STC7757-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01205-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Henry Jaimes Soto, Haner Stiben, Henry Jos\u00e9, Edgar Rene Jaimes Jord\u00e1n y Jes\u00fas Antonio Fl\u00f3rez Vera, quien dice obrar en representaci\u00f3n de Jeyson Sneyder Jaimes Jord\u00e1n, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa y salud, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidieron \u00abrevocar los fallos proferidos por [las sedes judiciales acusadas]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2020, se desestimaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandante, siendo confirmada por el Tribunal acusado con providencia del 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.3. Contra ese \u00faltimo fallo los demandantes formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue negada con prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2021, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en s\u00faplica la actora, medio de impugnaci\u00f3n que, tramitado como reposici\u00f3n, fue desestimado con auto del 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, las promotores del amparo expresaron que los despachos judiciales accionados les enrostraron que \u00abno se prob\u00f3 la negligencia m\u00e9dica, olvidando quien est\u00e1 en mejor posici\u00f3n debe probar\u00bb, as\u00ed como tampoco tuvieron en cuenta que se est\u00e1 \u00abfrente a una cirug\u00eda est\u00e9tica y no ante una cirug\u00eda curativa\u00bb, lo que \u00abtipifica\u2026 falta de congruencia\u2026\u00bb; y que \u00abfueron hura\u00f1os en valorar las pruebas\u2026, pues no investigaron la verdad de lo favorable como lo desfavorable con plena imparcialidad para las partes\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que los elementos de juicio recaudados demostraban la configuraci\u00f3n de los elementos necesarios para la prosperidad de sus s\u00faplicas; y que la acci\u00f3n se present\u00f3 oportunamente, teniendo en cuenta que \u00abhan transcurrido cinco meses\u2026 y tres\u2026 d\u00edas\u00bb, desde que el Tribunal convocado \u00abcierra el ciclo procesal mediante auto de 16 de noviembre de 2021 negando el recurso de casaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta destac\u00f3 que la sentencia de primera instancia se \u00abprofiri\u00f3 con fundamento en las normas aplicables\u2026 y que se ajustan a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Los abogados Carlos Alfredo P\u00e9rez Medina y C\u00e9sar Augusto Luna Barajas, quienes dijeron obrar como apoderados de Pedro Isaac Rochels Mar\u00edn y Eduardo Jos\u00e9 Villamizar G\u00f3mez, respectivamente, sin que allegaran mandato que los facultara para representarlos en este asunto, pidieron negar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En primer t\u00e9rmino, en lo que concierne al resguardo que promovi\u00f3 el profesional del derecho Jes\u00fas Antonio Fl\u00f3rez Vera en nombre de Jeyson Sneyder Jaimes Jord\u00e1n, se advierte que Fl\u00f3rez Vera no acompa\u00f1\u00f3 a la petici\u00f3n tuitiva poder especial conferido por Jaimes Jord\u00e1n para iniciar esta acci\u00f3n, ni tampoco adujo ser su agente oficioso. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que el poder que se aport\u00f3 con la demanda de tutela (folio 17, archivo digital denominado \u00abTutela por V\u00eda de hecho. Accionantes HENRY JAIMES SOTO y otros Vs Juzgado Sexto Civil del Circuito – Tribunal Superior del Distrito de C\u00facuta\u00bb, no est\u00e1 suscrito por Jeyson Sneyder Jaimes Jord\u00e1n. <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala, siguiendo la doctrina constitucional, ha sostenido: <\/p>\n
\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026 <\/p>\n
\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb -subraya fuera de texto- (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada en CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado la Corte que \u00ab[l]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante (\u2026). (Subrayas fuera del texto)\u00bb. (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 2012-00145-01; reiterada en STC8139-2015, 25 jun., rad. 2015-00365-01). <\/p>\n
De suerte que el promotor no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para activar este medio excepcional de defensa, lo que impide entrar a auscultar la legalidad de las actuaciones emitidas en el proceso judicial cuestionado. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los dem\u00e1s accionantes, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, atendiendo que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, esto es, la que resolvi\u00f3 la alzada que se formul\u00f3 contra la sentencia de 16 de diciembre de 2020, data del 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
Entonces, entre dicha data (19 de agosto de 2021) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 19 de abril de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
4. Se destaca que la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna modificaci\u00f3n por el hecho de que la parte demandante hubiera formulado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia que dict\u00f3 el Tribunal criticado, pues tal censura era \u00ababiertamente improcedente\u00bb, comoquiera que era evidente que \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb no alcanzaba el monto fijado en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, tal y como lo concluy\u00f3 el Tribunal criticado en el prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2021, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del prenotado medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, de cara a la interposici\u00f3n de los remedios improcedentes a fin de justificar el presupuesto de inmediatez, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
Se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues entre la data del prove\u00eddo atacado, 8 de agosto de 2018, y la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, 17 de junio de 2019, trasegaron m\u00e1s de diez (10) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del supuesto afectado. <\/p>\n
El per\u00edodo trasegado entre tales cronolog\u00edas supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Cabe precisar que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no ten\u00eda la virtud de interrumpir el memorado lapso, toda vez que el citado mecanismo de defensa era abiertamente improcedente, pues las pretensiones econ\u00f3micas rechazadas por el ad quem ascend\u00edan a $612.000.000, distando por mucho del l\u00edmite m\u00ednimo del \u201cinter\u00e9s para recurrir estatuido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC8697-2019). <\/p>\n
5. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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