STC7755-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7755-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00781-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Eduardo Ruid\u00edaz Le\u00f3n contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional del Cesar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento reclamando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal trabajo\u2026. al m\u00ednimo vital\u00bb que estima vulnerados por las autoridades convocadas dentro del proceso disciplinario 2019-00074. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra del quejoso se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en precedencia, producto de la queja formulada por Odalys Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, gerente de la Cl\u00ednica del Cesar S.A., en la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n por seis meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado tras hallarlo responsable \u00abde incurrir en las faltas previstas en el art\u00edculo 37 numerales 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 1123 de 2007, contraria[s] al deber profesional de que trata el art\u00edculo 28 numeral 10 de la misma norma, a t\u00edtulo de culpa\u00bb. <\/p>\n
Como contra la anterior determinaci\u00f3n no se interpuso recurso alguno, fue consultada ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, corporaci\u00f3n que el pasado 27 de abril imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n en cuanto a la responsabilidad del accionante frente a la falta consagrada en el art\u00edculo 37-2 del estatuto del abogado y lo absolvi\u00f3 del otro cargo, readecuando la sanci\u00f3n en tres meses de suspensi\u00f3n. <\/p>\n
3. El accionante hace recaer su reclamo en que las corporaciones accionadas realizaron una \u00abmala apreciaci\u00f3n de las pruebas adem\u00e1s de un hierro jur\u00eddico o error de hecho [sic]\u00bb supuestamente porque inadvirtieron que desde \u00abla contestaci\u00f3n de la queja [sic]\u00bb desvirtu\u00f3 los hechos en que se fund\u00f3 la queja la que, seg\u00fan dice, \u00abno es m\u00e1s que una retaliaci\u00f3n porque\u2026 interpus[o] un incidente de regulaci\u00f3n de honorarios [sic]\u00bb; sin embargo, no formula petici\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado advirti\u00f3 que las \u00abdisertaciones\u00bb esbozadas por el quejoso \u00abno son diferentes a las ya expuestas en el curso del proceso disciplinario\u00bb y que la petici\u00f3n de amparo \u00abse encuentra desprovista de razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas\u00bb en la medida que las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite disciplinario se encuentran precedidas de un an\u00e1lisis integral tanto de los hechos como de los medios de convicci\u00f3n practicados, adem\u00e1s que \u00abse respetaron a cabalidad los derechos y garant\u00edas concebidos constitucionalmente\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse declare improcedente o en su defecto se niegue\u00bb el resguardo \u00abpor no existir [la] violaci\u00f3n\u00bb aducida por el quejoso. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, por conducto del magistrado ponente del fallo sancionatorio, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00abesta corporaci\u00f3n en ning\u00fan momento\u2026 ha conculcado\u2026 derechos fundamentales, en cuanto se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n judicial que se dict\u00f3 dentro de un proceso donde el accionante pudo ejercer su defensa y se fundament\u00f3 en la normatividad legal aplicable al caso, dentro del margen de interpretaci\u00f3n razonable e las leyes y principios que rigen el procedimiento disciplinario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3, dentro del proceso disciplinario 2019-00074, las garant\u00edas invocadas por Germ\u00e1n Eduardo Ruid\u00edaz Le\u00f3n, al sancionarlo con tres meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado como responsable, a t\u00edtulo de culpa, de la falta descrita en el ordinal 2\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, realizando, supuestamente, una indebida valoraci\u00f3n del material probatorio que daba cuenta de la inexistencia de la conducta atribuida. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, adoptadas en el proceso disciplinario seguido contra el actor, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 27 de abril, comoquiera que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y una vez auscultados los argumentos en que se fundamenta la presente salvaguarda, as\u00ed como los medios de convicci\u00f3n allegados, la Corte resalta que ninguna irregularidad se deriva de la determinaci\u00f3n cuestionada, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En efecto, la Comisi\u00f3n accionada, luego de rememorar los hechos en que se fund\u00f3 la queja y de realizar un breve recuento de la actuaci\u00f3n surtida, se ocup\u00f3 del estudio de la responsabilidad disciplinaria del ac\u00e1 accionante, de cara a las faltas atribuidas. <\/p>\n
Fue as\u00ed como, frente a la conducta descrita en el art\u00edculo 37-1 de la Ley 1123 de 2007 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) prima facie es necesario recordar que el legislador dispuso entre las acciones tipificadoras de esta falta el demorar la iniciaci\u00f3n de la gesti\u00f3n, situaci\u00f3n que fue imputada al profesional Ru\u00edz D\u00edaz Le\u00f3n [sic], pues en julio de 2017, le entregaron unas facturas a cargo de la Cl\u00ednica del Cesar S.A., para ejecutarlas contra la EPS Medim\u00e1s, no obstante, en lo expuesto por el a quo se dice que el abogado realiz\u00f3 la gesti\u00f3n tiempo despu\u00e9s, dado que retard\u00f3 la iniciaci\u00f3n de la misma hasta octubre de 2018, cuando promovi\u00f3 la demanda 201800235. <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de demorar implica un distanciamiento entre el sujeto y el objeto por determinado tiempo, sin que se predique que este realiz\u00f3 una actuaci\u00f3n intermedia entre dicho periodo, ello para poder referir que retard\u00f3 la iniciaci\u00f3n de la misma, la difiri\u00f3 o dilat\u00f3 su iniciaci\u00f3n, las consecuencias y los pormenores que se presenten luego de ello ya tienen otra connotaci\u00f3n y eventualmente podr\u00edan clasificar en otro injusto disciplinario de ser el caso, no obstante, cuando el abogado asume la representaci\u00f3n judicial mediante poder o nombramiento oficioso, se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gesti\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De all\u00ed que se hubiera presentado una inadecuada apreciaci\u00f3n probatoria por parte de la colegiatura seccional, habida consideraci\u00f3n que al letrado investigado \u00able fueron otorgados para tal encargo dos poderes en los meses de julio y diciembre de 2017 [en los cuales pese a observarse sello notarial\u2026 en ning\u00fan aparte se aclar\u00f3 cual fue el d\u00eda en espec\u00edfico en que fueron elaborados], sin embargo, el togado en cumplimiento de su encargo, el 20 de febrero de 2018 promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular\u2026 201800048, misma que fue retirada el 2 de agosto de 2018\u00bb coligi\u00e9ndose que \u00abno retard\u00f3 la iniciaci\u00f3n de la gesti\u00f3n\u2026 dado que con anterioridad al 16 de octubre de ese mismo a\u00f1o, cuando se radic\u00f3 la demanda\u2026 201800235.. el letrado ya hab\u00eda materializado actos positivos en pro de los intereses de su cliente\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 con la desestimaci\u00f3n del referido cargo por cuanto la comisi\u00f3n a quo no efectu\u00f3 \u00abun verdadero estudio de adecuaci\u00f3n, t\u00edpica con la descripci\u00f3n f\u00e1ctica y l\u00f3gica de la conducta desplegada por el disciplinado que conduzca de manera inconfundible a predicar que incurri\u00f3 en la falta contra la debida diligencia profesional\u2026 raz\u00f3n por la cual la calificaci\u00f3n f\u00e1ctica discrepa de la jur\u00eddica y torna este cargo at\u00edpico\u2026 raz\u00f3n suficiente para absolver al implicado\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la incursi\u00f3n en la falta tipificada en el art\u00edculo 37-2 del Estatuto Disciplinario del abogado, advirti\u00f3 que, para su configuraci\u00f3n bastaba con que el profesional del derecho \u00abno\u2026 inform[e] el estado de la gesti\u00f3n encomendada a su poderdante en un t\u00e9rmino razonable, obligaci\u00f3n que surge\u2026 cuando [los informes] sean solicitados por el cliente\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan la corporaci\u00f3n convocada, con apoyo en el material de convicci\u00f3n recaudado, valga decir, la versi\u00f3n de la quejosa, de la testigo Nayibe Gonz\u00e1lez Niebles y de la prueba documental, pudo establecerse que \u00abel jurista Ru\u00edz D\u00edaz Le\u00f3n [sic] injustificadamente\u2026 se desprendi\u00f3 de sus obligaciones profesionales\u00bb con lo que \u00abincurri\u00f3 en la falta previamente descrita\u00bb, dado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la\u2026 gerente de la Cl\u00ednica del Cesar S.A\u2026. pese a requerir al disciplinable e inquirirlo en varias oportunidades para que le informara el estado de la gesti\u00f3n encomendada, este se abstuvo de clarificarle la situaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el 3 de diciembre de 2018, luego de informarse por iniciativa propia de lo acontecido, decidi\u00f3 revocar el poder de la causa ejecutiva No. 201800235 (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) se infiere de manera l\u00f3gica que el abogado implicado estaba obligado a rendir informes de su gesti\u00f3n a su cliente, gerente de la Cl\u00ednica del Cesar S.A., instituci\u00f3n que presta servicios m\u00e9dicos en Valledupar, quien estaba compelida contablemente a justificar su actuar, por ello, la proposici\u00f3n de la queja y la revocatoria del mandato, dado que este incumpli\u00f3 sus responsabilidades con su cliente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En punto de la antijuridicidad y culpabilidad del comportamiento advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de cara a los elementos de prueba examinados, surge evidente el injustificado incumplimiento por parte del letrado\u2026 del deber consagrado en el Estatuto Deontol\u00f3gico del Abogado, establecido en el art\u00edculo 28, numeral 10, puesto que no atendi\u00f3 con celosa diligencia el encargo aceptado, lo que nos conduce a dar por satisfecho el elemento de la antijuridicidad en este caso. <\/p>\n
(\u2026) los argumentos exculpatorios esgrimidos por la defensa, no logran enervar la capacidad suasoria de los elementos de convicci\u00f3n que respaldan la decisi\u00f3n sancionatoria, dando paso a la certeza sobre la existencia de la falta. <\/p>\n
(\u2026) En el derecho disciplinario se encuentra abolida cualquier forma de responsabilidad subjetiva. Ello implica que la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado. <\/p>\n
(\u2026) las faltas a la debida diligencia profesional, corresponden a comportamientos de naturaleza culposa, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesional del derecho cuando asumen un mandato o encargo oficioso. <\/p>\n
En el asunto que hoy concita la atenci\u00f3n de la Sala, es evidente que el profesional del derecho investigado al no justificar la gesti\u00f3n encomendada, supervisarla e informar sobre el desarrollo del proceso conforme el rito procesal que establece la ley aplicable a aquel asunto, conllevaba per se a la realizaci\u00f3n de un comportamiento contrario al deber de obrar diligentemente, circunstancia por la cual considera esta colegiatura se encuentra acreditada la violaci\u00f3n del deber de cuidado en grado de culpa, por parte del investigado, al evidenciarse un comportamiento en suma negligente e incurioso. <\/p>\n
(\u2026) el ejercicio de la profesi\u00f3n conllevaba una serie de deberes y que\u2026 al doctor\u2026 no le eran ajenos, pues al asumir el mandato \u00e9ste debi\u00f3 atender con celosa diligencia el mismo, procurando mantener informado a su cliente del decurso de las actuaciones a su cargo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ratific\u00f3, entonces, la declaratoria de responsabilidad por este cargo, dado que \u00abel abogado investigado omiti\u00f3 la rendici\u00f3n de informes en el curso de la ejecuci\u00f3n\u2026 pues su cliente en varias oportunidades lo requiri\u00f3 y este se abstuvo de informarle lo acontecido en su caso\u00bb, procediendo a efectuar el ejercicio dosim\u00e9trico luego del cual redujo la sanci\u00f3n de seis a tres meses de suspensi\u00f3n al considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se trat\u00f3 de un comportamiento grave\u2026 por lo tanto merece reprochabilidad pues los abogados deben generar ejercicios de confianza con sus clientes obrando de manera honrada y transparente, m\u00e1s no convertirse en defraudadores de la confianza profesional, como para el evento ha ocurrido y sin que en su comportamiento se vislumbre ninguna justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable y desplegada por el doctor… a quien se le exig\u00eda un actuar diligente en aras de la protecci\u00f3n de los derechos de su defendida conforme se examin\u00f3, la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n\u2026 impuesta\u2026 cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado no solo a cumplir el mandato conferido, sino con la principal misi\u00f3n del abogado de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro, pues, que en el fallo objeto de reproche la autoridad disciplinaria consign\u00f3 con claridad las razones jur\u00eddicas en que fundament\u00f3 la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del ac\u00e1 accionante, de cara a los elementos de juicio recaudados en la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la colegiatura querellada en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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