci\u00f3n Ltda.-, a la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte y a la Fundaci\u00f3n Hospital Universitario Metropolitano -Banco de Sangre-, conden\u00e1ndolos al pago de las sumas pretendidas, por concepto de da\u00f1os morales y a la vida en relaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Ambas partes apelaron y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por pronunciamiento del 10 de diciembre de 20213, resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n del a quo y absolver de \u00ablas pretensiones elevadas en la demanda a los demandados en este proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. Los promotores del amparo reprochan la determinaci\u00f3n emitida por el Juez plural, pues, en su sentir, se realiz\u00f3 una inadecuada valoraci\u00f3n del material probatorio allegado al proceso, toda vez que desconoci\u00f3 \u00abel nivel de certeza que claramente s\u00ed le impone el Juez al momento de dar valor una a una las pruebas que demostraban que de todas las posibles causas de contagio no hubo otra con tal entidad y ocurrencia probada para producir ese efecto, qued\u00e1ndose, NO POR CAPRICHO, con la \u00faltima causa adecuada, que es la transfusi\u00f3n de hemoderivados\u00bb, a lo cual se suma que \u00abNINGUNO de los Bancos de Sangre en su calidad de demandados lograron desvirtuar, m\u00e1s all\u00e1 del mero sello, con pruebas inequivocas (sic), los examenes (sic) efectivamente realizados correspondientes a unidades efectivamente transfundidas, para por lo menos pensar en una actuaci\u00f3n diligente que en alg\u00fan punto pudiera servirles para eximir su responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
Destacan que no se tuvo en cuenta que, en el presente asunto, estaban involucrados los derechos de un menor de edad, que \u00abpadece una enfermedad que no estuvo ni est\u00e1 llamado a soportar y que por sus calidades tiene y debe tener siempre ESPECIAL PROTECCION DEL ESTADO [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Instaron, conforme a lo relatado, dejar sin efecto la decisi\u00f3n del 10 de diciembre de 2021 y que se ordene emitir una providencia \u00abde reemplazo dentro del medio de control antes se\u00f1alado, que atienda los par\u00e1metros de los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que, en la acci\u00f3n de tutela, \u00abno se visualiza por parte de los accionantes ninguna inconformidad respecto a este despacho con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite y decisi\u00f3n final que se tom\u00f3 en el proceso\u00bb, por lo que acoge la decisi\u00f3n que se tome al respecto. <\/p>\n
2. La Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., a trav\u00e9s de su apoderada, pidi\u00f3 negar el amparo, por no haberse configurado ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela y, en particular, porque \u00ablas pretensiones de los accionantes, se fundan en hechos que hacen referencia, a diferencias en la interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas del proceso\u00bb, lo cual \u00abNO es causal para que el Juez Constitucional pueda ordenar revocar una sentencia y que en su lugar se dice una diferente\u00bb. <\/p>\n
3. Quien adujo actuar como apoderado del Banco de Sangre Asunci\u00f3n Ltda. solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda, por no cumplir con el requisito de la inmediatez y por considerar que \u00abno es justo que por este medio la accionante trate de desfigurar la seguridad jur\u00eddica de una decisi\u00f3n tomada luego de alegatos y pruebas debidamente presentadas por la parte demandada y estudiadas con suficiencia para su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Quien dijo ser el apoderado del se\u00f1or Crist\u00f3bal Abello Munarriz y del Banco de Sangre \u00c1ngela Mej\u00eda Dizeo en Liquidaci\u00f3n requiri\u00f3 negar la tutela, por no estar acreditados ni individualizados los requisitos de procedibilidad, pues lo que se encuentra es \u00abun relato sesgado y pasional que no se compadece de la realidad de la sentencia sobre la cual recae la inconformidad\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla pidi\u00f3 negar el amparo, al estimar que su determinaci\u00f3n sigui\u00f3 los lineamientos constitucionales y legales, sin que se observe vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de las partes ni de terceros con inter\u00e9s en el asunto. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se invalide la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que revoc\u00f3 la del 20 de mayo de 2021, emitida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de la misma ciudad, pues consideran que dicha decisi\u00f3n lesiona las garant\u00edas fundamentales reclamadas. <\/p>\n
2. Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente revocar el fallo apelado. <\/p>\n
Para ello, luego de explicar jurisprudencialmente la responsabilidad m\u00e9dica y sus elementos esenciales, procedi\u00f3 a se\u00f1alar que, en la cadena generada para la prestaci\u00f3n del servicio de salud, en la medida que los lazos de los que la conforman se distancien, \u00abel v\u00ednculo de causalidad y efectos solidarios igualmente se debilitan y exige de los operadores jur\u00eddicos y particularmente judiciales, acentuar los an\u00e1lisis en los indicios y certezas que conducen a determinar la conducta de cada uno de los intervinientes y participantes de la cadena de prestador del servicio de salud en concreto, a efecto de no caer en una laxitud en la construcci\u00f3n del v\u00ednculo de causalidad y una ampliaci\u00f3n del aspecto de la responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias destac\u00f3 que, si en primera instancia el juez absolvi\u00f3 a los m\u00e9dicos, \u00abpor no encontrar ninguna irregularidad respecto del acto m\u00e9dico quir\u00fargico\u00bb, era evidente que, por ese mismo motivo, \u00abse romper\u00eda el v\u00ednculo de causalidad y t\u00edtulo de imputaci\u00f3n en contra de las prestadoras por aquel mismo acto m\u00e9dico\u00bb, m\u00e1xime cuando, en lo referente al suministro de sangre, no se acredit\u00f3 que los Bancos \u00abse encontraran de manera irregular prestando su servicio, ni que externamente se pudiese detectar irregularidad en las bolsas de sangre, sellos de garant\u00eda de calidad de la sangre suministrada y roturas de dichas bolsas al momento de realizar la transfusi\u00f3n, que era el \u00fanico control protocolario que podr\u00edan realizar en tal evento, porque en lo pertinente a la composici\u00f3n interna de la sangre, correspond\u00eda el cuidado a los Bancos que las suministran y que tienen en su objeto social tal actividad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el Tribunal precis\u00f3 que el Juzgado consider\u00f3 que fue indispensable la trasfusi\u00f3n de sangre y que se solicit\u00f3 a los Bancos demandados, \u00absin explicar de d\u00f3nde deduce que entre las prestadoras de salud y dichos bancos de sangre existe contrato para la prestaci\u00f3n de salud integral ni donde encuentra el incumplimiento de las instituciones prestadoras de salud respecto de su deber contractual de controlar la actividad de su contratante\u00bb, emitiendo condena con la cual extendi\u00f3 \u00abel v\u00ednculo de causalidad e imputaci\u00f3n hasta dichas prestadoras\u00bb, sin tener pruebas para adoptar esa decisi\u00f3n y habiendo absuelto a los m\u00e9dicos que hac\u00edan parte de las mismas, precisamente por no identificar ninguna irregularidad en su desempe\u00f1o. <\/p>\n
En esa medida, el juez plural sostuvo que, si las prestadoras de salud demandadas no eran determinantes en \u00abla recolecci\u00f3n, embale y suministro de las bolsas de sangre, como tambi\u00e9n que los Bancos de Sangre no presentaron irregularidad en su funcionamiento, muy a pesar de las posibles relaciones existentes entre ellas\u00bb, era evidente que no pod\u00eda endilg\u00e1rseles responsabilidad como consecuencia de la infecci\u00f3n de hepatitis del menor, porque \u00abigualmente en este campo han de tenerse esas instituciones como ajenas a la infecci\u00f3n que se les achaca\u00bb. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, el Tribunal consider\u00f3 que deb\u00edan prosperar los cuestionamientos esgrimidos por la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte y Coomeva EPS S.A., en la medida en que no se acredit\u00f3 la existencia del v\u00ednculo de causalidad respecto de ellas dos. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que, a pesar de que el Juzgado manifest\u00f3 que \u00abla causa m\u00e1s probable\u00bb de la infecci\u00f3n por hepatitis que contrajo el menor se debi\u00f3 a \u00abla sangre suministrada por los Bancos de Sangre demandados\u00bb, ese mismo despacho tambi\u00e9n aclar\u00f3 que \u00abprobatoriamente no existe la certeza de qu\u00e9 bolsa, de las aplicadas [\u2026] y que fueron entregadas por las diversas entidades, efectivamente provino el virus hep\u00e1tico\u00bb, por lo cual, luego de hacer referencia a las tesis de la prueba din\u00e1mica y de la causalidad conjunta o alternativa, asever\u00f3 que, en efecto, no estaban demostrados \u00ablos presupuestos -v\u00ednculo de causalidad- y – t\u00edtulo de imputaci\u00f3n jur\u00eddica- en la contaminaci\u00f3n de hepatitis C del menor y de acto m\u00e9dico defectuoso\u00bb, siendo procedente, en ese caso, absolver a las demandadas de la responsabilidad endilgada y de la condena impuesta. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas y la normativa que regula la materia, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso concreto, irrazonable o carente de sustento. En efecto, es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas y el estudio cr\u00edtico que de ellas se haga lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean totalmente caprichosos o il\u00f3gicos, no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela4. <\/p>\n
Aunado a ello, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Anexos \u201cSentencia 1 Instancia\u201d.PDF. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta Anexos \u201cTroncoso 2 Instancia\u201d.PDF. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u2026\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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