STC7824-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7824-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00641-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de abril de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Gladys Alzate Bustamante, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2015-00737. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abtrabajo, (\u2026) m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, (\u2026) seguridad social, (\u2026) salud y (\u2026) protecci\u00f3n integral de la familia (\u2026) todos los anteriores, en conexidad con (\u2026) la vida, (\u2026) dignidad humana, (\u2026) acceder a la administraci\u00f3n de justicia o a la tutela judicial efectiva, (\u2026) prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y (\u2026) legalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
La gestora present\u00f3 demanda en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien absolvi\u00f3 a la querellada, porque \u00abla demandante no cuenta con la densidad m\u00ednima de cotizaciones requeridas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez bajo ning\u00fan r\u00e9gimen\u00bb, pese a las irregularidades denunciadas en su historia laboral. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. Inconforme, la promotora, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, al colegir que, \u00abel escrito con el que se pretende sustentar la acusaci\u00f3n contiene deficiencias de orden t\u00e9cnico que no pueden ser subsanadas\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la censora, se apartaron \u00abde los lineamientos supraconstitucionales, constitucionales y legales; se basaron en normas indiscutiblemente inaplicables porque su contenido no tiene conexidad con los presupuestos de hecho a los que se ha aplicado; incurrieron en errores graves en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se ordene a la Corporaci\u00f3n encartada a \u00abcasar la sentencia del Tribunal\u00bb, para que en su lugar \u00abdeclare en contra de la demandada y la condene seg\u00fan lo probado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la determinaci\u00f3n confutada y manifest\u00f3 que la misma \u00abcumpli\u00f3 con los lineamientos legales, jurisprudenciales y constitucionales que rigen en materia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicional a ello resalt\u00f3 que \u00abno existe una transgresi\u00f3n de derechos fundamentales sino el simple desconcierto de la [libelista] con el fallo. Sin embargo, la finalidad de este mecanismo constitucional no es remediar la incuria de las partes frente a la obligaci\u00f3n de formular debidamente las herramientas que el ordenamiento jur\u00eddico les ofrece para defensa de sus derechos y tampoco puede convertirse una instancia m\u00e1s, con la cual se pretenda revivir la discusi\u00f3n de la controversia zanjada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, refiri\u00f3 que \u00ab[e]n la providencia judicial cuestionada, (\u2026) no se incurre en causal alguna gen\u00e9rica o espec\u00edfica de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra [veredictos] judiciales, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que este Despacho al momento de proferir [la resoluci\u00f3n] de primera instancia, tuvo en cuenta las normas y jurisprudencia aplicables al caso espec\u00edfico, as\u00ed como la prueba legal y oportunamente aportada al proceso y la cual fue analizada conforme los criterios que orientan la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones inform\u00f3 que \u00abno puede atender lo solicitado por el accionante (\u2026), teniendo en cuenta que lo [pedido] no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder por lo requerido\u00bb <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., se\u00f1al\u00f3 que \u00abdentro del [tr\u00e1mite] laboral de la referencia NO fue objeto de entrega al P.A.R. I.S.S. en Liquidaci\u00f3n, ni se vincul\u00f3 al mismo\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal reliev\u00f3 que \u00aben lo que respecta a la procedencia de la presente acci\u00f3n de tutela, (\u2026) y en raz\u00f3n a que (\u2026) no ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del [juicio] mencionado dentro de la acci\u00f3n (\u2026), y no se tiene (\u2026) alcance [de] los fallos confutados, no (\u2026) es posible emitir concepto donde se pueda ponderar si se pudo haber vulnerado alguno de los derechos a los que refiere la [promotora]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abaunque la tutela actual se enfila en cuestionar que esos defectos en la demanda de casaci\u00f3n no tuvieron ocurrencia, no es posible utilizar este medio como un instrumento para reexaminar su escrito casacional y constatar el acierto o no de la t\u00e9cnica utilizada, no s\u00f3lo por el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela sino porque todos esos yerros fueron superados en la providencia atacada al considerarse que a\u00fan pasando por alto los errores de la presentaci\u00f3n, al revisar los fundamentos de la [disposici\u00f3n] y los ejes tem\u00e1ticos planteados por el recurrente, no hab\u00eda m\u00e9rito para casar el fallo censurado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la convocante destacando que \u00aben el caso en concreto no se desconoce la naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela (\u2026) porque como se indic\u00f3 y demostr\u00f3, al interior del proceso se acudi\u00f3 a los funcionarios competentes, con los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial y pese a ello, no fue posible remover el proceder ilegitimo\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que no \u00abes posible que, s\u00f3lo en este asunto, modifique la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto al requisito de subsidiaridad para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, estableciendo la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n, como exigencia para que se d\u00e9 por satisfecho el mismo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[r]asgada la apariencia de legalidad y de legitimidad de las decisiones (\u2026) y develada su contradicci\u00f3n con el orden jur\u00eddico supraconstitucional, constitucional y legal, resulta imposible, en derecho, calificarlas como razonables e imperativo, intervenir por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela para lograr que la actuaci\u00f3n se equilibre y armonice con el ordenamiento jur\u00eddico, como siempre debi\u00f3 ser\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla autonom\u00eda e independencia judicial, no son amplias facultades para decidir por fuera de lo probado y lo normado, no son amplias facultades para delinquir, que es imposible calificar de \u201crazonable\u201d el error en la lectura e interpretaci\u00f3n de los hechos y del derecho, el inventar los mismos, falseando la realidad, manifestando o insinuando y que en Diciembre de 2004, ya estaban vigentes las modificaciones, que le introdujo la ley 797 de 2003 a la Ley 100 de 1993, para distraer, evadir y dem\u00e1s, que la accionante demandante manifest\u00f3 que labor\u00f3 para BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas S.A., hoy PORVENIR S.A., cuando ello no es cierto y llamando , confirmando y ensalzando todo ello, sin ninguna verg\u00fcenza, como \u201crazonable\u201d y \u201cpretensi\u00f3n de la actora de adecuar la actuaci\u00f3n a su voluntad\u201d y no al orden supraconstitucional, constitucional y legal, como realmente es\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 en que: <\/p>\n
\u00abla SALA DE CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA BOG-CUNDCOL \u2013 Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3, en la sentencia de tutela de primera instancia, incurre en error cuando manifiesta que el ejercicio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue meramente formal porque \u201cle fueron destacadas las fallas en la presentaci\u00f3n de los cargos\u201d y que ello es la raz\u00f3n por la cual en la presente acci\u00f3n de tutela no se da cumplimiento a los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela de subsidiariedad y residualidad y se indica que ello es un error o desacierto, porque, en primer lugar, el que se expresen supuestas fallas en la presentaci\u00f3n de los cargos, que adem\u00e1s son inexistentes, no convierte la sentencia de casaci\u00f3n del 23 de agosto de 2021 de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL-SALA DE DESCONGESTI\u00d3N N\u00ba 2 en constitucional y legal, en segundo lugar, porque en el escrito de tutela claramente se explic\u00f3 y demostr\u00f3 que no se incurri\u00f3 en tales fallas, en tercer lugar, porque al haber ejercido el recurso de casaci\u00f3n formulando las acusaciones legalmente posibles, pero en diferentes cargos y con los requisitos exigidos en la jurisprudencia, que fueron presentados siguiendo el estilo de otros abogados en el proceso radicado 05001310501620080064500 y dem\u00e1s procesos en los que se presentaron los cargos en la forma en que fueron presentados en esta asunto, que seg\u00fan la misma Corte Suprema de Justicia, satisfacen la t\u00e9cnica jur\u00eddica de la demanda de casaci\u00f3n, se agotaron los mecanismos judiciales contra las sentencias proferidas como requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela y en cuarto lugar porque la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n no es requisito establecido por la Corte Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en memorial allegado con posterioridad, solicit\u00f3 que se precisara el alcance de las expresiones consignadas en los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales se manifest\u00f3 causal impeditiva y se resolvi\u00f3 denegarla, respectivamente, aduciendo, para el efecto, que el objeto del litigio es definir \u00absi las decisiones proferidas en el proceso 05001310501320150073700 y si la decisi\u00f3n proferida en la primera instancia en la acci\u00f3n de tutela radicado 11001020400020220064100, se ajustan o no a los hechos y al derecho y porque todo ello implica el an\u00e1lisis y decisi\u00f3n del acceso o no de la accionante a la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en la ley 100 de 1993 y por transici\u00f3n en el Decreto 758 de 1990; subsidiariamente, con fundamento en la ley 100 de 1993, sin modificaciones y, subsidiariamente, con fundamento en la ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL4208-2021, rad. 82751), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 24 de mayo de 2016, 18 de julio de 2018 y 23 de agosto de 2021, proferidos por los estrados encartados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, al de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, en lo que respecta al memorial allegado por la apoderada de la promotora en sede de impugnaci\u00f3n, en el que se\u00f1al\u00f3 su inconformidad respecto de las expresiones consignadas en los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales (i) se manifest\u00f3 causal impeditiva \u20133 de junio\u2013 y (ii) se resolvi\u00f3 denegarlo \u20139 de junio de 2022\u2013, respectivamente, no se advierte ninguna irregularidad, toda vez que, en su oportunidad, el magistrado sustanciador manifest\u00f3 causal impeditiva porque uno de los aspectos discutidos en el ordinario laboral y en el amparo se relaciona con el r\u00e9gimen de transici\u00f3n; sin embargo, en ning\u00fan ac\u00e1pite se limit\u00f3 el objeto de este asunto ni se expres\u00f3 que esa fuera la \u00fanica tem\u00e1tica a revisar, por lo que, en esas condiciones, se procede a la definici\u00f3n del sub-lite. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abel escrito con el que se pretende sustentar la acusaci\u00f3n contiene deficiencias de orden t\u00e9cnico que no pueden ser subsanadas\u00bb, no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver los cargos primero y segundo, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abEn la denuncia inicial se imput\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida del \u00abliteral p) del art\u00edculo 13 y\/o 37 de la Ley 100 de 1993\u00bb, modalidad bajo la cual se entiende que el fallador, pese a realizar una hermen\u00e9utica apropiada, incurri\u00f3 en el error de aplicarla a un hecho no previsto por ella; hacerle producir efectos distintos a los contemplados o extralimitar su \u00e1mbito de vigencia temporal o cercenarla. En todo caso, requiere que utilice una normativa que no regula el caso, en desmedro de las que s\u00ed deb\u00eda emplear para examinar el asunto (CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 30377, reiterada CSJ SL11862-2017 y SL3118-2019, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido precis\u00f3 que \u00aben el examine el Colegiado no pudo cometer dicha vulneraci\u00f3n, ya que no acudi\u00f3 a tal disposici\u00f3n, por lo que no le otorg\u00f3 efectos disimiles a los que contempla, ni las implement\u00f3 en supuestos f\u00e1cticos que no corresponden\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 manifestando que \u00ab[e]n los dos ataques al un\u00edsono se atribuy\u00f3 la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 12, 13, literales a), b), d), e), f), g), i), 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 52, 53, 56, 57, 59, 60, literales a), b), c), d), e), f), h), j), 63, 67, 90, 91, 101, 102, 103, 105, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 270, 271, 272, 273 y\/o 288 de la Ley 100 de 1993, lo que implica dar por exceso o defecto, un entendimiento al precepto que no corresponde, es decir, el Tribunal debi\u00f3 efectuar alg\u00fan an\u00e1lisis de ellas\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abigual que con la norma previa, en el caso de marras no se socorri\u00f3 a los preceptos referidos, raz\u00f3n por la que es inadmisible que el ad quem incurriera en tal violaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre el deber hermen\u00e9utico cuando la senda escogida es la directa, la Corporaci\u00f3n convocada se\u00f1al\u00f3 que \u00abbrilla por su ausencia la ex\u00e9gesis enfocada a demostrar por qu\u00e9 se incurri\u00f3 en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas acusadas, as\u00ed como en la infracci\u00f3n directa de las restantes; omisi\u00f3n que impide a la Corte efectuar el juicio de legalidad de la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en el estudio de los embates tercero y cuarto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[S]e individualiz\u00f3 en las dos imputaciones aludidas la falta de apreciaci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n, as\u00ed como el indebido an\u00e1lisis de los anexos de cada uno de dichos documentos, los documentos de folios 133 a 136, 145 a 156, 158 a 160 y \u00ablas dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente\u00bb. Sin embargo, en el desarrollo de ellos, sostuvo que se \u00abignor\u00f3 y apreci\u00f3 erradamente las anteriores pruebas\u00bb y que \u00abtodo lo anterior fue ignorado y apreciado err\u00f3neamente por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, explic\u00f3 que \u00abse incurri\u00f3 en la impropiedad de endilgarlos indistintamente como estimados erradamente y no estudiados, lo cual es equ\u00edvoco porque de una prueba es imposible aducir que no se valor\u00f3 y, al mismo tiempo, que se analiz\u00f3 de manera desacertada, sin que de los argumentos estructurados sea viable entrever el prop\u00f3sito real de la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, puesto que la censora no realiz\u00f3 \u00abel ejercicio comparativo entre el contenido de las pruebas y lo deducido de ellas por el Tribunal, no demuestra con contundencia que el juzgador las puso a decir algo distinto de lo que objetivamente expresan o que no los analiz\u00f3 debiendo hacerlo, as\u00ed como la repercusi\u00f3n de ese error en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla acusaci\u00f3n parte de premisas falsas, en los t\u00e9rminos expuestos por esta Corporaci\u00f3n en sentencia CSJ SL17025-2016, reiterada en la CSJ SL3808-2020, porque afirma que de los elementos de juicio \u00abno se puede concluir que [\u2026] Porvenir S. A. y [\u2026] Colpensiones procedieron al cobro para hacer efectivos sus cr\u00e9ditos u obligaciones\u00bb o que \u00abla prueba de que las semanas comprendidas entre el 1.\u00b0 de junio de 1995 al 30 de junio de 2002 no fueron cotizadas por el empleador, es inexistente. Tales aseveraciones son extra\u00f1as a las explicaciones y conclusiones del fallo de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, arguy\u00f3 que no se atacaron todos los pilares de la providencia confutada y sobre ello puntualiz\u00f3 que la misma \u00abse mantiene inalterable, por estar amparada de la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que arropan las decisiones judiciales (CSJ SL925-2018, reiterada en CSJ SL1133-2021)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente coligi\u00f3 que \u00abpese a la falta de claridad de lo que pretende la censura imputar a la decisi\u00f3n de segundo grado, se logran entrever dos posibles puntos de inconformidad\u00bb y a continuaci\u00f3n los enumer\u00f3: <\/p>\n
El primer motivo de desacuerdo se centr\u00f3 en que si \u00abla cotizaci\u00f3n existe por la actividad laboral del afiliado, por lo que las semanas presuntamente aportadas del 1.\u00b0 de junio de 1995 al 30 de junio de 2002, deb\u00edan computarse\u00bb, al respecto el estrado encartado con apoyo en lo establecido en la SL1355-2019, resalt\u00f3 que \u00abpara que pueda hablarse de mora patronal es necesario que existan pruebas fehacientes sobre la existencia de la relaci\u00f3n laboral. (\u2026) Empero, en el examine no se aport\u00f3 acervo probatorio alguno para acreditar relaci\u00f3n laboral del 1.\u00b0 de junio de 1995 al 30 de junio de 2002, ni se observ\u00f3 duda razonable y fundada de la misma\u00bb. <\/p>\n
La segunda queja apunt\u00f3 a que la gestora \u00abcumple los requisitos del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, porque arrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os el 3 de noviembre de 2001 y en toda su vida laboral aport\u00f3 m\u00e1s de 1000 semanas\u00bb, sobre ello la querellada concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[R]evisado el caudal probatorio (\u2026), se observa que la accionante no cotiz\u00f3 la densidad de semanas requeridas, como quiera en su vida laboral cont\u00f3 982,71 semanas, totalidad inferior a las 1000 que requer\u00eda tal disposici\u00f3n. Incluso, sea del paso precisarlo, a ellas arrib\u00f3 el 31 de julio de 2012, anualidad en la que ya no se encontraba vigente la disposici\u00f3n que solicita se aplique, pues operaba el art\u00edculo 9.\u00b0 de la Ley 797 de 2003, que para tal data exig\u00eda 1225 semanas, a las que, por lo dicho, tampoco lleg\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De esta manera desestim\u00f3 los cargos formulados. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la promotora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.4. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 25 de mayo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC7824-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7824-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00641-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}