STC7815-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7815-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00882-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 12 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Herminda Gaona de Figueroa contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-724. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abvida digna, (\u2026) seguridad social, m\u00ednimo vital, salud (\u2026) [y] protecci\u00f3n forzada para las personas de la tercera edad\u00bb, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la actora, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, revoc\u00f3 lo resuelto en primera instancia y en su lugar absolvi\u00f3 a la querellada. <\/p>\n
Inconforme, la demandante, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que el fallecido \u00abno contaba con el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requerido en el r\u00e9gimen de prima media (\u2026) toda vez que falleci\u00f3 el 24 de abril de 2007, por tanto, en principio a la luz del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 para consolidar el derecho (\u2026) requer\u00eda 1.000 semanas, las cuales no acredit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora, desconoci\u00f3 el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues debi\u00f3 conceder la prestaci\u00f3n \u00aben virtud de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene el reconocimiento de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada, se remiti\u00f3 a las razones de hecho y de derecho expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abla actora pretende reabrir un debate ya superado en instancias y que no es posible acudir a la acci\u00f3n como una tercera instancia. As\u00ed lo ha dicho de forma reiterada esta Corporaci\u00f3n, en [la] CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[n]o se denunci\u00f3 ninguna causal especifica de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) [y] [n]o existi\u00f3 trasgresi\u00f3n del derecho (\u2026) De esta manera, es viable inferir que la [determinaci\u00f3n] emitida por esta Sala no contrae ning\u00fan desconocimiento a los derechos que considera la peticionaria pues la decisi\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 a los par\u00e1metros jurisprudenciales fijados por esta Corte y en estricto acatamiento en lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016, de modo que resulta improcedente el reconocimiento a la prestaci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones refiri\u00f3 que \u00abel actor pretende desnaturalizar la acci\u00f3n de tutela pretendiendo que por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos que deben ser de conocimiento del juez ordinario competente a trav\u00e9s de los mecanismos legales establecidos para ello, por lo que se debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante el car\u00e1cter subsidiario de esta\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ab[e]l razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00abexisten fallos y sentencias similares a[l] [presente] caso donde se reconoce un derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL4719-2021 rad. 84744), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que, el causante \u00abno contaba con el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requerido en el r\u00e9gimen de prima media para obtener la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el cargo \u00fanico, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de infracci\u00f3n directa de los \u00abart\u00edculos 6.\u00b0 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en relaci\u00f3n con el 2.\u00b0, numeral b 3.\u00b0, 10, 11, 13, 272, 288 de la Ley 100 de 1993; 13, 48, 53 y 93 de la C.P.; 9.\u00b0 del pacto internacional de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, (incorporados a la legislaci\u00f3n interna mediante la Ley 74 de 1968) y numeral 1.\u00b0 del art\u00edculo 9.\u00b0 del protocolo adicional a la convenci\u00f3n americana sobre derechos humanos en materia de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, protocolo de san salvador, (incorporados a la legislaci\u00f3n interna mediante la Ley 319 de 1996). Lo que condujo al Tribunal (\u2026) a aplicar indebidamente la Ley 100 de 1993, art\u00edculo 46 modificado por la Ley 797 de 2003, art\u00edculo 12\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abCorresponde a la Sala decidir si el Tribunal se equivoc\u00f3 al negar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la actora, bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, teniendo que el causante sucumbi\u00f3 el 24 de abril de 2007, esto en vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente indic\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que Carlos Demetrio Figueroa Mart\u00ednez pereci\u00f3 el 24 de abril de 2007; ii) que contrajo nupcias con la actora el 14 de julio de 1969; iii) que el afiliado cotiz\u00f3 un total de 562.28 semanas por el periodo comprendido entre el 1.\u00b0 de enero de 1967 y el 1.\u00b0 de enero de 1977; iv) que el ISS hoy Colpensiones, neg\u00f3 la prestaci\u00f3n reclamada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla prestaci\u00f3n reclamada se debe dirimir bajo la norma que se encuentra vigente al momento del fenecimiento del causante, en este caso es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, la cual exige haber cotizado 50 semanas durante los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, cuyo requisito no se cumpli\u00f3, como lo mencion\u00f3 el Juez de la impugnaci\u00f3n, ya que no cotiz\u00f3 en este tiempo\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, explic\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Carlos Demetrio Figueroa no contaba con el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requerido en el r\u00e9gimen de prima media para obtener la pensi\u00f3n de vejez, toda vez que falleci\u00f3 el 24 de abril de 2007, por tanto, en principio a la luz del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 para consolidar el derecho a la prestaci\u00f3n, requer\u00eda 1.000 semanas, las cuales no acredit\u00f3, pues aport\u00f3 un total de 562.28, de conformidad con la informaci\u00f3n registrada en el reporte de semanas cotizadas al ISS.\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]l causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que naci\u00f3 el 8 de enero de 1944, por lo que al 1\u00ba de abril de 1994, ten\u00eda 50 a\u00f1os, por ende, la norma aplicable ser\u00eda el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que exig\u00eda un m\u00ednimo de quinientas (500) semanas de cotizaci\u00f3n pagadas durante los \u00faltimos veinte (20) a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, o haber acreditado un n\u00famero de mil (1.000) semanas de cotizaci\u00f3n, sufragadas en cualquier tiempo, lo cual tampoco acredita, ya que cotiz\u00f3 un total de 562.28 semanas por el periodo comprendido entre el 1.\u00b0 de enero de 1967 y el 1.\u00b0 de enero de 1977\u00bb <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la Corporaci\u00f3n convocada con apoyo en lo establecido en la providencia SL1884 -2020, reliev\u00f3 que \u00abtiene aplicaci\u00f3n respecto de la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte, ello, bajo el cumplimento de determinadas condiciones. De ah\u00ed que, si el fallecimiento del afiliado o pensionado ocurri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003, solo podr\u00eda acudirse bajo este principio a la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, sin que sea posible emprender una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para hallar una norma que le favorezca al reclamante\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 se\u00f1alando que \u00aben la actualidad el goce de la prerrogativa de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para los eventos en que la muerte ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, se ha limitado a que el hecho causal ocurra entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. As\u00ed se plasm\u00f3 en la sentencia CSJ SL4650-2017, reiterada en la CSJ SL392-2021 (\u2026) teniendo en cuenta, que el causante falleci\u00f3 el 24 de abril de 2007, es decir, por fuera del l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n del mencionado principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no es posible su aplicaci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Finalmente estim\u00f3 que \u00abtampoco podr\u00eda pensarse en la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, como normativa eventual para analizar el derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
Todo ello para concluir que \u00abel Tribunal no err\u00f3 en su conclusi\u00f3n, al considerar que el causante no dejo causado el derecho. (\u2026) Por las razones expuestas el cargo no prospera\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una discrepancia del criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la providencia refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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