STC7637-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7637-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 26 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Karen Irina Sierra Madachi contra el Juzgado Sexto de Familia y la Comisar\u00eda de Familia Barrio El Country de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00ba 2021-00217. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00aba la vida en condiciones dignas [y] protecci\u00f3n estatal en caso de debilidad manifiesta\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al denegar el decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en raz\u00f3n a que con auto del 21 de enero de 2022, la Comisar\u00eda de Familia del barrio Country de Cartagena, \u00abniega la pr\u00e1ctica de unas pruebas solicitadas para el esclarecimiento de los hechos que me llevaron a presentar la denuncia (\u2026) por violencia intrafamiliar basada en g\u00e9nero contra \u00c1lvaro Leal Lasso [ex compa\u00f1ero permanente]\u00bb, interpuso recurso de apelaci\u00f3n cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de esa capital, quien lo desat\u00f3 \u00abde manera err\u00f3nea\u00bb mediante prove\u00eddo del 4 de marzo de 2022. <\/p>\n
Que \u00abla fundamentaci\u00f3n que aduce en su decisi\u00f3n el se\u00f1or juez de familia [consisti\u00f3 en que] \u201c(\u2026) el material probatorio id\u00f3neo para sustentar o respaldar las afirmaciones de la denunciante (\u2026), deben ir encaminado precisamente a sustentar (\u2026) las actuaciones del presunto agresor (\u2026)\u201d\u00bb, y que, \u00ab\u201clas pruebas psicol\u00f3gicas y psiqui\u00e1tricas son inconducentes hay que no sustentar\u00edan o determinar\u00edan si efectivamente existi\u00f3 o no violencia psicol\u00f3gica o verbal por parte del presunto agresor\u201d\u00bb <\/p>\n
Pretende \u00abque se revoque la decisi\u00f3n del juzgado de familia (\u2026), como consecuencia de lo anterior, se ordene [que] en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas, se sirva resolver de fondo cada uno de los planteamientos formulados en la petici\u00f3n de pruebas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Familia de Cartagena se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00abno es la tutela la v\u00eda para reabrir debates jurisdiccionales por el mero capricho de la parte, m\u00e1xime cuando a\u00fan la decisi\u00f3n final del Comisario de Familia no se ha dictado, por lo que simplemente estamos frente a una decisi\u00f3n de mero tr\u00e1mite, y para ello, el proceso en sede administrativa tiene los canales ordinarios para hacer valer dicha pretensi\u00f3n\u00bb, y que \u00ablas actuaciones desplegadas por este despacho en ning\u00fan momento han vulnerado los derechos de la parte actora, lo cual ratifica la irrelevancia constitucional del asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El Comisario de Familia de la Localidad Hist\u00f3rica y del Caribe Norte \u2013 Casa de Justicia Barrio El Country, remiti\u00f3 enlace para acceder a la audiencia virtual surtida dentro del proceso en cuesti\u00f3n, y se remiti\u00f3 a los fundamentos expuestos en la decisi\u00f3n criticada la cual fue revisada en sede de apelaci\u00f3n; asegur\u00f3 que la accionante \u00abno puede convertir una acci\u00f3n residual en una tercera instancia judicial cuando existen los medios probatorios para demostrar su dicho al interior del proceso administrativo que a\u00fan cursa en esta comisar\u00eda (\u2026), pruebas estas que ser\u00e1n analizadas en el momento de tomar una decisi\u00f3n final por parte de esta comisar\u00eda, lo que obliga a colegir de que existen otros medios judiciales de defensa y no puede desgastarse a la administraci\u00f3n de justicia en tr\u00e1mites incidentales cuando la v\u00edctima y victimario han gozado de todas las garant\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ya estando la actuaci\u00f3n en esta instancia, remiti\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 153 de junio 6 de 2022, mediante la cual se declar\u00f3 impedido para seguir conociendo del proceso y como consecuencia, dispuso su remisi\u00f3n \u00aba la Comisar\u00eda de Familia Zona Sur Occidental \u2013 Localidad 3 Industrial de la Bah\u00eda, biblioteca Distrital Jorge Artel\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 10 Judicial II de Familia de la misma ciudad, pidi\u00f3 tener en cuenta la respuesta del funcionario encartado para \u00abanalizar si estamos frente a un hecho superado, [y] en caso de no presentarse esta figura (\u2026), deber\u00e1 el juzgado resolver prontamente las peticiones presentadas por la tutela e impulsa la causa de acuerdo con la respectiva etapa procesal\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda argumentando que el solo hecho \u00abde que la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado hayan estimado inconducentes las valoraciones psicol\u00f3gicas que reclama la accionante, no necesariamente implica que al momento de tomar la decisi\u00f3n definitiva dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n (\u2026), dejen de valorarse otros elementos de juicio que permitan establece la ocurrencia de la violencia alegada\u00bb, por ello, \u00abel amparo solicitado (\u2026) resulta prematuro, comoquiera que el proceso (\u2026) todav\u00eda est\u00e1 en curso y en el mismo no se ha llegado a\u00fan a la etapa en que se decida, con fundamento en una apreciaci\u00f3n en conjunto del acervo probatorio, si existi\u00f3 o no violencia psicol\u00f3gica entre el presunto agresor y la accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir en que el medio probatorio denegado \u00abes determinante\u00bb para llevar convicci\u00f3n al fallador del proceso, toda vez que \u00abno tenemos claro cu\u00e1l es la cusa que hace detonar el comportamiento agresivo del se\u00f1or \u00c1lvaro Leal Lasso, eso solo lo puede determinar un m\u00e9dico psiquiatra forense y psic\u00f3logo forense [pues] para eso son los auxiliares de la justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer, preliminarmente, si este asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Defensor\u00eda de Familia de la Localidad Hist\u00f3rica y del Caribe Norte \u2013 Casa de Justicia Barrio El Country de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al negar la pr\u00e1ctica de un medio de prueba dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2021-00217. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reproche tambi\u00e9n se dirige contra la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad el 4 de marzo de 2022, la Sala observa que dicha providencia se profiri\u00f3 sin que para ello estuviese habilitada la competencia funcional del estrado judicial, pues la denegaci\u00f3n de pruebas que emiti\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia, no era revisable en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-015\/18, record\u00f3 que al tenor del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, \u00ab[s]olo la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n ser\u00e1 susceptible de controvertirse mediante el recurso de apelaci\u00f3n, el cual se conceder\u00e1 en el efecto devolutivo; por su parte, las medidas provisionales no son susceptibles de recurso alguno\u00bb. A tono con ello, en un caso de similares contornos jur\u00eddico al actual, esta Sala, dijo que \u00abde conformidad con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, la \u00fanica decisi\u00f3n que es susceptible del recurso vertical ante el juez de familia o promiscuo de familia, es la \u00abdefinitiva sobre la medida de protecci\u00f3n\u00bb, esto es, la que se adopta tras agotar el procedimiento que regul\u00f3 el legislador de 1996 a partir del art\u00edculo 9\u00b0, pues la otra situaci\u00f3n que conlleva pronunciamiento de segunda instancia refiere al grado jurisdiccional de consulta previsto para cuando se impone sanci\u00f3n en incidente de desacato, lo cual es concordante con el Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC3137-2022, 16 mar. 2022, rad. 00043-01). <\/p>\n
Entonces, as\u00ed como se advirti\u00f3 en dicha oportunidad, si bien del anterior razonamiento surge la desvinculaci\u00f3n del juzgado, \u00aben aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal, celeridad y eficacia que gobiernan la acci\u00f3n constitucional, esta Corporaci\u00f3n opta por validar la competencia asumida por el tribunal a-quo, y, por tanto, procede a desatar el recurso de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza al presente reclamo y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se establece que la sentencia desestimatoria del amparo ser\u00e1 confirmada, pero precisando que lo ser\u00e1 en virtud a su improcedencia por no superar el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de prematura. <\/p>\n
Ello, porque al estar dirigida la tutela a censurar el \u00abauto 021 del 21 de enero de 2022\u00bb, mediante el cual la Comisar\u00eda de Familia, en el marco de un proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, neg\u00f3 por \u00abinconducente\u00bb la pr\u00e1ctica de la \u00abvaloraci\u00f3n psicol\u00f3gica y psiqui\u00e1trica a los sujetos procesales\u00bb que solicit\u00f3 la hoy accionante, encuentra la Corte que tal decisi\u00f3n de tr\u00e1mite, puede ser reconsiderada o ratificada por el fallador de instancia durante el tr\u00e1mite procesal hasta antes de proferir la resoluci\u00f3n que defina el pleito, advirti\u00e9ndose que si al cabo de dicho evento se evidencia falencia probatoria referente a dicho t\u00f3pico, la ley faculta a la parte interesada para recurrir a trav\u00e9s de los medios ordinarios de defensa judicial encaminados a corregir lo actuado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se hace necesario reiterar que, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se hayan agotado oportuna y adecuadamente los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC3137-2022, 16 mar. 2022, rad. 00043-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez cognoscente a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en la medida en que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC556-2022, 26 ene. 2022, rad. 2021-00224-01). Se subraya. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional del amparo se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la \u00abresoluci\u00f3n No. 153 de junio 6 de 2022\u00bb, remitida -durante el diligenciamiento de esta instancia- por el Comisario de Familia de la Localidad Hist\u00f3rica y del Caribe Norte \u2013 Casa de Justicia Barrio El Country de Cartagena, mediante la cual se declar\u00f3 impedido para seguir conociendo del proceso de medida de protecci\u00f3n y que por consiguiente lo trasladaba \u00aba la Comisar\u00eda de Familia Zona Sur Occidental \u2013 Localidad 3 Industrial de la Bah\u00eda, biblioteca Distrital Jorge Artel\u00bb, la Sala advierte que tal situaci\u00f3n no genera variaci\u00f3n a la soluci\u00f3n brindada al presente mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
N\u00f3tese que independientemente de la Comisar\u00eda de Familia que asuma la competencia del asunto en cuesti\u00f3n, mientras no se produzca la definici\u00f3n de fondo y por ende la valoraci\u00f3n probatoria objeto de reproche, y tras ello se agoten los pertinentes recursos ordinarios de defensa judicial, la acci\u00f3n de tutela seguir\u00e1 torn\u00e1ndose prematura. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, con las puntuales precisiones anteriormente realizadas se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, pero en raz\u00f3n a su improcedencia, en tanto desatiende el requisito general de la subsidiariedad porque la actuaci\u00f3n criticada actualmente est\u00e1 pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del respectivo juicio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones explicadas en precedencia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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