STC7642-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7642-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Mario Alberto Restrepo Zapata contra el fallo de 13 de mayo de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, extensiva a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y a los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular N\u00b0 2022-00034. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 que se ordene admitir la acci\u00f3n popular que present\u00f3 y que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n demuestre \u00abcu\u00e1les son las actuaciones en derecho que han realizado tanto el procurador delegado en acciones populares como el delegado del ministerio p\u00fablico en el despacho tutelado\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que present\u00f3 la acci\u00f3n popular mencionada, en la que cumpli\u00f3 los requisitos que ordena la Ley 472 de 1998. La autoridad le exigi\u00f3 otros requisitos que no se encuentran contemplados en el art\u00edculo 18 de esa normativa, como por ejemplo la \u00abprueba de la amenaza, entre otros\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que los delegados de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en acciones populares y el del Ministerio P\u00fablico no han realizado ninguna actuaci\u00f3n durante el proceso para garantizar su derecho al debido proceso. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n popular fue inadmitida al encontrar falencias que el actor deb\u00eda aclarar, lo cual no realiz\u00f3, por lo tanto fue rechazada (18 de abril de 2022) y, dijo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque el libelista ten\u00eda otros medios ordinarios de defensa los cuales no uso. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda dijo que la situaci\u00f3n planteada es ajena a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional de Risaralda tambi\u00e9n pidieron su desvinculaci\u00f3n al no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, toda vez que frente al auto que inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n popular el libelista no interpuso recurso alguno, ni contra el que la rechaz\u00f3. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 sin aducir reparo concreto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada por infringir la subsidiariedad que aqu\u00ed impera. Lo anterior en raz\u00f3n a que el censor no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto que rechaz\u00f3 su acci\u00f3n popular (18 de abril de 2022), el cual era procedente en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC3579-2020). <\/p>\n
Por otro lado, frente a la petici\u00f3n relacionada con que la Procuradora General de la Naci\u00f3n demuestre cu\u00e1les son las actuaciones que ha realizado tanto el Procurador Delegado en acciones populares como el delegado del Ministerio P\u00fablico tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor no aport\u00f3 ninguna prueba que acredite que ya elev\u00f3 esa petici\u00f3n a la autoridad cuestionada; adem\u00e1s, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos, pues, como qued\u00f3 rese\u00f1ado, la acci\u00f3n popular instaurada por el actor fue rechazada, de forma tal que no hab\u00eda lugar a que el Ministerio P\u00fablico efectuara intervenciones. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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