STC7639-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7639-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00236-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 20 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Laura Dom\u00ednguez Tabares contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2019-00685. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la sentencia de 18 de abril de 2022, mediante la cual el fallador convocado, al resolver en segunda instancia el juicio reivindicatorio que se formul\u00f3 en su contra respecto a un predio ubicado en Medell\u00edn, la tuvo como poseedora de mala fe (sin prueba que lo permitiera) y, en raz\u00f3n de ello, redujo el reconocimiento que se efectu\u00f3 en primera instancia en su favor por concepto de mejoras, y la conden\u00f3 al pago de frutos que hab\u00eda denegado el juez a quo. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El fallador accionado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y especialmente la de la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo, por estimar desacertado que el juez ad quem hubiera asumido la mala fe de la convocada sin fundamento legal y probatorio suficiente y por haber calificado de ilegales las modificaciones hechas al predio, pese a no tener competencia para ello y bas\u00e1ndose en normas inaplicables. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
Las formularon el fallador accionado y los actores en el juicio reivindicatorio (Carlos Andr\u00e9s G\u00f3mez Osorio y Beatriz Elena Cadavid G\u00f3mez), insistiendo en la legalidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte verificar si los argumentos ofrecidos en los escritos de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo resuelto por el juzgador constitucional de primera instancia. <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Corte confirmar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, por coincidir con el fallador de primer grado en cuanto a los yerros argumentativos que se le endilgaron a la sentencia objeto de censura. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante anteponer que, contrario a lo que sostuvo el juez querellado en su escrito de impugnaci\u00f3n, el tribunal no asumi\u00f3 equivocadamente que el problema jur\u00eddico que deb\u00eda dilucidarse en la segunda instancia del juicio reivindicatorio, concern\u00eda a \u00ablos requisitos exigidos para demostrar tal o cual tipo de posesi\u00f3n: regular o irregular o determinado tipo de prescripci\u00f3n: ordinaria o extraordinaria, y la buena fe que en dicha prescripci\u00f3n extraordinaria se determina\u00bb. <\/p>\n
Con atino, la colegiatura de primera instancia parti\u00f3 de la base de que la discusi\u00f3n sometida a conocimiento del fallador accionado estaba referida, principalmente, a la buena o mala fe de la ya demostrada posesi\u00f3n de la demandada y a los efectos que, en materia de restituciones mutuas, se derivaban de dicha cuesti\u00f3n. En ese contexto censur\u00f3 del juez accionado que hubiera tenido por demostrada la mala fe de la convocada, simplemente por no encontrar prueba de que dicha litigante \u00abse hallaba plenamente convencida y\/o persuadida de que el dominio del inmueble reivindicado le hab\u00eda sido transferido por quien contaba con la facultad legitima de enajenarlo\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, el precepto en el que se apoy\u00f3 el juez encartado para decidir el asunto de esa manera (segundo inciso del art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil), aplica \u00fanicamente para \u00ablos t\u00edtulos traslaticios de dominio\u00bb, frente a los cuales el legislador exige que se demuestre, en aras de tener por acreditada la buena fe de quien se repute poseedor, \u00abla persuasi\u00f3n de haberse recibido la cosa de quien ten\u00eda la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato\u00bb. <\/p>\n
Tal exigencia no ten\u00eda cabida en el asunto que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, puesto que la detentaci\u00f3n material del predio por parte de la convocada, no proven\u00eda de un t\u00edtulo derivativo. De hecho, fue el mismo juzgador accionado quien reconoci\u00f3 en su sentencia, que durante todo el litigio fue tema pac\u00edfico el que la se\u00f1ora Dom\u00ednguez Tabares ingres\u00f3 inconsultamente al predio, en consideraci\u00f3n al abandono en el que el mismo se encontraba y que lo hizo con el prop\u00f3sito de remediar su deterioro, en aras de enervar la amenaza que representaba para el fundo vecino, de propiedad de su abuela. <\/p>\n
Sobre el particular, se dijo lo siguiente en el fallo cuestionado: <\/p>\n
\u00abuna cosa son los actos de conservaci\u00f3n por los que se decant\u00f3 la aqu\u00ed demandada para el resguardo del inmueble de su familia, ante el estado de abandono y amenaza de ruina del inmueble aqu\u00ed reivindicado, prop\u00f3sito que se verifica con lo declarado tanto por la se\u00f1ora Marleny Tabares G\u00f3mez (madre de la aqu\u00ed demandada), como por el se\u00f1or Julio Cesar Acevedo (testigo tra\u00eddo por la parte demandada), de quienes se puede extraer que, efectivamente, el objetivo inicial de la aqu\u00ed demandada era impedir el deterioro de la propiedad de su familia, concretamente de su abuela, objetivo que, cabe acotar, la misma parte demandada admite; y otra cosa muy diferente los actos posesorios que hubiese desplegado y adelantado relativos al bien citado, en donde imperativamente deb\u00edan concurrir \u2013indistintamente del tipo de posesi\u00f3n esgrimida-, acorde con lo previsto en los art\u00edculos 762 y 764 Ib\u00eddem, tanto el corpus como el animus, seguidos de la buena fe (incorrectamente valorada por el A quo) y\/o el justo t\u00edtulo y, a la saz\u00f3n del respectivo t\u00e9rmino prescriptivo, el tiempo transcurrido\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, es notorio que err\u00f3 el fallador de la causa al echar de menos la prueba del convencimiento de la poseedora de que su se\u00f1or\u00edo proven\u00eda de quien leg\u00edtimamente pod\u00eda transfer\u00edrselo, puesto que, en ese litigio en particular, el animus domini no tuvo un antecedente negocial. <\/p>\n
A esa inconsistencia se suma que, como prueba adicional de la mala fe que se le atribuy\u00f3 a la demandada, el accionado reproch\u00f3 de dicha litigante que se hubiera presentado como propietaria del inmueble ante las autoridades policivas (en el decurso de una querella presentada por los propietarios inscritos del bien) y en el mismo juicio reivindicatorio, censurando igualmente que bajo ese convencimiento hubiera cambiado las guardas de la puerta de acceso de la heredad, para impedir el acceso de terceras personas. <\/p>\n
Al respecto, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026para este Despacho, no solamente no obra indicio alguno de la buena fe proclamada por la aqu\u00ed demandada, sino que sus actos, como se ver\u00e1, pr\u00e1cticamente constituyeron conductas fraudulentas y que lejos de reivindicar su buena fe reflejan la mala fe en su sistem\u00e1tico proceder. Tomando como punto de orientaci\u00f3n (adem\u00e1s de lo acaecido y probatoriamente discutido), lo preceptuado en el art\u00edculo 9 Eiusdem, esto es \u201cLa ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u201d, se inquiere este Despacho, m\u00e1xime el grado de formaci\u00f3n que la aqu\u00ed demandada ostenta (es profesional de ingenier\u00eda financiera), \u00bfqu\u00e9 razones la habr\u00edan motivado a declarar ante la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia Inspecci\u00f3n 16 B de Polic\u00eda Urbana de Primera Categor\u00eda (tal y como qued\u00f3 consignado en el Expediente policivo por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n y\/o tenencia de radicado 000002- 0014419-18-00, presentado el 14 de marzo de 2018), que el inmueble identificado con la M.I. 001-116147 es de su propiedad, tal cual lo sostuvo, \u201c…hace m\u00e1s o menos 2 a\u00f1os\u201d? Dejando constancia de este posible y\/o probable fraude procesal (le corresponder\u00e1 a la parte demandante, si a bien lo considera, adoptar las acciones penales pertinentes), el cual, para colmo, ratific\u00f3 en el interrogatorio de parte, cuando fue preguntada acerca de los titulares del bien objeto de reivindicaci\u00f3n, se\u00f1alando que \u201c…ellos ni se presentaron, ellos me da\u00f1aron candados, los vecinos me llamaron a decirme que ellos… que una gente hab\u00eda ingresado con mi t\u00eda Oliva y que hab\u00edan da\u00f1ado candados y que hab\u00eda gente en mi propiedad\u201d; es imperioso insistir que la ignorancia de la Ley no es excusa, y por m\u00e1s que la aqu\u00ed demandada \u2018parezca\u2019 no tener noci\u00f3n alguna del modo como se adquiere el dominio de un bien inmueble, ello no justifica las afirmaciones tendenciosas que en su momento formul\u00f3, cuando incluso se le presentaron los aqu\u00ed demandantes, en el marco del procedimiento policivo, donde, precisamente, comenz\u00f3 a hilvanar la seudopropiedad adquirida\u00bb. <\/p>\n
En tales razonamientos, resulta evidente la confusi\u00f3n del funcionario querellado, quien pas\u00f3 por alto que el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o es uno de los presupuestos de la posesi\u00f3n y, por ende, de la prescripci\u00f3n adquisitiva (arts. 762, 2512 y 2518, C\u00f3digo Civil) y, por ello, no solo es esperable, sino apenas l\u00f3gico, encontrarla en cabeza de la parte demandada de un juicio reivindicatorio (el cual se promueve, justamente, en contra del poseedor del bien conforme al canon 946 del estatuto en cita). De ah\u00ed que resulte un contrasentido endilgarle mala fe a una poseedora, simplemente por presentarse frente a terceros como la titular del predio que posee. <\/p>\n
Conforme al ya citado art\u00edculo 768 de la codificaci\u00f3n civil (pilar del fallo cuestionado), \u00abla buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de otro vicio\u00bb; y siendo que en este caso el derecho real que la convocada cre\u00eda detentar sobre el inmueble en disputa, derivaba \u00fanicamente del hecho de una posesi\u00f3n irregular, al no existir justo t\u00edtulo que la antecediera (art. 764, ib.), el escrutinio del juez de la causa, a efectos de resolver sobre las discutidas restituciones mutuas, debi\u00f3 circunscribirse a esas espec\u00edficas circunstancias, en las cuales no ten\u00eda cabida el convencimiento \u00abde que el dominio del inmueble reivindicado le hab\u00eda sido transferido por quien contaba con la facultad legitima de enajenarlo\u00bb, como infundadamente lo coligi\u00f3 el fallador interpelado. Bastaba, entonces, con que los elementos de juicio recaudados demostraran \u2013o, en estricto sentido, que no desvirtuaran- que, al ingresar inicialmente al predio e iniciar sus actos de se\u00f1or\u00edo, la poseedora actu\u00f3 bajo la leg\u00edtima convicci\u00f3n de que sobre el bien nadie m\u00e1s ten\u00eda derecho y que era ella su verdadera propietaria. No se olvide, de un lado, que \u00abla buena fe se presume\u00bb (art. 769, ib.) y, del otro, que \u00abesta buena fe apenas se requiere que exista al momento de entrar en posesi\u00f3n del bien, ya que no es indispensable su permanencia durante el tiempo que se requiere para la usucapi\u00f3n, pues as\u00ed emerge de de los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del precitado art\u00edculo 764\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2011, exp. 2002-00329). <\/p>\n
Como los aspectos expuestos en precedencia no fueron debidamente valorados por el funcionario impugnante, resulta patente la trasgresi\u00f3n del derecho a un debido proceso de la actora y el consecuente acierto del fallo de tutela de primera instancia. Ciertamente, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, resultaba necesario invalidar la providencia atacada, para que el juez de segundo grado analice nuevamente todas las aristas que guardan relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n del se\u00f1or\u00edo ejercido por la convocada, y as\u00ed definir con mayor precisi\u00f3n el alcance de las restituciones mutuas que se deben los litigantes. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo, al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al juez de segundo grado del juicio reivindicatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el amparo concedido mediante el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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