STC7813-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7813-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de junio de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo V\u00e9lez Londo\u00f1o contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida en conexidad con la integridad f\u00edsica y a la propiedad privada, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado enjuiciado \u00ababstenerse de continuar con la adjudicaci\u00f3n y desalojo del bien de [su] propiedad\u2026 en tanto se decide de fondo y mediante cosa juzgada constitucional el proceso 17001600006020180067 que cursa ante la Fiscal\u00eda 9 seccional de Manizales, por el delito de Estafa Agravada en contra de le empresa constructora MYCOM S.A.S.\u00bb; asimismo, que \u00abse absten[ga] de continuar con la adjudicaci\u00f3n y desalojo del bien de [su] propiedad\u2026 comoquiera que no ha dado respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n presentado por [\u00e9l]\u2026 dentro del proceso hipotecario\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el actor que el 5 de abril de 2022 se adelant\u00f3 la diligencia de venta en p\u00fablica subasta, donde formul\u00f3 petici\u00f3n en punto a suspender la almoneda, toda vez que inco\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela (2022-00075), en la que como medida provisional se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la misma, mientras se resuelve dicha acci\u00f3n constitucional y la noticia criminal 17001600006020180067 que cursa en la Fiscal\u00eda 9\u00b0 secci\u00f3n de Manizales, por el delito de estafa agravada; empero, el estrado judicial \u00abno se pronunci\u00f3 de forma ni de fondo\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abrecu[rre] por segunda ocasi\u00f3n ante la administraci\u00f3n de justicia buscando la tutela de estos derechos inherentes al sistema jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que en dicha solicitud inform\u00f3 que los representantes legales de la constructora MYCOM S.A.S. fueron denunciados por estafa agravada, causa criminal que cursa ante la fiscal\u00eda bajo la radicaci\u00f3n n\u00b0 17001600006020180067, por cuanto celebr\u00f3 permuta con dicha sociedad, sin embargo, la empresa la hipotec\u00f3 sin que le informara, por lo que el despacho debe atender que \u00abla PREJUDICIALIDAD PENAL EN PROCESO CIVIL constituye un PRINCIPIO DE UNIDAD DE JURISDICCI\u00d3N que le asigna al JUEZ PENAL la preeminencia de resolver, el primero la causa, cuyo desconocimiento implicar\u00eda una v\u00eda de hecho judicial y la vulneraci\u00f3n del Derecho al Debido Proceso\u2026 El se\u00f1or JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES debe de abstenerse de continuar con el proceso, en tanto se pronuncia de fondo el Juez Penal Competente, so pena de causar[le] un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
2.4. Asever\u00f3 que sus prerrogativas est\u00e1n quebrantas, primero \u00abal no tener\u2026 en cuenta la preexistencia de un proceso penal (Proceso 17001600006020180067, Fiscal\u00eda 9 seccional de Manizales, delito de Estafa Agravada, en contra de los representantes legales de la empresa MYCOM S.A.S.)\u00bb y, segundo, \u00abal afirmar en el AUTO INTERLOCUTORIO N\u00b0 226 que dio tr\u00e1mite y respuesta al DERECHO DE PETICI\u00d3N por [\u00e9l] presentado\u2026 antes de la diligencia de remate. Cuando al d\u00eda de hoy, 20 de mayo del a\u00f1o en curso, el se\u00f1or Juez no se ha pronunciado al respecto\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que es una persona de 80 a\u00f1os de edad, sobreviviente de 3 infartos, con una condici\u00f3n de salud quebrantable, por lo que no puede estar expuesto \u00aba los perjuicios de dos v\u00edas de hecho judiciales, por parte del Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales inform\u00f3 que el accionante junto con su esposa, formularon oposici\u00f3n a la diligencia del secuestro, que fue despachada desfavorablemente, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal el 12 de marzo de 2020; que la petici\u00f3n que formul\u00f3 el 5 de abril de 2022 la resolvi\u00f3 en diligencia de remate de la misma data, seg\u00fan consta a minuto 1:05 de la audiencia \u00aben el entendido que contrario a lo por \u00e9l advertido en la admisi\u00f3n de la anterior acci\u00f3n de tutela en momento alguno, se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la misma, por lo cual no se observaba inconveniente para continuar con la diligencia\u00bb; remiti\u00f3 copia digital del expediente fustigado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Hernando Escobar Rojas, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Luz Dary Rivera Hoyos, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que contrario a lo manifestado por el promotor, la solicitud formulada el 5 de abril de 2022 fue resuelta en la diligencia de la misma fecha, raz\u00f3n por la que no se evidencia el quebranto a garant\u00edas fundamentales, al margen de que haya sido adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abno resulta viable acceder a su pretensi\u00f3n de suspender la diligencia de entrega, pues ciertamente la petici\u00f3n fue solventada; por otro lado, y respecto a la solicitud que con igual objetivo procura se analice por esta v\u00eda la prejudicialidad, temprano se advierte la improcedencia de aquello, por cuanto no es esta v\u00eda constitucional el mecanismo que sustituye a los jueces que por su naturaleza deben conocer y tramitar las solicitudes propias del proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abse configur\u00f3 PREJUDICIALIDAD dentro de la causa civil, la cual fue alegada ante el se\u00f1or JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES sin que este procediera a la suspensi\u00f3n del proceso\u00bb, insistiendo que \u00abla PREJUDICIALIDAD PENAL EN PROCESO CIVIL constituye un PRINCIPIO DE UNIDAD DE JURISDICCI\u00d3N que le asigna al JUEZ PENAL la preeminencia de resolver, \u00e9l primero la causa, cuyo desconocimiento implicar\u00eda una v\u00eda de hecho judicial y vulneraci\u00f3n del Derecho al Debido Proceso establecido en el art\u00edculo 29 C.N. El se\u00f1or JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES debe de abstenerse de realizar la diligencia de remate del d\u00eda 5 de abril del a\u00f1o en curso y mantener el curso del proceso civil, en tanto se pronuncie de fondo el Juez Penal Competente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, pues de las probanzas aportadas al plenario, se tiene que contrario a lo afirmado por el gestor, en la diligencia de 5 de abril de 2022 el estrado judicial resolvi\u00f3 la solicitud que aqu\u00e9l inco\u00f3. <\/p>\n
En efecto, verificado el plenario se extrae que Guillermo V\u00e9lez Londo\u00f1o inform\u00f3 al juzgado el 5 de abril de 2020 \u00abque mediante apoderado judicial promovi[\u00f3] acci\u00f3n de tutela en contra de la decisi\u00f3n mediante la cual el A Quo orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la diligencia del d\u00eda de hoy. Diligencia de remate del bien inmueble de [su] propiedad ubicado en la Cra. 22 No. 3B-114 de Manizales. Tutela que fue admitida por la sala de familia del Tribunal del Manizales. El cual orden\u00f3 suspender la diligencia de remate (ver anexo) en tanto se decide de fondo la Causa Constitucional 17001-22-13-000-2022-00075-00 y la noticia criminal 17001600006020180067, que cursa en la Fiscal\u00eda 9 secci\u00f3n de Manizales\u00bb, por lo que pidi\u00f3 \u00absuspender la diligencia de remante del d\u00eda 5 de abril del a\u00f1o en curso, so pena de no dar cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales\u00bb1. <\/p>\n
Ante lo cual, el estrado judicial en la diligencia de remate de la misma fecha, previo a dar lectura de las posturas, resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
Al respecto el despacho simple y llanamente tiene que advertir que no se est\u00e1 afectando una diligencia en contrav\u00eda del orden jur\u00eddico y en segundo lugar la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Guillermo Londo\u00f1o contra este despacho judicial con motivo de este proceso en la cual solicit\u00f3 como medida provisional la suspensi\u00f3n de esta diligencia, no fue ordenada la suspensi\u00f3n de la misma por parte del Honorable Magistrado que se encuentra sustanciando la acci\u00f3n de tutela; en consecuencia, no hay ning\u00fan inconveniente para continuar el tr\u00e1mite de la misma\u2026 (Minuto 1:01:25 y siguientes). <\/p>\n
Luego, entonces, teniendo en cuenta que las situaciones de hecho que causaban la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante son inexistentes, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora, respecto a la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate por prejudicialidad, por cuanto, considera que la misma no puede adelantarse hasta tanto no se resuelva una causa penal, pertinente es recordar que esta colegiatura en pret\u00e9rita oportunidad le dijo al promotor que: <\/p>\n
El evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Guillermo V\u00e9lez Londo\u00f1o afirm\u00f3 que solicit\u00f3 oportunamente ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo por prejudicialidad penal, sin embargo, asegur\u00f3 que el Juzgado mencionado no suspendi\u00f3 el proceso. Sin embargo, en la revisi\u00f3n del expediente virtual allegado a este tr\u00e1mite, no se observa que el accionante hubiera elevado la petici\u00f3n que menciona, lo que permite concluir que habr\u00e1 de confirmarse la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que no se acredita el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, se advierte que tanto Guillermo V\u00e9lez Londo\u00f1o como su esposa Jhudy Katiana Vallejo Colorado Diana se opusieron al secuestro del inmueble llevada a cabo el 28 de marzo de 2019, que se incorpor\u00f3 al proceso mediante auto de 26 de junio siguiente, sin embargo, el Juez de instancia neg\u00f3 dicha oposici\u00f3n el 12 de febrero de 2020, y declar\u00f3 legalmente secuestrado el inmueble, determinaci\u00f3n que luego de ser apelada por el opositor, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia, mediante providencia de 12 de marzo de 2020, sin que posteriormente, el se\u00f1or V\u00e9lez Londo\u00f1o hubiere presentado alguna solicitud de manera oportuna pretendiendo la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad. <\/p>\n
3. En ese orden, se concluye que el accionante desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo para solicitar ante el Juez de instancia, lo que ahora pretende a trav\u00e9s de este mecanismo residual y extraordinario. <\/p>\n
En consecuencia, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela, pues se resalta que este mecanismo excepcional no se ha establecido para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, o para subsanar la desidia de las partes, ante la falta de proposici\u00f3n oportuna de los mismos. (Ver entre otras, CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022). <\/p>\n
Y, de cara a la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se observa que se configura la carencia actual de objeto por hecho consumado, pues el promotor pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate, sin embargo, esta se adelant\u00f3 en la fecha programada, esto es, el 5 de abril de 2022 y el inmueble fue adjudicado a la ejecutante Luz Dary Rivera Hoyos y finalmente mediante providencia de 28 de abril anterior, se aprob\u00f3 la almoneda, en consecuencia, cualquier mandato que emanara de esta Corporaci\u00f3n se tornar\u00eda vano. <\/p>\n
As\u00ed se deduce la ocurrencia de un hecho cumplido, o consumado, que seg\u00fan el numeral 4 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 impedir\u00eda una eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela y la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento sobre el particular. (Ver entre otras, CC T-138 de 1994 y T-612 de 2008; CSJ STC2688-2019, STC1064-2021 y STC1056-2021) (CSJ, STC6751-2022, 1\u00b0 jun.; rad. 2022-00075-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el quejoso formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela soportada en similares hechos, que fue confirmada la negativa por esta Corporaci\u00f3n el 1\u00b0 de junio de 2022 (STC6751-2022), en atenci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones antes expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo en pdf, denominado: \u201c65.PeticionAccionante.pdf\u201d. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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