STC7822-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7822-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2022-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Luisa Amud Valencia contra los Juzgados Segundo Civil Municipal y Civil del Circuito, ambos de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las sedes judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo a partir de la sentencia que resolvi\u00f3 las excepciones inclusive\u00bb y, en consecuencia, se ordene al estrado enjuiciado \u00abemita nuevamente sentencia que resuelva la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, bajo la normatividad legal colombiana, con las actuaciones subsiguientes ajustadas a derecho, esto es bajo las normas legales colombianas aplicables al caso, y sobre todo con la firma de la juez de la sentencia y los autos respectivos y su debido registro en el sistema\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Alberto Ortiz Ortiz present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Mar\u00eda Luisa Amud Valencia, con miras a obtener el pago de $5.000.000 contenidos y respaldados con garant\u00eda hipotecaria, seg\u00fan Escritura P\u00fablica n\u00b0 25 de 23 de enero de 2002 otorgada en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Istmina; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, quien el 24 de marzo de 2015 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Notificada la convocada, formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 6 de marzo de 2020 el estrado judicial declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n y, en consecuencia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; diligencia en la que le indicaron a la parte, que el asunto era de \u00fanica instancia, por lo que no proced\u00eda la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Dentro de los tres d\u00edas siguientes, la promotora formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n contra el fallo; el 12 de agosto de 2020 neg\u00f3 el remedio horizontal por improcedente, al tiempo que, concedi\u00f3 la alzada remitiendo las diligencias al ad quem <\/p>\n
2.4. El 5 de noviembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 inadmiti\u00f3 el remedio vertical, al considerar que no era procedente, comoquiera que, el asunto era de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, contrario a lo afirmado por el fallador de instancia, hab\u00eda lugar a declarar prescripci\u00f3n alegada, toda vez que, desde la exigibilidad de la obligaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 12 a\u00f1os, por lo que, atendiendo las disposiciones del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por la Ley 791 de 2002 la acci\u00f3n ejecutiva prescribe en 5 a\u00f1os y la ordinaria por 10. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el fallador aplic\u00f3 los 20 a\u00f1os establecidos en el art\u00edculo 128 de la ley hipotecaria, siendo aqu\u00e9lla \u00abuna ley espa\u00f1ola que corresponde al decreto 08 de febrero de 1946, como de ley de enjuiciamiento civil del a\u00f1o 2000, y sus dem\u00e1s decretos reglamentarios, no aplicable bajo ninguna circunstancia en la legislaci\u00f3n colombiana\u00bb. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que luego de que formul\u00f3 \u00abreposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra la sentencia\u00bb, consult\u00f3 el sistema TYBA de la Rama encontrando inconsistencias en los registros, sin embargo, all\u00ed dec\u00eda que el asunto hab\u00eda sido enviado al superior, por lo que, consultado el sistema de dichos despachos del Circuito, evidenci\u00f3 que desde noviembre de 2020 se hab\u00eda inadmitido la alzada, prove\u00eddo que, en su sentir, no fue notificado conforme las disposiciones del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3 que \u00abdel portal de la rama judicial al ingresar a consultar la notificaci\u00f3n, seg\u00fan se puede descargar, es decir, no se visualiza la decisi\u00f3n judicial objeto de notificaci\u00f3n, seg\u00fan la informaci\u00f3n el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 solo produjo estados en el a\u00f1o 2020 hasta el 16 de julio, como se corrobora con la informaci\u00f3n obtenida de la p\u00e1gina web de la rama judicial, de tal suerte que la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n del recurso, no se [le] hizo dar a conocer, no se [le] notific\u00f3, solo fue conocida a finales del mes de abril de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que si bien contest\u00f3 la demanda ejecutiva, lo cierto es que el fallador de primer grado carec\u00eda de competencia, habida cuenta de que \u00abel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n era la ciudad de Istmina\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 manifest\u00f3 que las decisiones proferidas en esa instancia fueron debidamente notificadas en la plataforma de TYBA, que el decreto 806 de 2020 no reemplaz\u00f3 la notificaci\u00f3n de las providencias por estado, solo implement\u00f3 las tecnolog\u00edas para agilizar el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de demandas; que el prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2020 se notificaci\u00f3n por estado n\u00b0 99 del viernes 6 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, tal como se registr\u00f3 en TYBA; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 indic\u00f3 que en la decisi\u00f3n criticada est\u00e1n consignadas las razones que tuvo en cuenta para el caso concreto; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas; remiti\u00f3 copia escaneada del proceso criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, al considerar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 no enter\u00f3 debidamente el prove\u00eddo de 5 de noviembre de 2020 por medio del cual declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia de 6 de marzo de 2020, pues verificado el micrositio de los estados electr\u00f3nico no aparece reflejado, adem\u00e1s, \u00absi bien no hay duda del registro de la actuaci\u00f3n en el aplicativo TYBA\u2026, no lo es menos que dicha actuaci\u00f3n per se, no subsana la falencia enrostrada\u2026, ello de cara a las precisiones jurisprudenciales que ampliamente ha decantado la Corte Suprema de Justicia, en lo que a la aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020 se refiere, y es que, no impone a los Despachos Judiciales la carga de remitir cada una de las actuaciones, ni el estado electr\u00f3nico a los correos de las partes, m\u00e1s si ha sido enf\u00e1tico en el imperativo no solo de generar el estado electr\u00f3nico, sino adem\u00e1s, de publicitarlo para efectos procesales, para que puedan enterarse legalmente notificadas es estado las actuaciones de cada Juzgado\u00bb, por lo que dispuso: <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3, que en el t\u00e9rmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a dejar sin efectos jur\u00eddicos el auto de sustanciaci\u00f3n N\u00b0 0047 del 11 de mayo de 2022 que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, proferido dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 27001 40 03 002 2015 00114 00, y dentro del mismo t\u00e9rmino, remita las actuaciones al Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3, que una vez reciba las actuaciones procesales del Juzgado A Quo, en un t\u00e9rmino perentorio que no podr\u00e1 superar las cuarenta y ocho (48) horas, notifique en debida forma el auto interlocutorio N\u00b0 887 del 5 de noviembre de 2020. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora manifestando que si bien el a quo constitucional accedi\u00f3 parcialmente a la solicitud de amparo, respecto de la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo del despacho del Circuito, lo cierto es que no hubo pronunciamiento respecto a su petici\u00f3n inicial, esto es, la nulidad de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2020 por el Juzgado Segundo Civil Municipal del Circuito, comoquiera que, desech\u00f3 la excepci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, tras advertir que \u00abno hab\u00edan transcurrido 20 a\u00f1os que dispone el art\u00edculo 128 de la ley hipotecaria, por lo que la demanda ejecutiva se present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal correspondiente, pues se present\u00f3 pasados 12 a\u00f1os y contaba con otros 8 a\u00f1os m\u00e1s para su interposici\u00f3n\u00bb, sin embargo, \u00abel art\u00edculo 128 de la ley hipotecaria no corresponde a una ley Colombiana, sino a una Ley del reinado de Espa\u00f1a, que seguramente sin la m\u00e1s m\u00ednima previsi\u00f3n fue copiada de consulta de Google realizada por la Juez del despacho accionado o por quien le sustanci\u00f3 la sentencia, pero en todo caso bajo la responsabilidad de la juez\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que el fallador de conocimiento aplic\u00f3 la ley hipotecaria de Espa\u00f1a (decreto 08 de febrero de 1946), la que no rige en Colombia y dej\u00f3 de aplicar la norma legal Colombiana del Art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Preliminarmente, se advierte que se abordar\u00e1 el estudio de fondo del asunto, pues pese a que el accionante no cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez, tal como lo afirm\u00f3 el fallador accionado, en tanto que las decisiones criticadas datan del a\u00f1o 2020 y la salvaguarda formulada el 4 de mayo de 2022, es decir, m\u00e1s de 1 a\u00f1o, lo cierto es que el estrado municipal acusado transgredi\u00f3 abiertamente los derechos fundamentales de la gestora, lo cual amerita la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional, como pasa a verse. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Zanjado lo anterior, descendiendo al caso sub examine, revisada la providencia dictada en audiencia del 6 de marzo de 2020, desde la perspectiva ius fundamental, se anticipa la prosperidad del resguardo, comoquiera que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 en la prenotada providencia concluy\u00f3, erradamente, que \u00abde cara a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta\u2026 seg\u00fan la ley hipotecaria en su art\u00edculo 128 \u201cla acci\u00f3n hipotecaria prescribir\u00e1 a los veinte a\u00f1os, contados desde que pueda ser ejercitada\u201d; (\u2026) visto que el t\u00edtulo ejecutivo -escritura de hipoteca- tiene fecha de exigibilidad del 23 de enero de 2003, la parte demandante dispon\u00eda hasta el 22 de enero de 2023 para presentar la demanda, y la present\u00f3 el 5 de marzo de 2015, cuando hab\u00edan transcurrido 12 a\u00f1os, un mes y 10 d\u00edas, de modo que a\u00fan no hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, pues no hab\u00eda transcurrido el lapso de 20 a\u00f1os que contempla la norma; se reitera que la escritura de hipoteca tiene fecha de vencimiento o exigibilidad de 23 de enero de 2003 y cuando se present\u00f3 el 5 de marzo de 2015, no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 128 de la ley hipotecaria, lo que permite concluir que no prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la demandada\u2026\u00bb1 (subraya y negrilla fuera de texto) <\/p>\n
En ese orden, se establece que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 para despachar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada por la promotora, la soport\u00f3 en una disposici\u00f3n que no era aplicable al caso concreto, pues tal como lo afirma la opugnante, la all\u00ed citada corresponde al Decreto de 8 de febrero de 1946 por medio del cual se aprob\u00f3 la Ley Hipotecaria en Espa\u00f1a. <\/p>\n
Y es que, de cara al caso concreto, al ser una obligaci\u00f3n contenida en una escritura p\u00fablica, las normas aplicables al sub judice, no pod\u00edan ser otras que las contempladas en el C\u00f3digo Civil Colombiano, concretamente, en punto a la prescripci\u00f3n, el art\u00edculo 2536, modificado por el canon 8\u00b0 de la Ley 791 de 2002, que dispone que \u00abla acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco a\u00f1os. Y la ordinaria por diez (10). La acci\u00f3n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n, comenzar\u00e1 a contarse nuevamente el respectivo t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, es evidente que el juicio criticado desconoci\u00f3 los mandatos imperativos que consagra el C\u00f3digo Civil Colombiano, en punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues, se itera, procedi\u00f3 a aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 128 de la Ley Hipotecaria que, como qued\u00f3 visto, corresponde a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola y no colombiana, situaci\u00f3n que lleva a predicar que, el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en un defecto material, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la actora. <\/p>\n
En lo tocante con el error material o sustancial como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026el defecto material o sustantivo se presenta cuando existe una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n2 o, cuando el juez falla con base en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto3 o en normas inexistentes o inconstitucionales4. <\/p>\n
En Sentencia SU-659 de 2015, la Corte Constitucional reitero que \u00e9sta causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial puede identificarse en alguna de las siguientes situaciones: <\/p>\n
\u201c(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jur\u00eddico. En este caso la decisi\u00f3n se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. <\/p>\n
(ii) Aplicaci\u00f3n de norma que requiere interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica con otras normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(iii) Por aplicaci\u00f3n de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, raz\u00f3n por lo que debe ser igualmente inaplicada. <\/p>\n
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jur\u00eddicos y la decisi\u00f3n. Esta situaci\u00f3n se configura cuando la resoluci\u00f3n del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia. <\/p>\n
(v) Al aplicar una norma cuya interpretaci\u00f3n desconoce una sentencia de efectos \u2018erga omnes\u2019. En esta hip\u00f3tesis se aplica una norma cuyo sentido contrar\u00eda la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
(vi) Por aplicaci\u00f3n de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constituci\u00f3n. En este evento, la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la figura de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad.\u201d <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se imponen la modificaci\u00f3n del fallo impugnado, en el sentido de extender la orden al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 para que, tras dejar sin efecto la sentencia de 6 de marzo de 2020, y todas las decisiones que de ella dependan, que resolvi\u00f3 el juicio ejecutivo incoado en contra de la accionante por Jos\u00e9 Alberto Ortiz Ortiz, adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes, en el sentido de aplicar las disposiciones del C\u00f3digo Civil Colombiano. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
Primero: Modifica el fallo impugnado en el sentido de ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal de Quibd\u00f3 que, en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia de 6 de marzo de 2020 que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y todas las actuaciones de dependan de \u00e9sta, adopte una nueva determinaci\u00f3n que resuelva la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n formulada por Mar\u00eda Luisa Amud Valencia, atendiendo la normatividad aplicable al caso concreto, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Rem\u00edtase copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional para que este \u00faltimo vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Minuto 22:45 y siguientes. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia SU-659 de 2015, T-133 de 2015, T-176 de 2016, T-060 de 2016, T-064 de 2016, T-065 de 2016 entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 \u201c\u2026en reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional ha considerado que, en virtud del art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica, la interpretaci\u00f3n de las normas siempre debe ir acorde con lo dispuesto por el Constituyente; es decir, que la hermen\u00e9utica legal en un sistema constitucional debe estar guiada, ante todo, por el m\u00e9todo de interpretaci\u00f3n conforme, seg\u00fan el cual las disposiciones jur\u00eddicas deben leerse en el sentido que mejor guarde coherencia con lo dispuesto en la Carta Pol\u00edtica.\u201d. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7822-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7822-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2022-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64657","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64657\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}