STC7645-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7645-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00142-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Eduardo P\u00e9rez Pineda frente a la sentencia de 13 de mayo de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, la Polic\u00eda Nacional, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Alcald\u00eda Municipal de Gir\u00f3n, la Alcald\u00eda Municipal de Lebrija, la Fiscal\u00eda General de La Naci\u00f3n, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Lebrija, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, y; como vinculados, Martha Rodr\u00edguez, Blanca Cecilia Hern\u00e1ndez Salazar, Mar\u00eda Victoria P\u00e9rez Pineda, Pedro Sa\u00fal Barajas D\u00edaz, Ana Lucila Suarez Gal\u00e1n, Gabriel Olave Z\u00e1rate, Hern\u00e1n Calder\u00f3n Ram\u00edrez, Eddinson Barajas Suarez, Nelson Javier Castiblanco Mantilla, Rub\u00e9n Dar\u00edo Sep\u00falveda, el abogado Fernando Ortega Olarte, la Personer\u00eda de Lebrija, Agro Inversiones Ltda y al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC., extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 680013103004-2013-00108-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante pidi\u00f3, en s\u00edntesis (i) que el Juzgado establezca \u00abuna protecci\u00f3n especial\u00ab y fije fecha para una diligencia donde se defina prontamente el litigio y garantizar el derecho a cultivar en su predio; (ii) que la Polic\u00eda haga cumplir la sentencia del Inspector de Polic\u00eda; (iii) a la Defensor\u00eda vigilar el proceso; (iv) \u00abestablecer el l\u00edmite\u00bb en el predio en disputa; (v) a la Personer\u00eda establecer un plan de retorno voluntario\u00bb al fundo; (vi) a la Fiscal\u00eda proteger su tierra y cultivos, e investigar la usurpaci\u00f3n disponiendo las medidas cautelares necesarias; (vii) al Inspector de Polic\u00eda para que realice la diligencia de inspecci\u00f3n ocular; (viii) a la Unidad de V\u00edctimas aprobar el retorno voluntario. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que fue demandado en el decurso de deslinde y amojonamiento cuestionado, tr\u00e1mite dentro del cual los sucesores procesales de la parte actora reformaron la demanda y aportaron un levantamiento topogr\u00e1fico \u00abque no concuerda con las escrituras del predio\u00bb pues su fundo \u00abVasolandia\u00bb fue invadido en m\u00e1s de 280 metros. Indic\u00f3 que, con base en esos planos, se realizaron enajenaciones, lo cual gener\u00f3 que su terreno fuera irrumpido por terceros, por lo que inici\u00f3 acci\u00f3n policial de protecci\u00f3n a la posesi\u00f3n; sin embargo, aleg\u00f3 que el tr\u00e1mite ha sido ineficaz, pues se siguen presentando las perturbaciones; Agreg\u00f3 que el 18 de Marzo del 2022, se llev\u00f3 a cabo una diligencia en su heredad, en compa\u00f1\u00eda de 12 polic\u00edas de la estaci\u00f3n de Lebrija y el Inspector de polic\u00eda para \u00abremover una cerca que hab\u00eda colocado el se\u00f1or Nelson Javier Castiblanco Mantilla [quien] pretende apoderarse de parte de [su] finca utilizando el levantamiento topogr\u00e1fico falso (\u2026) y quien afirm\u00f3 no acatar el fallo del Inspector. Finalmente, manifest\u00f3 que present\u00f3 (i) una queja en el Consejo Profesional Nacional de Topograf\u00eda en contra del profesional David Rodr\u00edguez; (ii) una denuncia en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de Fernando Ortega, Martha Rodr\u00edguez, Blanca Cecilia Hern\u00e1ndez Salazar y Ra\u00fal Serrano, por el delito de Usurpaci\u00f3n de tierras; (iii) una queja disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura en contra del abogado Fernando Ortega Olarte. <\/p>\n
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Por otro lado, la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de la misma circunscripci\u00f3n territorial indic\u00f3 que realiz\u00f3 algunos acompa\u00f1amientos a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, por quejas presentadas por el se\u00f1or Eduardo P\u00e9rez Pineda, las cuales \u00abno trascendieron sin novedad (sic)\u00bb; agreg\u00f3 que en el a\u00f1o 2022 no se encuentran registros, ni requerimientos que hagan relaci\u00f3n a la problem\u00e1tica existente; La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas manifest\u00f3 que una vez revisada su base de datos, se observ\u00f3 que el accionante manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de ubicarse en un lugar diferente al que actualmente reside, a fin de asentarse en el Municipio de Lebrija, manifestaci\u00f3n que plasm\u00f3 en acta de voluntariedad diligenciada el 24 de febrero de 2017; por tanto, refiri\u00f3 que carece de competencia legal para definir lo pretendido por el accionante. <\/p>\n
3. El Tribunal neg\u00f3 el ruego tras argumentar la inexistencia de mora en el asunto reprochado y descartar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del impulsor por parte de las autoridades convocadas. <\/p>\n
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4. El libelista impugn\u00f3 porque consider\u00f3 que en el tr\u00e1mite materia de censura, hay mora judicial; la Defensor\u00eda del pueblo no ha hecho vigilancia a su proceso; la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda no ha llevado a cabo una diligencia de inspecci\u00f3n y finalmente, cuestiona hechos acontecidos en su predio el 18 de marzo de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como cuesti\u00f3n preliminar, importa acotar que en atenci\u00f3n a la defensa presentada por la autoridad judicial accionada, quien aludi\u00f3 que el actor con anterioridad formul\u00f3 un resguardo de similares contornos, debe se\u00f1alar la Sala que si bien el solicitante ya hab\u00eda promovido una acci\u00f3n constitucional previa (STC14383-2021, 27 oct.) en la cual cuestion\u00f3 varios aspectos relativos al proceso de deslinde y amojonamiento en comento y a aspectos policivos, lo cierto es que en esta ocasi\u00f3n dirige el amparo contra autoridades distintas y con base en hechos acaecidos con posterioridad, esto es, el 18 de marzo de 2022. Luego, ante la diferencia en el reproche presentado, no puede predicarse la configuraci\u00f3n de temeridad ni de la figura de cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, circunscrita la Sala a los reparos de la impugnaci\u00f3n, pronto advierte que el amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar como se pasa a exponer: <\/p>\n
1. La primera queja radic\u00f3 en la demora \u00abpara realizar la inspecci\u00f3n judicial a un predio\u00bb. No obstante, de la evidencia arribada se anticipa la negaci\u00f3n del ruego reclamado, toda vez que no se advierte una tardanza injustificada en la fijaci\u00f3n de dicha data. <\/p>\n
Al efecto, t\u00e9ngase en cuenta que sobre el atraso en las actuaciones judiciales esta Corte ha precisado que <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (Citada en STC 3568-2021). <\/p>\n
En concreto, se ha dicho que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por \u201cmora judicial\u201d son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC3831-2016). <\/p>\n
Ahora bien, del traslado de la acci\u00f3n constitucional y de los elementos de juicio obrantes dentro del tr\u00e1mite, no es posible establecer que el presunto retardo obedezca a una conducta descuidada del estrado del circuito convocado, pues el pasado 25 de mayo hoga\u00f1o, resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por el apoderado de la parte demandada contra el prove\u00eddo de 17 de febrero anterior, mediante el cual se orden\u00f3 integrar el contradictorio con Agro Inversiones Ltda., como listisconsorcio necesario y a quien adem\u00e1s se le corri\u00f3 traslado para contestar la demanda. En consecuencia, no le era viable se\u00f1alar fecha para la diligencia de deslinde, hasta tanto venciera el t\u00e9rmino de traslado de la demanda (art\u00edculo 61 del C.G.P.). <\/p>\n
De suerte que, en virtud del reciente impulso que se dio a ra\u00edz de la actuaci\u00f3n del pasado 25 de mayo, todas las partes y particularmente el aqu\u00ed tutelante deben atenerse al desarrollo normal del deslinde y amojonamiento, que ojal\u00e1 se ajuste en lo sucesivo a tiempos razonables a fin de facilitar una decisi\u00f3n pronta y efectiva del litigio. <\/p>\n
2. De otro lado, el accionante solicit\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abest\u00e9 vigilante de este proceso\u00bb. Sin embargo, como lo se\u00f1al\u00f3 esa entidad, la funci\u00f3n de vigilancia judicial administrativa corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del pa\u00eds, de conformidad con lo se\u00f1alado en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 101 la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Con todo, si su deseo es que se ejerza vigilancia en ese asunto, podr\u00e1 solicitarlo al \u00f3rgano encargado de desatarla, bajo los lineamientos establecidos en el art\u00edculo 2\u00b0 del citado Acuerdo. <\/p>\n
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3. En cuanto al reparo frente a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Lebrija para que realice la diligencia de inspecci\u00f3n ocular, se advierte la improcedencia del amparo solicitado, comoquiera que como lo inform\u00f3 esa autoridad, actualmente, se est\u00e1 adelantando un proceso verbal abreviado contra Martha Rodr\u00edguez, Blanca Cecilia Hern\u00e1ndez Salazar y Ra\u00fal Serrano por comportamientos contrarios a la posesi\u00f3n de bienes inmuebles, en el cual se encuentra pendiente \u00abel recaudo de pruebas y una Inspecci\u00f3n Ocular, diligencia que debi\u00f3 suspenderse por inasistencia del querellante Eduardo P\u00e9rez Pineda\u00bb\u00ab. Sumado a lo anterior, tal como lo indic\u00f3 el a-quo constitucional, el accionante tampoco ha solicitado la reprogramaci\u00f3n de esa diligencia; por tanto, si el apelante omiti\u00f3 plantearle esa situaci\u00f3n al juez natural, aqu\u00e9l no puede reclamar ahora puesto que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, en el \u00faltimo evento solicitando nueva fecha para llevar a cabo la diligencia que se suspendi\u00f3, a causa de su inasistencia. <\/p>\n
3.1. Ahora, en torno a la censura por hechos acaecidos en su propiedad el 18 de marzo de 2022 y el no acatamiento a lo ordenado por el Inspector de Polic\u00eda por parte del querellado Nelson Javier Castiblanco Mantilla\u00bb, debe destacarse que como lo indic\u00f3 esa autoridad, \u00abEn virtud de que los se\u00f1ores Nelson Javier Castiblanco Mantilla y [otro] desacataron, desconocieron y omitieron el cumplimiento de la anterior decisi\u00f3n, el pasado 18 de marzo de 2022, el despacho en compa\u00f1\u00eda de uniformados de la Polic\u00eda Nacional y el propio promotor de esta acci\u00f3n de tutela procedimos al cumplimiento a la mentada orden de polic\u00eda, es decir, se restablecieron las cosas a su estado anterior al comportamiento contrario a la posesi\u00f3n del bien inmueble, lo cual consisti\u00f3 en la remoci\u00f3n de la cerca existente en tramo de trescientos metros lineales aproximadamente construida en postes de cemento y madera, ubicada sobre el \u00e1rea identificada en la diligencia de inspecci\u00f3n ocular, donde se encontraba un cultivo de pi\u00f1a\u00bb. Lo anterior denota, que respecto a ese punto, se satisfizo lo pretendido. Al respecto esta corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) el \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (STC10752-2020). <\/p>\n
4. Frente a los dem\u00e1s reproches, tampoco sale avante el auxilio como quiera que conforme a su propio dicho y los informes rendidos, el actor manifest\u00f3 que present\u00f3 (i) una queja en el Consejo Profesional Nacional de Topograf\u00eda en contra del profesional David Rodr\u00edguez; (ii) una denuncia en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de Fernando Ortega, Martha Rodr\u00edguez, Blanca Cecilia Hern\u00e1ndez Salazar y Ra\u00fal Serrano, por el delito de Usurpaci\u00f3n de tierras; (iii) una queja disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura en contra del abogado Fernando Ortega Olarte. As\u00ed pues, es ostensible los presuroso de la acci\u00f3n y su consecuente fracaso, fen\u00f3meno ampliamente decantado por esta Sala1. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deber\u00e1 convalidarse el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC12017-2020 y STC7678-2021 entre otras.) <\/p>\n
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