STC7776-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7776-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01910-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Erwin Lara Salinas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo 2019-00263. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abal debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que en su contra se adelanta el recaudo indicado precedentemente promovido por Diana Mar\u00eda R\u00edos Gonz\u00e1lez, en el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 libr\u00f3 mandamiento de pago el 6 de noviembre de 2019, ordenando \u00abnotificar[lo] al tenor de lo consagrado en los art\u00edculos 290 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso [sic]\u00bb. <\/p>\n
Comenta que el \u00ab31 de agosto de 2020 el Juzgado\u2026 requiri\u00f3 al ejecutante para que procediera a notificar[lo]\u2026 debiendo para ello previamente informar\u2026 el correo electr\u00f3nico donde se realizar[\u00eda] tal actividad, y que dicha parte puso en conocimiento de la c\u00e9lula judicial una direcci\u00f3n de buz\u00f3n \u00abmuy diferente\u00bb al suyo, en la que, supuestamente se efectu\u00f3 el enteramiento; sin embargo, tal comunicaci\u00f3n \u00abjam\u00e1s lleg\u00f3 a su destino, configur\u00e1ndose de esta manera la nulidad consagrada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo de Ritos Civiles [sic]\u00bb. <\/p>\n
Aduce que tan solo tuvo conocimiento de la existencia del compulsivo cuando \u00abse recepcionaron los oficios en donde se comunicaban las medidas cautelares\u00bb, por lo que contrat\u00f3 los servicios de un \u00abauxiliar de la justicia ingeniero en sistemas, especialista en telecomunicaciones\u00bb que estableciera si el acto de comunicaci\u00f3n de la orden de pago fue efectivo. <\/p>\n
Refiere que, ante los resultados negativos de la experticia y con apoyo en el dictamen rendido, \u00abel d\u00eda 09 de febrero\u2026 present\u00f3\u2026 incidente de nulidad invocando la causal relacionada con anterioridad y demostrando a plenitud, que la citada y presunta notificaci\u00f3n jam\u00e1s se hab\u00eda efectuado\u00bb, el cual fue rechazado con auto de 1\u00ba de septiembre de 2021, contra el cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante providencia del pasado 18 de enero, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. Para el gestor, la actuaci\u00f3n adolece de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb al no haberse realizado en debida forma la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago; adem\u00e1s sostiene que \u00ablos dos operadores jur\u00eddicos parte de premisas equivocadas, pues dan como cierto una situaci\u00f3n que nunca sucedi\u00f3 por cuanto consideran que existi\u00f3 la notificaci\u00f3n, cuando no existe ninguna circunstancia que permitan concluir que fue as\u00ed; todo lo contrario, precisamente es la carencia de dicho acto procesal\u2026 la que fue inobservada por los operadores judiciales dando lugar a la ostensible violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso [sic]\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita \u00abse ordene a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2026 se le d\u00e9 tr\u00e1mite y se resuelva el incidente de nulidad formulada [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n de segundo grado manifest\u00f3 atenerse \u00aba lo consignado en el expediente digital\u2026 y las razones tanto f\u00e1ctica como jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n proferida el 18 de enero de la presente anualidad\u00bb. <\/p>\n
2. El secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 \u00abse deniegue la protecci\u00f3n invocada por cuanto en el tr\u00e1mite del proceso no se ha incurrido en ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que sea constitutiva de una vulneraci\u00f3n a los derechos que reclama el accionante\u00bb en la medida que \u00abha estado representado por apoderado quien ha conocido de las decisiones adoptadas y ha interpuesto los recursos de ley, los cuales\u2026 fueron debidamente resueltos\u00bb. <\/p>\n
3. Diana Mar\u00eda R\u00edos Gonz\u00e1lez, vinculada por el inter\u00e9s que podr\u00eda asistirle en el resultado del presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas tras advertir que \u00abel despacho adopt\u00f3 la decisi\u00f3n correcta, en atenci\u00f3n a que [actu\u00f3] sin invocar la causal de nulidad que pretendi\u00f3 impulsar el 11 de febrero de 2021, por lo que en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, la misma se entiende saneada a partir de la actuaci\u00f3n desplegada en octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si dentro del proceso ejecutivo 2019-00263 en el que Jorge Erwin Lara Salinas es demandado, las autoridades judiciales convocadas lesionaron sus prerrogativas fundamentales al rechazar de plano la solicitud de nulidad por \u00e9l formulada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, adoptadas en el proceso ejecutivo objeto de escrutinio, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el pasado 18 de enero, comoquiera que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior y una vez auscultados los argumentos en que se fundamenta la presente salvaguarda, as\u00ed como los medios de convicci\u00f3n allegados, la Corte resalta que ninguna irregularidad se deriva de la determinaci\u00f3n cuestionada, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En efecto, para que la corporaci\u00f3n cuestionada ratificara el rechazo de la solicitud invalidatoria presentada por el ac\u00e1 quejoso, formulada en t\u00e9rminos similares a este resguardo, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
En virtud del anterior marco, el silencio del interesado en el decreto de la irregularidad procesal implica la convalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n atacada, siendo aplicable la consecuencia jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 135 ib\u00eddem (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas, resaltando, entre ellas, la intervenci\u00f3n del ejecutado quien el 30 de octubre de 2020, por conducto de apoderado, radic\u00f3 ante el juzgado de primer nivel \u00abi) poder conferido\u2026 para actuar en el proceso\u2026 ii) solicitud para revisar el expediente digital; y iii) escrito suministrando respuesta al requerimiento efectuado por el despacho en el incidente de sanci\u00f3n, acotando que se emiti\u00f3 contestaci\u00f3n oportuna el 20 de febrero de la misma anualidad y advirtiendo el yerro en el n\u00famero de identificaci\u00f3n del representante legal de la sociedad en comento, lo que impedir\u00eda dar cumplimiento a lo comunicado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Emerge de lo rese\u00f1ado el acierto del a quo, en tanto la presunta irregularidad alegada se entiende subsanada por el ejecutado pues otorg\u00f3 mandato al apoderado que ac\u00e1 reclama la configuraci\u00f3n del vicio y \u00e9ste, en su nombre, actu\u00f3 en el proceso desde el 30 de octubre de 2020, esto es, con posterioridad a los sucesos en que tuvo g\u00e9nesis la presunta nulidad que invoca y no pidi\u00f3 en ese entonces su declaratoria, configurando con su proceder el saneamiento del vicio procesal. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la normatividad decantada y al precedente jurisprudencial explanado, debi\u00f3 el interesado en su primera intervenci\u00f3n en este asunto proceder a formular la nulidad que ahora alega y no mucho despu\u00e9s de su intervenci\u00f3n inicial, pues de haberse configurado la irregularidad, la misma qued\u00f3 saneada en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 ib\u00eddem, en tanto transcurri\u00f3 no solo un tiempo prudencial para ser alegada, sino que actu\u00f3 sin proponerla (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por la colegiatura convocada no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, habida consideraci\u00f3n que la ratificaci\u00f3n del rechazo del incidente de nulidad obedeci\u00f3, no al capricho del funcionario, sino a la intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea del interesado, quien con su actuar incurioso dio lugar al saneamiento de la presunta irregularidad, al no proponerla en su primera intervenci\u00f3n procesal. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el querellante disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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