STC7665-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7665-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de febrero de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Alfredo Zambrano Garrido \u00aben representaci\u00f3n de Cristaler\u00eda Peldar S.A.\u00bb, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2011-00388. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, quien afirma representar a Cristaler\u00eda Peldar S.A., reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa y contradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que Miguel Antonio Monta\u00f1o Poveda promovi\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, en procura de obtener \u00abla [prestaci\u00f3n] especial de vejez (\u2026) toda vez que hab\u00eda laborado por m\u00e1s de 34 a\u00f1os en CRISTALER\u00cdA PELDAR S.A., empresa donde, seg\u00fan argumenta, estuvo expuesto a los efectos, presuntamente cancer\u00edgenos, generados por los materiales con que all\u00ed se trabajan para la fabricaci\u00f3n de art\u00edculos de vidrio\u00bb, la cual conoci\u00f3 el Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que acogi\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que fue revocada en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta misma ciudad. Posteriormente en sede extraordinaria, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, cas\u00f3 lo resuelto por el ad quem y en consecuencia concedi\u00f3 la pensi\u00f3n al demandante. <\/p>\n
Expuso el gestor que, Cristaler\u00eda Peldar S.A., debi\u00f3 ser vinculada a la litis, por la \u00abrelaci\u00f3n jur\u00eddica laboral con el beneficiario y por derivar [la sentencia, en] una obligaci\u00f3n de pago sin haber podido ejercer su derecho de contradicci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual, dicha empresa interpuso incidente de nulidad \u00abpara que se dejara sin efecto la totalidad de la actuaci\u00f3n\u00bb, el cual fue rechazado de plano por el despacho de conocimiento. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad que el libelista dice agenciar impetro reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, defensas despachadas de manera desfavorable, porque \u00abno se estar\u00eda frente a un litisconsorte necesario sino facultativo, pues el actor no pretendi\u00f3 el pago de los aportes adicionales sino el de una pensi\u00f3n especial de vejez. Anot\u00f3 adem\u00e1s la Sala que, ser\u00eda el ISS (hoy Colpensiones) el que tendr\u00eda que adelantar las acciones de cobro por los aportes adicionales, bien por la v\u00eda administrativa o judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se decrete \u00abla NULIDAD de las [determinaciones] de fechas 20 de febrero de 2019 y 31 de agosto de 2020 proferidas por [los estrados convocados]. (\u2026) y, consecuencialmente, la NULIDAD de todo lo actuado dentro del (\u2026) ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, realiz\u00f3 un recuento de la providencia proferida e indic\u00f3 que, \u00abno pudo incurrir esta Sala en violaci\u00f3n y no es procedente su alegaci\u00f3n en esta acci\u00f3n constitucional residual, m\u00e1xime, cuando resolvi\u00f3 el recurso extraordinario (\u2026), dentro del marco de su competencia y ajustada en todo al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, expuso que \u00ab[e]n el caso concreto, el despacho dio tr\u00e1mite al [asunto], sin que se hubiera impuesto condena a la accionante (…), como se aprecia en la parte resolutiva de las sentencias proferidas, y como se analiz\u00f3 al resolver el incidente de nulidad tanto por parte de esta sede judicial como por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abn\u00f3tese como en momento alguno \u00e9sta Sede Judicial incurri\u00f3 en alguna de las causales gen\u00e9ricas, defecto, violaci\u00f3n, desconocimiento o error, menos a\u00fan puede decirse que en el caso en comento se encuentren los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Quien manifest\u00f3 ser el apoderado de Miguel Antonio Monta\u00f1o Poveda arguy\u00f3 que \u00abya existe una sentencia que debidamente ejecutoriada produce los efectos de cosa juzgada, y a partir de dicho hecho, es imposible volver a estudiar y a polemizar sobre una situaci\u00f3n que ya ha sido definida, la cual produjo unos efectos jur\u00eddicos, y contrario a dicha situaci\u00f3n implicar\u00eda predicar un notorio desconocimiento de la estabilidad y seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los \u00abextremos leg\u00edtimamente llamados a responder en el presente asunto\u00bb explic\u00f3 que \u00abla instituci\u00f3n aseguradora para el reconocimiento de pensiones especiales de jubilaci\u00f3n (\u2026) [es el] ISS (hoy COLPENSIONES) (\u2026) no siendo resorte del empleador en ning\u00fan caso, m\u00e1xime que en el presente caso se demuestra la afiliaci\u00f3n, como \u00fanico requisito para el establecimiento de un nexo causal de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., reliev\u00f3 que \u00abel [juicio] de la referencia NO fue objeto de entrega al PAR ISS, ni se vincul\u00f3 al mismo, y que en atenci\u00f3n al tema de debate se efectu\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal del ISS (hoy liquidado) a COLPENSIONES el d\u00eda 14 de enero de 2013, conforme a lo preceptuado en el art. 60 del CPC y en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradora Veintis\u00e9is Judicial II Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha entidad, toda vez que la misma \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses del accionante y, en consecuencia, no es la entidad llamada a concurrir a la protecci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n se invoca, dado que no est\u00e1 dentro de sus potestades decidir sobre los derechos (\u2026) presuntamente vulnerados\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla decisi\u00f3n hoy censura por v\u00eda de tutela, no es arbitraria ni mucho menos irracional o vulneradora de derechos fundamentales, pues resulta evidente que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional el accionante pretende continuar debatiendo sus argumentos a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, los que ya fueron analizados por el juez natural, sin que se vislumbre trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
La impetr\u00f3 el solicitante, para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[c]ontrario a lo manifestado por la H. Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), no cabe duda de que la omisi\u00f3n en la que incurrieron el Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala (\u2026) Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., (\u2026) gener\u00f3 una flagrante violaci\u00f3n a los derechos fundamentales. (\u2026) [E]s inminente que, (\u2026) la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ejerza las acciones contra CRISTALER\u00cdA PELDAR S.A. tendientes a obtener el pago de los aportes adicionales con los cuales se financiar\u00e1n la [prestaci\u00f3n] especial reconocida, pues, como es apenas l\u00f3gico, mi representada fungi\u00f3 como empleadora del pensionado y es ella la llamada a responder por los mencionados aportes (\u2026) configur\u00e1ndose as\u00ed el perjuicio para mi representada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el actor est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y en caso de superarse lo anterior, si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral (rad. 2011-00388), por cuanto (i) la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada cas\u00f3 el fallo del ad quem y en sede de instancia ratific\u00f3 el reconocimiento pensional, y (ii) los estrados de instancia rechazaron la nulidad propuesta por Cristaler\u00eda Peldar S.A., supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que la ejerce \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al togado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la salvaguarda se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico [proceso] judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto, se advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, precisando que lo ser\u00e1 porque el memorialista carece de poder especial para actuar en este caso y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En este orden, observa la Sala que, Diego Alfredo Zambrano Garrido afirma ser el abogado de Cristaler\u00eda Peldar S.A., y para tal efecto, adjunta a las presentes diligencias, el certificado de existencia y representaci\u00f3n donde consta el mandato general otorgado por la referida sociedad, por medio del cual le confiere facultades para que en su nombre pueda conciliar o transigir, asistir a citaciones, absolver interrogatorios, entre otras. <\/p>\n
Sin embargo, no allega el poder espec\u00edfico para promover el presente mecanismo supralegal, puesto que el previamente referenciado, no puede reputarse como especial para acudir al resguardo constitucional habida consideraci\u00f3n que no fue extendido para formular la acci\u00f3n, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
En dicho sentido, trat\u00e1ndose del ruego tuitivo, en que se act\u00fae por conducto de apoderado, el criterio que ha sostenido la jurisprudencia constitucional es: <\/p>\n
\u00abDentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala se\u00f1ala que el mismo es (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC, sent. T-975 de 2005). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se confirmar\u00e1 la inviabilidad de la salvaguarda, toda vez que el solicitante no aport\u00f3 poder especial que lo faculte para promover el presente tr\u00e1mite en representaci\u00f3n de Cristaler\u00eda Peldar S.A. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 18 de mayo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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