STC7676-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00967-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Delcy Rinc\u00f3n Lara contra la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales \u2013, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor, expediente 21-10990. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la entidad convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que, Jorge Enrique Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz, el 1\u00ba de febrero de 2020 contrat\u00f3 (acuerdo de voluntades n\u00ba 0117 de 2020) con la agencia de viajes Av. Redes Tur\u00edsticas, de la cual es propietaria, un paquete tur\u00edstico para 4 personas \u00abBogot\u00e1 \u2013 Canc\u00fan \u2013 Bogot\u00e1\u00bb para disfrutar entre el 4 y 11 de julio de 2020; sin embargo, con ocasi\u00f3n de la pandemia por el Covid19 y las medidas implementadas por la emergencia sanitaria, el plan no se cumpli\u00f3 en las fechas establecidas. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 2 de enero de 2021 el contratante elev\u00f3 a su agencia petici\u00f3n de reembolso y cancelaci\u00f3n del contrato, solicitud que le fue respondida positivamente; empero, el mencionado cliente, el 12 de ese mismo mes, radic\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio demanda de protecci\u00f3n al consumidor (radicado 21-10990). <\/p>\n
En dicho asunto, indic\u00f3 que, contest\u00f3 la demanda, propuso excepciones y solicit\u00f3 llamar en garant\u00eda a la sociedad comercial \u00abTurismo Internacional del Oriente S.A.S.\u00bb; sin embargo, mediante auto del 4 de febrero de 2022, la Superintendencia rechaz\u00f3 la petici\u00f3n bajo el argumento de que \u00abel \u00e1mbito competencial de dicha Delegatura a las voces del literal a), numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso de manera exclusiva y excluyente se circunscribe a la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor, m\u00e1s no se hace extensiva a la relaci\u00f3n entre productor y proveedor\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en auto de la misma fecha, program\u00f3 la realizaci\u00f3n de la audiencia del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 14 de febrero de 2022 \u2013 la que ser\u00eda reprogramada en respuesta a su requerimiento de aplazamiento, para el 28 de ese mismo mes, calenda en la cual se llev\u00f3 a cabo la pr\u00e1ctica de pruebas, los alegatos de conclusi\u00f3n y el proferimiento de la sentencia que accedi\u00f3 a las pretensiones del consumidor demandante; en consecuencia, la Superintendencia orden\u00f3 el reembolso de la suma pagada por el plan tur\u00edstico pero representada en \u00abvoucher, bono o documento equivalente para ser utilizado en servicios que oferte o preste la demandada\u00bb. <\/p>\n
Las censuras contra la actuaci\u00f3n del ente de control accionado la actora las concret\u00f3 de la siguiente manera: en primer lugar, cuestiona que el auto que rechaz\u00f3 la solicitud de llamamiento en garant\u00eda no fue directamente notificado a su correo electr\u00f3nico, sino que, \u00fanicamente fue fijado en los estados electr\u00f3nicos de la delegatura (estado 020 de 7 de febrero de 2022), lo cual desdice de lo se\u00f1alado en el decreto 806 de 2020 que impuso a los administradores de justicia la carga de implementar el uso de las tecnolog\u00edas y garantizar con ellas el enteramiento de las providencias a las partes; por lo tanto, al no notificarlo en la forma indicada no tuvo la posibilidad de controvertirlo oportunamente. Ahora, resalt\u00f3 que, diferente a lo anterior, el prove\u00eddo mediante el cual program\u00f3 la fecha de la audiencia del canon 392, s\u00ed fue comunicado por mensaje de datos, proceder que mengu\u00f3 la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb en la actuaci\u00f3n judicial pues, arguy\u00f3, \u00abno existe justificaci\u00f3n alguna [\u2026] para aplicar soluciones de notificaci\u00f3n dis\u00edmiles respecto de dos autos de la misma fecha y contenidos en el mismo estado\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, recrimin\u00f3 la sentencia que conden\u00f3 a la empresa que representa al pago de un reembolso al consumidor, decisi\u00f3n que acus\u00f3 de incurrir en v\u00eda de hecho por defecto sustancial ya que, desconoci\u00f3 que su agencia de viajes \u00abera una mera intermediaria entre los viajeros y los proveedores de los servicios\u00bb, as\u00ed mismo, por no acceder al llamamiento en garant\u00eda aduciendo incurrir en falta de competencia y no aplicar el art\u00edculo 3\u00ba del decreto 2438 de 2010 \u00abnorma especial que se encuentra vigente y no fue derogada por la ley 1480 de 2011\u00bb que se\u00f1ala expresamente que, \u00ablas agencias de viajes no asumen responsabilidad alguna frente al usuario o viajero por el servicio de transporte a\u00e9reo\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide se \u00ab(\u2026) se revoque la actuaci\u00f3n judicial a partir de febrero 4 de 2022 y de manera consecuencial, se acceda al llamamiento en garant\u00eda, se notifique el auto admisorio de la demanda a la sociedad Turismo Internacional de Oriente S.A.S., en condici\u00f3n de llamada en garant\u00eda, y [\u2026] se convoque a la audiencia judicial reglada en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso en la cual se aplique [\u2026] el art\u00edculo 3 del decreto nacional 2438 de 2010 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio manifest\u00f3 que la quejosa no cuestion\u00f3 el fallo que rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda y acude a la tutela como un recurso adicional o una nueva instancia; adem\u00e1s, \u00ablas situaciones f\u00e1cticas a las que hace alusi\u00f3n la demandante son cuestiones de derecho que debieron ser discutidas mediante los mecanismos dispuestos para tal fin\u00bb. <\/p>\n
2. Jorge Enrique Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz, demandante en proceso en cuesti\u00f3n, destac\u00f3 que las irregularidades procesales allegadas no tienen un efecto decisivo o determinante en la sentencia atacada, por cuanto \u00abla interpretaci\u00f3n adoptada es consecuente con lo regulado por el Estatuto del Consumidor y el tr\u00e1mite se apeg\u00f3 a esa normatividad; adem\u00e1s, la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda no era susceptible de recursos y, el supuesto vicio procesal en la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, alegado por la actora, se resolvi\u00f3 en forma desfavorable a la interesada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo implorado al concluir que no se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada en relaci\u00f3n con la supuesta indebida notificaci\u00f3n del auto que rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda, \u00ab(\u2026) contrario a lo alegado por la accionante la autoridad convocada no ten\u00eda ese deber, sino que bastaba con su inclusi\u00f3n en el estado correspondiente, como lo previene el art\u00edculo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n que no activ\u00f3. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo atinente al fallo que resolvi\u00f3 el juicio de protecci\u00f3n al consumidor, lo encontr\u00f3 razonable \u00abpues se fundament\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan el asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando en extenso los argumentos del escrito inicial, y recab\u00f3 en las cr\u00edticas a la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 el litigio, insistiendo en que correspond\u00eda aplicar lo previsto en el decreto 2438 de 2010 y que el llamamiento en garant\u00eda no desvirtuaba la competencia de la Superintendencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales vulner\u00f3 las prerrogativas esenciales denunciadas, al interior del juicio de protecci\u00f3n al consumidor promovido por Jorge Enrique Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz contra Av. Redes Tur\u00edsticas, empresa de la ac\u00e1 accionante, por, (i) no notificar en debida forma el auto de 4 de febrero de 2022 que rechaz\u00f3 la solicitud de llamamiento en garant\u00eda; y, (ii) fallar en favor del consumidor demandante \u2013 sentencia del 28 de febrero de 2022 \u2013 incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo al no aplicar el decreto 2438 de 2010 como fundamento de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En consonancia con la colegiatura a quo, y conforme la revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n adosada a la actuaci\u00f3n, no se advierte la circunstancia transgresora de derechos fundamentales que se atribuyen a la Superintendencia accionada como pasa a explicarse. <\/p>\n
En primer lugar, cabe aclarar que ning\u00fan reparo se plante\u00f3 por parte de la ac\u00e1 accionante frente a la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n del libelo inaugural del juicio de protecci\u00f3n al consumidor incoado por Jorge Enrique Rodr\u00edguez Mu\u00f1oz en su contra, puesto que, como ella misma lo inform\u00f3 en estas diligencias, contest\u00f3 la demanda tempestivamente, propuso excepciones y solicit\u00f3 el llamado en garant\u00eda de la sociedad Turismo Internacional del Oriente S.A.S. al proceso; ahora, espec\u00edficamente su queja se contrajo al hecho de no haber sido \u00abcorrectamente\u00bb enterada, a su correo electr\u00f3nico, de la determinaci\u00f3n proferida el 4 de febrero de 2022 por la Delegatura acusada, esto es, la que precisamente rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda procurado. <\/p>\n
Sin embargo, esa situaci\u00f3n que la promotora del resguardo denuncia como irregular no se encuentra configurada en la medida en que, ni el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso ni el 8\u00ba del decreto legislativo 806 de 2020, contemplan expresamente la notificaci\u00f3n personal para la referida providencia como lo reclama la censora. <\/p>\n
De otro lado, la notificaci\u00f3n por estado, que para el caso efectivamente se surti\u00f3 respecto de dicho prove\u00eddo en el estado n\u00ba 020 del 7 de febrero de esta anualidad, no conlleva para el operador judicial la obligaci\u00f3n de remitir v\u00eda correo electr\u00f3nico la decisi\u00f3n que se informa, aspecto que, como acertadamente lo memor\u00f3 el a quo, ya esta Sala lo hab\u00eda explicitado en pronunciamiento de tutela precedente que abord\u00f3 la tem\u00e1tica y que es viable reiterar; all\u00ed, al referirse al entendimiento del art\u00edculo 9\u00ba del decreto 806 transitorio, se sostuvo, <\/p>\n
\u00abN\u00f3tese, que la normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado, y adicionalmente, deber\u00e1 incluirse all\u00ed la resoluci\u00f3n susceptible de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb. Esto \u00faltimo, marca la diferencia con la misma figura instituida en el art\u00edculo 295 del C.G.P., pues bajo esta \u00faltima codificaci\u00f3n, no es necesario que el prove\u00eddo que se pretenda dar a conocer est\u00e9 anexado. <\/p>\n
Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u00bb (STC5158-2020) <\/p>\n
De manera que, el proceder de la entidad tutelada se ajust\u00f3 plenamente a lo indicado en la preceptiva aplicable, cumpliendo con la notificaci\u00f3n por estado de la decisi\u00f3n, sin que le fuere exigible otro tipo de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, la alegaci\u00f3n relacionada con la supuesta indebida notificaci\u00f3n se aprecia evidentemente infundada, de ah\u00ed que no se observe un actuar de la autoridad enjuiciada que imponga dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos demandados, o que resulte indudable que lo denunciado ha sido producto de un comportamiento flagrantemente omisivo o negligente. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad por incuria. <\/p>\n
As\u00ed mismo habr\u00e1 de prohijarse lo arg\u00fcido por la primera instancia en el sentido de reforzar el fracaso de la salvaguarda por la incuria de la gestora frente al recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda contra la providencia aqu\u00ed atacada (que rechaz\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda) porque, n\u00f3tese, la accionante ten\u00eda pleno conocimiento de la actuaci\u00f3n por hallarse enterada de su curso, y aun as\u00ed se deslig\u00f3 de la responsabilidad de estar atenta a la misma y revisar con diligencia los estados publicados en la p\u00e1gina web de la accionada; luego, esa falta de apersonamiento con el asunto result\u00f3 definitiva en el desperdicio de la oportunidad de refutaci\u00f3n y ahora pretende con esta acci\u00f3n tutelar remediar dicha omisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, quiere decir que fue la propia interesada quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n en el instante procesal oportuno, y desech\u00f3 el medio de defensa id\u00f3neo para plantear su inconformidad. <\/p>\n
Frente a situaciones como la se\u00f1alada, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
5. La sentencia que puso fin al litigio de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
Por \u00faltimo, auscultada la juridicidad del fallo \u2013 del 28 de febrero de 2022 \u2013 en el que la Superintendencia despach\u00f3 favorablemente las pretensiones del demandante en la causa de protecci\u00f3n al consumidor, el mismo se advierte razonable y motivado. <\/p>\n
En efecto, en lo que es objeto central de reproche en la presente acci\u00f3n, esto es, si resultaba o no aplicable la regla 3\u00aa del decreto 2348 de 2010, destac\u00f3 puntualmente que aqu\u00e9lla, \u00abse entend\u00eda derogada por el Estatuto del Consumidor\u00bb, y explic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo primero es que a partir de la promulgaci\u00f3n de la ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, se busc\u00f3 un equilibrio entre la relaci\u00f3n de consumo entre la parte consumidora y los productores, proveedores, anunciantes que est\u00e1n del otro lado, en ese sentido dentro del Estatuto del Consumidor promulgado posteriormente al Decreto 2438 de 2010, se indic\u00f3 un car\u00e1cter de solidaridad entre productores y proveedores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, agreg\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la parte demandada s\u00ed tiene la calidad de proveedora e implicar\u00eda una renuncia de la parte consumidora el no acudir a la solidaridad, es decir, a partir del Estatuto del Consumidor se ha implementado que el consumidor pueda acudir ante proveedor directo, ante el proveedor indirecto o, ante el productor, para obtener la efectividad legal de un producto, esta interpretaci\u00f3n debe indicarse que, conforme al art\u00edculo 4 del Estatuto del Consumidor, se ha implementado el principio de indubio pro consumitore, es decir, la interpretaci\u00f3n cuando hay lugar a verificar si hay una duda o existencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y, en cuanto a esa interpretaci\u00f3n, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien existe una norma que es anterior al Estatuto del Consumidor, esa norma fue edificada bajo dos motivaciones, en las consideraciones del Decreto 2438 del 2010 se indic\u00f3 que, mediante el Decreto 053 de 2002, el Gobierno Nacional reglament\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios tur\u00edsticos de las agencias de viajes, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, esa fue la motivaci\u00f3n, proteger los derechos de los usuarios, a partir de la implementaci\u00f3n del Estatuto del Consumidor se equilibra esa balanza, a trav\u00e9s de la efectividad de la garant\u00eda, implementando la solidaridad, para que el consumidor no tenga que ejercer varias acciones de protecci\u00f3n al consumidor para dirigirlas contra el proveedor directo, posteriormente contra el proveedor indirecto, [y] posteriormente [\u2026] contra el productor, sino que, directamente, pueda acudir de manera solidaria, pues hacen parte de toda la cadena de consumo, tanto el productor directo como el indirecto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en este caso el art\u00edculo 3 en lo que respecta a las agencias de viaje no asumen responsabilidad alguna frente al usuario o viajero por el servicio de transporte a\u00e9reo, pues el Estatuto del Consumidor por ser una norma posterior, derog\u00f3 toda norma que le sea contraria y aplicar dicho art\u00edculo, implicar\u00eda una forma de renuncia del derecho del consumidor a la solidaridad que es un principio que se implement\u00f3 dentro de la efectividad de la garant\u00eda para proteger el derecho del usuario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conforme lo rese\u00f1ado, se tiene que la resoluci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la autoridad accionada no constituye el defecto de procedibilidad alegado dado que, como se anticip\u00f3, fue producto de una ponderaci\u00f3n razonada de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica con la normativa que consider\u00f3 era la aplicable, de manera que, no es posible calificarla de arbitraria ya que se fund\u00f3 en un examen general v\u00e1lido del contexto procesal puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que se extrae de los argumentos en que se soporta la presente acci\u00f3n, es que lo pretendido por la actora es anteponer su propio criterio al de la Delegatura de la Superintendencia y atacar, por esta senda, la sentencia que la desfavoreci\u00f3, finalidad ajena a la tutela, la cual no fue establecida como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, y menos para imponer una determinada tesis que sustituya a la de los funcionarios de conocimiento como si fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, es la confirmaci\u00f3n de la negativa del auxilio porque: <\/p>\n
6.1. No se present\u00f3 la afectaci\u00f3n de las prerrogativas invocadas al evidenciarse que la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada (la que rechaz\u00f3 la solicitud de llamamiento en garant\u00eda) se cumpli\u00f3 adecuadamente seg\u00fan lo dispuesto en la normativa procedimental espec\u00edfica. <\/p>\n
6.2. Adicionalmente, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, pues a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos desperdiciados por el descuido de los interesados, como ocurri\u00f3 en este evento frente al recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
6.3. Y, porque la sentencia que defini\u00f3 la litis no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al advertirse razonable y ajustada a las preceptivas aplicables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7676-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00967-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}