STC7769-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7769-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 25 de marzo de 2022, con la cual concedi\u00f3 el amparo promovido por Construservicios S.A.S. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2016-00277-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, por intermedio de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Omar Doblado demand\u00f3 a la empresa accionante en proceso verbal1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Tunja2 -con auto del 8 de septiembre de 2016-inadmiti\u00f3 el escrito inicial por cuanto \u00abobra indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, cuando solicita tanto declarativas, como ejecutivas al exigir pagos\u00bb3. Para corregir la actuaci\u00f3n, la demandante reclam\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1. Que se declare la existencia de un CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACI\u00d3N celebrado entre la empresa CONSTRUSERVICOS SAS en su calidad de participe gestor y el se\u00f1or JOSE OMAR DOBLADO en calidad de participe INACTIVO, cuyo objeto consist\u00eda en la ejecuci\u00f3n de los siguientes contratos: <\/p>\n
Contrato de obra No. 013 de 2013 de fecha de 20 de mayo de 2013 celebrado con el INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTER\u00c9S SOCIAL Y REFORMA URBANA DE PAIPA y cuyo objeto consist\u00eda en la CONSTRUCCI\u00d3N DE 470 ML DE SENDERO PEATONAL ECOL\u00d3GICO PARA LA ADECUACI\u00d3N DEL BIOPARQUE DEL MUNICIPIO DE PAIPA; Contrato de obra 066 de 2013; de fecha julio de 2013 celebrado con la alcald\u00eda municipal de la PAZ y cuyo objeto consist\u00eda en la ADECUACI\u00d3N DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DE TROCHAS, LA LOMA, CARRERO, EL TIGRE, EL HATO, EL AMARILLO, SAN PABLO, MACANAL Y RECREO; Contrato de obra 004 de 2013 de fecha de julio de 2013 celebrado con el municipio de Moniquir\u00e1 y cuyo objeto consist\u00eda en el MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA COLISEO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIR\u00c1; Contrato de obra 1777 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA y cuyo objeto consist\u00eda en CONTRATAR A TODO COSTO BIENES INMUEBLES EN EL CENTRO DE GESTI\u00d3N AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE; Contrato de obra 1989 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA y cuyo objeto es CONTRATAR A TODO COSTO MANTENIMIENTO DE BA\u00d1OS Y ACCESO PARA DISCAPACITADOS GARITA, AUDITORIOS CANALES Y BAJANTES DE LA CASETA DE RIEGO EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE. Adici\u00f3n al contrato 1983 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA cuyo objeto es la ADECUACI\u00d3N AUDITORIO PISO PORCELANATO TRAFICO 5 EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE con un porcentaje de participaci\u00f3n del 50% para cada uno de los part\u00edcipes. <\/p>\n
2. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n ORDENAR a la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS en calidad de PARTICIPE GESTOR rendir cuentas al se\u00f1or JOSE OMAR DOBLADO en su calidad de PARTICIPE INACTIVO, del 50% de la utilidad obtenida en la ejecuci\u00f3n de los contratos de obra Nos 013 de 2013 de 2013 de fecha 20 de mayo de 2013 celebrado con el INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE PAIPA y cuyo objeto consist\u00eda en la CONSTRUCCI\u00d3N DE 470 ml DEL SENDERO PEATONAL ECOLOGICO PARA LA ADECUACI\u00d3N DEL BIOPARQUE DEL MUNICIPIO DE PAIPA; Contrato No 066 de 2013 de fecha julio de 2013 celebrado con la alcald\u00eda municipal de la PAZ y cuyo objeto consist\u00eda en la ADECUACI\u00d3N DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DE TROCHAS, LA LOMA, CARRERO, EL TIGRE, EL HATO, EL AMARILLO, SAN PABLO, MACANAL Y RECREO; Contrato No 004 de 2013 de fecha de julio de 2013 celebrado con el municipio de MONIQUIR\u00c1 y cuyo objeto consist\u00eda en el MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA COLISEO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIR\u00c1; Contrato de obra 1777 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA y cuyo objeto consist\u00eda en CONTRATAR A TODO COSTO BIENES INMUEBLES EN EL CENTRO DE GESTI\u00d3N AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE; Contrato No 1989 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA y cuyo objeto es CONTRATAR A TODO COSTO MANTENIMIENTO DE BA\u00d1OS Y ACCESO PARA DISCAPACITADOS, GARITA, AUDITORIOS, CANALES Y BAJANTES DE LA CASETA DE RIEGO EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE. Adici\u00f3n al contrato 1983 de 2013 celebrado con el CENTRO DE GESTI\u00d3N EMPRESARIAL DEL ORIENTE SENA cuyo objeto es la ADECUACI\u00d3N AUDITORIO PISO PORCELANATO TRAFICO 5 EN EL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE. <\/p>\n
3. Se\u00f1alar un t\u00e9rmino prudencial para que el demandado presente tales cuentas, adjuntando los documentos, comprobantes y dem\u00e1s anexos que la sustenten. <\/p>\n
4. Una vez rendidas tramitar dichas cuentas con arreglo a lo ordenado por el C\u00f3digo General del Proceso, esto es corriendo traslado de las cuentas presentadas, para en caso de no ser objetadas, dentro de los tres d\u00edas siguientes ordenar su respectivo pago en la suma que resultar\u00e1, mediante auto que prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
5. Advertir a la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS [\u2026] que de no rendir las cuentas solicitadas podr\u00e1n [sus] poderdantes estimar el saldo de la deuda que puede resultar, bajo juramento4. <\/p>\n
2.2. De cara a lo expuesto, el Despacho admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda el 22 de septiembre siguiente, bajo el proceso \u00abverbal de rendici\u00f3n provocada de cuentas\u00bb5. No obstante, el 16 de febrero de 2017, el juez dispuso \u00abdejar sin valor ni efecto\u00bb el prove\u00eddo anterior. Y orden\u00f3 tener el escrito inicial como \u00abdeclarativo de existencia de contrato\u00bb6. Frente a ello, el funcionario judicial advirti\u00f3 \u2013el 25 de mayo de 2017- que el extremo pasivo \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb. Y, por tanto, \u00abel expediente pas[\u00f3] al despacho para proferir sentencia anticipada\u00bb7. <\/p>\n
2.3. El estrado referido -con prove\u00eddo del 5 de abril de 2018- orden\u00f3 el pago a favor del demandante de determinadas sumas de dinero8. Y, en diligencia del 17 de mayo del mismo a\u00f1o, resolvi\u00f3 \u00ablibrar mandamiento ejecutivo en favor del [demandante]\u00bb9. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la tutelante impetr\u00f3 incidente de nulidad. Por un lado, con sustento en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el juez \u00abomiti\u00f3 en todo el tr\u00e1mite [\u2026] darle aplicaci\u00f3n al procedimiento establecido para el desarrollo del mismo, pues desconoci\u00f3 la orden que se impartiera en auto de fecha 16 de febrero de 2017 [\u2026]\u00bb. Por otro, con fundamento en el causal 8\u00b0 ib\u00eddem, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla parte actora omiti\u00f3 el deber de procurar notificar de manera clara y eficiente a la parte demandada de la existencia del proceso 2016-0277 [\u2026]\u00bb10. En consecuencia, el estrado municipal -con auto del 19 de septiembre de 2019- declar\u00f3 la nulidad de \u00ablo actuado a partir de la providencia a trav\u00e9s de la cual se dict\u00f3 la sentencia anticipada, proferida [el] 5 de abril de 2018\u00bb, al estimar la \u00abconsuma[ci\u00f3n] de la causal [\u2026] 2 del art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb y neg\u00f3 \u00abla nulidad invocada con fundamento en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb11. Decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por ambos extremos de la litis12. <\/p>\n
2.5. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja \u2013por auto del 20 de febrero de 2020-, determin\u00f3 \u00abadicionar el numeral primero de la decisi\u00f3n proferida [\u2026], en auto de [19 de septiembre de 2019], en el sentido de declarar consumada la causal de nulidad soportada en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C.G.P., y en consecuencia declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de [25 de mayo de 2017]\u00bb13. <\/p>\n
2.6. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juez S\u00e9ptimo Civil Municipal de Tunja, con sentencia anticipada del 2 de septiembre de 2021, resolvi\u00f3 \u00abdeclarar que la [demandada] en su calidad de participe gestor [\u2026] y el [demandante] en calidad de participe inactivo celebraron un contrato de cuentas en participaci\u00f3n para la suscripci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de [determinados contratos]\u00bb. Y neg\u00f3 las pretensiones \u00absegunda, tercera, cuarta y quinta por improcedentes [\u2026]\u00bb14. En desacuerdo con esa determinaci\u00f3n, los dos extremos interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo15. <\/p>\n
2.7. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja -con fallo del 10 de febrero de 2022- resolvi\u00f3 revocar la sentencia impugnada. Y, en su lugar, declar\u00f3 \u00abla existencia de un contrato at\u00edpico celebrado entre [\u2026] Jos\u00e9 Omar Doblado Malaver y la empresa Construservicios SAS para la ejecuci\u00f3n de contratos de obra\u00bb. En consecuencia, conden\u00f3 a la sociedad aqu\u00ed actora al \u00abpago de $48.298.952, correspondiente a $39.074.987 m\u00e1s la indexaci\u00f3n monetaria\u00bb16. <\/p>\n
2.8. As\u00ed las cosas, la promotora, por v\u00eda de tutela, indic\u00f3 que el Juzgado querellado no \u00abadvirti\u00f3 que se deb\u00eda declarar impedido, teniendo en cuenta que por las reglas de reparto el primero en conocer hab\u00eda sido el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja\u00bb. Asimismo, cuestion\u00f3 que dicha autoridad soslay\u00f3 lo establecido por los \u00abart\u00edculos 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso [que] establecen los l\u00edmites que debe contener la sentencia y sobre qu\u00e9 debe versar la misma respecto a cada proceso invocado por las partes, sin olvidar que la justicia en materia civil es rogada y no tiene las calidades de extra y ultra petita que en otras ramas del derecho se puede aplicar\u00bb. En ese orden, recalc\u00f3 que lo decidido por el Despacho \u00abcontraviene el ordenamiento [procesal], pues [\u2026] est\u00e1 fallando algo que nunca le pidieron en las pretensiones de la demanda\u00bb, ya que \u00ab[\u2026] lo que [se] pidi\u00f3 fue la declaratoria de un contrato de cuentas de participaci\u00f3n y no otro [\u2026]\u00bb. Finalmente, concluy\u00f3 que al haberse \u00abdeclarado [\u2026] la existencia de un contrato at\u00edpico por no haber contestado la demanda por parte de los demandados, desconoce este fallo de plano, no el hecho de que la parte demandada no se hubiese opuesto a las pretensiones, sino que desconoce el contenido de la norma establecida en r\u00e9gimen especial como lo es la del c\u00f3digo de comercio en donde son taxativos los requisitos de la voluntad de las partes; y ac\u00e1 en esta naturaleza de asuntos comerciales no es a gusto de quien interprete los contratos, contrario a ello es frente a los requisitos que se indiquen que existen y las pretensiones que se imploren de la justicia, junto con las pruebas que se alleguen [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo relatado, solicit\u00f3 que se le ordene al juez accionado \u00abdeclararse impedido para conocer de la segunda instancia por los impedimentos establecidos por la Rama Judicial\u00bb. En caso contrario, que se le ordene que \u00abdicte una nueva sentencia en la cual esta se ajuste a los ordenamientos del C\u00f3digo General del Proceso, C\u00f3digo de Comercio y en especial a lo solicitado por el se\u00f1or [\u2026] Doblado Malaver en su demanda denominada \u201cproceso ordinario\u201d de declaraci\u00f3n de contrato de cuentas de participaci\u00f3n \u2013 rendici\u00f3n de cuentas\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
No hubo pronunciamientos al interior del presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo consider\u00f3 que no se satisfizo el presupuesto de la subsidiariedad frente a la pretensi\u00f3n de la incompetencia del despacho accionado, por cuanto se \u00abomiti\u00f3 hacer uso de los mecanismos ordinarios de defensa, en este caso, el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. Sin embargo, ampar\u00f3 el debido proceso de la sociedad actora, dado que \u00abla decisi\u00f3n objeto de reproche constitucional se alej\u00f3 de los presupuestos legales que regulan la congruencia de la decisi\u00f3n y la competencia del superior para resolver el recurso de apelaci\u00f3n frente a las sentencias [\u2026]\u00bb. Ello, por cuanto lo discurrido por el juez cuestionado, no solo llev\u00f3 a \u00abmodificar las pretensiones del libelo, en un fallo que podr\u00eda entenderse extra petita, sino a violar, por v\u00eda indirecta el principio de congruencia que se predica al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El Juzgado querellado mencion\u00f3 que no se evidencia una \u00abdecisi\u00f3n caprichosa o arbitraria [\u2026]. Por el contrario, la misma se hallaba fundamentada\u00bb en precedentes de esta Corporaci\u00f3n \u2013referencia SC18156-2016-. Agreg\u00f3, que las consideraciones surtidas \u00abobedecen a una interpretaci\u00f3n razonable de la demanda y de los hechos de la misma\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de Jos\u00e9 Omar Doblado Malaver, manifest\u00f3 que el Tribunal constitucional a quo soslay\u00f3 que de la \u00abtutela no se vislumbra [\u2026] cual seria, el efecto de la irregularidad procesal encontrada en relaci\u00f3n con la sentencia impugnada; [y que] no encuentra por ninguna parte que el tutelante haya identificado de manera razonable, los hechos que generan la vulneraci\u00f3n [\u2026]. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que se desconoce \u00abde manera grosera y directa la facultad que tiene el fallador de interpretar [\u2026]\u00bb. Y, por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abbajo ninguna circunstancia puede aceptarse, que con la decisi\u00f3n adoptada se vulner\u00f3 el principio de congruencia de acuerdo a lo dispuesto por el art\u00edculo 281 del c\u00f3digo general del proceso, como quiera que tanto el recurso de apelaci\u00f3n como la demanda instaurada cumplieron a cabalidad la finalidad impuesta\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental alegado por la sociedad accionante. Ello pues, estim\u00f3 que el juez de segundo grado no era el competente para conocer de su caso. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que la determinaci\u00f3n proferida el 10 de febrero de 2022, quebrant\u00f3 el principio de congruencia que rige las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. Por un lado, y en relaci\u00f3n con el argumento de que el despacho Cuarto Civil del Circuito de Tunja debi\u00f3 declararse impedido porque previamente hab\u00eda conocido del juicio, se advierte la confirmaci\u00f3n de lo decidido por el Tribunal constitucional a quo. Ciertamente, se destaca la improcedencia del amparo constitucional invocado por la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad \u2013 incuria. Ello es as\u00ed, por cuanto la sociedad tutelante no atac\u00f3 en reposici\u00f3n el auto con el cual se admiti\u00f3 la alzada, herramienta que era viable de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. Por lo tanto, tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad \u2013por medio de los instrumentos ordinarios-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad17. <\/p>\n
3. Por otro, de cara a la transgresi\u00f3n del debido proceso invocado por la entidad censora, con el fin de que se \u00abdicte una nueva sentencia [que] se ajuste [al ordenamiento legal], en especial a lo solicitado [en la] demanda, denominada \u201cproceso ordinario\u201d de declaraci\u00f3n de contrato de cuentas de participaci\u00f3n \u2013 rendici\u00f3n de cuentas\u00bb, la Sala observa que el Despacho querellado -en la sentencia del 10 de febrero de 2022-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por ambas partes, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 invalidar la determinaci\u00f3n de primer grado y declarar la existencia de un contrato at\u00edpico celebrado entre las partes. <\/p>\n
3.1. En ese orden, con fundamento en el art\u00edculo 507 del C\u00f3digo de Comercio y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n18, comenz\u00f3 por explicar lo relativo al contrato de cuentas en participaci\u00f3n. En el punto, resalt\u00f3 que \u00ab\u2026no obstante que el contrato base de la acci\u00f3n no pueda ser calificado, en estrictez, como un contrato de \u201ccuentas en participaci\u00f3n\u201d, habida cuenta que no est\u00e1 demostrado que, al momento de su celebraci\u00f3n, el aqu\u00ed demandante [\u2026] tuviera la condici\u00f3n de comerciante, condici\u00f3n que expresamente establece el art\u00edculo 507 del C\u00f3digo de Comercio, lo que determina, por una parte, es que ese negocio jur\u00eddico no califique en rigor como tal y, por otra, que deba ten\u00e9rsele como innominado o at\u00edpico\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, con apoyo en la jurisprudencia de esta Sala19, analiz\u00f3 el r\u00e9gimen legal aplicable a los contratos at\u00edpicos. Por otra parte, de cara al caso sub examine y sustentado en otras sentencias de esta Corte20, destac\u00f3 que \u00ab[\u2026] la demanda, como cualquier negocio jur\u00eddico debe interpretarse de una manera racional y l\u00f3gica, teniendo en cuenta su texto \u00edntegro, de manera tal que las dudas o vacilaciones que afloren de su redacci\u00f3n; las imprecisiones de sus s\u00faplicas; la equivocada denominaci\u00f3n de las acciones que se ejercen o de los fundamentos de derecho que se invoquen por el actor, puedan ser esclarecidas si del contexto del libelo en forma suficientemente clara cu\u00e1l es su verdadero sentido y alcance\u00bb. <\/p>\n
3.3. De ese modo, coligi\u00f3 que \u00abde la lectura de la demanda claramente se tiene que el demandante quiso que se declarara la existencia de un acuerdo de voluntades con su demanda\u00bb. Ello pues, en el escrito inicial se indic\u00f3 que \u00ab\u201dentre la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS [\u2026] y el se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Doblado, se convino de manera verbal la celebraci\u00f3n de un contrato de cuentas en participaci\u00f3n para la suscripci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de varios contratos de obra, que ser\u00edan desarrollados a nombre de la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS, por lo que entre las partes se convino que la empresa actuar\u00eda como participe gestor mientras que el se\u00f1or ser\u00eda el participe inactivo, convini\u00e9ndose que \u00e9ste har\u00eda su aporte en trabajo, esto es, estando al frente de la ejecuci\u00f3n de todos los contratos, mientras que la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS har\u00eda su aporte con su raz\u00f3n social y el tr\u00e1mite administrativo que conllevaba la legalizaci\u00f3n de cada uno de los contratos de obra, raz\u00f3n por la cual, las utilidades generadas por la ejecuci\u00f3n de dichos contratos fueron pactadas en un porcentaje del 50% para cada uno de ellos y para cancelar inmediatamente se liquidara cada uno de los contratos de obra\u201d\u00bb. As\u00ed las cosas, adujo que poca \u00abimportancia tiene que la parte demandante se equivocara en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de dicho acuerdo\u00bb. <\/p>\n
3.4. Con base en los criterios expuestos, sostuvo que \u00abse tiene que ante todo se requiere la existencia de un contrato o acuerdo de voluntades entre las partes\u00bb. Y, al estudiar el material probatorio adosado -\u00abcorreo de 2 de abril de 2014 [\u2026], un oficio fechado el 17 de junio de 2013 en el municipio de V\u00e9lez, dirigido al municipio de La Paz (Santander) [\u2026], autorizaci\u00f3n [\u2026] para el municipio de Moniquir\u00e1 (Boyac\u00e1) dentro de la invitaci\u00f3n p\u00fablica N\u00b0 MC-027-2013 (mantenimiento de la cubierta del coliseo) de fecha 12 de julio de 2013\u00bb-, destac\u00f3 que \u00abefectivamente entre el demandante y la sociedad demandada existi\u00f3 un v\u00ednculo negocial, una relaci\u00f3n contractual\u00bb. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse suma el indicio grave resultante de la no comparecencia de CONSTRUSERVICIOS SAS a la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial a la que fue convocada por el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Tunja, de conformidad con el art\u00edculo 22 de la Ley 640 de 2001, ya que no se justific\u00f3 su inasistencia dentro del t\u00e9rmino legal. [\u2026] Adem\u00e1s de tener por cierto los hechos de la demanda, consecuencia \u00e9sta de la falta de contestaci\u00f3n de la demanda [\u2026] -art\u00edculo 97 del C.G.P.-\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, y de las constancias procesales obrantes en el juicio, discurri\u00f3 que \u00abse tiene que la sociedad CONSTRUSERVICIOS SAS fue notificada legalmente mediante su representante legal [\u2026] y dej\u00f3 vencer el traslado de la misma sin contestarla, guard\u00f3 silencio sobre las afirmaciones hechas por el demandante Doblado, por lo que se debe tener por establecida la existencia de un contrato at\u00edpico entre ellos. [\u2026] Tambi\u00e9n se debe tener por ciertas las condiciones de dicho contrato, es decir las cl\u00e1usulas o convenciones que lo rigen. El aporte de Jos\u00e9 Omar Doblado en trabajo, el reparto que deb\u00eda hacerse de las utilidades en partes iguales, etc\u00bb. En ese orden, concluy\u00f3 frente a este aspecto que, \u00abno existe un contrato comercial de cuentas en participaci\u00f3n entre las partes, pero si existe un contrato at\u00edpico [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3.5. Sumado a lo expuesto, sostuvo que \u00aben cuanto a la pretensi\u00f3n de la demanda tendiente a ordenar el pago de las utilidades obtenidas por la ejecuci\u00f3n de los contratos que le fueron adjudicados a la sociedad demanda, se tiene que como las mismas fueron estimadas bajo juramento y al no haberse objetado dicha estimaci\u00f3n oportunamente hace prueba de dicho monto, conforme al art\u00edculo 206 del C.G.P.\u00bb. En consecuencia, resolvi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia. Y en su lugar, declar\u00f3 \u00abla existencia de un contrato at\u00edpico celebrado entre [\u2026] Jos\u00e9 Omar Doblado Malaver y la empresa Construservicios SAS para la ejecuci\u00f3n de contratos de obra\u00bb. Y, conden\u00f3 a la sociedad al \u00abpago de $48.298.952, correspondiente a $39.074.987 m\u00e1s la indexaci\u00f3n monetaria\u00bb21. <\/p>\n
4. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser revocada en este punto. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable.22 Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, jurisprudencial y doctrinal del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar la autoridad recriminada abord\u00f3 el estudio de la tipolog\u00eda contractual planteada en la demanda \u2013cuentas en participaci\u00f3n-.23 No obstante, por no encontrar cumplido algunos de sus elementos procedi\u00f3 a analizarla a partir de un acuerdo de voluntades que hall\u00f3 probado en el juicio24 \u2013que deriv\u00f3 en un \u00abcontrato at\u00edpico\u00bb-25, el cual, al evidenciar el incumplimiento de lo pactado, decret\u00f3 la respectiva condena. <\/p>\n
4.2. Por supuesto, se exalta que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio.26 En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente27 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-.28 <\/p>\n
5. Por lo considerado, se revocar\u00e1 la providencia impugnada. En su lugar, se negar\u00e1 el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia conforme a lo puntualizado en la motivaci\u00f3n que antecede. En su lugar, NIEGA el amparo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 a 9 del archivo PDF \u00abCuaderno 1 2016-277\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Transformado transitoriamente en Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Tunja. <\/p>\n
3\u0002 Folio 46 del archivo PDF \u00abCuaderno 1 2016-277\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folios 47 a 48 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 57 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 67 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 81 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folio 83 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 88 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 2 a 10 del archivo PDF \u00abcuaderno 3 2016 2 77\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Folios 25 a 39 Ib\u00eddem. <\/p>\n
12\u0002 Folios 40 a 56 Ib\u00eddem. <\/p>\n
13\u0002 Folios 12 a 19 del archivo PDF \u00abCuaderno 4 2016-277\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Archivo PDF \u00abSentencia Primera Instancia\u00bb. <\/p>\n
15\u0002 Archivo PDF \u00abAuto Concede Apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 Archivo PDF \u00abFallo Apelaci\u00f3n Revoca Sentencia\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Rad. 1992-09354-01. <\/p>\n
19\u0002 22 de octubre de 1991. Exp. No. 5817. Y, 26 de agosto de 2011. Rad. 2002-00007-01. <\/p>\n
20\u0002 Rad. 2000-00130-01. Sentencia 046 -31 de octubre de 2001. Exp. 5906. – 19 de enero de 2005. Exp. 7796. \u2013 Y, G.J. CCXXXIV, p\u00e1g. 234. 11 de julio de 2005. Exp. No. 7725. <\/p>\n
21\u0002 Archivo PDF \u00abFallo Apelaci\u00f3n Revoca Sentencia\u00bb. <\/p>\n
22\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
23\u0002 En palabras de la Sala, \u201cla interpretaci\u00f3n [es] una labor de hecho enderezada a establecer el significado efectivo o de fijaci\u00f3n del contenido del negocio jur\u00eddico teniendo en cuenta los intereses de los contratantes; la calificaci\u00f3n es la etapa dirigida a determinar su real naturaleza jur\u00eddica y sus efectos normativos; y la integraci\u00f3n es aqu\u00e9l momento del proceso que se orienta a establecer el contenido contractual en toda su amplitud, partiendo de lo expresamente convenido por las partes, pero enriqueci\u00e9ndolo con lo que dispone la ley imperativa o supletiva, o lo que la buena fe ha de incorporar al contrato en materia de deberes secundarios de conducta, atendiendo su car\u00e1cter de regla de conducta -lealtad, correcci\u00f3n o probidad-\u201d (CSJ, SC del 19 de diciembre de 2011, Rad. n.\u00b0 2000-01474-01). <\/p>\n
24\u0002 \u201cViable es colegir, entonces, que la errada calificaci\u00f3n jur\u00eddica de un contrato t\u00edpico, puede provenir de la deficitaria comprensi\u00f3n de su contenido objetivo, que conduce al int\u00e9rprete a equivocarse en la identificaci\u00f3n de su clase\u201d (CSJ, SC del 20 de septiembre de 2017, Rad. n\u00b0 2010-00254-01). <\/p>\n
25\u0002 \u201cEs evidente, claro est\u00e1, que en la labor de calificaci\u00f3n contractual el juez no puede estar atado a la denominaci\u00f3n o nomenclatura que err\u00f3neamente o de manera desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se trate, por lo cual es atribuci\u00f3n del juez preferir el contenido frente a la designaci\u00f3n que los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis quam verbis discernuntur), ya que, como se comprender\u00e1, se trata de un proceso de adecuaci\u00f3n de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la que, obviamente la labor es estrictamente jur\u00eddica\u201d (CSJ, SC del 19 de diciembre de 2011, Rad. n\u00b0 2000-01474-01). <\/p>\n
26\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
27\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
28\u0002Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la sociedad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7769-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7769-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00061-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64623","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64623"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64623\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64623"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}