STC7638-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7638-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al prove\u00eddo dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de febrero de 20221 dentro de la tutela promovida por Oscar Alfredo Romero P\u00e9rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en los procesos penales 1992-02164 y 2012-80027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento solicitando la protecci\u00f3n del debido proceso presuntamente conculcado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas en la primera instancia se puede extraer que, en el proceso penal con radicado 1992-02164, el actor fue condenado (el 17 de noviembre de 1993) a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio\u00bb, siendo capturado para cumplir dicha sanci\u00f3n en el a\u00f1o 2000, posteriormente, dicha pena fue redosificada en virtud de su postulaci\u00f3n a la ley de Justicia y Paz, por lo que, el 6 de diciembre de 2005 le fue concedida la libertad condicional con un periodo de prueba de 73 meses. <\/p>\n
De otra parte, el 1\u00ba de diciembre de 2016 fue condenado a la pena de 79 meses y 28 d\u00edas de prisi\u00f3n por el punible de \u00abestafa en la modalidad de delito masa\u00bb – proceso radicado 2012-80027 \u2013, penalidad que descont\u00f3 entre enero de 2013 y enero de 2019 momento en que le fue igualmente concedida la libertad condicional, pero, ser\u00eda inmediatamente puesto a disposici\u00f3n del asunto con radicado 1992-02164, en el cual, con providencia del 9 de junio de 2017 se le hab\u00eda revocado el mismo sustituto punitivo otorgado en 2005 por haber cometido, en el interregno del periodo de prueba, el reato por el que fue objeto de sanci\u00f3n en el expediente 2012-80027, revocatoria confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia del 4 de mayo de 2018. <\/p>\n
El gestor del amparo cuestiona las determinaciones rese\u00f1adas pues considera que \u00abcumpli\u00f3 el periodo de prueba en el a\u00f1o 2011 sin que durante dicho tiempo cometiera delito alguno, pues los hechos que dieron lugar al proceso 2012-80027 ocurrieron el 8 de mayo de 2012 fecha para la cual, ya hab\u00eda fenecido el lapso para el cumplimiento de las obligaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que el 31 de marzo de 2020 fue enterado de la decisi\u00f3n del tribunal que ratific\u00f3 el levantamiento del subrogado aludido por lo que arguye que, \u00abdesde el 29 de enero de 2019 se encuentra ilegalmente privado de la libertad\u00bb y que ya pag\u00f3 la totalidad de las sanciones que le fueron impuestas. <\/p>\n
3. Por lo anterior pide que, se ordene su libertad inmediata por pena cumplida de los dos delitos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que tuvo a cargo la vigilancia de las penas impuestas al actor al interior de los procesos con radicado 2012-80027 y 1992-02164; que en la primera actuaci\u00f3n le concedi\u00f3 la libertad por pena cumplida y en la segunda, revoc\u00f3 la libertad condicional que le hab\u00eda sido concedida por su hom\u00f3logo de la ciudad de Villavicencio; ello, por cuanto tuvo conocimiento que, el 1\u00ba de noviembre de 2016 en el proceso con radicado 2012-80027, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Romero P\u00e9rez por el delito de estafa, por hechos que se ven\u00edan cometiendo desde el a\u00f1o 2011, tal como se consign\u00f3 en la sentencia condenatoria. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, en auto del 12 de mayo de 2020 concedi\u00f3 al ac\u00e1 actor la prisi\u00f3n domiciliaria y el 21 de junio de 2021 autoriz\u00f3 el cambio de domicilio al municipio de C\u00e1queza, por esa raz\u00f3n el expediente pas\u00f3 a ser de vigilancia de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas de esa jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, acot\u00f3 que, Romero P\u00e9rez, con similares hechos y pretensiones y contra las mismas autoridades ha promovido varias acciones constitucionales, entre ellas 9 habeas corpus y otras tantas tutelas, de las cuales destac\u00f3 la STP2936-2019, resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio de uno de sus magistrados, admiti\u00f3 que, en efecto, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de revocar la libertad condicional al actor en el asunto judicial en cuesti\u00f3n y posteriormente, ratific\u00f3 la negativa de otras dos solicitudes elevadas por el sentenciado pretendiendo nuevamente la concesi\u00f3n del referido beneficio. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que el precursor, en el marco del proceso penal seguido en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 por el il\u00edcito de estafa en la modalidad de delito masa, el procesado plante\u00f3 solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n, que le fue denegada en ambas instancias. <\/p>\n
3. El Procurador 30 Judicial Penal II de Bogot\u00e1, aleg\u00f3 que ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n le resulta atribuible en relaci\u00f3n el reclamo constitucional hecho por el accionante. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogot\u00e1, hizo referencia a las actuaciones surtidas en la etapa de conocimiento en el proceso con radicado n\u00ba 2012-80027, que concluy\u00f3 con sentencia condenatoria del 1\u00ba de noviembre de 2016, en la que conden\u00f3 al actor a la pena de 79 meses y 28 d\u00edas de prisi\u00f3n por el delito de estafa. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, manifest\u00f3 que en el proceso 1992-02164, profiri\u00f3 sentencia del 26 de octubre de 1993 en la que conden\u00f3 a Romero P\u00e9rez a la pena de 16 a\u00f1os y relat\u00f3 las actuaciones relevantes en el referido juicio penal. <\/p>\n
PROVIDENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 rechazar la tutela al hallar configurada la temeridad de la acci\u00f3n, esto es, por coincidir en identidad de objeto, causa y partes con la tutela que resolvi\u00f3 esa misma Sala con fallo STP2936-2019 \u00absin que se se\u00f1ale una circunstancia novedosa que justifique la interposici\u00f3n de otra acci\u00f3n de amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso disinti\u00f3 de lo resuelto por la a quo, arguyendo que careci\u00f3 \u00abde valoraci\u00f3n objetiva [\u2026] no se ajust\u00f3 a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela y [\u2026] se fund\u00f3 en consideraciones inexactas\u00bb. Sobre la temeridad, adujo que no existi\u00f3 \u00abmala fe, tampoco he acudido a este recurso de manera desmedida, por lo tanto, no se puede calificar mi actuar como temerario, todo lo contrario, no he tenido la oportunidad de ser o\u00eddo por un juez de la rep\u00fablica, no se ha revisado el expediente ni se ha valorado el material probatorio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el convocante incurri\u00f3 en temeridad por ejercer indiscriminadamente la acci\u00f3n de tutela y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron sus garant\u00edas fundamentales al revocarle el subrogado de la libertad condicional dentro del proceso con radicado 1992-02164 desconociendo, supuestamente, que la pena impuesta en dicho proceso fue cumplida. <\/p>\n
2. La temeridad del amparo <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del auxilio supralegal entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que, como lo advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal el querellante promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n una acci\u00f3n de la misma naturaleza, (radicaci\u00f3n 103249) decidida mediante STP2936 de 28 de febrero de 2019 af\u00edn, en su esencia f\u00e1ctica, con el mismo n\u00facleo tem\u00e1tico e id\u00e9nticas pretensiones a las que hoy se estudian, siendo evidente el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos referenciados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
Ciertamente, en la demanda aludida, dirigida contra las mismas autoridades jurisdiccionales, el actor igualmente censur\u00f3 los autos (de 9 de junio de 2017 del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1, confirmado el 4 de mayo de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial) que le revocaron la libertad condicional otorgada en el proceso n\u00ba 1992-02164 (condena de 16 a\u00f1os por el delito de \u00abhomicidio\u00bb); en esa ocasi\u00f3n, la Sala Especializada, en el planteamiento del problema jur\u00eddico condens\u00f3 el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de la siguiente manera. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 establecido, la Sala a quo conoci\u00f3 de la aludida salvaguarda y la deneg\u00f3 tras no hallar configurada la vulneraci\u00f3n aducida por el gestor, y considerar que las decisiones criticadas se mostraban razonables y sustentadas en una respetable hermen\u00e9utica del contexto procesal puesto a consideraci\u00f3n de los all\u00ed accionados. <\/p>\n
As\u00ed entonces, n\u00f3tese, la tutela cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, concretamente en los fundamentos f\u00e1cticos, y pese a que podr\u00edan diferir sutilmente en la forma de plantearlos, se puede concluir que se constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia y rechazo de la demanda advertido por la a quo, postura que esta Sala refrenda, m\u00e1xime que no se evidencia motivo alguno que justifique el uso desmedido y repetitivo de esta herramienta. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido en esta tutela es el reflejo del injustificado uso de otra esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. De la sanci\u00f3n por temeridad. <\/p>\n
Pese a la evidente duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n, seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3, la Sala se abstendr\u00e1 de imponer multa al accionante, por un lado, por no tener la condici\u00f3n de abogado, y de otro, porque la promoci\u00f3n de esta nueva salvaguarda pudo obedecer a una errada comprensi\u00f3n de lo que considera como hechos y pretensiones nuevas; sin embargo, ello no obsta para reiterar el llamado de atenci\u00f3n a Romero P\u00e9rez a efectos de que evite incurrir nuevamente en este tipo de conductas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Resulta evidente que el presente tr\u00e1mite constitucional guarda plena identidad con el que ya fue conocido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (STP2936-2019), raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio expedito lo aqu\u00ed resuelto tanto a los interesados, como a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 31 de mayo de 2022. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 2 de junio de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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