STC7765-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7765-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01872-001 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la corporaci\u00f3n jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se le ordene \u00abRECONOCER AGENCIAS EN DERECHO\u00bb, en segundo grado, dentro del expediente popular n.\u00b0 \u00ab2021-00189\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que la colegiatura de Pereira dispuso no conceder tales expensas en el fallo de apelaci\u00f3n que profiriera el d\u00eda 3 del mes y a\u00f1o en curso, dentro del juicio colectivo arriba descrito, impulsado por demanda suya contra Banco de Bogot\u00e1 y el propietario del establecimiento \u00abENLACE SR\u00bb, pese a que fue confirmatorio \u2013con modificaci\u00f3n oficiosa\u2013 de la sentencia de primer grado del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, favorable a las pretensiones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fallador a-quo hizo mal en \u00abaceptar\u00bb su \u00abDESISTI[MIENTO]\u00bb de \u00abagencias en derecho\u00bb tra\u00eddo con la demanda, pues lo cierto es que \u00e9l no pod\u00eda renunciar a lo que para entonces era una \u00abmera expectativa\u00bb. <\/p>\n
Y en el escrito iniciador del dossier de tutela ac\u00e1 acumulado reproch\u00f3 el precursor, en s\u00edntesis, que el juez de la alzada rehusara \u00abcondenar en agencias (\u2026) al ente territorial\u00bb, pese a haberlo citado \u00abDESDE LA PRESENTACI\u00d3N DE [LA] ACCI[\u00d3]N POPULAR\u00bb, tras eludir el deber de garantizar los \u00abderechos colectivos\u00bb en juego. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal de marras y acumul\u00f3 el de consecutivo n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01936-00. En ambos casos, opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal report\u00f3 certificaci\u00f3n acerca de los involucrados en ese litigio constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo – Regional de Risaralda relat\u00f3 que los ataques le son ajenos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El representante legal de \u00abENLACE SR\u00bb esboz\u00f3 desconocer lo sucedido. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente se tiene que el ac\u00e1 quejoso dej\u00f3 de rebatir en apelaci\u00f3n2 la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 4 de marzo, en el marco de la acci\u00f3n popular criticada, si estimaba que tal despacho judicial err\u00f3 al \u00abaceptar\u00bb su \u00abDESISTI[MIENTO]\u00bb de \u00abagencias en derecho\u00bb (es decir, no imponer condena en costas), a lo que se a\u00f1ade que la alzada por \u00e9l interpuesta contra el referido veredicto fue por la no imposici\u00f3n de las expensas en comento, a cargo del municipio ah\u00ed vinculado. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que se traduce como un repudio de la oportunidad para ventilar las censuras ahora tra\u00eddas sobre el aludido aspecto. <\/p>\n
As\u00ed, cuando se dejan de emplear las alternativas directas de ayuda previstas en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a los efectos de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el aqu\u00ed activante las desperdici\u00f3: <\/p>\n
\u2026[N]o (\u2026) puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, corresponde auscultar en sus cimientos el fallo proferido el d\u00eda 3 de los corrientes por el Tribunal Superior de Pereira dentro del descrito litigio, al ser el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por definir lo ata\u00f1edero al reconocimiento de \u00abagencias en derecho\u00bb a favor del ahora petente, en su calidad de demandante en aquella contienda y, en contra del municipio. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[D]ebe resolver esta Sala (\u2026) si resulta posible condenar en costas procesales al ente territorial vinculado como lo reclama el apelante. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se sostuvo por la a quo que el ente territorial no es accionado sino vinculado, y que la orden que se impone para superar la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos que se hall\u00f3 no gravita sobre su cabeza… Ninguno de tales asertos aparece cuestionado en la alzada, donde se acude a otra serie de argumentaciones para reclamar remuneraci\u00f3n a su favor. <\/p>\n
Como en verdad el municipio de Santa Rosa no era ac\u00e1 accionado, pues fue a un particular a quien se atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos por no garantizar el libre acceso sin barreras f\u00edsicas al lugar donde se ofrecen servicios al p\u00fablico, naturalmente no fue la parte vencida del juicio. As\u00ed, la condena no pod\u00eda serle impuesta y queda atendida la observaci\u00f3n del actor popular respecto de la intervenci\u00f3n del Municipio en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
(\u2026) El anterior panorama no cambia porque, desde la demanda, el actor haya expresado su intenci\u00f3n de que el municipio fuera \u201csancionado\u201d en costas, por la omisi\u00f3n en el cumplimiento de sus funciones de cara a la garant\u00eda y cumplimiento de los derechos colectivos cuya protecci\u00f3n se invoc\u00f3, pedido que se reitera con similar fundamento en la alzada. Lo anterior porque en el caso concreto ese no es el objeto esencial de este tr\u00e1mite constitucional (\u2026) n[o] puede ser el soporte de una condena en costas una presunta omisi\u00f3n administrativa. Recu\u00e9rdese que la naturaleza de la condena en costas es procesal, no sustancial. <\/p>\n
La vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del ente territorial se soport\u00f3 en el inciso final del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, que se\u00f1ala que en el auto admisorio de la demanda popular \u201c\u2026se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado\u201d. Es decir, la autoridad se convoca al proceso por expresa disposici\u00f3n normativa, regla que es obligatoria\u2026 <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo; lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido dispuso mantener la no imposici\u00f3n de condena en costas, frente al municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro del pleito popular n.\u00b0 \u00ab2021-00189\u00bb, luego de concluir, en resumen, que dicho ente territorial \u00abno fue la parte vencida del juicio\u00bb, pues compareci\u00f3 all\u00ed simplemente como vinculado conforme al canon 21, inciso final, de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
Tales planteamientos son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En complemento, cabe advertir que m\u00e1s all\u00e1 de lo considerado por el colegiado de Pereira en el fallo disentido respecto a la no imposici\u00f3n de las \u00abagencias en derecho\u00bb en segunda instancia, lo cierto es que dicha determinaci\u00f3n no refulge abiertamente trasgresora de las prerrogativas del quejoso, con m\u00e1s veras si, a la postre, como \u00e9l mismo lo ha revelado en esta senda, su recurso de apelaci\u00f3n tuvo fracaso y, por ende, devino en pronunciamiento confirmatorio del all\u00e1 rebatido. <\/p>\n
Circunstancia de donde, como lo ha indicado esta Sala de Casaci\u00f3n, \u00abcon independencia de las supuestas falencias endilgadas al [juez] criticado, (…) el reclamo (…) carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que [se] propuso en el juicio cuestionado…\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del mandato de la trascendencia, la Corte Constitucional ha doctrinado que \u00ab(…)se cumple cuando se demuestra que el caso involucra alg\u00fan debate jur\u00eddico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho fundamental…\u00bb (CC T-291\/16). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo consignado, sin m\u00e1s, impone cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo suplicado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el paginario de marras se acumul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicado n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01936-00, por unidad de materia, mediante prove\u00eddo del d\u00eda 14 pasado, pues fue instaurada tambi\u00e9n por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Tribunal aqu\u00ed querellado, y en raz\u00f3n de las mismas resoluciones y pleito popular ahora criticados. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 37 de la ley 472 de 1998: (\u2026)El recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia\u2026 <\/p>\n
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STC7765-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7765-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01872-001 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64620","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64620\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}