STC7648-2022<\/p>\n
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Magistrado ponente <\/p>\n
STC7648-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2022-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Omar Cort\u00e9s Su\u00e1rez contra el fallo de 25 de abril de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso divisorio N\u00b0 76001-40-03-012-2013-00735-03. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso comento (23 marzo 2022), toda vez que la misma fue fundada en un dictamen elaborado por un perito cuya designaci\u00f3n no fue debidamente notificada; subsidiariamente peticion\u00f3 que se revoque el mencionado fallo, para que, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n soportada en lo previsto en el art\u00edculo 1506 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que es demandado en un proceso divisorio que le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 12 Civil Municipal de Cali, quien emiti\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Dicha determinaci\u00f3n fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n. En el tr\u00e1mite de la alzada el Juzgado 17 Civil del Circuito dispuso el nombramiento de un nuevo perito para la pr\u00e1ctica de una experticia decretada de oficio (31 enero 2022). Una vez el auxiliar de la justicia acept\u00f3 el cargo, fue proferido un nuevo auto en el que se ratific\u00f3 su designaci\u00f3n (10 de febrero de 2022); sin embargo, dicho prove\u00eddo, seg\u00fan el gestor, no fue notificado por estado en los t\u00e9rminos previstos por el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
A juicio del actor, la omisi\u00f3n de dicha notificaci\u00f3n genera la nulidad de la sentencia de segunda instancia, que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado y orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien objeto de la divisi\u00f3n (23 marzo 2022), toda vez que la misma fue fundada en el dictamen elaborado por el mencionado experto. En raz\u00f3n a la situaci\u00f3n descrita, el actor promovi\u00f3 nulidad contra el auto que aprob\u00f3 y design\u00f3 al perito, la cual fue negada (16 de febrero de 2022). Luego, en la audiencia del 23 de marzo siguiente, insisti\u00f3 en la nulidad del auto, pero la misma fue rechazada porque ya se hab\u00eda decidido sobre el asunto. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, adujo que la sentencia proferida en la causa tambi\u00e9n est\u00e1 viciada porque carece de congruencia, toda vez que en la misma no se tuvo en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 1506 del C\u00f3digo Civil y tampoco fueron valoradas todas las pruebas que daban cuenta que, sobre la titularidad el predio existe cosa juzgada, en raz\u00f3n a la existencia de la sentencia No. 168 de partici\u00f3n de bienes proferida por el Juzgado 7\u00ba de Familia de Cali en el a\u00f1o 2000; adem\u00e1s, se desconoci\u00f3 que la demandante, \u00abconociendo mi domicilio, sin avisarme, sin notificarme, a mis espaldas, de mala fe, con el fin de quedarse para s\u00ed, mi patrimonio, acudi\u00f3 a la Notaria 16 del Circulo de Cali, a correr la escritura estando yo ausente; por lo que de forma voluntaria hizo una declaraci\u00f3n de su voluntad conforme con el art. 1502 del C\u00f3digo Civil cumpliendo todos los presupuestos de su declaraci\u00f3n de voluntad, (a.) que sea legalmente capaz (b) que consienta en dicho acto o declaraci\u00f3n y su consentimiento no adolezca de vicio (c)que recaiga sobre un objeto licito (d) que tenga una causa licita; decidi\u00f3 ESTIPULAR a mi nombre en la escritura 0749 de 26 de julio 2010,(clausula d\u00e9cimo segunda y asegurando ser mi esposa cuando no lo era) despoj\u00e1ndose de su 50% que ten\u00eda derecho desde la partici\u00f3n efectuada en el Juzgado 7\u00ba de Familia de Cali\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado dijo que el gestor ha instaurado numerosas acciones de tutela con el fin de dilatar y obstruir el curso del proceso; adem\u00e1s, inform\u00f3 que el libelista solicit\u00f3 la nulidad de la decisi\u00f3n e interpuso los recursos procedentes, siendo estos negados y, que no solicit\u00f3 la adici\u00f3n ni la aclaraci\u00f3n de la sentencia que ahora cuestiona. <\/p>\n
3. El Tribunal no accedi\u00f3 a la s\u00faplica porque revisados los estados electr\u00f3nicos en la p\u00e1gina de la Rama Judicial constat\u00f3 que el auto emitido por el juzgado accionado en el que ratific\u00f3 la designaci\u00f3n del perito (10 de febrero de 2022) se encuentra debidamente notificado por estado, por ende, no se configura la vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
4. El promotor recurri\u00f3 y reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1 pero por advertirse que la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado accionado decidi\u00f3 la nulidad es razonable; adem\u00e1s, la sentencia emitida en el proceso divisorio es fruto de una orden de tutela, de suerte que es el incidente de desacato el medio id\u00f3neo para establecer su apego a lo dispuesto en el mandato judicial. <\/p>\n
Revisado el expediente se encuentra que en la inspecci\u00f3n judicial realizada el 16 de febrero de 2022 el aqu\u00ed actor, entre otras cosas, formul\u00f3 solicitud de nulidad por estimar que la prueba decretada de oficio no era procedente y porque no hab\u00eda lugar a designar un nuevo perito, am\u00e9n que las decisiones de su designaci\u00f3n no fueron debidamente notificadas. Al respecto la Juez destac\u00f3 que el dictamen pericial fue decretado en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, quien al decidir una acci\u00f3n de tutela dispuso que un perito experto estableciera si el bien objeto del litigio era susceptible de divisi\u00f3n material; adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que los prove\u00eddos por medio de los cuales se decret\u00f3 la prueba y se design\u00f3 al perito, se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados. Aunque el gestor promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la referida determinaci\u00f3n, sus argumentos solo cuestionaron que se decretara una prueba para recaudar informaci\u00f3n que ya estaba en el expediente y censur\u00f3 que se impusiera el pago de sus costo a prorrata de las partes y no exclusivamente a la demandante; sin embargo, la Juez reiter\u00f3 los argumentos iniciales y no repuso su decisi\u00f3n (aud. 12:11 a 16:05 min). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en la audiencia realizada el 23 de febrero de 2022, el aqu\u00ed actor insisti\u00f3 en su solicitud de nulidad basado exclusivamente en la falta de notificaci\u00f3n del auto que ratific\u00f3 la designaci\u00f3n del perito. Para resolver dicho pedimento la Juez precis\u00f3 que <\/p>\n
la solicitud de nulidad que fue oportunamente presentada por el se\u00f1or Omar se resolvi\u00f3 en la diligencia del 16 de febrero, en esa oportunidad, como est\u00e1 claramente en la diligencia, el se\u00f1or Omar (\u2026) se opuso a la diligencia, presento nulidad y a la nulidad que oportunamente present\u00f3 el 16 de febrero, el despacho resolvi\u00f3 de fondo, en ese momento resolvi\u00f3 de fondo y notifico en estrado la decisi\u00f3n, la solicitud de nulidad el 16 de febrero fue oportuna y oportunamente se resolvi\u00f3. Siendo oportuna la solicitud de nulidad y la decisi\u00f3n tomada por el despacho el mismo 16 de febrero, solicitudes posteriores presentadas el 18 de marzo son extempor\u00e1neas, primero porque ya est\u00e1 resuelto (\u2026) cualquier otra irregularidad que se haya presentado se entiende subsanada como lo dispone el par\u00e1grafo del articulo 133 por cuanto la diligencia del pasado 16 de febrero ya se practic\u00f3, se garantiz\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n, se garantiz\u00f3 el derecho de defensa y se le garantizo al se\u00f1or Omar la posibilidad de participar en la inspecci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la audiencia puso en evidencia que las documentales aportadas por el solicitante eran parciales, pues aunque present\u00f3 la impresi\u00f3n del estado notificado el 11 de febrero, no aport\u00f3 aquella en donde se evidenciaba que el auto por medio del cual se confirm\u00f3 la designaci\u00f3n del perito s\u00ed fue publicado en dicho medio de notificaci\u00f3n. De igual forma, para respaldar su afirmaci\u00f3n, comparti\u00f3 su pantalla e ingres\u00f3 al micrositio del Juzgado para evidenciar que el prove\u00eddo en coment\u00f3 fue notificado en el estado del 11 de febrero de 2022. <\/p>\n
Lo expuesto pone en evidencia que tanto en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, como en la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, la Juzgadora se pronunci\u00f3 sobre la nulidad formulada por el actor, escenarios en los que destac\u00f3 que el vicio alegado no existe, toda vez que el auto de 10 de febrero de 2022 fue notificado por estado electr\u00f3nico en los t\u00e9rminos del Decreto 806 de 2020, de lo cual da cuenta la p\u00e1gina web de la Rama Judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se puede constatar que la determinaci\u00f3n reprochada est\u00e1 soportada en argumentos respetables que impiden descalificarla a trav\u00e9s de este sendero, reservado, como se sabe para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. Otra cosa, es que el censor no est\u00e9 de acuerdo con la hermen\u00e9utica de la falladora, lo que no habilita la injerencia constitucional, pues, como lo tiene dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026) (STC6924-2017, reiterada, entre otras, en STC4330-2021). <\/p>\n
De otro lado, respecto a las quejas formuladas contra la sentencia emitida en la audiencia del 23 de febrero de 2022, encuentra la Sala que las mismas no pueden ser zanjadas en este tr\u00e1mite, en tanto la decisi\u00f3n cuestionada se profiri\u00f3 en cumplimiento de una orden constitucional, de suerte que la averiguaci\u00f3n de su apego al mandato superlativo debe realizarse en desarrollo del \u00abtr\u00e1mite de cumplimiento o incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
Resulta impensable que este remedio pueda utilizarse para auscultar los procesos judiciales en m\u00faltiples ocasiones, ya que eso ir\u00eda en contra v\u00eda de la excepcionalidad que se ha predicado en esta materia, as\u00ed como atentar\u00eda contra la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que toda providencia encubre, como tambi\u00e9n \u00abde permitirlo la contienda no fenecer\u00eda y, de contera, se genera inseguridad jur\u00eddica al abrirle la puerta a un espiral infinito de \u00abacciones\u00bb de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterno el esclarecimiento del conflicto\u00bb (STC9449-2018), lo que conculcar\u00eda la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
De modo que como lo decidido por el juez criticado fue producto de lo dispuesto en la sentencia de tutela proferida en el asunto No. 76001-22-03-000-2018-00187-02, en el que esta Corporaci\u00f3n emiti\u00f3 decisi\u00f3n de segunda instancia (STC12693-2018), debe precisarse que este no es el escenario para rebatir ese acto consecuencial, por cuanto para ello fue instituido el incidente de desacato; herramienta id\u00f3nea para esclarecer el obedecimiento del \u00abfallo de constitucional\u00bb aludido, de donde emerge la improcedencia enrostrada por irrespetar el principio de subsidiaridad que aqu\u00ed impera. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese c\u00f3mo <\/p>\n
(\u2026) conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad (CSJ STC1001-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se avalar\u00e1 el fallo opugnado pero por las razones aqu\u00ed se\u00f1aladas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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