STC7652-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7652-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 85001-22-08-000-2022-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dirime la Corte las impugnaciones que formularon Mery Yolanda Orduz L\u00f3pez, Sof\u00eda Orduz L\u00f3pez, Gladys Mar\u00eda Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Edith Rosas L\u00f3pez, Daniel Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Teresa Rosas L\u00f3pez, Rafael Rosas L\u00f3pez, Jes\u00fas Rosas L\u00f3pez, Silvestre Rosas L\u00f3pez frente a la sentencia de 11 de mayo de 2022, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela que Mery Yolanda y Sof\u00eda Orduz L\u00f3pez promovi\u00f3 contra el Alcalde de Tauramena y la Corregidora de Paso Cusiana del mismo municipio, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso administrativo policivo de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho No. 006-2016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores pretenden que se declare la nulidad del proceso de lanzamiento en comento, por fraude procesal e incumplimiento de las formalidades legales previstas para el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1alaron que el acta con la que actu\u00f3 la Corregidora establec\u00eda que el desalojo deb\u00eda efectuarse en la vereda \u00abLa Guira\u00bb y no en los predios \u00abel Ceylan y el Corozo\u00bb y pese a que lo manifestaron, la funcionaria continu\u00f3 con la diligencia. De igual forma, aunque su apoderado intent\u00f3 ejercer oposici\u00f3n, no se le permiti\u00f3 su intervenci\u00f3n; adem\u00e1s, no fueron decretados los testimonios solicitados y se\u00f1alaron que la corregidora hizo un receso de 10 minutos para revisar las pruebas documentales que fueron aportadas, pero cuando reanud\u00f3 la diligencia exhibi\u00f3 un plano totalmente diferente en sus linderos, al presentado inicialmente, por lo que se configur\u00f3 fraude procesal. <\/p>\n
2. La Corregidora de Paso Cusiana del Municipio de Tauramena inform\u00f3 que en el proceso policivo de lanzamiento emiti\u00f3 sentencia a favor del querellante Adriano L\u00f3pez Vargas ( 3 abril 2017). La parte querellada interpuso recurso de apelaci\u00f3n frente al Gobernador de Casanare; sin embargo, al existir un conflicto de intereses por parte de dicho funcionario, se declar\u00f3 impedido y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n remiti\u00f3 el proceso al Ministerio del Interior quien design\u00f3 como Gobernador ad hoc a Francisco Javier Guzm\u00e1n Figueroa funcionario de dicho Ministerio, quien confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (20 enero 2020). <\/p>\n
Explic\u00f3 que el proceso fue tramitado bajo el Decreto 747 de 1992, mas no por la Ordenanza 015 de 2006, como los querellados est\u00e1n dando a conocer en sus intervenciones. Decreto dentro del cual no existe oportunidad para presentar peticiones y no proceden las oposiciones, lo que justific\u00f3 que las realizadas por los gestores fueran rechazadas de plano. Adujo que no le consta lo manifestado sobre un presunto cambio o sustituci\u00f3n de un folio del expediente; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, por lo que solicit\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Interior manifest\u00f3 que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que los gestores no solicitaron ante las autoridades policivas lo que pretenden en la acci\u00f3n de tutela. Igualmente, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
El apoderado de Gladys Mar\u00eda Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Edith Rosas L\u00f3pez, Daniel Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Teresa Rosas L\u00f3pez, Rafael Rosas L\u00f3pez, Jes\u00fas Rosas L\u00f3pez, Silvestre Rosas L\u00f3pez, Sof\u00eda Orduz L\u00f3pez y Mery Yolanda Orduz L\u00f3pez, en calidad de terceros vinculados hizo un recuento de las actuaciones surtidas y solicit\u00f3 se conceda el amparo invocado por la parte actora. <\/p>\n
Adriano L\u00f3pez Vargas, quien en el proceso policivo act\u00faa como querellante, defendi\u00f3 la legalidad de las decisiones emitidas en el proceso policivo, las cuales, seg\u00fan \u00e9l fueron fundadas en derecho y salvaguardaron sus derechos. <\/p>\n
3. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal neg\u00f3 el resguard\u00f3 en raz\u00f3n a que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que los gestores no presentaron la nulidad que pretenden ante las autoridades policivas accionadas (11 mayo 2022). <\/p>\n
4. Mery Yolanda Orduz L\u00f3pez, Sof\u00eda Orduz L\u00f3pez, Gladys Mar\u00eda Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Edith Rosas L\u00f3pez, Daniel Rosas L\u00f3pez, Mar\u00eda Teresa Rosas L\u00f3pez, Rafael Rosas L\u00f3pez, Jes\u00fas Rosas L\u00f3pez, Silvestre Rosas L\u00f3pez impugnaron. Para tal fin reiteraron los argumentos expuestos en el escrito introductorio, insistieron en que el proceso policivo debi\u00f3 tramitarse conforme a la Ordenanza 015 de 2006, precisaron que no existen recursos que puedan promover y se\u00f1alaron que, de promover la solicitud de nulidad, el tr\u00e1mite que la misma implica pondr\u00eda en riesgo sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n presentada no est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que los interesados no han presentado ante las autoridades respectivas las presuntas irregularidades a la que aluden respecto al tr\u00e1mite de la querella; adem\u00e1s, tampoco promovieron la solicitud de nulidad por la falta de oportunidad que, seg\u00fan ellos, tuvieron para solicitar pruebas en la diligencia de lanzamiento. De igual forma, si estiman que en dicho proceso se incurri\u00f3 en la comisi\u00f3n de delitos, como el se\u00f1alado fraude procesal, les corresponde iniciar la denuncia penal ante las autoridades respectivas para que all\u00ed se surta la investigaci\u00f3n a que haya lugar. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional, <\/p>\n
Adem\u00e1s, advi\u00e9rtase que en el escrito de tutela no se aludi\u00f3 a la existencia de un perjuicio irremediable concreto que pretendiera conjurarse con la solicitud del amparo y tampoco se encuentra acreditada la existencia actual del mismo. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, se confirmar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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