STC7795-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7795-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n tutela formulada por Yolis de Jes\u00fas de La Ossa Vergara, como \u00abJuez del Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Ind\u00edgena del Pueblo Zen\u00fa\u00bb, y en nombre de Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio, contra la Sala Plena de la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 05001600000202100128. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y, \u00abdiversidad \u00e9tnica y cultural\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Como fundamento de sus reparos, indic\u00f3 que en el proceso penal seguido a su \u00abcomunero\u00bb Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, homicidio, tr\u00e1fico de estupefacientes y extorsi\u00f3n, a t\u00edtulo de autor y en modalidad dolosa; homicidio agravado doloso, coparticipaci\u00f3n criminal, sobre tres personas determinadas, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, sin permiso de autoridad competente, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con posterioridad, el abogado del procesado pidi\u00f3 la sustituci\u00f3n de dicha medida, indicando que aqu\u00e9l pertenec\u00eda a la etnia Zen\u00fa y que, por lo tanto, \u00abgoza de protecci\u00f3n especial por fuero ind\u00edgena\u00bb, petici\u00f3n que fue acogida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda el 16 de febrero de 2021, que accedi\u00f3 a modificar el lugar de detenci\u00f3n preventiva y fij\u00f3 para el efecto \u00abel sitio de reflexi\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Zen\u00fa Cabildo Tierra Santa del Municipio de la Apartada, C\u00f3rdoba\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en la audiencia de acusaci\u00f3n, el mencionado abogado pidi\u00f3 que se planteara conflicto de competencia entre la justicia penal ordinaria y la jurisdicci\u00f3n penal ind\u00edgena, aportando las pruebas del caso para que el asunto se asignara a la segunda. <\/p>\n
Expuso que el Tribunal de Sabios que representa, reclam\u00f3 el 8 de abril de 2021 el conocimiento del proceso penal por dirigirse frente a un miembro de su comunidad que \u00abmantiene su identidad \u00e9tnica y cultural intacta\u00bb, adem\u00e1s, en esa oportunidad tambi\u00e9n advirti\u00f3 que estaba probado que dicho Tribunal es \u00abuna autoridad tradicional que ejerce funciones de control social, seg\u00fan usos, costumbres y procedimientos propios, y demuestra la capacidad institucional para llevar a cabo el proceso penal contra el comunero Trejos Osorio\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 16 de abril siguiente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda envi\u00f3 las diligencias a la Corte Constitucional para que se definiera la mencionada colisi\u00f3n de competencias, y el 3 de marzo de 2022, mediante auto N\u00ba 249, la Sala Plena de esa Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 fijar el conocimiento del asunto en la justicia ordinaria, decisi\u00f3n que le fue comunicada al Tribunal de Sabios el 2 de junio siguiente, mediante correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
En su criterio, con el pronunciamiento referido se quebrantaron los derechos invocados, toda vez que, en s\u00edntesis, la Corte Constitucional accionada se apoy\u00f3 en hechos \u00abajenos a la imputaci\u00f3n misma y a la investigaci\u00f3n\u00bb, desconoci\u00f3 el alcance del fuero ind\u00edgena, e incluso, su propia jurisprudencia sobre el particular. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, revocar la decisi\u00f3n cuestionada \u00aby proceder a la verificaci\u00f3n de los hechos proyectados por el Tribunal Ind\u00edgena (\u2026), en aras de garantizar [los] derechos [lesionados y para que] (\u2026) se reconozca el FUERO IND\u00cdGENA\u00bb y su competencia para conocer del asunto penal referido. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia de la Corte Constitucional se opuso a la prosperidad del amparo, y explic\u00f3 que la decisi\u00f3n controvertida adem\u00e1s de no ser susceptible de ning\u00fan recurso, est\u00e1 revestida de \u00ablos principios constitucionales de cosa juzgada [y] seguridad jur\u00eddica\u00bb. Agreg\u00f3 que en este caso no se cumplen \u00ablos requisitos formales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales [y] tampoco se expone ninguna causal de nulidad\u00bb. <\/p>\n
2. La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz \u2013JEP\u2013 manifest\u00f3 ser ajena a los hechos materia de censura. <\/p>\n
3. El Ministerio del Interior manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ante la inexistencia de causalidad entre la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados y la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa entidad, quien no es la competente para acceder a las demandadas de la parte actora. <\/p>\n
4. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Inicialmente se advierte que Yolis de Jes\u00fas de la Ossa Vergara, como \u00abJuez del Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Ind\u00edgena del Pueblo Zen\u00fa\u00bb, est\u00e1 habilitada para actuar en nombre de los miembros de su comunidad, pues como lo ha reconocido esta Sala, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos de las comunidades ind\u00edgenas pueden ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, ya que \u00e9stos \u00abgozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad. As\u00ed mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y la Defensor\u00eda del Pueblo e incluso terceros, cuando los hechos as\u00ed lo demanden (\u2026) (C.C. Sentencia T-866 de 27 de noviembre de 2013)\u00bb (CSJ, STC14902-2016, STC11959-2021 y STC294-2021, entre otras), esto \u00faltimo, porque el desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena atenta no solo contra los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las \u00abcomunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (C.C. T-866 de 2013, citada en STC5690-2022). <\/p>\n
2. Fijado lo anterior, corresponde advertir que esta Corporaci\u00f3n es competente para definir en primer grado el asunto materia de queja, por cuanto el reproche se dirige, de manera directa, respecto de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional, cuesti\u00f3n sobre la cual, esta Corte, en asuntos an\u00e1logos, ha advertido que le compete, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conocer de la petici\u00f3n de amparo al tenor de la regla expuesta en Auto CC A077-20151 donde se expuso que las acciones de tutela dirigidas en contra de la Corte Constitucional: [\u2026] s\u00f3lo sean conocidas por el \u00f3rgano de cierre de la especialidad escogida por el demandante. De esta manera, s\u00f3lo las Altas Corporaciones Judiciales, de acuerdo a sus propias reglas de tr\u00e1mite, tendr\u00e1n la capacidad de garantizar un juzgamiento cuidadoso de este tipo de solicitudes, lo cual permitir\u00e1 el respeto de las sentencias del tribunal constitucional y de la guarda y supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STP13465-2021, reiterada en STC15758-2021, STC1631-2022 y STP5318-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Ahora, en el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se constata que la parte accionante reprocha, de manera directa, el auto 249 de 3 de marzo de 2022, mediante el cual la Sala Plena de la Corte Constitucional al resolver el conflicto de jurisdicciones planteado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Monter\u00eda y el Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Ind\u00edgena del Pueblo Zen\u00fa, declar\u00f3 que le correspond\u00eda al primero, conocer del proceso penal adelantado contra Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio. <\/p>\n
3.1 Se recuerda que unicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n solicitada, pues no se observa irregularidad o desafuero en la providencia criticada, como quiera que la misma se adopt\u00f3 con apoyo en una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas, las normas y la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
3.2 En efecto, revisada la decisi\u00f3n atacada, se encuentra que el Alto Tribunal Constitucional comenz\u00f3 por referir los antecedentes del asunto, lo reglado en el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en cuanto a las facultades jurisdiccionales de los pueblos ind\u00edgenas, y lo concerniente al fuero ind\u00edgena, de acuerdo con su jurisprudencia, precisando que \u00e9ste requiere la acreditaci\u00f3n de elementos b\u00e1sicos, tales como: (i) el subjetivo y (ii) el territorial, sin embargo, para lograr la activaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n especial, se exige, adem\u00e1s, que se demuestren los factores (iii) objetivo e (iv) institucional. <\/p>\n
En cuanto al elemento objetivo, explic\u00f3 que el mismo \u00abcorresponde a la naturaleza del bien jur\u00eddico tutelado\u00bb, lo que significa que, en cada caso debe revisarse si el inter\u00e9s en la judicializaci\u00f3n del procesado recae sobre la comunidad ind\u00edgena o la cultura mayoritaria. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto al elemento institucional, anot\u00f3 que \u00e9ste se refiere \u00aba la existencia de un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados\u00bb, por tanto, es un medio para garantizar el debido proceso, los derechos de las v\u00edctimas y \u00abla conservaci\u00f3n de las costumbres e instituciones ancestrales\u00bb, debi\u00e9ndose identificar, las autoridades tradicionales y procedimientos establecidos para tramitar el caso ante la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, as\u00ed como las faltas y sanciones aplicables, y, en este punto, advirti\u00f3 que no se exige que la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena tenga un compendio escrito de las sanciones, pues lo que debe verificarse es \u00abel concepto gen\u00e9rico de nocividad social\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con los elementos se\u00f1alados, la Corte Constitucional explic\u00f3 que se hallaba demostrado el primero, porque \u00ablas pruebas allegadas al proceso penal evidencian tanto la existencia del \u201cCabildo Local Ind\u00edgena Zen\u00fa Tierra Santa\u201d como la pertenencia del acusado a esa comunidad\u00bb, en relaci\u00f3n con el segundo, indic\u00f3 su incumplimiento, puesto que \u00abel \u00e1mbito espacial en el que ocurrieron los hechos no coincide con el \u00e1rea de influencia geogr\u00e1fica del \u201cCabildo Local Ind\u00edgena Zen\u00fa Tierra Santa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, por cuanto Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio fue imputado penalmente como presunto miembro del grupo armado ilegal \u00abAutodefensas Gaitanistas de Colombia\u00bb, por planear y ejecutar actos para mantener el control territorial de esa organizaci\u00f3n en los departamentos de C\u00f3rdoba, Antioquia y Sucre, y por lo anterior, fue acusado de concertar con varias personas del grupo \u00abRoberto Vargas Guti\u00e9rrez\u00bb, a su cargo, \u00abhechos de desplazamiento forzado, extorsiones y homicidios en la zona de influencia de la organizaci\u00f3n delictiva. En espec\u00edfico, los homicidios ocurridos en el Barrio \u201c9 de agosto\u201d, sectores \u201cLas Balsas\u201d y \u201cNo hay como Dios\u201d, del municipio de Tierralta, y en la v\u00eda que conduce a la Vereda Quebrada Honda de la misma jurisdicci\u00f3n\u00bb; lo que evidenci\u00f3 que esas conductas delictivas ocurrieron fuera del territorio del Cabildo Ind\u00edgena de Tierra Santa, ubicado en el municipio de La Apartada, C\u00f3rdoba. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte Constitucional accionada determin\u00f3 que en el expediente no figuraba informaci\u00f3n de la cual pudiera inferirse que \u00abla zona de influencia del cabildo Tierra Santa se extiende a otros lugares de la geograf\u00eda nacional, particularmente a los territorios en que ocurrieron las actividades delictivas\u00bb. <\/p>\n
Inmediatamente despu\u00e9s, sobre el elemento objetivo, explic\u00f3 que los bienes jur\u00eddicos frente a los que presuntamente se atent\u00f3, interesan a la comunidad ind\u00edgena y a la sociedad mayoritaria y, adem\u00e1s, entra\u00f1an una \u00abespecial nocividad social\u00bb. Record\u00f3 que la Fiscal\u00eda le imput\u00f3 al procesado los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, homicidio, tr\u00e1fico de estupefacientes y extorsi\u00f3n, los cuales, de acuerdo con su ubicaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal, lesionan los bienes jur\u00eddicos de la vida, la integridad personal y la seguridad p\u00fablica, los cuales, seg\u00fan adujo el Tribunal de Sabios, tambi\u00e9n \u00abconciernen a la comunidad ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, pas\u00f3 a pronunciarse sobre la nocividad de los enunciados delitos, criterio que se ha utilizado en otros casos similares para establecer la satisfacci\u00f3n del elemento objetivo se\u00f1alado, y argument\u00f3 que los \u00abdelitos\u00bb imputados no ocurrieron de forma aislada ni son resultado de una \u00fanica actuaci\u00f3n, pues \u00abal parecer\u00bb, el investigado, \u00abconcert\u00f3, plane\u00f3 y ejecut\u00f3 diferentes actos de desplazamiento forzado, homicidios y extorsiones, con la intenci\u00f3n de conservar el control de las operaciones donde fue designado\u00bb, en consecuencia, afirm\u00f3, que esas conductas, presuntamente ejecutadas en el marco de una organizaci\u00f3n delictiva, con presencia en varios departamentos y bajo una estructura jerarquizada, \u00abson hechos indicativos de un problema de macro criminalidad que le representa al Estado importantes obligaciones constitucionales y cuyos delitos son altamente nocivos para toda la sociedad\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, hizo menci\u00f3n a lo advertido en los autos 653 de 2021, 749 de 2021 y 751 de 2021, en los que estudi\u00f3 el impacto del delito de tr\u00e1fico de estupefacientes y, por tanto, se determin\u00f3 su \u00abespecial nocividad social\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, concluy\u00f3 que las conductas investigadas conciernen tanto al Cabildo Ind\u00edgena Zen\u00fa como a la sociedad mayoritaria, no obstante, \u00abconllevan una especial nocividad social, dado que a la investigaci\u00f3n y juzgamiento subyace un problema de macro criminalidad que afecta bienes jur\u00eddicos de titularidad del Estado e impacta a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario\u00bb. <\/p>\n
Concomitante con lo anterior, estudi\u00f3 el elemento institucional, refiriendo que el Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Ind\u00edgena del Pueblo Zen\u00fa indic\u00f3 que estaba integrado por jueces, abogados, secretarios y sabios tradicionales, por lo que pod\u00edan brindar \u00abun procedimiento \u00e9tnicamente diferenciado para el acusado\u00bb, y en relaci\u00f3n con lo anterior, argument\u00f3 que, en principio, pod\u00edan tenerse por acreditados algunos elementos relativos al factor institucional, adem\u00e1s, precis\u00f3 que no exist\u00eda una \u00abuna tarifa probatoria ni la exigencia de demostrar instituciones espec\u00edficas, asimilables a la cultura jur\u00eddica mayoritaria\u00bb, no obstante, se\u00f1al\u00f3 que a la luz de la \u00abespecial nocividad de las conductas\u00bb imputadas deb\u00eda revisarse el procedimiento y forma de operar del Tribunal de Sabios, para asegurar que se protejan los derechos que est\u00e1n en tensi\u00f3n, entre otros, los de las v\u00edctimas que no hacen parte del cabildo ind\u00edgena. <\/p>\n
En cuanto a esto \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00aben el expediente no reposa informaci\u00f3n de (i) los procedimientos establecidos por las autoridades tradicionales para investigar y juzgar los hechos, (ii) ni las faltas o sanciones aplicables\u00bb, por tanto el elemento institucional no pod\u00eda tenerse por acreditado, m\u00e1xime si la autoridad judicial ind\u00edgena no dio cuenta de ninguno de aquellos factores. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Constitucional consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla decisi\u00f3n que mejor satisface el derecho al debido proceso del acusado y que no genera una afectaci\u00f3n al pluralismo jur\u00eddico, la diversidad \u00e9tnica, ni a los derechos de las v\u00edctimas, es asignar el conocimiento del asunto a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Lo anterior, en la medida en que el incumplimiento de los elementos territorial e institucional tiene fuerte incidencia para la resoluci\u00f3n del presente conflicto de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3 As\u00ed las cosas, no se encuentra en la fundamentaci\u00f3n expuesta desafuero o irregularidad que permita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Corte Constitucional con claridad y suficiencia explic\u00f3, conforme a los elementos demostrativos y la jurisprudencia imperante, el incumplimiento de los factores territorial e institucional, para asignar el conocimiento del proceso penal adelantado contra Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio a la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, sin que la diferencia de criterio discutida por la parte accionante permita inferir la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, tal como esta Corte lo ha advertido en otras ocasiones (CSJ STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Yolis de Jes\u00fas de La Ossa Vergara, como \u00abJuez del Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Ind\u00edgena del Pueblo Zen\u00fa\u00bb, y en nombre de Antonio Jos\u00e9 Trejos Osorio, contra la Sala Plena de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reiterado en A123-2015, criterio acogido por esta Corporaci\u00f3n en providencias STP3762-2015 y STL10570-2018. <\/p>\n
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