STC7643-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7643-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00159-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez Quintero, Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez, Edgardo Javier, Natalia Teresa, Juan David y Ricardo Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Iglesias contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, que dicen vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se \u00abdeclare la cesaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos de la providencia de 29 de septiembre de 2017 proferida por el Juzgado\u2026\u00bb, y la \u00abde 24 de junio de 2021 proferida por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso de extinci\u00f3n de dominio, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia el 29 de septiembre de 2017, en la que se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio y traspaso, a trav\u00e9s del Frisco, de bienes inmuebles, cuotas y activos de la sociedad comercial Inversiones Hern\u00e1ndez Iglesias S. en C.S. y 2 aeronaves, entre otros, decisi\u00f3n adicionada en fallo de 16 de noviembre de 2017, en el sentido de excluir un bien el inmueble 166-053257. <\/p>\n
2.2. Tras ser recurrida dicha determinaci\u00f3n, el 24 de junio de 2021 la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 parcialmente, resolviendo extinguir el dominio del bien 166-053257 y disponer su traspaso al Frisco, revocando los literales i y j del numeral 1\u00ba de la sentencia de primer grado y, en su lugar, no declarar la extinci\u00f3n de dominio de las tarjetas de cr\u00e9dito, confirmando lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.3. Indicaron los gestores que el Gobierno de Estados Unidos solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n de Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez en 2002, pues se emiti\u00f3 acusaci\u00f3n por concierto para lavar dinero proveniente del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y lavado de dinero proveniente del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, quien fue capturada ese a\u00f1o y dejada a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que en el 2003 se formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n; que se profiri\u00f3 concepto favorable para la misma; que surtido el aludido tr\u00e1mite, el Fiscal Federal del Distrito de Jersey present\u00f3 acusaci\u00f3n formal criminal; y que ante la justicia norteamericana aquella acept\u00f3 cargos y lleg\u00f3 a un acuerdo, imponi\u00e9ndole la sanci\u00f3n punitiva y concedi\u00e9ndole beneficios jur\u00eddicos. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que en resoluci\u00f3n de 31 de enero de 2006 la Fiscal\u00eda 33 Especializada, adscrita a la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, dio inicio al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio de Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez y su n\u00facleo familiar, decretando medidas cautelares y la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes de aquellos. <\/p>\n
2.6. Refirieron que por la apreciaci\u00f3n subjetiva y arbitraria de la Fiscal\u00eda resultaron afectados los bienes del c\u00f3nyuge, hijos y padres, adem\u00e1s de los socios de la empresa, sin que hubiese elementos para respaldar esa medida. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que exist\u00edan errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas periciales y en la tipificaci\u00f3n de la causal de extinci\u00f3n de dominio; que se desconocieron las normas tributarias y comerciales en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de activos y su car\u00e1cter vinculante; que una persona no comerciante no se encontraba obligada a llevar la contabilidad; y que se realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n subjetiva por el fallador. <\/p>\n
2.8. Afirmaron que se transgredieron los principios de legalidad y congruencia; que se concluy\u00f3 equivocadamente que existieron incrementos patrimoniales injustificados que no eran reales; que se constituy\u00f3 la persona jur\u00eddica de conformidad con la ley, su actividad comercial se desenvolv\u00eda dentro del marco jur\u00eddico permitido; y que se arrib\u00f3 a conclusiones erradas. <\/p>\n
2.9. Manifestaron que se transgredi\u00f3 la igualdad, pues eran ciudadanos que se desenvolv\u00edan en el marco legal y por ser parte del n\u00facleo familiar de Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez sus derechos se ve\u00edan gravemente afectados; que la Fiscal\u00eda no contaba con legitimaci\u00f3n para vincular a los familiares; y que no pod\u00eda presumirse que por haberse adelantado en el pasado una investigaci\u00f3n penal en contra de Teresa Iglesias y Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez por enriquecimiento il\u00edcito, que fue archivada por falta de elementos probatorios que acreditaran la configuraci\u00f3n del tipo penal, toda la familia fuera participe de la misma. <\/p>\n
2.10. Agregaron que la sociedad aport\u00f3 su informaci\u00f3n contable, pero se err\u00f3 gravemente al considerar que proced\u00eda la acci\u00f3n respecto de esta; que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho; que se configuraron los defectos sustantivo, f\u00e1ctico y de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n; y que se desconoci\u00f3 el precedente y las normas aplicables. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que las providencias emitidas no eran caprichosas; que no se configuraron los defectos constitutivos de v\u00edas de hecho, pues las decisiones estuvieron soportadas en el material probatorio recaudado y contaron con suficiente motivaci\u00f3n; que los accionantes no lograron demostrar que se hubiese incurrido en un yerro manifiesto, sino que insist\u00edan en argumentos con los que mostraban su desacuerdo con lo resuelto; que la tutela no era una tercera instancia, para revivir t\u00e9rminos e insistir temas objeto de estudio; y que no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que las premisas f\u00e1cticas que sustentaban la tutela fueron postuladas y debatidas en el proceso censurado, en donde se concluy\u00f3 que se estructur\u00f3 la causal contenida en el numeral 2 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002 para proceder a la extinci\u00f3n de dominio; que se alegaba que exist\u00edan errores de valoraci\u00f3n en las pruebas periciales, en la tipificaci\u00f3n de la causal de extinci\u00f3n de dominio y en el desconocimiento de normas tributarias, sin embargo, se desconoc\u00eda que la sentencia abord\u00f3 todos los t\u00f3picos con fundamento en la pluralidad de prueba documental recaudada de cada uno de los interesados; que no se configuraba ninguno de los requisitos de procedencia del resguardo; y que la tutela no era una tercera instancia, ni una v\u00eda alternativa. Remiti\u00f3 el fallo criticado. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 33 de Extinci\u00f3n de Dominio adujo que el proceso se surti\u00f3 en sus debidas instancias, en uso de los recursos de ley, permiti\u00e9ndole a los afectados que ejercieran los medios de defensa para controvertir las decisiones judiciales; que la revisi\u00f3n de los fallos atentar\u00eda contra la firmeza de las providencias y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho refiri\u00f3 que su intervenci\u00f3n en los procesos de extinci\u00f3n de dominio no implicaba facultad decisoria ni injerencia en las determinaciones que se adoptaran; que intervino en el tr\u00e1mite en defensa del inter\u00e9s jur\u00eddico de la Naci\u00f3n y en representaci\u00f3n del ente responsable; que no advert\u00eda decisi\u00f3n judicial arbitraria alguna en cuanto a las pruebas ordenadas, denegadas y practicadas, pues las providencias adoptadas estuvieron ajustadas a derecho; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, pues no transgredi\u00f3 los derechos fundamentales invocados ni se encontraba facultado para hacer efectivas las pretensiones deprecadas. <\/p>\n
5. La Sociedad de Activos Especiales SAE sostuvo que la sentencia de segunda instancia se encontraba en firme e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada; que este tr\u00e1mite no estaba instituido para suplir las instancias judiciales; que el fallo que transfiri\u00f3 el dominio a favor de la Naci\u00f3n fue emitido dentro de la legalidad; que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; y que hasta que no contara con las piezas procesales completas no ser\u00eda posible activar el proceso de estudio o gesti\u00f3n para el cumplimiento. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se configur\u00f3 o incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; que no advert\u00eda elemento de juicio que demostrara que se hubiere incurrido en irregularidad alguna; que la parte actora no cumpli\u00f3 con su carga procesal de establecer en que consistieron las presuntas deficiencias de la sentencia cuestionada, la que no pod\u00eda considerarse, per se atentatoria de las garant\u00edas fundamentales, pues obedec\u00eda al estudio o an\u00e1lisis del juez natural, en concordancia con las normas y jurisprudencia; que sus argumentos reflejaban su inconformidad con la determinaci\u00f3n adoptada, lo que resultaba insuficiente; que la tutela no reemplazaba los procedimientos ordinarios; y que no contaba con elementos de juicio para concluir que se configuraba un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Los accionantes impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se desconoc\u00eda el precedente constitucional vinculante, pues se desatendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los requisitos especiales de procedencia; que los errores cometidos por el fallador de primer grado distorsionaron el curso del proceso y afectaron gravemente la consecuci\u00f3n de la verdad; que el juez de tutela se equivocaba en la valoraci\u00f3n probatoria y en la conclusi\u00f3n de que el an\u00e1lisis de los reproches presentados le correspond\u00eda al juez natural, pues era un juicio ya concluido; y que se les imped\u00eda el acceso a un medio efectivo de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 24 de junio de 2021, tras hacer referencia a los reproches generales formulados, indic\u00f3 sobre los hechos acreditados que: <\/p>\n
\u2026como elementos conocidos y acreditados en esta actuaci\u00f3n se tiene lo siguiente: i) Se conoci\u00f3 que en contra de Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez Quintero y Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez en el pasado se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n por el delito de Enriquecimiento il\u00edcito de particulares con ocasi\u00f3n de una denuncia bajo reserva de identidad en la que se advert\u00eda tener conocimiento de actividades de Lavado de Activos producto de la venta de drogas controladas, tr\u00e1mite que, como obra en el plenario termin\u00f3 con la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n; ii) obra acuerdo de culpabilidad suscrito por la \u00faltima de las mencionadas con la Justicia Norteamericana en 2003, en el que acept\u00f3 haber estado incursa en delito de Lavado de Activos en o alrededor de 1999 a 2000, conforme las evidencias que en su momento ten\u00edan las autoridades extranjeras, y; iii) se identificaron incrementos patrimoniales por justificar con base en dict\u00e1menes oficiales, y no acreditaci\u00f3n del origen de recursos para acceder a bienes, premisa esta \u00faltima que se analizar\u00e1 a fondo respecto al patrimonio de cada uno de los afectados. <\/p>\n
De lo anterior se puede inferir que las actividades il\u00edcitas de la se\u00f1ora Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez no se circunscriben estrictamente al lapso comprendido entre febrero de 1999 y enero de 2000, sino que existen situaciones que indican que esa actividad inici\u00f3 con anterioridad, por manera que la Fiscal\u00eda pod\u00eda dirigir la acci\u00f3n respecto de bienes adquiridos por aquella antes de esa fecha como tambi\u00e9n respecto de las personas de su circulo de confianza cuyos bienes resultaron afectados, premisa que sustenta la estructuraci\u00f3n del supuesto f\u00e1ctico de la causal contenida en el No. 2 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002 para proceder a la extinci\u00f3n del derecho de dominio, esto es, que el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad il\u00edcita\u2026 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se pronunci\u00f3 frente a los recursos de apelaci\u00f3n impetrados y a los bienes involucrados en el proceso, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u2026Las conclusiones de las pericias oficiales practicadas respecto del patrimonio del se\u00f1or Edgardo Javier Hern\u00e1ndez Iglesias evidencian que a m\u00e1s que present\u00f3 incrementos patrimoniales por justificar en el lapso objeto de dictamen, en relaci\u00f3n con el concreto negocio de compra del inmueble afectado no explic\u00f3 el origen del dinero para acceder al mismo, no concuerda la informaci\u00f3n suministrada en las declaraciones de renta con esa tradici\u00f3n, no logr\u00f3 demostrar los montos entregados por cada uno de los compradores, como tampoco el real ingreso del regalo que al parecer una familiar efectu\u00f3 a su c\u00f3nyuge para aportar al pago del precio, como que el cr\u00e9dito que dijo contraer para reunir el monto total de la negociaci\u00f3n no se corresponde con la fecha de celebraci\u00f3n de la misma\u2026 <\/p>\n
Y es que, correspond\u00eda a los afectados, en ejercicio del principio de carga din\u00e1mica de la prueba que campea en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio, allegar elementos de convicci\u00f3n pertinentes para demostrar el origen del dinero con que adquirieron el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 050N-20208690, y aclarar todos los aspectos de especial relevancia entorno a la compraventa, as\u00ed como que los incrementos patrimoniales detectados en la pericia oficial obedec\u00edan de manera exclusiva a labores revestidas de legalidad, y no de manera indirecta de las actividades de Lavado de Activos producto del narcotr\u00e1fico por el que fue condenada Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez. Al respecto la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-740 de 2003 se\u00f1al\u00f3\u2026 <\/p>\n
Es verdad, que ante el Juzgado de Primera Instancia se present\u00f3 una cronolog\u00eda financiera por parte del contador Eduardo P\u00e9rez, con la pretensi\u00f3n de justificar los aumentos no explicados; sin embargo, esa informaci\u00f3n fue fragmentaria ya que no en todos los periodos se anexaron los anexos explicativos del patrimonio conforme los datos registrados en las declaraciones de renta, como el caso del a\u00f1o gravable 1992 o el de 1996 (a\u00f1o en que se adquiri\u00f3 el bien objeto de la acci\u00f3n), aunado que presenta inconsistencias que le restan capacidad demostrativa como por ejemplo\u2026, error que al tratarse de un an\u00e1lisis que comporta precisi\u00f3n al tratarse de cifras concretas y operaciones l\u00f3gicas, no es \u00fatil para controvertir las conclusiones del dictamen. <\/p>\n
Es por lo anterior, que el argumento de la Fiscal\u00eda y replicado por la primera instancia, en el sentido que Edgardo Javier tendr\u00eda para la \u00e9poca de la compra tan s\u00f3lo 24 a\u00f1os de edad, no es el \u00fanico aspecto tenido en cuenta para proceder a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio, pues existe la prueba indicativa de incrementos patrimoniales por justificar y la falta de explicaci\u00f3n del dinero con el que se efectu\u00f3 la adquisici\u00f3n, que junto con los aspectos desvelados en este ac\u00e1pite permiten acoger la decisi\u00f3n del Juzgado de primera instancia a este respecto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala confirmar\u00e1 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 050N- 20208690 ubicado en la ciudad de Bogot\u00e1, cuya propiedad se halla inscrita a nombre de EDGARDO JAVIER HERN\u00c1NDEZ IGLESIAS y HAIDDY YADIRA BARRIOS CUELLAR. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, y de la revisi\u00f3n de los documentos previamente se\u00f1alados, emerge que ninguno de ellos tiene capacidad suasoria para acreditar el origen de los dineros para acceder al Lote 4 Condominio Granjas de la Balsa ubicado en Ch\u00eda Cundinamarca, pues si se afirma que el capital destinado para la compra corresponde al trabajo mancomunado del matrimonio conformado por Teresa Iglesias y Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez Quintero, y de esa manera justificar la posibilidad de recursos en 1997 para sufragar la compra al a\u00f1o siguiente, as\u00ed deb\u00eda reflejarse en los documentos tributarios del ejercicio de 1998. <\/p>\n
Opuesto a lo mencionado, de conformidad con el anexo explicativo del patrimonio del a\u00f1o gravable 1998, se advierte que el activo fue declarado en un 100% por la afectada, significando probatoriamente ello que contrario a lo que se pretendi\u00f3 oponer aqu\u00e9l fue adquirido exclusivamente con dineros en poder de Teresa Iglesias. <\/p>\n
Todo lo anterior, se a\u00fana a la circunstancia cierta y debidamente acreditada consistente en que Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez acept\u00f3 su culpabilidad ante la justicia Norteamericana en la comisi\u00f3n del delito de Lavado de Activos de dineros producto del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala confirmar\u00e1 la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-83478744 ubicado en Ch\u00eda Cundinamarca, cuya titularidad se halla inscrita a nombre de Teresa Iglesias de Hern\u00e1ndez, como tambi\u00e9n los saldos de la cuenta corriente No. 242-004466-7 del Banco de Occidente de Bogot\u00e1 a nombre de aqu\u00e9lla, en tanto esa decisi\u00f3n no fue objeto de recurso permaneciendo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n de primera instancia y por virtud del principio de limitaci\u00f3n que rige el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3, que: <\/p>\n
\u2026se sustent\u00f3 c\u00f3mo la experiencia ense\u00f1a que en trat\u00e1ndose de delitos como el aceptado por la prenombrada, esto es, Lavado de Activos de ganancias procedentes de la venta de narc\u00f3ticos, los sujetos se valen de operaciones tendientes a desviar las investigaciones adelantadas por las autoridades para el rastreo de los dineros de origen espurio, siendo una de esas tipolog\u00edas la de valerse de personas naturales y jur\u00eddicas, que pueden participar con conocimiento de las operaciones, esto explica que se vinculara a la actuaci\u00f3n la sociedad Inversiones Hern\u00e1ndez Iglesias S en C S, de la que Teresa Iglesias fue socia fundadora, pero que posteriormente cambi\u00f3 se estructura societaria para radicar exclusivamente en los familiares se\u00f1alados en precedencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los incrementos patrimoniales por justificar que tuvo la sociedad, se\u00f1ala que fueron explicados a\u00f1o por a\u00f1o con documentos y libros contables, especialmente porque los aumentos obedec\u00edan a valorizaciones de activos de las que dan cuenta las cronolog\u00edas para sustentar actividades l\u00edcitas por m\u00e1s de 40 a\u00f1os, adem\u00e1s, que la sociedad en comandita por su naturaleza corresponde a las de familia \u201cen donde los padres, como socios gestores, la conforman para que sus hijos, como socios comanditarios empiecen a forjar a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n en la sociedad, su patrimonio\u201d\u2026 <\/p>\n
Al respecto, contrastada la conclusi\u00f3n del contador que elabor\u00f3 el estudio privado, con la prueba documental que reposa en el plenario, acompasado de los anexos explicativos a las declaraciones de renta, se anticipa no tiene la capacidad suasoria suficiente para remover las conclusiones presentadas en la prueba pericial oficial\u2026 <\/p>\n
Lo anterior evidencia que se tomaron indistintamente negocios jur\u00eddicos para explicar las conclusiones de la pericia, sin que los valores de los mismos guarden correspondencia con la prueba documental que obra en el plenario. Ahora, advi\u00e9rtase que al conocerse el dictamen inicial, la representaci\u00f3n del afectado atribuy\u00f3 el incremento patrimonial a la posible valorizaci\u00f3n comercial de los activos, sin embargo, esa hip\u00f3tesis tampoco fue debidamente sustentada, aunado que resulta llamativo el cambio de estrategia defensiva, m\u00e1xime que se trata de un estudio patrimonial que se compone de montos puntuales y cuentas precisas que as\u00ed deb\u00edan ser justificadas frente al reporte tributario presentado por el afectado de cuya comparaci\u00f3n patrimonial se evidenciaron las irregularidades ya conocidas. <\/p>\n
Por manera que, contrario a lo que sostiene la defensa no es posible afirmar que el capital de Inversiones Hern\u00e1ndez Iglesias, se corresponda o pueda ser explicado a partir del patrimonio de Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez Quintero, pues esta persona, si bien es cierto acredit\u00f3 que ejerc\u00eda la actividad de piloto, labor de la que result\u00f3 pensionado y algunas horas de vuelo, no justific\u00f3 el incremento patrimonial detectado en el dictamen contable, aunado que entre 1995 y 1997 present\u00f3 en dos de sus cuentas dep\u00f3sitos significativos\u2026 respecto de los cuales no es clara su fuente seg\u00fan el perito quien adem\u00e1s revis\u00f3 los documentos allegados por la oposici\u00f3n. <\/p>\n
Y respecto de lo \u00faltimo, v\u00e1lida resulta la comparaci\u00f3n de tales cifras con el salario m\u00ednimo decretado por el Gobierno Nacional para esos a\u00f1os\u2026, ejercicio a partir del cual emerge que no se trata de cifras aisladas o insignificantes, sino montos que en virtud del principio de carga din\u00e1mica de la prueba requer\u00edan suficiente y soportada explicaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las declaraciones de renta, no pueden tomarse junto con las copias de libros como prueba suficiente para demostrar la actividad de la Sociedad, ya que en materia contable existe una amplia normatividad que no s\u00f3lo reglamenta los principios que la orientan sino tambi\u00e9n las exigencias para llevarla, pues a trav\u00e9s de ella se asegura la confiabilidad de las operaciones de las personas naturales o jur\u00eddicas como que tambi\u00e9n permite el ejercicio de los respectivos controles con el fin de evitar no s\u00f3lo evasiones fiscales, sino tambi\u00e9n detectar la comisi\u00f3n de conductas punibles\u2026 <\/p>\n
Por manera que no es suficiente con que se diga que se acogieron determinados conceptos, normas o cuentas para efectos de justificar los aumentos no explicados, sino que es menester, en virtud del principio de carga din\u00e1mica de la prueba, que la parte que pretende oponer una tesis allegue los elementos de convicci\u00f3n pertinentes y necesarios para su acreditaci\u00f3n, pues s\u00f3lo de esta manera es posible para la Colegiatura reconstruir las operaciones del caso y efectuar la labor de corroboraci\u00f3n, todo as\u00ed, permanecen inc\u00f3lumes los resultados presentados en el informe No. 485 de 22 de septiembre de 2009, suscrito por un funcionario del \u00c1rea de An\u00e1lisis Financiero del D.A.S.62 <\/p>\n
En el proceso no se explic\u00f3 por parte de los opositores que los aumentos patrimoniales por justificar en cabeza del socio gestor obedecieran a una actividad l\u00edcita, tampoco que la dedicaci\u00f3n comercial que presuntamente desarroll\u00f3 la sociedad le representara capacidad econ\u00f3mica suficiente para adquirir bienes, no obran pruebas pertinentes y conducentes que justifiquen los valores registrados en los documentos tributarios y contables, aunado que se presentaron inconsistencias graves en las cronolog\u00edas contables allegadas a manera de oposici\u00f3n que permiten impartir confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de primera instancia en el sentido de extinguir el derecho de dominio de las 18.000 cuotas del capital social que los se\u00f1ores Edgardo Robinson Hern\u00e1ndez Quintero -3000-, Edgardo Javier Hern\u00e1ndez Iglesias -4500-, Natalia Teresa Hern\u00e1ndez Iglesias (menor de edad) -3000-, Ricardo Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Iglesias (menor de edad) -3000- y Juan David Hern\u00e1ndez Iglesias -con 4500 cuotas-, tienen en la Sociedad Inversiones Hern\u00e1ndez Iglesias S en C.S\u2026 <\/p>\n
Y, tras concluir que confirmar\u00eda tambi\u00e9n la extinci\u00f3n del bien de matr\u00edcula No. 050N-20078218 y dos aeronaves, procedi\u00f3, en el grado jurisdiccional de consulta, a examinar la decisi\u00f3n de no extinguir el dominio del inmueble No. 166-0053257, adujo despu\u00e9s de referirse a los medios de convicci\u00f3n, entre otras cosas, que: <\/p>\n
\u2026.Lo anterior evidencia toda una ingeniera consistente en la creaci\u00f3n de una persona jur\u00eddica, celebraci\u00f3n de negocios de compraventas, aportes efectuados por menores de edad para la \u00e9poca de constituci\u00f3n de la misma etc, y as\u00ed lograr la movilizaci\u00f3n de activos y distraer de esto modo la atenci\u00f3n de las autoridades, cuesti\u00f3n que ocurri\u00f3 con pluralidad de bienes, incluido aquel que es objeto de pronunciamiento, pues si bien es cierto, se constat\u00f3 que Inversiones tendr\u00eda recursos inmediatos para acceder a los Lotes 4 y 5 a principios de 1993 tomando fuente en lo percibido por la venta de dos activos, tambi\u00e9n lo es que respecto de \u00e9stos no se acredit\u00f3 el origen del dinero de compra acorde con actividades legales. <\/p>\n
Por manera que el Tribunal revocar\u00e1 el numeral segundo de la sentencia proferida por el a quo, para en su lugar declarar la extinci\u00f3n del derecho de dominio del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobilairia No. 166-0053257\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los tutelantes es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7643-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7643-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00159-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64587","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64587\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}