STC7801-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC7801-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01947-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Isabel Romero Ramos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil de Magangu\u00e9, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia radicado No. 2021-00045-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Superior accionado. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra Enrique N\u00fa\u00f1ez Barandica y \u00abherederos indeterminados del finado y personas indeterminadas\u00bb, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 inadmiti\u00f3 la demanda el 28 de mayo de 2021, porque no acompa\u00f1\u00f3 el certificado de aval\u00fao catastral, ni se incluy\u00f3 el ac\u00e1pite de pruebas y de notificaciones, adem\u00e1s \u00abno se inform\u00f3 los correos electr\u00f3nicos o el canal donde deb\u00edan ser citados los testigos Manuel Gregorio Guti\u00e9rrez Urango, Leonardo Alex Atencia Guerra y Orladis Beltr\u00e1n Bol\u00edvar, a fin de que puedan actuar en el proceso mediante este medio tecnol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en dicha providencia no hizo menci\u00f3n de los requisitos del art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso como era su obligaci\u00f3n, seg\u00fan lo previsto por el inciso 4\u00ba del art. 90 ib\u00eddem, no obstante, el 1\u00ba de junio de 2021 su apoderado present\u00f3 memorial de subsanaci\u00f3n por lo que el 1\u00ba de julio siguiente se admiti\u00f3, y la reforma a la misma se acept\u00f3 el 26 de agosto posterior. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que una vez se notific\u00f3 el heredero del demandado, present\u00f3 excepciones rechazadas el 13 de enero de 2022, y, el curador ad l\u00edtem de los indeterminados alleg\u00f3 escrito de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que convocadas las partes, el 3 de marzo de 2022 se celebr\u00f3 audiencia inicial, diligencia en la que se agotaron las etapas de conciliaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de litigio, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, decret\u00f3 los medios probatorios solicitados, pero neg\u00f3 las testimoniales que pidi\u00f3 con la demanda y en el escrito de r\u00e9plica a las excepciones, con el argumento que no cumpl\u00edan los requisitos del art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso, porque no enunci\u00f3 cuales eran los hechos objeto de prueba. <\/p>\n
Indic\u00f3 que inconforme con lo resuelto recurri\u00f3 la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, y el Juzgado la mantuvo y concedi\u00f3 la alzada en el efecto suspensivo. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal de Cartagena el 31 de mayo de 2022 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n impugnada, decisi\u00f3n con la que se vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, pues incurri\u00f3 en un \u00aberror jur\u00eddico grave, defecto f\u00e1ctico, una v\u00eda de hecho y un exceso ritual manifiesto\u00bb, porque dijo que en la demanda no fue expl\u00edcita en lo que quer\u00eda probar por lo que no se cumpl\u00eda la exigencia del art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso, y, por el contrario el apoderado del demandado si fue claro en \u00abestipular cu\u00e1l era el objeto de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que es evidente el exceso ritual manifiesto, porque el juez cuando inadmiti\u00f3 la demanda en los \u00abt\u00e9rminos del inciso No. 04 del art. 90 ib\u00eddem\u00bb, no dijo con precisi\u00f3n y claridad cu\u00e1les eran los defectos que adolec\u00eda la prueba testimonial \u00abseg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 212 del C.G.P\u00bb, con lo que incumpli\u00f3 los deberes y obligaciones constitucionales, as\u00ed como tampoco efect\u00fao control de legalidad del art\u00edculo 132 ib, en especial en la audiencia inicial. <\/p>\n
Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que ni el demandado, o el curador formularon la excepci\u00f3n previa de inepta demanda, con lo que se le cercen\u00f3 la oportunidad de subsanar dicha falencia en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 101 y 102 del Estatuto Procesal. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal accionado, declarar la nulidad del auto de 31 de mayo de 2022, para en su lugar proferir \u00abuna nueva providencia donde se ordene decretar las pruebas testimoniales solicitadas por el demandante en la demanda, reforma y en el traslado de las excepciones de m\u00e9rito (r\u00e9plica), y en caso de no acceder a dicho pedimento se ordena al juez de conocimiento dar aplicaci\u00f3n al art. 169 Ib. y ordene la pr\u00e1ctica de la prueba testimonial solicitada y la ratificaci\u00f3n de las declaraciones extra juicio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, dijo que no ha vulnerado derecho constitucional o fundamental alguno y \u00e9stos siempre han sido resguardados y protegidos. <\/p>\n
3. La Oficina de Superintendencia de Notariado y Registro como vinculado manifest\u00f3 que, de conformidad con los hechos narrados en el escrito de tutela no tiene competencia para pronunciarse sobre las peticiones incoadas por la accionante, toda vez que no existe ninguna vulneraci\u00f3n por parte de la entidad de los derechos fundamentales aludidos. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Tierras pidi\u00f3 se declare probada, la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva e inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales en lo que respecta a la entidad, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
5. Julio Emiro N\u00fa\u00f1ez D\u00edaz en calidad de demandado, solicit\u00f3 se ratifique en todas sus partes el auto de 3 de marzo del 2022 emanado del Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9, as\u00ed como el proferido el 31 de mayo de los corrientes por el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, porque no asistirle raz\u00f3n a la parte solicitante. <\/p>\n
6. La Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas expuso, con relaci\u00f3n a las pretensiones de la esta acci\u00f3n, que se trata de proceso de pertenencia, actuaci\u00f3n de la que no tiene ning\u00fan conocimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha dicho de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o, que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha precisado la jurisprudencia, existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el accionante pretende, que se resuelva de manera favorable a sus intereses el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el decret\u00f3 de la prueba testimonial que solicit\u00f3 con la demanda y en el escrito de r\u00e9plica a las excepciones. <\/p>\n
2.1 Para lo que ac\u00e1 interesa la Sala Civil Familia del Tribunal de Cartagena, en el proceso de pertenencia No. 001-2021-00450-01 promovido por Ana Isabel Romero Ramos contra Julio Emiro N\u00fa\u00f1ez D\u00edaz y otros, en providencia de 31 de mayo de 2022 confirm\u00f3 el auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangu\u00e9 el 3 de marzo de 2022, mediante el cual neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de los testimonios solicitados por la se\u00f1ora Romero Ramos en demanda y en el traslado de las excepciones, porque no \u00abindic\u00f3 cuales hechos se quer\u00edan comprobar\u00bb. <\/p>\n
2.2 Los reparos a la decisi\u00f3n fueron los siguientes, <\/p>\n
El Tribunal Superior accionado al resolver la alzada, consider\u00f3 en la providencia atacada que, <\/p>\n
\u00abla parte demandante dentro su escrito de la demanda no fue expl\u00edcito en lo que pretend\u00eda probar, muy diferente en el escrito que present\u00f3 el apoderado de la parte demandada, ya que, si fue claro al momento de estipular lo que quer\u00eda probar con las pruebas aportadas, expresa concretamente probar los hechos contenidos en la demanda y los hechos contenidos en las excepciones presentadas, por lo tanto, queda satisfecha la exigencia del art 212 del c\u00f3digo general del proceso. <\/p>\n
El juzgado, no accede a revocar el auto que no concede la pr\u00e1ctica del decreto de prueba testimonial solicitadas por el apoderado de la parte demandante y a su vez con relaci\u00f3n a que se revoqu\u00e9 la decisi\u00f3n para que no se acceda al decreto de las pruebas testimoniales por el apoderado de los demandados, dej\u00f3 en firme dicha decisi\u00f3n con fundamento a que el apoderado de los demandados si expres\u00f3 dentro el escrito de ac\u00e1pite de pruebas, que lo que pretend\u00eda probar era lo relacionado con los hechos y las excepciones de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y en consecuencia, se observa que existe una irregularidad frente a los requisitos indicados en el art 212 del c\u00f3digo general del proceso la prueba testimonial como medio probatorio admisible dentro del proceso, debe consagrar el nombre del testigo, su lugar de notificaci\u00f3n y los hechos sobre los cuales va a versar el testimonio. En consecuencia, el apoderado de la parte demandante no cumpli\u00f3 con dichos requisitos, en la demanda no dice lo que pretende probar con los testimonios solicitados. <\/p>\n
Visto lo anterior y teniendo en cuenta el auto de fecha 03 de marzo de 2022 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito que resuelve NEGAR las pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado de la parte demandante ANA ISABEL ROMERO RAMOS, la Sala confirmar\u00e1 la providencia apelada, atendiendo las consideraciones aqu\u00ed se\u00f1aladas\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso en estudio, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como quiera que, el Tribunal Superior accionado en providencia del 31 de mayo de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de alzada, apoyado en las normas procesales que regulan la \u00abpetici\u00f3n y el decreto de la declaraci\u00f3n de terceros\u00bb, como quiera que, el ordenamiento procesal vigente es claro, al disponer que, para decretar los testimonios, el interesado deber\u00e1 con la solicitud entre otras \u00abenunciar concretamente los hechos objeto de prueba\u00bb (art. 212 C.G.P.), y cuando el juez encuentre reunidos los requisitos el funcionario judicial ordenar\u00e1 que se practique. <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente espec\u00edficamente el ac\u00e1pite de pruebas de la demanda (derivado No. 01 – Principal), se observa que el apoderado judicial de la demandante Ana Isabel Romero Ramos, solicit\u00f3 el decreto de unos testimonios, y pidi\u00f3 se fijara fecha y hora para escuchar las declaraciones de los testigos, para lo cual procedi\u00f3 a nombrarlos e indicar el lugar donde pod\u00edan ser citados, sin expresar los hechos objeto de la prueba, como aparece en la imagen: <\/p>\n
Lo mismo sucedi\u00f3 con la reforma a la demanda (derivado No. 17 expediente digital), porque en el \u00abac\u00e1pite de pruebas\u00bb, solamente incluy\u00f3 la direcci\u00f3n electr\u00f3nica para efectos de la citaci\u00f3n: <\/p>\n
Por \u00faltimo, en el memorial denominado \u00abr\u00e9plica a las excepciones\u00bb (derivado No. 30), la demandante pidi\u00f3 otros testimonios, sin enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, es claro que las diferentes solicitudes de pruebas testimoniales que elevara el apoderado de la ahora accionante, no cumple con todos los requisitos que se\u00f1ala el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo Genera del Proceso, pues si bien mencion\u00f3 los nombres y direcciones donde pod\u00edan ser citados los testigos, en ninguno de esos tres (3) escritos se\u00f1al\u00f3 o enunci\u00f3, como era su deber, concretamente los hechos objeto de prueba, por tanto no proced\u00eda el decreto como lo refiere el art\u00edculo 213 ibidem. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, cuando formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, no expres\u00f3 cu\u00e1l era el error en que se hab\u00eda incurrido con la determinaci\u00f3n reprochada, y simplemente sustento su inconformidad en el hecho que con la decisi\u00f3n \u00abse vulneraron las garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Ahora, otra cosa bien distinta, es que pretenda la demandante aqu\u00ed accionante, endilgar esa falencia en principio al Juzgado de conocimiento, porque en su sentir desde el comienzo del litigio debi\u00f3 en el auto inadmisorio, ordenar que se corrigiera la solicitud de pruebas, lo que a todas luces es improcedente, como quiera que las causales de inadmisi\u00f3n est\u00e1n expresamente definidas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, o pretender excusar la negligencia de su apoderado, alegando que la parte demandada debi\u00f3 formular la excepci\u00f3n previa de inepta demanda, para de esta manera tener la oportunidad de corregir la solicitud. <\/p>\n
4. De lo anterior se puede concluir que, la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ. STC 2264 de 2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Isabel Romero Ramos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil de Magangu\u00e9. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr., entre muchas otras, las sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
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