STC7821-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7821-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00989-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Amparo Gil Fl\u00f3rez, Neira Gladys Rosero Ni\u00f1o, Martha Josefina Parra Ram\u00edrez y Edelmira Afanador Rey contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-00013. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes, obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
La Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos -Ecopetrol S.A.-, instaur\u00f3 demanda contra Neira Gladys Rosero Ni\u00f1o, Amparo Gil Fl\u00f3rez, Martha Josefina Parra Ram\u00edrez, Edelmira Afanador Rey y Alfonso El\u00edas Sarmiento Sarmiento, \u00abcon el objeto de que fueran condenados a pagarle las sumas de $92.747.622, $247.369.087, $186.072.408, $194.478.813 y, $52.797.777, respectivamente [las cuales, fueron reconocidas en cumplimiento de la orden de amparo constitucional del Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar. Determinaci\u00f3n que en virtud del fallo de revisi\u00f3n CC T-1033 de 2010 fue revocada]\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en el que se concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Inconformes, las aqu\u00ed actoras, recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no estaban acreditados \u00ablos yerros f\u00e1cticos evidentes, protuberantes, manifiestos, endilgados al fallador de segund[o] [grado]\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de las convocantes incurrieron en v\u00eda de hecho \u00abal no valorarse adecuadamente el acervo probatorio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se dejen sin efectos las providencias del 11 de diciembre de 2017, 26 de septiembre de 2018 y SL4952-2021 del 3 de noviembre de 2021, y en consecuencia, \u00abse profieran nuevamente las decisiones que en derecho corresponda, estudi\u00e1ndose para el caso, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y el pago de lo NO debido\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de Casaci\u00f3n Laboral, se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la determinaci\u00f3n confutada y manifest\u00f3 que fue \u00abproferida el 3 de noviembre de 2021 y que qued\u00f3 en firme el 17 de noviembre de 2021. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra [un veredicto] judicial, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, en la medida en que ese paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se deben tener en cuenta \u00ablos efectos de cosa juzgada que se producen en raz\u00f3n al desistimiento de la acci\u00f3n de tutela que en contra de esta misma Corporaci\u00f3n hab\u00edan instaurado previamente las hoy accionantes, que correspondi\u00f3 al n\u00famero: 11001020400020220057800, aceptado por esa Sala, en prove\u00eddo del 7 e abril de 2022, que no se afecta por la simple modificaci\u00f3n de la denominaci\u00f3n del derecho cuya violaci\u00f3n se alega y protecci\u00f3n se impetra\u00bb. <\/p>\n
2. Ecopetrol S.A., inform\u00f3 que no es \u00abla llamada a responder por las supuestas (pero no probadas) vulneraciones a derechos fundamentales alegadas por la parte accionante, por lo que solicito respetuosamente, sea desvinculada de este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Francisco Escobar Henr\u00edquez, apoderado de Ecopetrol S.A., en sede de casaci\u00f3n, expuso que \u00ab[l]as decisiones que ahora se cuestionan por v\u00eda de tutela son justas y coherentes y las partes gozaron de todas las oportunidades procesales en el respectivo proceso, es decir, mal puede decirse que se haya vulnerado el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al pretermitirse el requisito de la inmediatez \u00abtoda vez que el prove\u00eddo que se censura fue proferido el 3 de noviembre de 2021, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta el 13 de mayo de 2022, siendo asignada por reparto el 16 de mayo del mismo a\u00f1o1, es decir, luego de 6 meses desde la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado, pues si se hubiese emitido una decisi\u00f3n arbitraria contra sus garant\u00edas fundamentales, como se desprende de lo se\u00f1alado en la demanda, lo natural y l\u00f3gico habr\u00eda sido advertir dicha situaci\u00f3n y rechazarla en ese mismo momento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de las reclamantes para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de los seis (6) meses con que cuentan las accionantes para promover la acci\u00f3n de tutela, no puede contarse a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026) por edicto, sino a partir del 26 de noviembre de 2021, fecha en que se present\u00f3 la aclaraci\u00f3n de voto del magistrado Dr. Jorge Prada S\u00e1nchez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral (SL4952-2021 rad. 83539), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 11 de diciembre de 2017, 26 de septiembre de 2018 y 3 de noviembre de 2021, dictados por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que no estaban acreditados \u00ablos yerros f\u00e1cticos evidentes, protuberantes, manifiestos, endilgados al fallador de segund[o] [grado]\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el primer cargo, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida \u00abde los art\u00edculos 2313, 2314, 2319 del CC y, por violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 26 y 45 del CPTSS y, 191, 244, 269, 270 y 271 del CGP\u00bb, la Corporaci\u00f3n enjuiciada expuso que: <\/p>\n
\u00abPara la censura, el fallador de segunda instancia se equivoc\u00f3 al valorar las certificaciones allegadas por Ecopetrol SA, a folios 29-32 (\u2026) Para las recurrentes, yerra el ad quem al considerar tales certificaciones como los documentos id\u00f3neos para reclamarles el pago de las sumas all\u00ed certificadas, pues no le est\u00e1 permitido a las partes preconstituir su propia prueba, respecto de la cual ellas no tienen la posibilidad de tacharlas o desconocerlas por no ser de su autor\u00eda y, menos a\u00fan, pretender que porque fue emitida por una entidad p\u00fablica, deban catalogarse como un documento de tal naturaleza\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido: \u00abla revocatoria por la Corte Constitucional de las decisiones proferidas en primera y en segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela que instaurara, entre otros trabajadores, los aqu\u00ed demandados (\u2026) contra Ecopetrol SA, en las que se dispuso ordenar a la estatal petrolera pagarles, de la misma forma y con la misma incidencia salarial que se aplica a los trabajadores directivos que no se pensionan con cargo a la empresa y\/o no tienen retroactividad de cesant\u00edas, el ingreso monetario fijado en virtud de la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n salarial, incluyendo el est\u00edmulo al ahorro y efectuando la correspondiente reliquidaci\u00f3n, con incidencia en el salario y dem\u00e1s prestaciones sociales, reembolsable retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenz\u00f3 a aplic\u00e1rsele la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n a cada uno de los accionantes hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, indic\u00f3 que \u00ab[c]on ocasi\u00f3n del cumplimiento de tales \u00f3rdenes judiciales, Ecopetrol SA extiende certificaciones en las que da cuenta de las sumas que por estas decisiones constitucionales pag\u00f3 a las aqu\u00ed recurrentes y que, con independencia de si son o no documentos p\u00fablicos, fueron suscritos por la L\u00edder de Grupo Gesti\u00f3n Maestra de Datos de Personal, de la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos \u2013 Ecopetrol SA, Sociedad P\u00fablica por Acciones, vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que dichos documentos \u00abcumplen con los presupuestos que al respecto contempla el art\u00edculo 244 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Respecto del segundo embate, formulado por la v\u00eda directa, por la aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 1746, 2313 y, 2535 del CC, en concordancia con el 488 del CST y 36 del Decreto 2591 de 1991; la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 8 del Decreto 2591 de 1991 y, la violaci\u00f3n (\u2026) del art\u00edculo 167 del CGP\u00bb, el estrado encartado resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe duele la censura de la aplicaci\u00f3n del precepto legal invocado por el colegiado de instancia como fundamento de la prescripci\u00f3n y a partir del cual concluy\u00f3 que el paso del tiempo no hab\u00eda afectado la decisi\u00f3n impetrada, pues en su decir, no resultaba posible trasladar la prescripci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil a los asuntos laborales en los que la causa de existencia de un derecho y su exigibilidad difieren, lo que desconoce las normas laborales que reglamentan la materia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que \u00ab[n]o se podr\u00eda llegar a la conclusi\u00f3n que como la sentencia CC T-1033 de 2010 revoc\u00f3 la causa del pago efectuado a los trabajadores, la prescripci\u00f3n deb\u00eda contabilizarse desde el momento en que dicho pago se hizo como lo pretende la censura, pues para aquella ocasi\u00f3n el mismo proven\u00eda de un justo t\u00edtulo, ten\u00eda una causa que lo soportaba que era la sentencia de primera instancia que as\u00ed lo orden\u00f3 y tampoco resulta de recibo que desde ese momento Ecopetrol SA deb\u00eda iniciar las correspondientes acciones judiciales por la v\u00eda ordinaria en tanto aquellas decisiones a\u00fan no se encontraban en firme\u00bb y de conformidad con ello declar\u00f3 la falta de prosperidad del reproche. <\/p>\n
Ahora bien, en el estudio del tercer cargo formulado por la v\u00eda directa en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 2313 del C\u00f3digo Civil, \u00aben concordancia con la debida aplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 83 del CN y, 164 literal c) del CPACA\u00bb, la convocada reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]uego de la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional, desaparece la causa jur\u00eddica que dio lugar a aquellos pagos, por lo que, el reclamo de Ecopetrol SA, sin lugar a duda, resulta procedente, no siendo de recibo la alegaci\u00f3n de las recurrentes relacionada con su actuar de buena fe que sustentan en el hecho de haber recibido los dineros en virtud de una orden judicial de tutela, pues como qued\u00f3 visto aquella Corporaci\u00f3n no solo revoc\u00f3 la protecci\u00f3n, sino que autoriz\u00f3 a la demandada a cobrar o compensar dichas sumas, es decir, que desde la sentencia T-1033 de 2010, (\u2026) ten\u00edan conocimiento que aquellos pagos dejaban de tener sustento, por lo que resulta, a no decir lo menos, insostenible que se aduzca que se tiene la creencia de estar actuando conforme a la ley, cuando existe desde hace un poco m\u00e1s de 10 a\u00f1os, conocimiento de que aquellas sumas perdieron su causa efectiva\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que \u00abresulta algo ex\u00f3tico que se alegue por la censura la \u00abdebida aplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 164 literal c) del CPACA, precepto normativo que hace alusi\u00f3n a la \u00abOPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA\u00bb y, en el literal citado se\u00f1ala \u00abc) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebraci\u00f3n del contrato, el t\u00e9rmino ser\u00e1 de cuatro (4) meses contados a partir del d\u00eda siguiente a su comunicaci\u00f3n, notificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n o publicaci\u00f3n, seg\u00fan el caso\u00bb, aspecto procesal que en manera alguna guarda relaci\u00f3n con la buena fe en la que se fundamenta el cargo y que tampoco permite, el quebrantamiento de la sentencia impugnada\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 el embate. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las gestoras no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una discrepancia de criterio de aquellas frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta a la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, alegada por las censoras, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la sentencia cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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