STC7761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7761-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01836-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Elena L\u00f3pez Nope contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgado 43 Civil del Circuito y Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, ambos de esta localidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene al juzgado accionado \u00abdar cumplimiento a lo ordenado en auto\u2026 de fecha noviembre 24 de 2021\u00bb; y que d\u00e9 \u00abaplicaci\u00f3n de la normatividad con respecto al auxiliar de la Justicia\u2026 [para que] rinda cuentas de su administraci\u00f3n desde el a\u00f1o 2015 a la fecha\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Coomeva SA promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Sandra Elena L\u00f3pez Nope, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 16 de septiembre de 2011, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 a la demandada, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que fueron desestimadas con sentencia del 29 de enero de 2016, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la enjuiciada, siendo confirmada con providencia del 27 de julio de esas mismas calendas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la parte actora alleg\u00f3 aval\u00fao de un inmueble cautelado en el proceso, del que se corri\u00f3 traslado a la demandada con prove\u00eddo del 24 de noviembre de 2021, requiri\u00e9ndose al apoderado de la actora para que, \u00abdentro del t\u00e9rmino de ejecutoria\u2026, acredite el env\u00edo del aval\u00fao allegado a su contraparte, tal como lo ordena en art\u00edculo 11 del Dcto. 806 de 2020, so pena de no tenerlo en cuenta\u00bb, carga que se cumpli\u00f3 el 15 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 27 de enero de 2022, el juzgado criticado fij\u00f3 fecha para adelantar el remate del prenotado bien, decisi\u00f3n que se cuestion\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, recursos a los que no se dio tr\u00e1mite, por haber sido presentados por un profesional del derecho que no fung\u00eda como apoderado de ninguna de las partes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 en auto del 23 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.4. Contra esa \u00faltima decisi\u00f3n, la demandada formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo del 25 de mayo pasado, providencia en la que, adem\u00e1s, se orden\u00f3 expedir, a costa de la ejecutada, las copias necesarias para surtir la queja. <\/p>\n
2.5. Conforme se extracta del confuso escrito de tutela, la promotora del resguardo cuestiona las sentencias que desestimaron sus excepciones, comoquiera que \u00abpese a [su] oposici\u00f3n con respecto a que existe una nulidad dentro del proceso, en virtud a que tanto el titular del Juzgado 43 Civil del Circuito como [el] Tribunal [accionado], cometieron un error factico\u2026 al interpretar err\u00f3neamente la normatividad que rige para la cesi\u00f3n de activos, pasivos y contratos\u00bb; y que el juzgado accionado, en el auto de 25 de mayo pasado, le orden\u00f3 sufragar las copias necesarias para surtir la queja que formul\u00f3, sin tener en cuenta que el expediente se encuentra digitalizado. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que no se le corri\u00f3 traslado del aval\u00fao que present\u00f3 su contraparte, pues no fue remitido a su correo electr\u00f3nico, en el t\u00e9rmino previsto en el auto de 24 de noviembre de 2021, lo que impide la realizaci\u00f3n del remate; y que la secuestre designada no ha rendido cuentas de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe sobre la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 en el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
2. El Juzgado 43 Civil del Circuito de esta ciudad destac\u00f3 que \u00abno es la [autoridad] encargada de responder por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la gestora\u2026 ya que, en su oportunidad, se envi\u00f3 la causa a\u2026 los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que la promotora cuestion\u00f3: (i) las sentencias que, tanto en primera como en segunda instancia, resolvieron sobre las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3 en el juicio criticado; (ii) la decisi\u00f3n que le exigi\u00f3 sufragar las copias requeridas para surtir el recurso de queja concedido con auto del 25 de mayo de los corrientes; (iii) la legalidad del aval\u00fao presentado por su antagonista; y (iv) la ausencia de cuentas de la secuestre designada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reclamos, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, la quejosa formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada por esta Sala Especializada con sentencia del 22 de marzo de 2017 (STC3949-2017), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
1.- La querellante depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades recriminadas dentro del juicio ejecutivo mixto que Banco Coomeva S. A. le plante\u00f3. <\/p>\n
2.- Arguy\u00f3, como pilares de su reclamo, en compendio, lo siguiente: <\/p>\n
2.1.- Suscribi\u00f3 a favor de la Cooperativa Coomeva Financiera 4 pagar\u00e9s, los cuales respald\u00f3 con garant\u00edas reales de hipoteca y prenda. Esta, por autorizaci\u00f3n otorgada por Resoluci\u00f3n 501 de 1\u00ba de abril de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, procedi\u00f3 a \u00abla cesi\u00f3n parcial de activos, pasivos y contratos por parte de COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA (cedente) al BANCO COOMEVA S. A. (cesionario)\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Al ser formulado el libelo genitor que suscit\u00f3 el asunto sub lite, el despacho enjuiciado dict\u00f3 mandamiento de pago por auto de 16 de septiembre de 2011, \u00abcorregido\u00bb el 30 de abril de 2012. <\/p>\n
2.3.- Trabada la litis, propuso las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria de los t\u00edtulos valor base de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abinexigibilidad de los t\u00edtulos valor base de la acci\u00f3n por falta de notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n o endoso de los t\u00edtulos valores presentados ni cobro judicial a mi mandante por parte del cedente\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb y \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb. <\/p>\n
Parejamente, \u00absolicit[\u00f3] prueba pericial, la que fue objetada, y por dem\u00e1s qued[\u00f3] inconclusa\u00bb, acredit\u00e1ndose \u00abque la persona que realiza el endoso de los t\u00edtulos presentados al cobro no se encontraba legalmente autorizada pues, por medio de poder [\u2026] aportado como anexo del libelo demandatorio, por el actor, se otorga una facultada a directores regionales para endosar, reconociendo el contenido el suscriptor antes de ser expedido el Acto Administrativo Resoluci\u00f3n 501 del 1 de abril de 2011\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Agotados los tr\u00e1mites de ley, la c\u00e9lula judicial acusada emiti\u00f3 fallo estimatorio de 29 de enero de 2016, en que declar\u00f3 \u00abinfundadas las excepciones propuestas, por lo que decidi\u00f3, entre otros asuntos, (i) ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en la demanda principal, conforme a lo ordenado en el mandamiento de pago de la misma (ii) [\u2026] venta en p\u00fablica subasta de los bienes embargados y secuestrados, para que con su producto se pagar\u00e1 al acreedor ejecutante de la demanda principal, el valor de su cr\u00e9dito y las costas que se causaren; (ii) el aval\u00fao de los citados bienes; y (iii) la liquidaci\u00f3n de dichos cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n
2.6.- Tales pronunciamientos, asevera, albergan anomal\u00eda ya que dejaron de lado el material probatorio que daba cuenta de que la cesi\u00f3n realizada en punto de los instrumentos cartulares que soportaron el pretenso recaudo \u00abrequer\u00eda de autorizaci\u00f3n previa por parte de la Superfinanciera\u00bb, am\u00e9n que \u00abla persona que realiz\u00f3 la cesi\u00f3n y[\/]o endoso, de los t\u00edtulos presentados al cobro dentro de la presente acci\u00f3n ejecutiva mixta, no se encontraba facultada o autorizada de conformidad a lo establecido por la ley. Puesto que fue autorizada un d\u00eda antes de proferirse el acto administrativo, ([R]esoluci\u00f3n 501 de fecha 1 de abril de 2011 de la Superfinanciera). Que autorizaba la cesi\u00f3n parcial de los activos, pasivos y contratos de COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA como cedente y BANCO COOMEVA S.A. \u201cBANCOOMEVA\u201d Como cesionario. Y hasta el d\u00eda de presentaci\u00f3n de esta demanda no fue ratificado el poder\u00bb, esto por un lado. <\/p>\n
Y, por otro, confundieron la figura de la \u00abcesi\u00f3n de activos pese a que trae a colaci\u00f3n el concepto de la Superfinanciera, que por dem\u00e1s malinterpret\u00f3, aduciendo no cesi\u00f3n, sino endoso\u00bb, por lo que \u00abel endoso es inexistente, lo que degenera en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, y de all\u00ed surge que la cadena de cesi\u00f3n o endosos que realice igualmente BANCOOMEVA, sean inexistentes a la luz del derecho y seg\u00fan el art. 68 en complemento con el art. 71 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero, es ineficaz\u00bb. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Observada la censura planteada, resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sentencia de segundo grado dictada dentro del sub examine, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4.- Advierte la Corte que el otorgamiento del amparo rogado es improcedente, por cuanto se soslay\u00f3 el requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde que el tribunal censurado dict\u00f3 al interior del juicio ejecutivo mixto materia de pronunciamiento la sentencia de segundo grado repudiada, datada 27 de julio de 2016, habida cuenta que la formulaci\u00f3n de resguardo fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 8 de marzo del a\u00f1o que avanza, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4.1.- Es por eso que la actora no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. Respecto al segundo de los reproches de la gestora, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque ella omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la que se le orden\u00f3 sufragar las expensas necesarias para expedir las copias requeridas para surtir el recurso de queja que formul\u00f3 la quejosa. <\/p>\n
Es m\u00e1s, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se evidencia que la promotora no plante\u00f3 ning\u00fan reclamo, sino que, por el contrario, procedi\u00f3 a pagar la prenotadas expensas. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la actora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. En lo que concierne al aval\u00fao realizado en la ejecuci\u00f3n criticada, que tilda de irregular la tutelante, se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que cualquier anomal\u00eda, que pueda afectar la validez del remate, debe ser alegada en la diligencia en la que se lleve a cabo la almoneda, conforme lo establece el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la promotora, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Finalmente, en cuanto a los reparos que plante\u00f3 la actora respecto a las cuentas que debe rendir el secuestre designado en el asunto, se advierte que el juzgado accionado ha requerido al mencionado auxiliar de la justicia para que cumpla con tal carga, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 9 de septiembre de 2020, reiterado con auto del 12 de octubre de 2021. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, advierte la Corte que si la actora considera que el referido auxiliar de la justicia ha incumplido con sus deberes, debe poner en conocimiento del juez natural tales circunstancias, con la finalidad de que tal autoridad tome las medidas correctivas correspondientes, entre ellas, el relevo del secuestre o, incluso, su exclusi\u00f3n de la lista de auxiliares de la justicia (art\u00edculo 50, C\u00f3digo General del Proceso), lo que no ha hecho, conforme se verific\u00f3 en el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, lo que determina la improcedencia de su reclamo constitucional, al existir otros medios ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
7. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
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STC7761-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7761-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01836-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Elena L\u00f3pez Nope […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}