STC7679-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7679-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01467-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1 de octubre de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flor Mar\u00eda Ramos Betancourt contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo Laborales del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2013-251. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que Flor Mar\u00eda Ramos Betancourt, instaur\u00f3 ordinario laboral contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio -EAAV ESP-, en procura de obtener la \u00abindexaci\u00f3n de la primera mesada\u00bb de la pensi\u00f3n que percibe con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge Jorge Luis Medina Rozo, a quien le fue reconocida la prestaci\u00f3n, mediante providencia judicial dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio, el 10 de diciembre de 1999. <\/p>\n
El conocimiento del asunto (rad. 2013-00251) correspondi\u00f3 al citado estrado, que declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. Posteriormente, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, la demandante, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abno hay lugar a indexar dicho valor, pues la tasaci\u00f3n del derecho pensional en [el] citad[o] [veredicto], aparte de constituir cosa juzgada para las partes (\u2026) preve\u00eda en s\u00ed misma, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la convocante, incurrieron en defecto sustantivo, puesto que respecto del objeto de la litis \u00abno opera (\u2026) la cosa juzgada\u00bb, agreg\u00f3 que se \u00abinterpreta contrario sensu del mandato legal del in dubio properario (sic), (\u2026) pues debe entenderse y aplicarse lo m\u00e1s favorable para el trabajador\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 23 de abril de 2015, 20 de septiembre de 2016 y SL2459-2020 del 16 de junio de 2020 y en consecuencia se ordene \u00abel pago de [lo] (\u2026) reclamad[o]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 un recuento de la determinaci\u00f3n confutada y expres\u00f3 que \u00abla sentencia emitida en primera instancia, dentro del proceso en el que se solicit\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional (10 de diciembre de 1999), por la cual se orden\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n en la forma all\u00ed indicada, solamente fue apelada en lo referente a la indemnizaci\u00f3n moratoria por la falta de pago de salarios y prestaciones a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo, lo que permiti\u00f3 concluir, que la interesada estuvo conforme con lo all\u00ed dispuesto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablo que se advierte es que los argumentos que en sede constitucional aduce, pretenden, con evidente abuso del derecho, revivir un debate que ya fue resuelto por el Juez natural dentro de la actuaci\u00f3n ordinaria\u00bb <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que en \u00abel [tr\u00e1mite] laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Veintinueve Judicial II para Asuntos del Trabajo inform\u00f3 que \u00abla discusi\u00f3n que pretende reabrir la accionante (\u2026), no consiste propiamente en viabilidad de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, en tanto las pensiones cuyo monto mensual es igual al salario m\u00ednimo legal mensual vigente, son reajustadas de oficio anualmente, con el mismo porcentaje en que se incrementa dicho salario por el Gobierno Nacional, y antes bien, el objetivo del presente amparo constitucional (\u2026), es que se analice si tiene derecho a una reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n convencional, con la que obtenga una mesada mayor al salario m\u00ednimo\u00bb. <\/p>\n
4. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio -EAAV ESP resalt\u00f3 que \u00abse evidencia una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues los derechos presuntamente vulnerados, hacen referencia a la actuaci\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ablos prove\u00eddos objetados por la demandante se profirieron conforme a la normatividad que regula el tema y los elementos probatorios aducidos al proceso, los cuales le permitieron a la accionadas no acceder al pedimento de indexaci\u00f3n\u00bb. Seguidamente, concluy\u00f3 que \u00ab[a]rgumentos como los presentados por la peticionaria son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00ab[n]o es dable, como se dice, que lo que proced\u00eda era, o es, la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n, porque no se echa de menos factores salariales que no se hayan tenido en cuenta en su momento. (\u2026) Al a quo Constitucional ning\u00fan miramiento le caus\u00f3 la (\u2026) STC8816 – 2020 de Radicaci\u00f3n No. 11001 0204 000 2019 00157 02, [dictada] en sede de tutela por la misma Corte Suprema de Justicia, contra la misma Entidad Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, donde similarmente se toc\u00f3 lo relacionado con este asunto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL2459-2020 rad. 76671), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra las sentencias del 23 de abril de 2015, 20 de septiembre de 2016 y 16 de junio de 2020, proferidas por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, esto es, la de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno hay lugar a indexar [la primera mesada], pues la tasaci\u00f3n del derecho pensional en la citada [decisi\u00f3n], aparte de constituir cosa juzgada para las partes del proceso (\u2026) preve\u00eda en s\u00ed misma, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el cargo \u00fanico, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de violaci\u00f3n indirecta \u00abdel art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, por error de hecho al incurrir dicha sentencia en la causal primera de casaci\u00f3n, contemplada en el art\u00edculo 87 del CPTSS, por dejar de apreciar prueba documental aut\u00e9ntica, siendo del caso haberla analizado; violaci\u00f3n de la ley que igualmente condujo a la infracci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica especialmente los art\u00edculos 46, 48, 53, 228\u00bb, la Corporaci\u00f3n enjuiciada expuso que: <\/p>\n
\u00ab[D]e la lectura de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 279 de 2002 (\u2026) que sirvi\u00f3 de apoyo a las pretensiones de la [promotora], relativas al ajuste por indexaci\u00f3n del valor inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que la EAAV ESP le reconoci\u00f3 a su c\u00f3nyuge, Jorge Luis Medina Rozo, surge claro que la prestaci\u00f3n le fue otorgada por haberse discutido en un [juicio], (\u2026) [en el] cual se conden\u00f3 a la demandada \u00abreconocer la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n para cuando el trabajador cumpla 50 a\u00f1os de edad, con base en el salario m\u00ednimo legal, m\u00e1s incrementos legales que se causen a\u00f1o tras a\u00f1o\u00bb, situaci\u00f3n que se present\u00f3, el 29 de marzo de 2002, quedando por ello establecida la pensi\u00f3n en un valor inicial de $309.000, correspondiente a la remuneraci\u00f3n m\u00ednima de ley para esa anualidad, conforme a lo establecido en el Decreto 2910 de 2001\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en la SL, 6 dic. 2011, rad. 40970, manifest\u00f3 que la conclusi\u00f3n del tribunal no fue errada, en tanto: \u00abno hay lugar a indexar dicho valor, pues la tasaci\u00f3n del derecho pensional en la citada providencia, aparte de constituir cosa juzgada para las partes del proceso (\u2026) preve\u00eda en s\u00ed misma, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero por el efecto inflacionario que el paso del tiempo produce en la econom\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abpara la fecha en que se profiri\u00f3 dicha [decisi\u00f3n], impl\u00edcitamente se consider\u00f3 que un salario m\u00ednimo de esa \u00e9poca ($260.100,00), ser\u00eda diferente al de 2002, fecha en que cumplir\u00eda los 50 a\u00f1os de edad ($309.000,oo), en tanto el mismo, con su incremento anual, manten\u00eda su valor adquisitivo, hasta la exigibilidad de la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[El fallo] emitid[o] en primera instancia, dentro del proceso en el que se solicit\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional (10 de diciembre de 1999), por la cual se orden\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n en la forma all\u00ed indicada, solamente fue apelada en lo referente a la indemnizaci\u00f3n moratoria por la falta de pago de salarios y prestaciones a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo, lo que permite concluir, que el interesado estuvo conforme con lo all\u00ed dispuesto, esto es, \u00abel reconocimiento [\u2026] de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, para cuando en trabajador cumpla los 50 a\u00f1os de edad, con base en el salario m\u00ednimo legal, m\u00e1s los incrementos legales que se causen a\u00f1o a a\u00f1o\u00bb, raz\u00f3n por la que el Juez colegiado no estim\u00f3 necesario examinar otros medios de prueba\u00bb. <\/p>\n
De esta manera desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una discrepancia del criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la sentencia cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 3 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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