STC7634-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7634-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01857-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marbel Mar\u00eda Jim\u00e9nez de Guerra frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de debate de radicado 46075\/110012252000201400027. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, respeto a la dignidad humana y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en la causa referida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 20 de noviembre de 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso G\u00f3mez y otros exintegrantes de los bloques Catatumbo, C\u00f3rdoba, H\u00e9roes de los Montes de Mar\u00eda y Norte, impuso las penas del caso y resolvi\u00f3 las pretensiones indemnizatorias de las v\u00edctimas que, oportunamente, concurrieron al incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
2.2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, el 24 de octubre de 2016, en fallo de segunda instancia, resolvi\u00f3 la alzada y decret\u00f3 la nulidad parcial de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014, raz\u00f3n por la cual el Tribunal accionado practic\u00f3 nuevamente el incidente de reparaci\u00f3n integral respecto a un n\u00famero indeterminado de v\u00edctimas; una vez subsanado el tr\u00e1mite profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 23 de mayo de 2018 y, el 21 de junio siguiente, la actuaci\u00f3n fue remitida al Juzgado Penal del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, para lo de su competencia. <\/p>\n
3. Censura, en concreto, que las autoridades judiciales accionadas no han dispuesto lo pertinente, para que la citada Unidad \u00abordene el pago de mi derecho pensional con retroactivo correspondiente\u00bb y cancele la indemnizaci\u00f3n decretada en las respectivas instancias. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se \u00abdisponga lo pertinente, a fin de que [EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT\u00c1 -SALA DE JUSTICIA Y PAZ Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASACI\u00d3N PENAL], ordenen el pago de la indemnizaci\u00f3n de las v\u00edctimas, dentro de las sentencias [\u2026]citadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que en la sentencia emitida en segunda instancia no se pronunci\u00f3 sobre lo pretendido por la actora, \u00abpor no haber sido objeto del recurso de alzada, [\u2026] [y que] el pronunciamiento sobre los hechos de la tutela, referidos a la eventual indemnizaci\u00f3n de perjuicios de la accionante, corresponde asumirlo a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, autoridad que profiri\u00f3 el fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que en el fallo de primera instancia reconoci\u00f3 \u00abpor concepto moral a la se\u00f1ora Marbel Mar\u00eda Jim\u00e9nez de Guerra en 100 S.M.L.M.V.\u00bb y, agotado el tr\u00e1mite, envi\u00f3 el asunto al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias competente. A su vez, precis\u00f3 que el pago de la indemnizaci\u00f3n \u00abcompete al Fondo para la Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 54 Delegada ante el Tribunal, Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, expuso que no han recibido ninguna petici\u00f3n por parte de la accionante, am\u00e9n que se han realizado diversas audiencias de seguimiento a las medidas de reparaci\u00f3n dispuestas y que la v\u00edctima aqu\u00ed accionante \u00abfue incluida en la resoluci\u00f3n de pago No. 1407 del 9 de mayo de 2018, reconoci\u00e9ndole con recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n la suma de $15.624.480 pesos, que cobr\u00f3 la mencionada el d\u00eda 9 de mayo de 2018. Adem\u00e1s con anterioridad le hab\u00eda sido reconocido por reparaci\u00f3n administrativa un monto de $10.712.000 pesos que cobr\u00f3 en el a\u00f1o 2011\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora estima vulnerados sus derechos, porque las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y de Casaci\u00f3n Penal de la Corte no han dispuesto lo pertinente para que se reconozca su derecho pensional retroactivo y lo ordenado en las sentencias del 20 de noviembre de 2014 y del 24 de octubre de 2016. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n inform\u00f3 que profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia el 24 de octubre de 2016, mediante el cual resolvi\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos contra la sentencia del 20 de noviembre de 2014, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (radicado 201400027), y que en dicha providencia no se pronunci\u00f3 sobre el caso de la querellante, porque no fue objeto de la alzada; adem\u00e1s, precis\u00f3 que, en ese momento, se agot\u00f3 la instancia y el proceso se remiti\u00f3 al Tribunal el 29 de noviembre de 2016. <\/p>\n
Por su parte, el Tribunal accionado se\u00f1al\u00f3 que a la actora se le reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n, pero por da\u00f1o moral -no pensional- y que, resuelto lo pertinente al incidente de reparaci\u00f3n integral, orden\u00f3 enviar el asunto \u00abal Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional\u00bb, el 21 de junio de 2018. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, observa la Corte que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no se advierte que la actora haya presentado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ni ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte solicitudes tendientes a la adici\u00f3n o complementaci\u00f3n de las sentencias respectivas, si fuera el caso, ni que haya requerido que se emita alguna orden de cumplimiento respecto de lo reconocido en el fallo de primer grado contra la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV). <\/p>\n
En ese sentido, se evidencia que el reparo presentado en sede de tutela se refiere a que las autoridades judiciales accionadas, que conocieron el asunto en primera y en segunda instancia, no han ordenado a dicha autoridad administrativa el \u00abpago de mi derecho pensional con su retroactivo correspondiente\u00bb y que se pretende que \u00abse disponga lo pertinente\u00bb, a fin de que las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00abordenen el pago de la indemnizaci\u00f3n\u00bb dispuesta en las sentencias cuestionadas a la autoridad administrativa respectiva; no obstante, de lo aportado con la tutela y de los informes allegados al presente tr\u00e1mite, se vislumbra que lo reclamado en sede constitucional no ha sido presentado ante las autoridades judiciales accionadas, por lo que la salvaguarda invocada es improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene establecido que \u00ab(\u2026) es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
4. Con base en las razones antes anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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