STC7800-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de 2020 de esta Sala, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene \u00abnombres ficticios\u00bb. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7800-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2022-00097-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Sarmiento, en representaci\u00f3n del menor Jacinto Romero, contra el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, en representaci\u00f3n de su menor hijo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al despacho accionado \u00abentre[gar]\u2026 copia del material fon\u00f3ptico correspondiente a todas las entrevistas que [el menor] sostuvo con el auxiliar de la justicia Psic\u00f3logo Ner\u00f3n S\u00e1nchez y la visita virtual que sostuvo con su padre. Actividades que presenci\u00f3 el despacho a trav\u00e9s de su asistente social\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Tras la p\u00e9rdida de competencia de la Comisaria de Familia, el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn adelant\u00f3 el proceso de restablecimiento de derechos del menor Jacinto, quien el 23 de julio de 2020 declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o, disponiendo, entre otras cosas, su custodia y cuidado personal a su progenitora, al tiempo que estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas virtuales con el padre, designando, posteriormente, al psic\u00f3logo Ner\u00f3n S\u00e1nchez para que interviniera en la preparaci\u00f3n del ni\u00f1o previo a las visitas, as\u00ed como para que intervenga en dichos encuentros. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la promotora que en el curso de la ejecuci\u00f3n dicha preparaci\u00f3n y visitas quedaron grabadas, sin embargo, ese material fon\u00f3ptico no fue aportado al proceso; que el 25 de marzo de 2021 el estrado judicial puso en conocimiento de las partes los informes rendidos por el referido psic\u00f3logo y por la asistente social, al tiempo que dispone continuar con las visitas virtuales; determinaci\u00f3n donde solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, formul\u00f3 reposici\u00f3n y pidi\u00f3 la revelaci\u00f3n del material fon\u00f3ptico; el 20 de abril de 2021 mantuvo la decisi\u00f3n y desech\u00f3 la dem\u00e1s pretensiones, entre ellas, la exhibici\u00f3n de las grabaciones. <\/p>\n
2.3. Luego, tras una serie de informes rendidos por los profesionales, el 7 de julio de 2021 el estrado judicial orden\u00f3 el cierre del procedimiento administrativo de los derechos del menor \u00abdada su ubicaci\u00f3n en medio familiar bajo la protecci\u00f3n de la progenitora, quien debe garantizar el disfrute de sus derechos, incluidas las visitas de su progenitor, con miras al restablecimiento de las relaciones parentales, el cual se cumplir\u00e1 de manera presencial el d\u00eda jueves de cada semana, a las 2:00 p.m. en la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo, Antioquia, bajo la supervisi\u00f3n del personal adscrito a esa dependencia, por ser la entidad m\u00e1s cercana al municipio de Doradal, lugar de residencia del ni\u00f1o y su progenitora. La regulaci\u00f3n que antecede, sin perjuicio que a futuro se solicite su modificaci\u00f3n ante la autoridad que corresponda\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por dicha situaci\u00f3n, la promotora formul\u00f3 una anterior acci\u00f3n de tutela, pues, deduce, las visitas establecidas afectan las garant\u00edas del menor, comoquiera que, existe una denuncia penal por presunto abuso sexual; el a quo constitucional neg\u00f3 esa petici\u00f3n de amparo (2021-00024); determinaci\u00f3n confirmada por esta Sala el 19 de marzo de 2021 (STC2827-2021), remitiendo las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, luego de una solicitud de informaci\u00f3n presentada por la apoderada del progenitor, de cara a la reserva legal de las grabaciones, as\u00ed como la presentada por Ner\u00f3n S\u00e1nchez con el fin de que se autorizara enviar tales grabaciones a la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo (lugar donde se adelanta simult\u00e1neamente un tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos del menor), pues fue requerido por dicha autoridad; el 13 de octubre de 2021 el despacho orden\u00f3 \u00ablib[rar] la constancia de la designaci\u00f3n del doctor Ner\u00f3n\u2026 para que desde su profesi\u00f3n realizara el seguimiento de las visitas entre el ni\u00f1o y su progenitor, m\u00e1s no se levantar\u00e1 la reserva de las diligencias adelantadas entre el ni\u00f1o y el profesional\u00bb, asimismo, refiri\u00f3 que s\u00ed dicha autoridad administrativa requer\u00eda tales probanzas, deb\u00edan ser requeridas directamente; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan recurso. <\/p>\n
2.5. El 10 de noviembre de 2021 la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo, refiri\u00f3 que \u00absurte la necesidad de conocer en profundidad tanto lo ocurrido en esos encuentros como los informes presentados tanto por la opini\u00f3n experta del citado auxiliar de justicia, como por la asistente judicial de su despacho\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00abefectuar el traslado de estos videos para que reposen en este expediente con la debida reserva\u00bb; posteriormente, el 1\u00b0 de febrero de 2022 la promotora solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, con el fin de solicitar por su intermedio los registros fon\u00f3pticos de las entrevistas y actividades que el psic\u00f3logo realiz\u00f3 con el menor, raz\u00f3n por la que el d\u00eda siguiente, la Procuradur\u00eda 32 Judicial II hizo tal llamado; sin embrago, con constancia secretarial de 8 de febrero de los corrientes, se indic\u00f3 que \u00abdicha solicitud ya fue resuelta al interior del tr\u00e1mite judicial, a trav\u00e9s de providencia del 13 de octubre de 2021, por lo tanto, se proceder\u00e1 a remitir copia de aquella providencia a la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la promotora, en s\u00edntesis, que su garant\u00eda a la petici\u00f3n est\u00e1 quebrantada, toda vez que, no se ha dado respuesta positiva al traslado y entrega de las grabaciones pretendidas, pues refiere que, ante la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo se adelantaba otro tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos del menor, autoridad que el 21 de enero de 2022 declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos de aqu\u00e9l, determinaci\u00f3n que fue recurrida en homologaci\u00f3n por el progenitor, raz\u00f3n por la que es el \u00abJuez Promiscuo de Familia de Puerto Triunfo quien debiera tener en su poder estos documentos que el juez tutelado ha negado al [menor], para que constate lo que sumariamente estableci\u00f3 el a quo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario \u2013 Antioquia remiti\u00f3 link para consulta del tr\u00e1mite adelantado en ese despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn manifest\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas del menor; que las solicitudes formuladas por la mandataria de la accionante han sido atendidas, entre ellas, las elevadas con el fin de obtener la revelaci\u00f3n del material fon\u00f3ptico, el cual se encuentra con reserva, sin embargo, \u00abla profesional en derecho no ha admitido esta negativa, acudiendo a varias v\u00edas para lograr obtener se le atienda en su petici\u00f3n\u00bb; que el 13 de octubre de 2021 neg\u00f3 la entrega de dicho material fon\u00f3ptico, por la reserva que tienen, determinaci\u00f3n que no luce arbitraria; que dicha negativa se reiter\u00f3 con la constancia secretarial de 8 de febrero de 2022, adem\u00e1s que, el asunto cuenta con reserva legal; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Rafael Romero, a trav\u00e9s de apoderada judicial, manifest\u00f3 que el estrado judicial no ha vulnerado la garant\u00eda de petici\u00f3n invocada, comoquiera que, lo indicado por la promotora es una serie de inconformidades o cr\u00edticas, respecto a lo decidido por el juzgado; que \u00ablos videos que echa de menos la accionante, como bien lo explic\u00f3 el Juzgado 15 de Familia en el auto\u2026 gozan de reserva al tratarse de un material que hace parte de la atenci\u00f3n profesional suministrada a un ni\u00f1o por un psic\u00f3logo en el marco de un proceso de restablecimiento de derechos y que tuvieron lugar para la preparaci\u00f3n del menor a los encuentros virtuales que orden\u00f3 el Juzgado entre este y el padre, decisi\u00f3n que se encuentra en firme y que por distintos medios la madre ha evitado cumplir desde julio de 2020\u00bb; que la remisi\u00f3n de dicho material fon\u00f3ptico al Juzgado Promiscuo de Familia de El Santuario carece de utilidad, toda vez que, en dicho proceso ya est\u00e1n surtidas las etapas probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradora 32 Judicial de Familia refiri\u00f3 que la salvaguarda debe ser denegada, comoquiera que, las decisiones del juzgado est\u00e1n ajustadas a derecho y el psic\u00f3logo adoso los informes que fueron los solicitados, no las herramientas en las que se fund\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 120 Judicial II para la Defensa de los Derechos indic\u00f3 que debe tenerse en cuenta que siempre prima el inter\u00e9s superior del menor dispuesto en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo inform\u00f3 que tramit\u00f3 el PARD en favor del ni\u00f1o, por solicitud realizada directamente por Ana Sarmiento el 22 de abril de 2021; que la divergencia est\u00e1 en el concepto rendido por los profesionales tratantes del ni\u00f1o y el psic\u00f3logo designado por el despacho 15 de Familia de Medell\u00edn, por lo que solicit\u00f3 los videos que permitieran corroborar lo dicho en los informes del auxiliar de la justicia; que el 10 de noviembre de 2021 solicit\u00f3 el traslado de las pruebas fon\u00f3pticas e informes, del que no obtuvo respuesta, sin tener en cuenta que con auto de 13 de octubre de 2021 el Juzgado Quince refiri\u00f3 que s\u00f3lo responder\u00eda ante una solicitud directa de ese despacho; que el Juzgado accionado ha negado el acceso a los videos, quebrantando los derechos del menor. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Triunfo manifest\u00f3 que no ha conocido ninguna actuaci\u00f3n de homologaci\u00f3n a la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda de Familia; que lo que atendi\u00f3 fue una acci\u00f3n de tutela que Rafael Romero formul\u00f3 contra dicha Comisar\u00eda; remiti\u00f3 el link para consulta de esa petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Ner\u00f3n S\u00e1nchez manifest\u00f3 que, previa su petici\u00f3n, el 13 de octubre de 2021 el despacho no autoriz\u00f3 levantar la reserva sobre los videos obtenidos de las diligencias por \u00e9l adelantadas; que Ana Sarmiento y su apoderada le informaron que \u00ablos videos podr\u00edan ser trasladados si el juez del proceso as\u00ed lo dispon\u00eda, o en la medida que un juez de la rep\u00fablica lo ordenara\u2026 hasta ahora, no se ha recibido notificaci\u00f3n alguna por parte de alguna de las autoridades se\u00f1aladas avalando el levantamiento de la reserva de dichos videos\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que, el derecho de petici\u00f3n es improcedente en actuaciones judiciales; destac\u00f3 que, contrario a lo narrado por la promotora, las solicitudes de 7 de abril, 2 y 22 de julio de 2021 tendiente al levantamiento de reserva y a la entrega de una copia del material fon\u00f3ptico fueron atendidas por el estrado judicial el 13 de octubre de 2021, de ah\u00ed que, no hubo vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la salvaguarda incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, contra el referido prove\u00eddo de 13 de octubre de 2021, que fue notificado por estado del d\u00eda siguiente, la gestora no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, con el fin de exponer ante el fallador natural su desacuerdo ante dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que conforme al art\u00edculo 25 de la ley 1090 de 2006 el sujeto de un informe psicol\u00f3gico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto; de ah\u00ed que, \u00abresulta absolutamente parcializados los apartes de esta ley presentados por el Juez Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn para negar el acceso a los videos que muestran la informaci\u00f3n base de la opini\u00f3n plasmada por el \u201cperito\u201d en sus informes\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el auto de 13 de octubre de 2021 se emiti\u00f3 con el fin de proferir un pronunciamiento a la solicitud del progenitor y del psic\u00f3logo, raz\u00f3n por la que no les asist\u00eda ning\u00fan motivo para estar consultando los estados electr\u00f3nicos, que ya el asunto contaba con auto de cierre; de ah\u00ed que, no puede impon\u00e9rsele la incuria referida por el a quo constitucional, relievando que, la mandataria de la contraparte \u00abno cumpli[\u00f3] con la lealtad procesal que ordena el art\u00edculo 78.3 y 78.14 del estatuto procesal vigente, lo cual fue ratificado por el DL. 806\/20 y que en consecuencia requerir\u00eda las sanciones del art\u00edculo 79 y las consecuencias del Art\u00edculo 80 y 81 del mismo cuerpo normativo. Pero, el fallador nada dijo al respecto\u00bb, por lo que, insiste, al estar el asunto culminado y no haber sido enterada de las solicitudes, no pod\u00eda conocer el contenido de dicho prove\u00eddo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los informes rendidos por el profesional en psicolog\u00eda no tiene credibilidad en su contenido, por lo que requiere de dichas grabaciones, sumado a que, \u00abno puede ser de recibo ampararse en el art\u00edculo 24 de la ley 1755 de 2015 para endilgar una supuesta protecci\u00f3n de la privacidad del ni\u00f1o, cuando precisamente ha sido la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo la que tuvo que velar por la protecci\u00f3n de varios derechos inobservados, amenazados y vulnerados por la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Heredia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador 120 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia manifest\u00f3 que \u00abcomparte plenamente los argumentos de la apelante y en consecuencia coadyuva la impugnaci\u00f3n incoada por la madre del aqu\u00ed menor\u00bb. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
En el curso de la presente petici\u00f3n de amparo, la Corte Constitucional, previa insistencia presentada de revisi\u00f3n, adopt\u00f3 decisi\u00f3n respecto de la inicial acci\u00f3n de tutela (2021-00024), por lo que con fallo T-062\/2022 \u00abde[j\u00f3] sin efectos las decisiones proferidas el 23 de julio de 2020 y 07 de julio de 2021 por el Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia, en el proceso de restablecimiento de derechos del menor\u2026 En su lugar, ordenar al Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia que, en un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, profiera una nueva decisi\u00f3n con fundamento en la parte motiva del presente fallo\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de lo anterior, el 8 de abril de 2022 el estrado enjuiciado dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que actualmente no se encuentran vulnerados los derechos de IMM a: la protecci\u00f3n contra el abandono f\u00edsico, emocional y psicoafectivo, la protecci\u00f3n contra cualquier acto que amenace o vulnere los derechos a la vida, calidad de vida y ambiente sano, la responsabilidad parental, tener una familia y no ser separado de ella, al igual que la protecci\u00f3n contra la violaci\u00f3n, la inducci\u00f3n, el est\u00edmulo y el constre\u00f1imiento a la prostituci\u00f3n, la explotaci\u00f3n sexual, la pornograf\u00eda y cualquier conducta que, atente contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual de la persona menor de edad. En consideraci\u00f3n de lo anterior, y por lo expuesto en la parte motiva, <\/p>\n
SEGUNDO: Se ordena el CIERRE del procedimiento Administrativo para el Restablecimiento de Derechos del ni\u00f1o IMM, dada su ubicaci\u00f3n en medio familiar bajo la protecci\u00f3n de la progenitora, quien debe garantizar el disfrute de sus derechos. <\/p>\n
TERCERO: Mantener suspendidas las visitas del progenitor RAFAEL ROMERO a su hijo. Sin perjuicio que \u00e9ste adelante las acciones judiciales o administrativas que a bien tenga, escenario en el cual se verificar\u00e1 la conducencia y pertinencia de las visitas, conforme a las pruebas allegadas en su oportunidad y en beneficio del ni\u00f1o IMM. <\/p>\n
CUARTO: Dese cumplimiento a la orden dada por la Corte Constitucional en el numeral 4\u00ba de la Sentencia T-062 de 2022, al ICBF y a la Defensor\u00eda de Familia correspondiente al domicilio del menor, para que realicen un seguimiento detallado y preventivo con el fin de que en todo tiempo se garantice la estabilidad del menor y su bienestar. <\/p>\n
QUINTO: ord\u00e9nese el archivo del expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de entrega de los registros fon\u00f3pticos de las entrevistas y actividades que el auxiliar de la justicia Ner\u00f3n S\u00e1nchez realiz\u00f3 al menor, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Teniendo en cuenta lo anterior, el fallo impugnado deber\u00e1 de revocarse y, en su lugar, concederse el amparo deprecado, ya que el estrado censurado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos fijados por el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para pronunciarse sobre la solicitud de la gestora, teniendo en cuenta que la misma fue allegada por la quejosa, a trav\u00e9s del Ministerio P\u00fablicos, desde el 2 de febrero de 2022; sin embargo, a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, no est\u00e1 acreditado que hubiese resuelto la misma. <\/p>\n
En efecto, verificado el expediente objeto de litis, se evidencia que si bien con prove\u00eddo de 13 de octubre de 2021 el estrado judicial resolvi\u00f3 mantener \u00abla reserva de las diligencias adelantadas entre el ni\u00f1o y el profesional\u00bb, lo cierto es que dicha determinaci\u00f3n se emiti\u00f3 una vez cerrado el procedimiento de restablecimiento de derechos del menor y en pro de atender la petici\u00f3n de apoderado del progenitor y del profesional Ner\u00f3n S\u00e1nchez, raz\u00f3n por la que la accionante no pudo enterarse ni controvertir lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Asimismo, con posterioridad a ello, el 10 de noviembre de 2021 la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo solicit\u00f3 \u00abel traslado de estos videos para que reposen en este expediente con la debida reserva\u00bb y, el 2 de febrero de 2022 la Procuradora 32 Judicial de Familia remiti\u00f3 la solicitud incoada por la ac\u00e1 accionante con el fin de acceder a la entrega de tales registros, sin que se exista pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
Y es que, si bien se evidencia que con constancia secretarial de 8 de febrero de los corrientes, se les indic\u00f3 que \u00abdicha solicitud ya fue resuelta al interior del tr\u00e1mite judicial, a trav\u00e9s de providencia del 13 de octubre de 2021, por lo tanto, se proceder\u00e1 a remitir copia de aqu\u00e9lla providencia a la parte interesada\u00bb, lo cierto es que la misma no satisface el pronunciamiento que requiere, en la medida en que, de cara a tales peticiones no era procedente resolverse conforme las disposiciones de los art\u00edculos 114 y 115 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, a trav\u00e9s de la secretar\u00eda del estrado judicial, pues al existir una reserva legal, se requiere un pronunciamiento expreso del juez, raz\u00f3n por lo que, lo precedente era actuar atendiendo lo indicado en el canon 109 \u00eddem e ingresar las diligencias al despacho, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que, a la fecha no existe el respectivo pronunciamiento frente a las mentadas solicitudes de la Comisar\u00eda y de la promotora, que fueran formuladas el 10 de noviembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, respectivamente, lo procedente es conceder el amparo supralegal, por la mora judicial presentada, pues, como qued\u00f3 visto, los t\u00e9rminos para ello est\u00e1n fenecidos. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, en punto a derruir las alegaciones de la acusada tendientes a justificar la mora judicial que se le enrostr\u00f3, dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n, que: <\/p>\n
Sobre el tema en comento, la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, de cara a la mora judicial, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que el Juzgado acusado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto por el C\u00f3digo General del Proceso para pronunciarse sobre solicitudes de la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo y de la accionante a trav\u00e9s del Ministerio P\u00fablico, las que fueron formuladas el 10 de noviembre de 2021 y 2 de febrero de 2022, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo demandado y se ordenar\u00e1 que, de manera inmediata se desarchiven las diligencias e ingresen al despacho y el Juzgado accionado que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a dicho ingreso, se pronuncie sobre las referidas solicitudes y que en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Ana Sarmiento, en representaci\u00f3n del menor Jacinto Romero. En consecuencia, ordena al Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn que, notificado del presente fallo, de manera inmediata desarchive las diligencias e ingrese las mismas al despacho y, que en el t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas siguientes a dicho ingreso, resuelva sobre las solicitudes de la Comisar\u00eda de Familia de Puerto Triunfo y de la accionante, que en derecho corresponda, en el proceso de restablecimiento de derechos de menor fustigado. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del \u00faltimo t\u00e9rmino. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7800-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de 2020 de esta Sala, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}