STC7683-2022_2<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00699-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 24 de enero de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Camila Marleny Silva Bernal contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, tramite al que fue vinculado el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia con radicado N\u00b0 68001-40-03-009-2015-00759-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los \u00abpreceptos constitucionalmente protegidos (\u2026) en los art\u00edculos 1, 2, 13, 29,209, 228, 229 y 230\u00bb de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, y, solicit\u00f3, \u00abse deje sin valor y efecto la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb, proferida en el proceso mencionado. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, expuso que el proceso de pertenencia referido iniciado por Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz en su contra y de Roberto Carlos Naranjo Cuervo, Erika Mar\u00eda y David Valbuena Cuervo, con el prop\u00f3sito de adquirir mediante prescripci\u00f3n extraordinaria el 50% de la propiedad del inmueble con matr\u00edcula N\u00b0 300-36177, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga en sentencia de 5 de octubre de 2020 neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada por la demandante confirm\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la nombrada ciudad el 2 de febrero de 2021. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tras la formulaci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela propuesta por Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, que concedi\u00f3 el Tribunal Superior de Bucaramanga el 16 de junio del a\u00f1o 2021, y confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 29 de junio de 2021, en STC9490-2021, el Juzgado S\u00e9ptimo del Circuito de Bucaramanga procedi\u00f3 el 18 de junio de 2021 en el fallo de reemplazo, \u00abde manera equivocada a dar cumplimiento a la orden impartida\u00bb, porque, revoc\u00f3 la sentencia apelada para declarar que la demandante hab\u00eda adquirido el porcentaje demandado sobre el predio se\u00f1alado, decisi\u00f3n frente a la cual, el 8 de julio de 2021, se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n que pidi\u00f3. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en esa determinaci\u00f3n valor\u00f3 indebidamente las pruebas allegadas al juicio, puesto que con \u00e9stas no pod\u00eda acreditarse la pretensi\u00f3n de la demandante, adem\u00e1s que, desconoci\u00f3 los razonamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, se\u00f1alados en la citada sentencia de tutela, pues all\u00ed \u00fanicamente se le \u00abprevino sobre la correcta valoraci\u00f3n probatoria\u00bb que deb\u00eda realizar. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que no obstante, esa autoridad tuvo por acreditada una \u00abinexistente SUMA de posesiones\u00bb, teniendo en cuenta documentos \u00abfraudulentos\u00bb, tales como una promesa de compraventa celebrada entre Marleny Gamboa y Pedro Antonio Valbuena Vera, documento que tampoco demostraba la posesi\u00f3n de este \u00faltimo y su traspaso a Mar\u00eda Ang\u00e9lica, m\u00e1xime si dentro del proceso con radicado 2005-00272-00, impulsado por el prenombrado, se neg\u00f3 la pertenencia que reclam\u00f3 al no probar \u00abla calidad de poseedor ni mucho menos el tiempo necesario para la usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo del Circuito de Bucaramanga, omiti\u00f3 pronunciarse sobre la tacha de falsedad censurada al enunciado contrato y, con todo, agreg\u00f3 que a\u00fan si no fuese falso dicho negocio, en el mismo se hallaban \u00abincongruencias\u00bb que imped\u00edan sostener el traslado de la posesi\u00f3n en favor de Pedro Antonio, pues del clausulado se extra\u00eda que ello ocurrir\u00eda el d\u00eda de la firma de la escritura p\u00fablica de venta, previa entrega de $200.000.000 por parte del referido comprador; actos que no fueron llevados a cabo. <\/p>\n
Tras insistir en la falta de m\u00e9rito probatorio de la promesa rese\u00f1ada, puesto que seg\u00fan expuso, la jurisprudencia citada \u00abno sirve de justo t\u00edtulo\u00bb, la peticionaria reiter\u00f3 que en el mencionado asunto 2005-00272-00 no se lograron \u00abdemostrar los derechos posesorios\u00bb de Valbuena Vera cuesti\u00f3n que desvirtuaba, en su criterio, la \u00absuma de posesiones\u00bb concebida por el juez accionado. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, de tenerse por poseedor a Pedro Antonio Valbuena Vera, debi\u00f3 advertirse la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de tal calidad, como quiera que los due\u00f1os del predio -herederos de Marleny Gamboa- se opusieron a la demanda que aqu\u00e9l present\u00f3 para adquirir el bien por prescripci\u00f3n y obtuvieron un fallo favorable a sus intereses; adem\u00e1s, \u00abllevan m\u00e1s de diecisiete (17) a\u00f1os reclamando la posesi\u00f3n y titularidad del bien a trav\u00e9s de las diferentes acciones\u00bb, entre \u00e9stas, un juicio divisorio impulsado por la accionante, quien es propietaria del 50% del bien en disputa, \u00abproceso que en la actualidad tiene pendiente de remate el bien inmueble por indivisi\u00f3n material del mismo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, asegur\u00f3 que la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de la posesi\u00f3n no proven\u00eda de la \u00abinscripci\u00f3n de la demanda\u00bb como se advirti\u00f3 en la tutela otrora formulada, sino de las \u00abacciones civiles\u00bb invocadas por los due\u00f1os del bien, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n pon\u00eda de presente la falta de \u00abpacificidad\u00bb del se\u00f1or\u00edo invocado por la demandante, pues, \u00abresulta contrario a los fines superiores y a la misma aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, estimar que una larga cadena de disputas y contenciosas acciones judiciales, no tengan la virtualidad de quebrantar la paz que debe gobernar las relaciones entre sus asociados, las cuales no solo crean una prueba de la posesi\u00f3n, sino tambi\u00e9n, engendran una prueba de las actuaciones en las cuales el propietario afectado por quien se reputa poseedor, haciendo uso de actos de se\u00f1or y due\u00f1o, defiende su heredad en el escenario judicial\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, anot\u00f3 que en el caso criticado no se determin\u00f3 con claridad y precisi\u00f3n el porcentaje materia de la pertenencia reclamada, toda vez que la demandante no especific\u00f3 \u00ablos linderos de la cuota parte sobre la cual reclama la suma de posesiones integrada por los inexistentes derechos probados de Pedro Valbuena m\u00e1s los de Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que el juez del circuito censurado incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque, adem\u00e1s de lo antes expuesto, valor\u00f3 equivocadamente algunos de los testimonios recibidos y releg\u00f3 \u00abel restante compendio probatorio\u00bb que ella present\u00f3. <\/p>\n
2. Mediante auto ATC458-2022 de 5 de abril de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque, Francisco Ternera Barrios, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, para conocer del presente amparo y el conocimiento del asunto fue asignado a este Despacho. <\/p>\n
3. En auto de 2 de mayo siguiente, esta Sala orden\u00f3 el env\u00edo de las diligencias a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral al estimar que el reclamo involucraba, eventualmente, lo resuelto en la sentencia STC9490-2021, no obstante, dicha Corporaci\u00f3n dispuso la devoluci\u00f3n del asunto el 18 siguiente, porque consider\u00f3 que no \u00abse formularon reparos contra la Sala Civil del Tribunal [de Bucaramanga] ni contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz se opuso a la prosperidad del amparo, puesto que, en s\u00edntesis, el juez accionado emiti\u00f3 su sentencia con apego a las pruebas allegadas y resalt\u00f3 que, si la accionante no estaba conforme con esa decisi\u00f3n, debi\u00f3 impulsar un incidente de desacato por el posible incumplimiento de la sentencia STC9490-2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3. Gerardo Bernal Gamboa pidi\u00f3 acceder a la protecci\u00f3n reclamada por la actora y reiter\u00f3 los argumentos expuestos por \u00e9sta. <\/p>\n
4. Octavio Cadena Quijano, quien fungi\u00f3 como curador ad litem de las personas indeterminadas en el proceso reprochado, afirm\u00f3 no oponerse a la tutela propuesta, siempre que existan pruebas de la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 la protecci\u00f3n pretendida por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues, seg\u00fan sostuvo, para controvertir la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad en cumplimiento de la orden de tutela otrora proferida en favor de Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, la ahora accionante debi\u00f3 impulsar el incidente de desacato a su alcance, establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y, adicionalmente, anot\u00f3 no compartir las consideraciones del Tribunal a quo en cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues no tiene m\u00e1s recursos frente al fallo controvertido, como quiera que, \u00abel Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, cumpli\u00f3 la orden proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga, en providencia de fecha 16 de junio de 2021 dentro de la acci\u00f3n de tutela radicado 68001-22-13-000-2021-00286-00; en ese sentido, el d\u00eda 18 de Junio de 2021 el Juez en referencia, emiti\u00f3 la sentencia de reemplazo; es decir, no desacat\u00f3 la orden proferida por su superior funcional; quedando entonces [ella] (\u2026) con el \u00fanico medio judicial de la Acci\u00f3n de Tutela para buscar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1. De la tutela formulada frente a otra de igual naturaleza. <\/p>\n
Inicialmente se advierte, que si la peticionaria pretende reprochar los fallos de tutela proferidos en el tr\u00e1mite iniciado por Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, bajo el radicado N\u00b0 68001-22-13-000-2021-00286-01, proferidos, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Bucaramanga y, en sede de impugnaci\u00f3n, por la Sala de Casaci\u00f3n Civil STC9490-2021, resulta n\u00edtido el fracaso de este amparo, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de un amparo constitucional, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues, <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este amparo si busca controvertir otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 dictada el 1\u00ba de octubre de 2015 por la Corte Constitucional se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que en este asunto no fueron denunciadas. <\/p>\n
Se destaca, asimismo, que la actora, para controvertir lo resuelto en los fallos de tutela cuestionados, cont\u00f3 con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992-; no obstante, se observa que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 15 de diciembre de 20211, sin que aqu\u00e9lla manifestara inconformidad, con lo cual las rese\u00f1adas decisiones adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
1.2. Sobre la improcedencia, para el caso concreto, del incidente de desacato. <\/p>\n
En cuanto a las quejas que la solicitante formula a la sentencia de 18 de junio de 2021, no aclarada el 8 de julio posterior, mediante la cual el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga revoc\u00f3 el fallo de primer grado en el proceso de pertenencia reprochado para, en su lugar, acceder a las pretensiones de Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz y declarar que adquiri\u00f3 el dominio del 50% del predio con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 300-36177, debe se\u00f1alarse que, contrario a lo sostenido por el a quo constitucional, el incidente de desacato contenido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 no se erige como el mecanismo pertinente ni id\u00f3neo para definir tales reproches. <\/p>\n
Lo anterior, porque el tr\u00e1mite incidental est\u00e1 concebido para determinar la responsabilidad del obligado en acatar una sentencia de tutela, empero no para analizar, como en este caso, la razonabilidad de un pronunciamiento judicial proferido en cumplimiento de la misma. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en este particular asunto, revisada la sentencia STC9490-2021 que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo pedido por Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, se constata que al titular del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga se le orden\u00f3 proferir su fallo nuevamente sin especificarse el sentido del mismo, dado que s\u00f3lo se le advirti\u00f3 que deb\u00eda tener en cuenta, puntualmente, que no pod\u00eda asumir la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de la posesi\u00f3n en raz\u00f3n de la presentaci\u00f3n de una demanda divisoria, as\u00ed como tampoco deducir de esa actuaci\u00f3n la falta de \u00abpacificidad\u00bb del se\u00f1or\u00edo alegado, razonamientos acogidos por esta Corte en la referida sentencia constitucional en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para la Sala se incurri\u00f3 en un yerro al considerar, de un lado, que la posesi\u00f3n ejercida por la libelista no fue pac\u00edfica, al verse interrumpida por el proceso divisorio iniciado por la demandada Camila Marleny Silva Bernal y, de otro, que el plazo contemplado en la Ley 791 de 2002, para lograr la prescripci\u00f3n extraordinaria demandada, deb\u00eda contabilizarse desde la entrada en vigencia de esa norma y hasta cuando se inscribi\u00f3 la demanda dentro de dicho juicio divisorio. <\/p>\n
De conformidad a la jurisprudencia emitida por esta Corporaci\u00f3n, el registro de una medida cautelar decretada con la presentaci\u00f3n de una demanda impulsada por el due\u00f1o del predio pretendido, no interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la posesi\u00f3n (CSJ, Civil. SC19903-2017 del 18 de julio de 2017). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se insiste, en el tr\u00e1mite constitucional no se le impuso al fallador accionado el sentido de la decisi\u00f3n que deb\u00eda proferir, pues, aunque se le orden\u00f3 observar lo antes referido, tambi\u00e9n se le puso de presente que ello no significaba que, <\/p>\n
\u00aba la hora de pronunciarse sobre la prescripci\u00f3n demandada, pueda soslayar la evaluaci\u00f3n y an\u00e1lisis de las pruebas adosadas, para determinar si la posesi\u00f3n material ejercida se ha visto suspendida o interrumpida o, incluso, renunciada, aspectos medulares que le corresponde dilucidar en aras de establecer el cumplimiento de los presupuestos de la acci\u00f3n incoada\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
2. Cuesti\u00f3n a resolver. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se destaca que en esta oportunidad corresponde efectuar un an\u00e1lisis de la sentencia de 18 de junio de 2021, a fin de determinar si el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, aqu\u00ed accionado, incurri\u00f3 en las irregularidades planteadas por la accionante. <\/p>\n
2.1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021). <\/p>\n
Sobre lo anotado, para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas: \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ, STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n2, los cuales se presentan cuando: <\/p>\n
\u00abi) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n; <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (subraya fuera de texto) (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020). <\/p>\n
2.2. La providencia censurada. <\/p>\n
En el proceso criticado el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga neg\u00f3 las pretensiones de Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz el 5 de octubre de 2020 y, apelada esa decisi\u00f3n por la prenombrada, con sustento, en s\u00edntesis, en que su posesi\u00f3n hab\u00eda sido pac\u00edfica, no hab\u00eda existido interrupci\u00f3n de la misma, el a quo err\u00f3 al desconocer la \u00absuma de posesiones\u00bb; y valor\u00f3 de manera deficiente las pruebas, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, tras la acci\u00f3n de tutela antes rese\u00f1ada -2021-00286-, profiri\u00f3 su nuevo fallo el 18 de junio de 2021 -aqu\u00ed criticado-, revocando la sentencia de primera instancia y accediendo a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Para adoptar esa decisi\u00f3n, el juez accionado comenz\u00f3 por relacionar las pruebas documentales allegadas, los interrogatorios rendidos por las partes, los testimonios y la inspecci\u00f3n judicial adelantada por el a quo; enseguida, precis\u00f3 que la inscripci\u00f3n de la demanda del asunto divisorio, iniciado por la aqu\u00ed accionante antes de la pertenencia cuestionada, no permit\u00eda inferir que \u00abla posesi\u00f3n no haya sido pacifica, [pues] no tiene nada que ver con actos de violencia sobre la posesi\u00f3n y no tiene nada que ver con actos posesorios, pues solo se trata de la inscripci\u00f3n de demanda, que no saca el bien del comercio y solo es una notificaci\u00f3n a terceros\u00bb. <\/p>\n
Luego se\u00f1al\u00f3 que la demandante, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, manifest\u00f3 en su demanda que ejerce la posesi\u00f3n del 50% del inmueble con matr\u00edcula N\u00b0 300-36177, dada la transferencia que de \u00e9sta hizo en su favor su esposo, Pedro Antonio Valbuena Vera, mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 320 de 23 de enero de 2014, se\u00f1or\u00edo que \u00e9ste adquiri\u00f3 en raz\u00f3n del \u00abcontrato de compraventa que celebr\u00f3 con MARLENY GAMBOA BARRERA el 6 de octubre de 1986\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, el Juzgado accionado, a pesar de sostener que tal promesa fue juzgada en el proceso de pertenencia N\u00b0 2005-00272-00 iniciado por Pedro Antonio Valbuena Vera, como un documento que \u00abno acredita la posesi\u00f3n material sobre el referido inmueble desde la fecha de su suscripci\u00f3n\u00bb, toda vez que la entrega de la posesi\u00f3n se condicion\u00f3 a la firma de la escritura de venta y al pago de ciertas sumas de dinero por parte del mencionado, actos no realizados; indic\u00f3 que de los testimonios recibidos pod\u00eda colegirse que Pedro Antonio ocup\u00f3 el predio desde 1986 y le hizo mejoras; por tanto, en criterio de ese juzgador, la posesi\u00f3n ejercida por este \u00faltimo estaba acreditada y, de igual modo, su transferencia a la demandante. Sobre lo anotado, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abEstos testimonios se\u00f1alan las mejoras realizadas al inmueble, e indican que conocen a PEDRO ANTONIO VALBUENA VERA desde el a\u00f1o 1986, sin embargo como los fundamentos de la pretensi\u00f3n se basa en la ley 791 de 2002, que entr\u00f3 en vigencia el 27 de diciembre de 2002, el despacho toma como fecha de la posesi\u00f3n de PEDRO ANTONIO VALBUENA VERA el d\u00eda 27 de diciembre de 2002, es decir los diez a\u00f1os exigidos por la ley se cumplieron el 26 de diciembre de 2012, quien transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta la posesi\u00f3n por este ejercida a MARIA ANGELICA CUERVO CRUZ seg\u00fan escritura p\u00fablica 320 del 23 de enero de 2014 de la Notaria S\u00e9ptima de Bucaramanga, la fecha de presentaci\u00f3n de la presente demanda es el 13 de octubre de 2015, por lo que se supera el tiempo exigido por la norma, para la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, teniendo en cuenta la posesi\u00f3n que ven\u00eda ejerciendo PEDRO ANTONIO VALBUENA VERA derivada del contrato de promesa de compraventa que celebro con MARLENY GAMBOA BARRERA el 6 de octubre de 1986, aplicando la suma de posesiones de que trata el art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil\u00bb.. <\/p>\n
Por lo expuesto, el juez acusado concluy\u00f3 que Pedro Antonio Valbuena Vera traslad\u00f3 la \u00abposesi\u00f3n\u00bb que ejerci\u00f3 sobre el 50% del predio a su esposa, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Cruz, a trav\u00e9s de la mencionada escritura de 23 de enero de 2014, \u00abexistiendo un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido para la trasferencia de dicha posesi\u00f3n, tal y como lo se\u00f1ala el precedente antes citado [-SC12323-2015-]\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reiter\u00f3 la imposibilidad de advertir que la posesi\u00f3n de Pedro Antonio Valbuena Vera se hab\u00eda interrumpido con la inscripci\u00f3n de la demanda del asunto divisorio iniciado por la aqu\u00ed accionante, an\u00e1lisis que respald\u00f3 con los argumentos del Tribunal Superior de Bucaramanga en la sentencia de tutela que confirm\u00f3 esta Sala en STC9490-2021, en consecuencia y tras anotar que nada probaba que la posesi\u00f3n de la demandante no hubiese sido \u00abquieta, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb, resolvi\u00f3 acceder a las pretensiones de \u00e9sta. <\/p>\n
2.3. Sobre el defecto f\u00e1ctico advertido. <\/p>\n
Del panorama antes expuesto se establece la vocaci\u00f3n de \u00e9xito del amparo reclamado, pues se observa que el fallador denunciado, en la sentencia cuestionada, incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico que lo llev\u00f3 a acoger las pretensiones de la demanda, cuando de los elementos demostrativos no pod\u00eda llegarse a esa conclusi\u00f3n, determinaci\u00f3n que, en consecuencia, quebranta las garant\u00edas de la aqu\u00ed solicitante. <\/p>\n
Como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional, el defecto f\u00e1ctico surge cuando el juez carece del apoyo probatorio para aplicar \u00abel supuesto legal en el que se sustenta [su] decisi\u00f3n\u00bb (Corte Constitucional, SU-020 de 2020), error sobre el cual esta Corte ha se\u00f1alado lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[U]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u00bb (subraya fuera de texto (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01, STC15259-2018, STC1673-2019, STC4330-2019, STC10976-2021 y, STC12083-201, entre otras muchas). <\/p>\n
2.4. Errores en la apreciaci\u00f3n probatoria del juzgado accionado. <\/p>\n
Como se antes se indic\u00f3, en la sentencia cuestionada se evidencia la irregularidad se\u00f1alada por la accionante, pues el an\u00e1lisis que el fallador acusado realiz\u00f3 sobre la posesi\u00f3n ejercida por Pedro Antonio Valbuena Vera resulta equivocado de cara a los elementos demostrativos que se allegaron. <\/p>\n
Justamente, si en la promesa de compraventa suscrita con Marleny Gamboa Barrera (q.e.p.d.) se determin\u00f3 que la posesi\u00f3n del 50% prometido ser\u00eda entregada a la fecha de la escritura de venta y tras los pagos pendientes, el juez accionado no pod\u00eda tener por poseedor a Valbuena Vera, como quiera que, de detentar materialmente el bien en virtud de dicha promesa, s\u00f3lo exhib\u00eda la calidad de tenedor, condici\u00f3n que no termin\u00f3 para, luego, darle paso a la posesi\u00f3n aducida, pues ninguna alegaci\u00f3n o prueba permiten concluirlo. <\/p>\n
Sobre lo advertido, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la doctrina jurisprudencial vigente de esta colegiatura, \u00abla entrega anticipada de lo que se promete en venta, concede a quien recibe la mera tenencia de la cosa, salvo que se hubiere convenido expresamente la transferencia de la posesi\u00f3n\u00bb (CSJ SC3642-2019, 9 sep., rad. 1991-02023-01). <\/p>\n
El pronunciamiento que se cita trajo a colaci\u00f3n la posici\u00f3n resguardada por la Sala por m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas, seg\u00fan la cual, cuando el prometiente comprador de un inmueble, \u00ablo recibe por virtud del cumplimiento anticipado de la obligaci\u00f3n de entrega que corresponde al contrato prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde a\u00fan; que de este derecho no se ha desprendido todav\u00eda el prometiente vendedor, a quien por tanto el detentador considera due\u00f1o, a tal punto que lo requiere para que le transmita la propiedad ofrecida\u00bb. De contera, la entrega de la cosa prometida no origina posesi\u00f3n material, salvo que en el convenio preparatorio se estipule de manera clara y expresa que \u00abel prometiente vendedor le entrega al futuro comprador en posesi\u00f3n material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa, pues s\u00f3lo as\u00ed se manifestar\u00eda el desprendimiento del \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o en el promitente vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte del futuro comprador\u201d -subrayado de la Sala- (CSJ SC 24 jun. 1980, G.J. T. CLXVI, p\u00e1gs. 51 y 52). <\/p>\n
De modo que si los signatarios de la promesa de compraventa deciden anticipar el cumplimento del negocio proyectado y no pactan expresa e inequ\u00edvocamente que se hace entrega antelada de la posesi\u00f3n sobre el bien prometido en venta, la secuela jur\u00eddica es que la cosa \u00abse entiende entregada y recibida a t\u00edtulo de mera tenencia, porque al prometerse con la celebraci\u00f3n del definitivo, transferir y adquirir la propiedad de su due\u00f1o, se reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento, excluye la posesi\u00f3n -texto destacado- (CSJ SC 30 jul. 2010, rad. 2005-00154-01; en el mismo sentido CSJ SC7004-2014, 5 jun., rad. 2004-00209-01; CSJ SC16993-2014, 12 dic., rad. 2010-00166-01 y CSJ SC10825-2016, 8 ago., rad. 2011-00213-01) (CSJ, SC5513-2021, exp.2008-00227-01). <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, el juez accionado se equivoc\u00f3 al aplicar la \u00absuma de posesiones\u00bb que solicit\u00f3 la demandante, pues si su alegada condici\u00f3n de poseedora resultaba de la transferencia que le hizo Pedro Antonio Valbuena mediante escritura p\u00fablica de 2014, es claro que nunca pudo ense\u00f1ar dicha calidad, dado que, se insiste, respecto de su esposo apenas se prob\u00f3 que era tenedor y ese t\u00edtulo se mantuvo sin cambiar para cuando aqu\u00e9l pretendi\u00f3 transferirle su inexistente se\u00f1or\u00edo, pues, se resalta, los testigos s\u00f3lo adujeron que sab\u00edan de la ocupaci\u00f3n del predio por parte de Pedro Antonio desde 1986 y que hab\u00eda hecho mejoras, actos que no remueven la tenencia trasladada con la escritura p\u00fablica suscrita entre \u00e9l y Marleny Gamboa Barrera (q.e.p.d.) en ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
La Sala al respecto, ha indicado: <\/p>\n
\u201cEse yerro f\u00e1ctico incidi\u00f3 en la transgresi\u00f3n del derecho sustancial comoquiera que el mero tiempo no convierte la tenencia en posesi\u00f3n (art. 777 C.C.), la suma de posesiones trae consigo sus calidades y vicios (art. 778 \u00edb.) y cuando se empieza a poseer en nombre de otro se supone la continuidad de esa situaci\u00f3n (art. 780) (\u2026) (arts. 762, 2518 y 2532 C.C., 407 C. de P.C. y 2\u00ba de la Ley 791 de 2002)\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ, SC10189-2016 de 27 de julio de 2016). <\/p>\n
2.5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con lo antes indicado, es evidente que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga vulner\u00f3 el debido proceso de la se\u00f1ora Camila Marleny Silva Bernal, aqu\u00ed accionante, pues aun cuando en la sentencia criticada observ\u00f3 las previsiones realizadas a trav\u00e9s del amparo otrora propuesto por Mar\u00eda Ang\u00e9lica Cuervo Ruiz, en cuanto a la inviabilidad de extraer la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n por causa de la inscripci\u00f3n de la demanda divisoria formulada por la ahora accionante, lo cierto es que en la nueva decisi\u00f3n valor\u00f3 de manera equivocada las pruebas obrantes en el expediente, incurriendo, por tanto, en un defecto f\u00e1ctico al otorgarles a los elementos demostrativos un alcance diferente al que debi\u00f3 darles, y, por tanto, se abre paso la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En efecto, de cara al material probatorio se\u00f1alado, se colige el yerro del fallador denunciado al acceder a las pretensiones de la demanda y tener por acreditada la posesi\u00f3n all\u00ed exigida, pues de las pruebas no pod\u00eda colegirse que la demandante ostentara la calidad de poseedora; por tanto, en aras de conjurar la vulneraci\u00f3n evidenciada, se le ordenar\u00e1 a ese juzgador resolver la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado, nuevamente, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
3. En consecuencia, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la protecci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por Camila Marleny Silva Bernal. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, previa recepci\u00f3n del expediente objeto de censura, deje sin efecto la providencia de 18 de junio de 2021 y las que de esta se desprendan, y defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n a su cargo, teniendo en cuenta los argumentos expresados en este fallo. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita el expediente objeto de censura, al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ELUIN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2021-01-01&date4=2022-04-12&radi=Radicados&palabra=Cuervo+Cruz&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
2\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia T-522 de 2001. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Sentencias T-462 de 2003, SU-1184 de 2001 ; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. <\/p>\n
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STC7683-2022_2 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7683-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00699-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}