STC7756-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7756-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00380-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 9 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Antonio Su\u00e1rez Bautista contra el Juzgado Treinta de Familia de esta ciudad y el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013 FONCEP, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el pleito de alimentos n\u00b0 2020-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna de \u00abpersonas mayores adultas discapacitadas y vulnerables en estado de pobreza extrema\u00bb, presuntamente vulnerados por los convocados, al no otorgarle una cuota alimentaria. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 14 de enero de 2020 impetr\u00f3 demanda de alimentos \u00abcontra mi ascendiente [Luis \u00c1ngel Su\u00e1rez Guerrero], ya que me encuentro en extrema pobreza, soy discapacitado con enfermedad terminal de c\u00e1ncer, luxaci\u00f3n de cadera, con m\u00e1s de 68 a\u00f1os de edad y carente de ingresos (\u2026)\u00bb, cuyo proceso adelanta el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Que la intervenci\u00f3n de la abogada de oficio a \u00e9l asignada, \u00abfue deficiente e ineficaz, al punto de que en m\u00e1s de dos a\u00f1os no llegu\u00e9 a conocer[la], imposibilit\u00e1ndoseme allegarle pruebas, hablar con ella, etc., lo que gener\u00f3 que yo mismo y a mi manera (\u2026) me representara a m\u00ed mismo\u00bb, y \u00abel d\u00eda de la audiencia inicial (\u2026), no pude asistir (\u2026) puesto que me encontraba hospitalizado (\u2026), no obstante, el despacho opt\u00f3 por denegar las pretensiones de la demanda y levantar la medida cautelar ante Colpensiones, la cual consist\u00eda en cada mes asignarme $450.000 (\u2026), ya que el demandado era pensionado del Estado (anterior Edis recolecci\u00f3n de residuos)\u00bb. <\/p>\n
Que por no haber contado con \u00abdefensa t\u00e9cnica y material (\u2026), radiqu\u00e9 nulidad de la audiencia inicial [la cual] el 22\/03\/2022 el juzgado decidi\u00f3 declarar infundada\u00bb, y como \u00abmi padre demandado falleci\u00f3 este a\u00f1o [2022]\u00bb, requiere \u00abaccionar ante Colpensiones para que me sea otorgada la pensi\u00f3n (\u2026), ya que el suscrito es discapacitado y mi padre muri\u00f3 sin tener c\u00f3nyuge o hijos discapacitados\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a \u00abColpensiones\u00bb que \u00abme siga otorgando los $450.000 para pasar mis \u00faltimos d\u00edas, al menos con un arriendo, comida y vida regularmente digna\u00bb; \u00abcompulsar [copias] para investigar a la abogada de oficio y al juzgado 30 de familia (\u2026) por no imparcialidad\u00bb, y disponer que \u00abun abogado\u00bb demande para obtener \u00abla pensi\u00f3n de mi difunto padre\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Treinta de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00abmediante auto calendado 13 de abril de 2021 decret\u00f3 alimentos provisionales en favor del demandante (\u2026), por la suma de $454.263, misma que deb\u00eda ser descontada y pagada directamente por el pagador del Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00eda y Pensiones FONCEP\u00bb; que el demandado contest\u00f3 proponiendo excepciones, y tras el respectivo traslado, con auto del 27 de agosto de 2021 fij\u00f3 fecha \u00abpara llevar a cabo la audiencia de que trata el art. 392 del C.G.P. (\u2026) e igualmente se procedi\u00f3 con el decreto de pruebas\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante haber notificado al demandante la anterior convocatoria para el 26 de octubre de 2021, respecto de la cual el hoy reclamante \u00abno manifest\u00f3 en ninguna ocasi\u00f3n al despacho tener dificultades para el acceso\u00bb, esta se desarroll\u00f3 sin su concurrencia, fij\u00e1ndose \u00abla audiencia de que trata el art. 373 del C.G.P para el 18 de noviembre de 2021\u00bb, y mientras se corroboraba la excusa por supuesta hospitalizaci\u00f3n del actor, la cual finalmente result\u00f3 infundada, se aplaz\u00f3 la diligencia para el 30 del mismo mes y a\u00f1o, surti\u00e9ndose con la presencia de los apoderados judiciales de las partes. <\/p>\n
Por \u00faltimo, inform\u00f3 que en dicha audiencia, oficiosamente tuvo como prueba la actuaci\u00f3n adelantada por las partes ante la Comisar\u00eda 8\u00aa de Familia de Kennedy, escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n y profiri\u00f3 fallo \u00abresolviendo declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito de \u201cexistencia de un mejor obligado de dar alimentos\u201d e \u201cindebida aplicaci\u00f3n o solicitud de la solidaridad familiar\u201d, negando las pretensiones de la demanda y ordenando el cese del descuento efectuado por concepto de alimentos provisionales\u00bb, actuaci\u00f3n que as\u00ed como la posterior desestimaci\u00f3n de la nulidad procesal, considera \u00abajustada a derecho\u00bb. Por tanto, \u00abno avizor\u00e1ndose la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados\u00bb, pidi\u00f3 \u00abnegar la tutela interpuesta\u00bb. <\/p>\n
2. El Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013 FONCEP, se opuso a lo pretendido afirmando que \u00abno ha desconocido ni desconoce los derechos fundam\u00e9ntales constitucionales invocados\u00bb, ya que, en atenci\u00f3n a la orden judicial de embargo de la pensi\u00f3n, notificada a esa entidad con oficio del 30 de abril de 2021, procedi\u00f3 a acatarla, pero, \u00aba partir de la n\u00f3mina de diciembre de 2021, se suspender\u00eda (\u2026) el descuento por la suma de $454.263\u00bb, habida cuenta la sentencia proferida el 30 de noviembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, acot\u00f3 que mediante oficio \u00abde fecha 28 de enero de 2022, la se\u00f1ora Luz Mery Su\u00e1rez Rodr\u00edguez remiti\u00f3 a FONCEP el certificado de defunci\u00f3n del DANE del causante Luis \u00c1ngel Su\u00e1rez Guerrero de fecha 25 de enero de 2022\u00bb, por lo que si el hoy tutelante \u00abconsidera tener derecho a reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente (\u2026), este fondo est\u00e1 presto a atender dentro de los t\u00e9rminos otorgados por el ordenamiento jur\u00eddico dicha solicitud prestacional, a partir de la fecha en que el accionante presente la respectiva reclamaci\u00f3n administrativa para la cual no se requiere apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1, tras informar que el accionante es beneficiario del servicio social \u00abCentro D\u00eda en Casa, y recibe \u00ablos apoyos alimentarios que [se] brinda[n] a las personas mayores en condici\u00f3n de vulnerabilidad social y econ\u00f3mica que habitan en el Distrito\u00bb, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n aduciendo \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado Daniel Ib\u00e1\u00f1ez Sierra, \u00abactuando en mi condici\u00f3n de apoderado especial de la se\u00f1ora Luz Mery Su\u00e1rez Rodr\u00edguez [y] agente oficioso del se\u00f1or Luis \u00c1ngel Su\u00e1rez Guerrero quien era demandado dentro del proceso de alimentos\u00bb, se opuso al amparo al cuestionar la veracidad de los hechos en que se funda, pues, entre otras afirmaciones, dijo que el actor omiti\u00f3 informar que el convocado a proporcionarle alimentos \u00abse encontraba en condiciones de salud m\u00e1s graves que el solicitante\u00bb; respald\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado, afirmando que \u00abse prob\u00f3\u00bb que el demandante es padre de \u00abLuis Carlos Su\u00e1rez Castro (\u2026) quien es abogado en ejercicio [y] no solo ha tenido relaci\u00f3n cercana con el actor, sino que a su vez ha presentado distintas actuaciones encaminadas a configurar derechos en su progenitor tal es el caso de una actual demanda que cursa en el Juzgado 59 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Salud Total EPS-S S.A., manifest\u00f3 que \u00abla presente tutela es improcedente y debe desvincularse\u00bb a esa entidad, ya que la acci\u00f3n constitucional no est\u00e1 dirigida en su contra, emergiendo con ello \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio al encontrar que el proceso reprochado \u00abse desarroll\u00f3 con apego a las normas procedimentales que lo rigen, a las partes se hizo efectiva la garant\u00eda del debido proceso, (\u2026) al accionante (\u2026) se le asign\u00f3 una abogada para su representaci\u00f3n [quien] siempre acudi\u00f3 a las diligencias programadas (\u2026); por el contrario, fue el demandante quien, pese a las comunicaciones del mismo juzgado, estuvo ausente en las audiencias\u00bb, sin que para ello acreditara justificaci\u00f3n, y que el fallo \u00abobedeci\u00f3 a un razonamiento jur\u00eddica y f\u00e1cticamente sustentable\u00bb, por lo que inconformidad \u00abno desborda las fronteras de una disparidad de criterio respecto de la valoraci\u00f3n probatoria [para que la decisi\u00f3n] pueda calificarse de arbitraria o que adolezca del alg\u00fan vicio o yerro\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, declar\u00f3 improcedentes \u00ablos pedimentos relacionados con que se ordene el reconocimiento definitivo o temporal de un beneficio pensional a su favor [pues] no se cuenta en este tr\u00e1mite con los elementos de juicio necesarios y suficientes para establecer, si quiera de manera sumaria, que pudiera llegar a tener derecho a tal prestaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando el FONCEP ha indicado en que el se\u00f1or Su\u00e1rez Bautista no ha adelantado solicitud previa ante esa entidad\u00bb; adem\u00e1s, como existen hermanos por v\u00eda paterna con posible inter\u00e9s, el asunto \u00abdebe ser resuelto por las autoridades administrativas pertinentes o en su defecto por el juez [competente]\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abel accionante cuenta a\u00fan con las acciones judiciales pertinentes para hacer valer sus derechos como padre y como hijo, de manera que puede iniciar, por una parte, la respectiva demanda de alimentos en contra del descendiente cuya existencia fue debidamente acreditada en el proceso, y por otra, el tr\u00e1mite sucesoral a que haya lugar respecto de los bienes de su se\u00f1or padre\u00bb, y para facilitar el acceso a dichos mecanismos jur\u00eddicos, solicit\u00f3 \u00abal Ministerio P\u00fablico brindar[le] el apoyo que requiera en el tr\u00e1mite de las acciones judiciales o administrativas que corresponda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante aduciendo que al invocarse la existencia de un descendiente suyo para que asumiera la obligaci\u00f3n alimentaria, la actuaci\u00f3n se adelant\u00f3 \u00aba espaldas de aquel supuesto hijo, quien no ha tenido la oportunidad defenderse\u00bb, y \u00abviolentando el derecho fundamental al habeas\u00bb. Refut\u00f3 tambi\u00e9n lo atinente a que \u00e9l cuente con hermanos, ya que con ellos \u00abse evidencia una grave enemistad\u00bb y tendr\u00eda que acudir a \u00abuna demanda ordinaria\u00bb. Reiter\u00f3 que, por su estado de salud, \u00ablo ideal\u00bb es que se le otorgue \u00abla pensi\u00f3n mientras se surte el tr\u00e1mite ordinario\u00bb, y en relaci\u00f3n con la ayuda econ\u00f3mica que le brinda el Distrito, dijo \u00abque cien mil pesos de un bono para algo de comer, no satisface mis necesidades y menos al tener enfermedades terminales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas, vulneraron las prerrogativas invocadas por el demandante, al no acceder al reconocimiento y pago de una cuota alimentaria, pese a que para atender tal pretensi\u00f3n exist\u00eda en cabeza del demandado una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio, toda vez que: (i) la decisi\u00f3n judicial mediante la cual se deneg\u00f3 la fijaci\u00f3n de alimentos, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable que impide la injerencia del juez constitucional, y (ii) en relaci\u00f3n con la aspiraci\u00f3n del quejoso para que se fijen alimentos, se liquide la herencia y se reconozca una eventual pensi\u00f3n de sobrevivientes, la acci\u00f3n tutelar se torna improcedente por no superar el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad. <\/p>\n
En primer lugar, se predica del fallo proferido el 30 de noviembre de 2021, mediante la cual el accionado deneg\u00f3 la fijaci\u00f3n de alimentos, como consecuencia de haber declarado pr\u00f3speras \u00ablas excepciones de m\u00e9rito consistentes en existencia de un mejor obligado de dar alimentos\u201d e \u201cindebida aplicaci\u00f3n o solicitud de la solidaridad familiar\u00bb, para lo cual le bast\u00f3 se\u00f1alar que en el plenario qued\u00f3 demostrado que el demandante tiene un hijo con plena capacidad legal y en condiciones econ\u00f3micas suficientes para proveerle los alimentos requeridos, siendo a \u00e9l a quien debi\u00f3 acudir antes de demandar a su ascendiente. <\/p>\n
Apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en la jurisprudencia constitucional, de la cual destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abCiertamente, una persona que es titular del derecho de alimentos puede ostentar varios de los t\u00edtulos que se enumeran en el art\u00edculo 411. Partiendo de este supuesto, el art\u00edculo 416 establece que dicha persona s\u00f3lo puede hacer uso de uno de ellos, en el orden ah\u00ed se\u00f1alado, de modo que puede exigir el pago de alimentos actuando en una sola calidad. <\/p>\n
De esta forma, el art\u00edculo 416 acusado establece que, en esas circunstancias, es decir, cuando se tengan varios t\u00edtulos para pedir alimentos, ha de respetarse el orden fijado por el legislador, acudiendo, en primer lugar, al donatario que ha recibido una donaci\u00f3n cuantiosa, esto es, haciendo valer el t\u00edtulo que se tiene seg\u00fan el numeral 10 del art\u00edculo 411. <\/p>\n
(\u2026) En tercer lugar, se establece el t\u00edtulo de descendiente. Vale la pena aclarar que cuando la norma se refiere a ellos, debe entenderse que no todos los que tengan la calidad de descendientes son menores de edad, pues tambi\u00e9n puede haber descendientes adultos o, incluso, de la tercera edad, que tambi\u00e9n pueden llegar a requerir alimentos. La norma consagra el t\u00edtulo de descendiente y despu\u00e9s el de ascendiente, en virtud del principio de derecho romano, seg\u00fan el cual, es m\u00e1s fuerte el amor que baja que el amor que sube, o, en otras palabras, m\u00e1s entra\u00f1able el amor para con los descendientes que para con los ascendientes. <\/p>\n
(\u2026) De este modo, es claro que una misma persona puede ostentar varios t\u00edtulos para exigir alimentos respecto de diferentes personas, v. gr. un padre de familia que es, al mismo tiempo, ascendiente de sus hijos, descendiente de sus padres, c\u00f3nyuge de su esposa y donante de un tercero. En este caso, seg\u00fan el orden de preferencia establecido en el art\u00edculo acusado, debe acudir, en primer lugar, a su donatario para reclamar alimentos. De ser insuficiente este t\u00edtulo, por carecer el obligado de capacidad econ\u00f3mica para dar alimentos al titular del derecho, debe dirigirse \u00e9ste al c\u00f3nyuge, que se encuentra en el segundo lugar de prelaci\u00f3n; si \u00e9ste no satisface la obligaci\u00f3n, debe acudir a sus descendientes de pr\u00f3ximo grado, luego a sus ascendientes de pr\u00f3ximo grado, y por \u00faltimo, a los hermanos leg\u00edtimos. <\/p>\n
El art\u00edculo 416 del C\u00f3digo Civil regula entonces el orden de preferencia para hacer exigible la obligaci\u00f3n de dar alimentos, pero s\u00f3lo cuando una misma persona re\u00fana varios t\u00edtulos. En este caso, el acreedor s\u00f3lo la puede hacer exigible frente a uno de los obligados, siguiendo el orden de preferencia all\u00ed establecido. No consagra, como lo afirman los demandantes, el orden en que los diferentes titulares del derecho deben pedir los alimentos, privilegiando al donante sobre los menores, sino el orden en que se debe exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, cuando una misma persona re\u00fane varios t\u00edtulos de los se\u00f1alados en el art\u00edculo 411. As\u00ed, cuando se ostenta m\u00e1s de una de las calidades se\u00f1aladas en tal precepto, se puede invocar el derecho siguiendo la prelaci\u00f3n que establece el art\u00edculo 416, de modo que, si se es donante, se acude primero al donatario; de ser insuficiente este t\u00edtulo porque el obligado carece de los medios para satisfacer las necesidades del alimentario, se recurre al c\u00f3nyuge, si se tiene tal calidad. Si este t\u00edtulo tambi\u00e9n resulta insuficiente, se le exigen alimentos a los descendientes m\u00e1s cercanos. A falta de \u00e9stos, a los ascendientes de pr\u00f3ximo grado y, como \u00faltima opci\u00f3n, a los hermanos leg\u00edtimos\u00bb (CC 919\/01). <\/p>\n
As\u00ed, previa valoraci\u00f3n del respectivo registro civil de nacimiento allegado al expediente con el cual se acreditaba que el actor es padre de Luis Carlos Su\u00e1rez Castro, quien es abogado en ejercicio, y que contra este no ha ejercido acci\u00f3n alimentaria, el juzgado encontr\u00f3 que mientras no se desvirtuara su capacidad econ\u00f3mica para cubrir la obligaci\u00f3n alimentaria, era a \u00e9l a quien deb\u00eda demandarse antes de recurrir a otro de los legalmente legitimados a responder solidariamente por la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En segundo lugar, la razonabilidad tambi\u00e9n emerge del prove\u00eddo dictado por la autoridad querellada el 22 de marzo de 2022, mediante el cual resolvi\u00f3 \u00abdeclarar infundada la nulidad\u00bb invocada por el demandante con soporte en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, al aducir que para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, \u00absolo recibi\u00f3 un correo unas horas antes\u00bb. Frente a ello, el estrado encontr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no le asiste raz\u00f3n al accionante, esto teniendo en cuenta que la fijaci\u00f3n de la audiencia se realiz\u00f3 mediante auto calendado 12 de noviembre de 2021, providencia que fue debidamente notificada mediante publicaci\u00f3n por estado No.185 del 16 de noviembre de 2021, fijada en el micrositio del juzgado conforme a las previsiones contenidas en el art. 295 del C.G.P., misma providencia que, seg\u00fan las previsiones del art. 9 del Decreto 806 de 2020, se encontraba adjuntada al estado, para su consulta por las partes y sus apoderados, misma novedad que fue debidamente anotada en el sistema de consulta Siglo XXI. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no le asiste raz\u00f3n al demandante al indicar que sobre la programaci\u00f3n de la audiencia no se le notific\u00f3 en tiempo, pues como ya se advirti\u00f3 la providencia mediante la cual se program\u00f3 la misma, fue debidamente notificada por estados conforme a las previsiones del art. 295 del C.G.P. y el art. 9 del Decreto 806 de 2020, sin que tampoco correspondiera al Despacho remitir citaci\u00f3n alguna adicional de manera f\u00edsica o virtual, a efectos de notificar la providencia al demandante\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al argumento de que se vulneraron sus prerrogativas en raz\u00f3n a su \u00absituaci\u00f3n de vejez, enfermedad y pobreza, sumado a que no cont\u00f3 con una debida representaci\u00f3n con la apoderada que le fuera designada de oficio\u00bb, as\u00ed como su impericia para el manejo de medios tecnol\u00f3gicos, el juzgado precis\u00f3 que tales reparos \u00abno son de recibo\u00bb, porque, \u00abdentro de las numerosas comunicaciones electr\u00f3nicas remitidas por el demandante al correo institucional del Despacho, nunca se puso en conocimiento o se manifest\u00f3 la imposibilidad de conectarse a las diligencias programadas, con ocasi\u00f3n a problemas de acceso a internet o por no contar con los equipos apropiados para tal fin, como tampoco manifest\u00f3 o solicit\u00f3 el aplazamiento de las audiencias de manera oportuna por tener dificultades relacionadas con su estado de salud\u00bb, y que el interesado no puede desconocer \u00abque era su obligaci\u00f3n prestar la debida diligencia y colaboraci\u00f3n a la apoderada que le fue designada en calidad de amparo de pobreza, para gestionar su debida defensa\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por el juzgado, tanto para la resoluci\u00f3n de fondo del proceso alimentario como para desestimar la nulidad procesal, no constituyen una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, porque para ello la juzgadora de instancia realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Se reitera que es inviable el amparo cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso al auxilio, porque, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC5449-2021, 14 may. 2021, rad. 00148-01). <\/p>\n
En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en las decisiones cuestionadas hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este impedimento general de procedibilidad surge ante la existencia de otros medios de defensa, no s\u00f3lo en lo atinente a la posibilidad de obtener cuota alimentaria a cargo de su descendiente o de quien estime estar legitimado para otorgarla, sino tambi\u00e9n para que le sean reconocidos otros posibles derechos de orden patrimonial. <\/p>\n
En efecto, si el ac\u00e1 quejoso considera necesaria la tasaci\u00f3n de una cuota alimentaria a su favor, la ley lo faculta para que instaure la acci\u00f3n, cuya competencia y procedimiento breve y sumario lo contemplan los art\u00edculos 21-7 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso. N\u00f3tese que, contrario a lo advertido por el tutelante, tal situaci\u00f3n no implica afectaci\u00f3n alguna a los derechos de quien podr\u00eda fungir como obligado, pues para ventilar esa pretensi\u00f3n, el juez competente debe agotar el tr\u00e1mite observando las prerrogativas derivadas del debido proceso. <\/p>\n
Del mismo modo, la desatenci\u00f3n al presupuesto en comento se manifiesta en esta acci\u00f3n, porque para acceder a los bienes o prestaciones dejadas por su padre y as\u00ed solucionar su estado de escasez de recursos econ\u00f3micos y mejoramiento a su calidad de vida, no es la tutela el mecanismo jur\u00eddico id\u00f3neo al que debe recurrir el querellante, sino el proceso liquidatorio ante notario o juez de familia. <\/p>\n
Finalmente, la subsidiariedad del amparo tambi\u00e9n es evidente en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n dirigida contra el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u2013 FONCEP, pues para que se estudie el eventual reconocimiento y pago al tutelante de una pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del deceso de su progenitor, es menester que el interesado formule la respectiva \u00abreclamaci\u00f3n administrativa\u00bb, atendiendo las exigencias que para dicho fin consagra el ordenamiento legal, para lo cual, como lo indic\u00f3 la misma entidad, \u00abno se requiere apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Por lo antedicho, acorde con la jurisprudencia de esta Sala, se reitera la improcedencia de la tutela para tratar tem\u00e1ticas respecto de las cuales el interesado ha contado y a\u00fan tiene a su disposici\u00f3n instrumentos ordinarios cuya idoneidad y eficacia no admiten reproche, en tanto el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que no le corresponden para decidir lo que le compete a otro, al precisar que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Entonces, al contar el actor con el apoyo de un hijo profesional con quien mantiene v\u00ednculos y lo representa en litigios judiciales, aunado a los derechos patrimoniales derivados de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de su padre, la Corte advierte que no est\u00e1n dadas las condiciones que hagan viable la tutela para prevenir un perjuicio irremediable, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la compulsa de copias para que se investigue penal y\/o disciplinariamente a la funcionaria cognoscente y a la abogada de oficio que actu\u00f3 en el juicio ordinario, pues sobre el punto la Corte ha dicho que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC6088-2022, 18 may. 2022, rad. 00002-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado, habida cuenta que, en primer lugar, las decisiones que el demandante censura, no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica, y en segundo lugar porque para acudir en procura de la soluci\u00f3n ac\u00e1 reclamada, el auxilio no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad. Por \u00faltimo, tampoco se configuran las exigencias para que proceda la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7756-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7756-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00380-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}